Autoridades indígenas piden que se nombre un fiscal especial para investigar al presidente Giammattei
Autoridades Indígenas piden que se nombre un fiscal especial para investigar a Giammattei
Como parte de las movilizaciones en el marco de los conflictos en El Estor, Izabal, representantes de pueblos indígenas se presentaron en la sede central del Ministerio Público (MP), para exigir la agilización de una denuncia contra el presidente Alejandro Giammattei y solicitar la asignación de un fiscal especial para dirigir la investigación.
El 8 de septiembre delegaciones del Pueblo Xinca, la Alcaldía Indígena de Palín, 48 Cantones de Totonicapán, entre otras autoridades ancestrales, presentaron una denuncia penal en contra del presidente de la República, Alejandro Giammattei, responsabilizándolo por el mal manejo de la pandemia COVID-19, actos de discriminación, la posible compra anómala de vacunas rusas, entre otras irregularidades en su gestión.
FISCAL ESPECIAL DEBERÁ LLEVAR EL CASO
Para esta denuncia en específico, los representantes de los 48 Cantones solicitaron la asignación de un fiscal especial, argumentando que la institución carece de credibilidad para llevar casos que involucren al Presidente de la República.
Autoridades de los 48 cantones también exigieron que se dé seguimiento a la denuncia presentada contra el presidente Alejandro Giammattei.
🎥: José Orozco/LH pic.twitter.com/6Zf3xtxJJZ
— Diario La Hora (@lahoragt) October 25, 2021
“Hemos venido a reiterar nuestro memorial de petición al Ministerio Público para que nombren al fiscal especial que habíamos solicitado. Nosotros pedimos a la Fiscal General que nombre un fiscal especial para que se haga la investigación como nosotros la habíamos querido”, describieron.
“¿Por qué queremos una fiscal especial?”, preguntó el representante; “porque es del conocimiento de todo el pueblo que la señora Fiscal y el señor Presidente no pueden darnos confianza de imparcialidad”, explicó.
DENUNCIA NO HA SIDO TRAMITADA COMO INDICARON
Uno de los representantes de los 48 Cantones puntualizó que la denuncia contra el mandatario ya fue conocida, pero no de la forma en que lo solicitaron. Esta agrupación también envió un memorial al MP el 13 de agosto solicitando que la fiscal general María Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei dimitan de sus cargos.
“Se dio trámite a nuestra denuncia, pero no como nosotros lo habíamos planteado. Se nos ha dicho que se ha trasladado a la Fiscalía de Asuntos Administrativos y ese no es el camino que nosotros queremos porque conocemos las prácticas que se dan”, señaló.
PIDEN ACATAR LA LEY
La agrupación declaró también que han seguido los procesos legales correspondientes, pero dudan si estos requerimientos también han sido cumplidos por las autoridades estatales. “Aquí estamos la representación para pedir que se haga justicia; somos respetuosos de la ley y creemos que la ley debe aplicarse a todos por parejo y no debe haber preferencia”, dictaron.
El colectivo señaló que “los que hicieron la ley son los primeros en violarla”, por lo cual adhirieron a sus peticiones el cumplimiento del proceso legal por parte del MP.
Polémica por declaratoria de estado de Sitio en El Estor, Izabal, luego de una tensa semana
El decreto 9-2021, firmado por el presidente Alejandro Giammattei, el vicepresidente Guillermo Castillo, ministros y viceministros de Estado, regirá por 30 días, aunque tendrá que ser conocido por el Congreso de la República en un plazo de tres días, para que lo ratifique, modifique o impruebe.
Para tal fin, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, convocó a sesión para este lunes 25 de octubre.
Con el decreto se restringen varios derechos constitucionales, incluidos libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, reunión y manifestación y tenencia y portación de armas. También se establece toque de queda en El Estor entre las 18 y las 6 horas.
Fuerzas de seguridad
En el primer día de vigencia del estado de Sitio, cientos de policías y militares se desplegaron en El Estor, un día después de que la Policía disolviera los bloqueos. El ambiente era de tensa calma.
Unos 500 soldados y 350 policías se abrían paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado queqchí, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital. Algunos vecinos solo miraban, tratando de llevar su vida normal.
En tanto el Ministerio Público (MP) inició el domingo por la tarde cinco diligencias de allanamiento en el municipio.
Los manifestantes se oponen al funcionamiento del proyecto minero Fénix, cuya licencia está suspendida desde febrero del 2021, cuando el Ministerio de Energía y Minas cumplió una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida hacía un año. Los comunitarios exigen ser tomados en cuenta en la preconsulta por la licencia minera.
En contra
Diversas organizaciones, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag) y otras, denunciaron públicamente el uso excesivo de la fuerza para desalojarlos, en operativos que tuvieron lugar viernes y sábado.
En la capital, integrantes de la Alianza Política Sector de Mujeres expresaron su rechazo por las medidas implementadas por el Gobierno, no solo por el desalojo, sino por la imposición del estado de Sitio en El Estor, una medida que calificaron de “extrema y desproporcionada” contra la mencionada población.
Refirieron que ese despliegue de seguridad tiene el fin de que los camiones de las empresas tengan paso libre, aunque la licencia está suspendida.
“Este estado de Sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería”, coincidió Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor, recogió la agencia de noticias AFP.
El Presidente del Congreso @AllanRodriguezE, convoca a los diputados de la #IXLegislatura a #SesionOrdinaria, para conocer el Decreto Gubernativo 9-2021.
🗓 Lunes 25 de octubre.
⏰ 12 horas.
📍 Hemiciclo Parlamentario.🔎#TransparenciaLegislativa pic.twitter.com/gW1aH1N3Z2
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 24, 2021
Chub responsabilizó de las lesiones que sufrieron agentes policiales en los enfrentamientos de viernes y sábado a “infiltrados”.
En el Congreso, las bancadas Winaq, Semilla y Movimiento para la Liberación de los Pueblos dijeron oponerse a la medida.
No al estado de sitio en El Estor, no a la criminalización de la resistencia comunitaria. La @BancadaWinaq no avalará en el Congreso esa decisión gubernamental. pic.twitter.com/4yoR0ABxJX
— Bancada Winaq (@BancadaWinaq) October 24, 2021
Apoyan a minera
Sin embargo, afuera de las instalaciones donde Alianza Política ofrecía su conferencia de prensa, un grupo de personas llegó a manifestar en favor de la empresa minera. Los manifestantes aseguraron que quienes se oponen al funcionamiento de la mina es un grupo pequeño.
Juan José Espinoza, empresario de Asociación de Proveedores de Servicios de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, dijo que hay confusión en la información, porque la licencia suspendida es la del proyecto Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pero que los proveedores no hacen extracciones mineras y que prestan servicio también a otros proyectos.
Pobladores del área urbana de El Estor aseguraron que su economía se vio afectada durante los bloqueos. Fidel Choc, alcalde auxiliar del consejo comunitario de desarrollo de Barrio Nuevo, comentó que los promotores de las “revueltas” provienen del sur del municipio, y que “son manipulados”
Respeto a la ley
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que este lunes ofrecerían una postura.
Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala condenó los hechos violentos de “grupos armados” que “han herido a las fuerzas de seguridad y pobladores” de El Estor, y expuso que las medidas adoptadas por el Gobierno son “necesarias para restablecer el orden público y devolver la tranquilidad a los habitantes”.
Entretanto, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, dijo que es una facultad del Ejecutivo emitir un estado de Sitio, y que este debe ser conocido y ratificado por el Congreso.
Cámara de Industria de Guatemala emitió un comunicado en el que condena lo hechos violentos ocurridos en El Estor, Izabal y aseguraron que esto "afecta el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes del país". https://t.co/oSkpgsnXCS
— Prensa Libre (@prensa_libre) October 25, 2021
La ejecutiva dijo que más allá de un estado de Sitio lo que debe funcionar es el imperio de la Ley y la observancia irrestricta de la Ley por parte de toda la sociedad, que incluye ciudadanos y autoridades, además que “no debemos seguir tolerando que se cometan delitos recurrentes y que queden en la impunidad”. El “Ministerio Público debe investigar y quienes cometen delitos, ya sea en la ciudad de Guatemala, o en El Estor o en San Marcos, deben ser procesados y en el marco del debido proceso, enfrentar la justicia”, expuso.
En resumen, agregó, es necesario que la presencia de las autoridades de seguridad y justicia en esas áreas debe aumentar y ser permanente.
Luego de la declaración de estado de Sitio, cientos de policías y soldados llegaron a El Estor, Izabal, mientras los pobladores intentan continuar con su vida normal. https://t.co/38eKw8DIcc
— Prensa Libre (@prensa_libre) October 25, 2021
Área en el olvido
Ronaldo Leiva, consultor en temas de seguridad, expresó que la ausencia de un Estado que responda a las necesidades de los pobladores ha derivado en conflictividad, por la situación económica y democrática del área; además, porque se ha convertido en corredor de la droga.
Señaló que los problemas y estados de excepción son recurrentes no solo en El Estor sino en varios municipios de Izabal, ya que hay una tendencia que se junte casi de todo tipo de acciones porque es un departamento muy rico en recursos, pero con mucha población en pobreza y con muchas carencias.
“Hay muchos problemas que van desde aprovechamiento de los recursos, descontento, problemas de delincuencia común hasta el crimen organizado” o incluso, dijo, de minería ilegal, aparte de los problemas de las comunidades con muchas carencias porque no llegan los servicios de educación y de salud o llegan de forma deficiente por lo que no se logra una región desarrollada.
Agregó que los problemas son históricos pero esos temas mencionados “hacen que los conflictos se aviven, como se han avivado en los últimos 5 años”.
