Gobierno de México pide ante el Consejo de Seguridad de la ONU apoyo a Haití para frenar la migración
México pide ante la ONU apoyar a Haití para frenar migración
Bajo la premisa de que Haití necesita más que nunca de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional el Gobierno de México pidió apoyo para mejorar las condiciones de vida en el país y con ello frenar la migración.
El Embajador Juan Ramón de la Fuente sostuvo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se necesitan en Haití de instituciones sólidas para lograr el progreso.
Aseguró que la prosperidad y estabilidad política y social del país son un tema central para América Latina y el Caribe y una tarea colectiva de la comunidad internacional.
De la Fuente indicó que los desafíos actuales son el asesinato del presidente Jovenel Möise, el terremoto y el paso del huracán Grace por las crisis política, ambiental, social y económica en las que derivaron.
El representante permanente de México ante la ONU detalló que tras el asesinato del presidente Möise se deben garantizar unas elecciones presidenciales y legislativas libres y transparentes.
Además, se debe atender el impacto del tráfico de armas pequeñas y ligeras que en manos de criminales han orillado al desplazamiento forzoso de 20 mil personas en Puerto Príncipe.
A México, continuó el Embajador Juan Ramón de la Fuente, han llegado cerca de 20 mil haitianos que se encuentran en Chiapas, de los que más de 12 mil son refugiados.
Entre Colombia y Panamá hay alrededor de 60 mil haitianos, muchos de los cuales buscan llegar a Estados Unidos.
Migrantes marchan en Tapachula para exigir atención del INM
Por Alejandro Gómez
Migrantes de diferente nacionalidades marcharon en Tapachula para exigir atención al Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de que los dejen salir de esta ciudad en donde llevan meses varados esperando su documentación.
Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, dijo que la marcha busca demostrarle al titular de migración, Francisco Garduño, la gran cantidad de migrantes que están varados en esta ciudad y que no quieren atender a pesar de que ya cuentan con un amparo de un juez.
«Garduño dice que no hay amparos, que no hay migrantes y que tampoco Tapachula es una cárcel. Hoy le vamos a decir que esta cárcel se va a romper, comenzamos con la ley y sino nos da los papeles van a marchar».
Detalló que en tres días hicieron más de 50 listas de 50 personas y esto suma más de dos mil migrantes que están solicitando protección internacional, pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el INM no responden con inmediatez.
«Con o sin papeles esta cárcel se acabó para los migrantes, que lo único que buscan es una lugar donde puedan trabajar, ya que en esta ciudad la crisis migratoria se sigue agravando cada día, sin que las autoridades federales hagan algo al respecto».
Asimismo, advirtió que marcharán a la Ciudad de México, si en 20 días las autoridades no dan una resolución a los papeles de las personas que están amparadas.
«Tienen 20 días para que regularice los papeles de todas las personas que están amparadas, ya que en 20 días con o sin papeles marcharán a la Ciudad de México, ya que se tiene que acabar el abuso que sufre la comunidad migrante».
Hasta el momento llevan amparando a más de dos mil 500 migrantes del Triángulos Norte de Centroamérica, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, así como de otras nacionales.
PDI LOGRA DESARTICULAR ORGANIZACIÓN DEDICADA AL TRÁFICO DE MIGRANTES EN EL NORTE
La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de nueve personas de origen extranjero, quienes serían miembros de un grupo de delincuentes dedicado al tráfico de personas, quienes buscaban entrar o salir de Chile por pasos no habilitados.
La operación, llamada “Frontera Norte”, contó con el apoyo de la Fiscalía Centro Norte y un trabajo coordinado con Interpol, debido al delito de asociación ilícita para tráfico Ilícito de migrantes reiterado.
Estas actividades ilícitas fueron descubiertas cuando gracias a la aparición de niños entre 0 y 6 años de nacionalidad chilena en estaciones migratorias de diferentes países de América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México), todos y todas que correspondientes a padres de nacionalidad haitiana.
Asimismo, internaban al país extranjeros, principalmente venezolanos, de manera irregular por pasos no habilitados, a quienes además de facilitar el cruce ilegal de frontera, los escondían en diferentes inmuebles de Arica para luego embarcarlos en buses interurbanos hacia Santiago.
El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), detalló que “nuestra unidad especializada inició una investigación, logrando establecer la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que no solo se dedicaban a sacar personas del país, personas que son llevadas por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo como es cruzar a pie la selva del Tapón del Darién, frontera de Colombia con Panamá, sino que además utilizaban toda esa logística para ingresar extranjeros de diferentes nacionalidad a nuestro país”.
“Para la salida de estos ciudadanos haitianos y los niños y niñas chilenas, cobraban alrededor de $140.000, pero para los ingresos ilegales de extranjeros cobraban 200 dólares. También quiero hacer presente que los extranjeros que ingresaban ilegalmente al país eran venezolanos, pero también existen ingresos de colombianos, cubanos, dominicanos y peruanos”, añadió.
A todo, el uniformado sumó que durante 2021, se tiene establecido que la organización habría logrado sacar del país a más de mil ciudadanos haitianos y sus hijos e hijas, pero que no existe una cifra exacta del ingreso que han conseguido, aunque el promedio diario sería entre 50 y 60 personas.
En lo que respecta al procedimiento, se logró la detención del líder, de nacionalidad haitiana, y otras ocho personas: un peruano, un paraguayo, dos venezolanos y cuatro chilenos. Todos ya fueron formalizados, quedando en prisión preventiva con un plazo de investigación de 180 días.
En tanto, los migrantes involucrados en el procedimiento de la detención fueron identificados como 57 migrantes venezolanos y colombianos, algunos menores de edad sin sus padres.
