El Salvador avanza a paso firme hacia el autoritarismo – Por Liliana Caballero
Por Liliana Caballero*
El Salvador vive cada vez más un grave deterioro democrático. La progresiva concentración del poder y el desmantelamiento del contrapeso público y político sigue dejando en evidencia el contexto hostil para el ejercicio de derechos humanos y el Estado de Derecho. La más reciente de las prácticas autoritarias emprendidas por el Gobierno de Nayib Bukele compromete la independencia judicial y la institucionalidad democrática, y abre camino a su reelección. La democracia se resquebraja en manos de un autoritario.
Desde los inicios de su mandato, el actual presidente portaba una propuesta de gobierno enfocada en la pluralidad y en la esperanza, manteniendo un discurso crítico de la corrupción fulminante de las pasadas administraciones. Nayib Bukele la nueva propuesta política, el antagonista de todo lo viejo, lo viciado y lo corrupto. La mano que pasa la página de la historia.
Sin embargo, dicha figura creada a partir del marketing político y el uso estratégico de redes sociales fue celebrando cada vez más actos que alertaron al movimiento de derechos humanos y defensores de la democracia, ya que paulatinamente se evidenció un Ejecutivo que no solo no toleraba los señalamientos críticos de su Gobierno, sino que fomentaba las confrontaciones mediáticas contra la prensa, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política. Esto fue solo el comienzo.
El gran atentado contra la independencia judicial se desarrolló el 31 de agosto, cuando la bancada Cyan y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley de la Carrera Judicial para jubilar forzosamente a jueces y juezas mayores de 60 años o aquellos que hayan cumplido 30 años en funciones dentro del órgano judicial. El decreto entró en vigor este 24 de septiembre, comprometiendo gravemente aquellas vacantes unilateralmente provocadas en el órgano judicial, ya que será la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Bukele, quienes nombrarán a los nuevos titulares y, presumiblemente, afines al proyecto de poder del Ejecutivo.
El juez Jorge Guzmán, a cargo de la investigación de la masacre de El Mozote y comunidades aledañas, presentó su renuncia el 23 de septiembre. El mismo juez al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la masacre a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Su separación del cargo es una baja sensible para la búsqueda de justicia de las víctimas de las masacres, dilatando aún más un proceso que se niega a ceder a la impunidad.
Fue el mismo presidente Bukele quien invitó a las víctimas de las Masacres de El Mozote a Casa Presidencial con el fin de sentar la deuda con este caso como parte de la agenda política que emprendería en su gestión. Sin embargo, el Ejecutivo continúa obstaculizado sistemáticamente las investigaciones y, hoy, no se cuenta aún con juez designado para continuar con el esclarecimiento de los hechos de las masacres y el camino hacia la justicia para las víctimas y el pueblo salvadoreño. Existe temor fundado de la imposición de titulares del órgano judicial a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Carrera Judicial, siendo juramentados por la impuesta Corte Suprema de Justicia sin el debido proceso. La dirección que va a tomar el caso en manos de un endeble sistema de justicia es incierta, porque ante una independencia judicial comprometida, la revictimización es inevitable.
A esta desquebrajada estabilidad democrática, se suma el hecho que diversas organizaciones han calificado como “el golpe de gracia” para consolidar una concentración del poder que podría mantenerse aún después del mandato presidencial. La Sala impuesta emitió un fallo que va en contra de lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección inmediata, y abre la puerta para que el actual presidente Nayib Bukele pueda postularse al término de su actual gestión en el 2024.
La evidente toma de instituciones de control a la gestión pública se da en un contexto de agresividad del presidente, sus funcionarios y sus seguidores en contra de cualquier persona crítica, opositora o periodista con voces disidentes. El clima de tensión en el espacio público y digital ha escalado, las protestas en contra de los últimos atentados contra la democracia en El Salvador son motivo de movilizaciones de la sociedad civil organizada. Esto ha mantenido alertas a las organizaciones en el monitoreo del uso de la fuerza pública contra la protesta, la estigmatización de los movimientos y el hostigamiento contra quienes defienden derechos humanos. Aunque el presidente, en el marco de las movilizaciones del 15 de septiembre del año en curso, aseguraba que su Gobierno no es una dictadura porque no se reprimió a personas manifestantes, los señalamientos de este continúan acechando la labor de defensa de los derechos humanos y la democracia.
Esta región ha sido lastimada por la concentración del poder y las prácticas autoritarias que comprometen seriamente la situación de derechos humanos, profundizando la desigualdad y poca credibilidad en los gobiernos. El pueblo salvadoreño necesita que le garanticen sus derechos sin que la seguridad e integridad dependan de una postura política. La disidencia es fundamental en la consolidación de cualquier democracia, y el silencio no es una opción.
Urge que el Estado cese los ataques y asegure la separación e independencia de poderes y el Estado de derecho. Sin el diálogo y participación política plural, no hay democracia posible.
