Bolivia | El caso de una niña violada y embarazada genera protestas y debate en torno al derecho al aborto
La niña será mamá bajo tutela de la Iglesia Católica; la decisión genera críticas
Por Leyla Mendieta
La niña de 11 años de edad, que fue abusada sexualmente y quedó embarazada, fue traslada ayer hasta un centro de acogida de la Iglesia Católica, donde recibirá la atención para continuar con el embarazo, situación que genera críticas y respaldo de algunos movimientos.
El caso abrió más polémica, luego que la madre y la niña, que días antes asistieron a la maternidad Percy Boland para proceder con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), retrocedieron en esa decisión. La tarde de ayer martes, luego de una valoración médica, la niña fue dada de alta y trasladada a un centro de acogida, donde se comprometieron a que recibirá atención médica y sicológica.
“Eso decidió la familia, es muy valorable, valioso y tanto la niña como la criatura están muy bien, según la valoración médica”, dijo la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis.
Agregó que la niña embarazada está emocionalmente estable y que ha expresado que quiere a su bebé, como también lo ha manifestado su mamá.
Tras conocer la decisión, colectivos y distintas autoridades gubernamentales se pronunciaron cuestionando el hecho. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, consideró que se trata de una injerencia. “Cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos. Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, escribió.
La autoridad remarcó que “desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”, manifestó del Castillo.
A su turno, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que “debe parar el indolente manoseo, sobre una menor que fue violada sexualmente. La interrupción de ese embarazo no necesita mayor consulta ni razonamiento religioso. El sistema de justicia debe dar ya la respuesta. Nuestra plena solidaridad con ella”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que pondrán en conocimiento del Papa el actuar de la iglesia en este caso. “La actuación de la Iglesia (católica) con la niña creo que es un acto delincuencial y pondremos en conocimiento esta situación ante el pontífice (papa Francisco). El rol de la Iglesia es otro”, dijo a tiempo de indicar que analiza la posibilidad de presentar una cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque considera que “existe un delito de tortura en contra de la menor”.
A su vez, la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) IPAS Bolivia, Malena Morales lamentó que la infante haya estado sometida a revictimización por la retardación de la interrupción legal y por toda la intervención que han tenido diferentes instituciones.
Además, Morales cuestiona la burocracia que hay en la atención de estos casos, cuando el reglamento del Ministerio de Salud indica que las víctimas deben ser atendidas dentro de las 24 horas.
Por su parte, el abogado y exfiscal Joadel Bravo, remarcó que la normativa es clara y establece que la decisión es de la niña y de su madre. “En estos casos (el aborto) es un derecho, no una obligación, entonces el pretender que la niña aborte o no, no es factible, la que tiene que decidir es la mamá, que es su tutora y hay que respetar lo que diga ella y la menor, nos guste o no nos guste”, dijo a tiempo de resaltar que la decisión también pasa por una valoración médica.
Sobre el caso
La víctima permaneció un año con su agresor, su ‘abuelastro’. El hecho se denunció en las últimas semanas en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), institución que acumuló información de un drama familiar.
Según la declaración de la madre, sus dos hijas han sido víctimas de vejámenes sexuales; la infante que abandonó la maternidad ayer tiene 11 años, fue abusada por su abuelastro, quien está encarcelado, mientras que su hermanita que ahora tiene 16 años de edad, fue ultrajada sexualmente por su padre biológico cuando tenía 11 años.
La mamá dijo a la Felcv que en 2016 se separó de su esposo, con quien tuvo tres hijas. “Con mi ex marido tuvimos tres hijas, pero nos separamos. Ese año me llevé a dos de mis hijas, una se quedó con su papá. La que se quedó con el papá en ese tiempo tenía 10 años. Un año más tarde, cuando fui a visitarla, me contó que su padre la había violado”, dijo la madre, quien denunció el abuso a las autoridades y el padre fue detenido.
Actualmente, el otro agresor de esta familia, el padre biológico tiene sentencia ejecutoriada por el delito de violación agravada.
El proceso
La representante de IPAS Bolivia, enfatizó que la sentencia constitucional no establece un tiempo límite de la gestación para practicar la interrupción.
El exrepresentante departamental del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, destacó que la Sentencia Constitucional 206/2014 es un avance importante en estos casos de violencia sexual; sin embargo, consideró que “el problema está en su incumplimiento o resistencia, ya que la sentencia indica que solo con el consentimiento de la víctima se debe proceder a la interrupción del embarazo”.
“No necesita del permiso de la Defensoría de la Niñez, de ningún juez, ni de los padres y por tanto se debe proceder, pero ante esa figura la mayoría de los médicos no lo quieren hacer”, remarcó.
Por su parte, el abogado Bravo, enfatizó que el Código Penal contemplaba que cuando la gestación se produce a causa del delito de violencia sexual, la víctima tiene derecho de interrumpir el embarazo, pero establecía un proceso previo; mientras que la sentencia constitucional abolió el paso, por lo que ahora puede practicarse a simple declaración.
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, remarcó que los profesionales de la salud siempre estarán a favor de la vida y que “la situación cultural, religiosa o jurídica debe ser un tema de análisis”.
Por su lado, el representante de la Iglesia Católica manifestó que la menor vivirá en el hogar en compañía de personal de apoyo y de otras menores. “A ella la Iglesia le hará un seguimiento para que el proceso de gestación sea normal”, indicó Víctor Hugo Valda.
En el país
Desde la sentencia constitucional que posibilita la interrupción legal del embarazo, en el país se han registrado 508 casos, de las cuales el 48,6 por ciento se ha dado en menores de 18 años, según el reporte de IPAS Bolivia.
La directora de esta institución, remarcó que, si bien las estadísticas contemplan a todas las edades, preocupa que la mayor cantidad se han dado en menores de 18 años.
Por otra parte, de acuerdo a los datos de casos de la ley 348 en todo el país, de enero a octubre se han registrado 1.531 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente. En Santa Cruz, de los 667 casos de abuso sexual denunciados hasta la fecha, 438 fueron menores de edad y en algunos casos se ha llegado a la interrupción de embarazos.
Movilizaciones sobre la decisión tomada respecto al embarazo de la niña de 11 años
Por Alvaro Rosales Melgar
Con posiciones divididas y con una niña de 11 años que quedó embarazada a raíz de la violación de su abuelastro, este martes surgieron nuevas voces en torno a las decisiones que se tomaron respecto al caso, donde la familia y la víctima optaron por continuar con la gestación tras el apoyo que surgió, principalmente, desde la Iglesia católica para evitar un aborto asistido.
Este martes por la mañana, integrantes de la Articulación Feminista 28 de septiembre protestaron en el centro de la ciudad e hicieron una denuncia pública sobre violaciones a los derechos humanos de las niñas abusadas sexualmente.
Con la voz de «embarazo infantil es tortura», tildaron de complicidad a la Iglesia católica por permitir que se continúe con el embarazo, observando que esta y otras víctimas son «niñas, no madres».
«Los delitos y atropellos al marco normativo los denunciamos ante los organismos internacionales y ante las instancias nacionales que deben responder. Todos los que han violentado los derechos de las niñas y permitido saltarse y manipular normas, leyes y derechos conquistados tendrán que responder por sus actos», señaló una de las activistas, en referencia a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní y los médicos de la Maternidad Percy Boland.
Cuestionaron que se haya obviado la situación del violador para dar palestra a la Iglesia. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha hecho eco de la situación del victimario, incluso la propia Fuera Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) ha concluido que el agresor sea recluido en el penal de Montero de manera preventiva, mientras se impulsan las investigaciones, ya que también habría abusado de la hermana mayor de la niña.
Otras voces
Entretanto, hasta la Maternidad Percy Boland llegaron personas que piden a las autoridades que protejan las dos vidas, es decir, la de la víctima y la del bebé en gestación. Instalaron una vigilia fuera del hospital y piden que se escuche la voluntad de la niña y de sus familiares.
«Los médicos están respetando la voluntad de la menor, pero la Defensoría de Yapacaní está presionando para que se practique el aborto, arriesgando la vida de la niña, donde hay riesgo de muerte. Estamos aquí para defender las dos vidas y para pedir que se castigue al violador «, dijo una de las mujeres que llegó hasta la Maternidad con pancartas.
Hasta el centro hospitalario también llegaron personeros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, para conocer los detalles de la situación, tomando en cuenta que no se descarta que la víctima sea trasladada a otro centro asistencial.
Mientras que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó que la iglesia católica y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia permitan que la niña pueda ser madre. Aseveró que esa actitud puede ser considerada como un caso de tortura hacia la menor de edad.
“El que una niña de 11 años se sienta responsable, en este momento, para ser madre o para asumir una maternidad, después de todo lo que ha pasado, esa es una situación de vulnerabilidad. (…) Esta permisibilidad para que una niña violada sea madre evidentemente se lo puede considerar como un caso de tortura”, aseveró Cruz en contacto con Bolivia TV.
Cruz reprochó que representantes de la iglesia ingresaran en pasados días al hospital donde estaba la niña para ejercer presión sobre la decisión, cuando la víctima y su familia habían decidido interrumpir el embarazo.
Explicó que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia debió poner un alto a esta “intromisión”, pero al no ocurrir aquello se generó una situación mayor de vulneración en contra de la menor de edad que sufrió ultraje sexual.
Detalló que, tras la última valoración psicológica, la niña se encuentra indecisa y afectada por la presión de la iglesia, su familia, las redes sociales y los medios.
Al respecto, la concejala Lola Terrazas (Comunidad Autonómica) pidió a las personas que se manifiestan a no caer en la revictimización de la menor de edad, tomando en cuenta que la pequeña está sufriendo. La munícipe critica a las personas y organizaciones que quieren imponer su ideología por encima de la decisión de la niña y su familia, que ya fue tomada.
«Se están emitiendo criterios y opiniones cuando el Código Penal establece que se respete la decisión de la familia. Damos todo el apoyo moral y pido que aunemos esfuerzos por implementar políticas publicas destinadas a la prevención, educación sexual e iniciativas que ayuden a las mujeres y niñas a ser libres de violencia», dijo la concejal.
La menor de 11 años de edad sufrió en reiteradas oportunidades abusos sexuales por parte de su abuelastro en Yapacaní. Actualmente, el hombre está detenido.
ONU Mujeres pide que niñas vivan sin renunciar a sus sueños por un ‘embarazo forzado’
ONU Mujeres Bolivia pidió que todas las niñas vivan su infancia sin renunciar a sus sueños por un «embarazo forzado», después de que en los últimos días se generó una polémica en el país por el caso de una menor de 11 años que quedó embarazada tras ser agredida sexualmente por el padre de su padrastro en Yapacaní, departamento de Santa Cruz.
“Que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios, sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado #NiñasNoMadres #unetebolivia”, escribió el organismo internacional en su cuenta en Twitter.
Mientras, la Defensoría del Pueblo criticó el manejo del caso en los medios de comunicación, entre el personal de salud e incluso en la Defensoría de la Niñez.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que “en vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo a la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”.
Inicialmente se había definido la interrupción del embarazo de la niña en la maternidad Percy Boland de Santa Cruz y la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación ni da tranquilidad a las conciencias”.
Luego se conoció que la niña continuará con el proceso de gestación. El director de la maternidad, Mario Herbas, dijo que el desistimiento, firmado por la madre y la víctima, está inscrito en la historia clínica de la niña.
