Ecuador | Jornada de protesta nacional contra la suba del precio de los combustibles
Organizaciones sociales levantarán sus pliegos de demandas en la jornada de protesta nacional
Las protestas que enfrentará este martes el Gobierno nacional tienen un frente en común, que es la exigencia de que se reduzcan los precios de la gasolina extra y el diésel a lo establecido en junio pasado, sin embargo, cada organización social participante tiene reivindicaciones particulares.
Desde la madrugada de este martes, sindicalistas, maestros, estudiantes, las bases del movimiento indígena y agricultores afines al Parlamento de los Pueblos iniciarán una “jornada de lucha y resistencia” en las provincias que tendrá el carácter de progresiva. Es decir, prevé extenderse por los siguientes días y la intensidad de su manifestación dependerá de cómo responda el presidente Guillermo Lasso.
En Quito, la marcha se concentrará pasadas las 16:00 de este martes, y se dirigirá hasta el centro histórico de la capital, para hacer escuchar sus demandas al Ejecutivo.
El denominado Parlamento de los Pueblos se constituyó en octubre del 2019, tras el violento paro nacional por la derogatoria del decreto 883, con el que el expresidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles, aunque retrocedió en la medida debido a la crisis política social y económica que vivió el país en esos once días de descontento.
Ese colectivo agrupó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) que encabezaron el paro en ese entonces. En la actualidad confluyeron otros sectores como la Federación de Nacionalidades Indígenas Evangélicas (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) (que respaldaban al expresidente Rafael Correa), entre grupos campesinos y agricultores.
Los une la misma demanda de hace dos años: los precios de los combustibles.
Con la llegada de Guillermo Lasso al poder, estos colectivos exigían que derogue los decretos que fijan los costos de la gasolina extra y el diésel suscritos por Moreno, entre ellos, el 1054 de mayo del 2020 que dispuso el incremento gradual mediante un sistema de bandas, con lo que, al 12 de octubre, la gasolina incrementó su valor a $ 2,50 y el diésel a $ 1,68.
Pero este 22 de octubre, el jefe de Estado anunció que suspendía el alza gradual, y a la par fijó un último valor de la gasolina extra en $ 2,55 y el diésel a $ 1,90.
Para los gremios sociales esta decisión es una “burla” porque elevó los precios y luego suspendió el aumento progresivo.
Entonces, su exigencia varió para que Lasso retroceda y fije el precio al de junio pasado en los márgenes de $ 2 la extra y extra con etanol y hasta en $ 1,50 el diésel.
En la efervescencia de esta convocatoria, cada organización hará prevalecer sus reclamos. Ayer, en una declaración pública en conjunto se expusieron varias de sus posturas.
El FUT quiere que la Asamblea Nacional trate su proyecto de Código Orgánico de Trabajo que presentó días atrás y que el régimen no implemente su propuesta de Ley de Creación de Oportunidades, porque creen que precarizará el sistema laboral.
El titular del FUT, Ángel Sánchez, alertó que el régimen aprovechó para declarar un estado de excepción de 60 días para ingresar en el Parlamento nacional leyes con el carácter económico urgente. “Advertimos, estar atentos sobre estas leyes, con eso nos quieren tener confinados e imponer leyes que van en perjuicio de la sociedad. Conminamos a presentarse en las calles y apoyar esta movilización en defensa de la vida y de los derechos”, apuntó Sánchez.
La Conaie no solo quiere que se rebajen los precios de los derivados del petróleo, sino que Lasso derogue los decretos 95 y 151, con los que amplía la explotación minera y petrolera.
Su presidente, Leonidas Iza, dijo que quieren que el régimen dé una moratoria de un año para el pago de los créditos en las instituciones financieras, que se transparenten los precios de los productos de primera necesidad que producen los agricultores.
Rechazan el modelo neoliberal de Lasso por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las privatizaciones. Quieren que la Asamblea Nacional fiscalice al secretario de Pueblos, Luis Pachala, por “dividir” a sus comunidades.
El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, anunció ayer que resolvieron romper el diálogo que venían mantenido con el Gobierno porque en la instalación de una mesa técnica para la reactivación económica enviaron a asesores y no a autoridades de ministerios de Estado.
Y plantean que se “eche a andar los créditos al 1 %” evitando la burocracia en la solicitud de requisitos; y además, quieren que se implemente una salida para los deudores del BAN Ecuador y el Banco de Fomento como que se “condonen” las deudas que no van más allá de los $ 30.000, señaló Espinoza.
La Feine mantiene su exigencia de que se reduzcan los precios de los combustibles y socializarán con más de 2.500 iglesias evangélicas del país para que se plieguen a las manifestaciones sociales.
La UNE exigirá que se ejecuten las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que se apruebe el proyecto de Código del Trabajo planteado por el FUT, presupuesto para la educación y salud, precios justos a los productos.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, expresó que su objetivo es impedir que Lasso avance en el proyecto neoliberal que implicará, por ejemplo, una reforma laboral que afecte a los derechos.
Detalló que su voz de protesta se dará con mítines, plantones, marchas en las provincias y en Quito se realizará una caminata hasta el Palacio de Gobierno. “No descartamos acciones más elevadas si el Gobierno no entiende que debe retroceder en su proyecto neoliberal”, advirtió.
Otro grupo que se unirá a esta medida de rechazo es la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, también se unirán a estas protestas como parte de una “resistencia social a un modelo excluyente”.
Este colectivo se declaró en estado de emergencia social y movilización y hacen un llamado a la sociedad civil a plegarse a la protesta en “contra de la violencia en las calles y las denuncias de corrupción y evasión fiscal”.
Leonidas Iza es llamado a rendir versión en la Fiscalía por hechos de octubre del 2019
La Fiscalía General del Estado convocó para las 11:00 de este martes al dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, a ampliar su versión libre y voluntaria en la investigación de los hechos violentos registrados durante el paro nacional de octubre del 2019.
El organismo público le advirtió que si no comparece a este llamado se lo hará comparecer por “intermedio de la fuerza pública”.
En el expediente fiscal se incorporó también el libro Estallido, en el que Iza describe su versión sobre las manifestaciones de octubre del 2019, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que decretó el expresidente Lenín Moreno.
UNES y Pachakutik presentan información sobre supuesto involucramiento de Guillermo Lasso con ‘offshore’ en Panamá
Los legisladores Mónica Palacios, de Unión por la Esperanza (UNES), y Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik (PK), presentarán ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que investiga los denominados Pandora Papers, documentación que, según dijeron, determina que el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantiene de forma indirecta bienes o capitales en paraísos fiscales en Panamá.
Las denuncias, formuladas de manera separada ante la prensa este 25 de octubre, se refieren a la supuesta existencia de la empresa offshore Banisi en Panamá, la que, según dijeron, es de propiedad de Guillermo Lasso Mendoza, y que en el 2020 habría hecho el traspaso de acciones a los hijos del primer mandatario.
La Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el legislador José Cabascango (PK), analiza aún nuevas comparecencias dentro del proceso de investigación sobre un supuesto involucramiento del jefe de Estado en los denominados Papeles de Pandora, que es una filtración de archivos en los que nombran a Lasso Mendoza como beneficiario de bienes y capitales en paraísos fiscales.
Los miembros de la Comisión, en las próximas horas, evaluarán si solicitan más plazo para presentar el informe sobre los Pandora Papers, tomando en cuenta que el primer mandatario no quiso acudir a dos llamados de comparecencia sobre este tema y, por el contrario, invitó a los legisladores al Palacio de Carondelet a recibir su versión, lo cual no fue aceptado por los asambleístas. El 6 de noviembre vence el plazo para presentar el informe al pleno, según el cronograma aprobado por los asambleístas.
La asambleísta Mónica Palacios, en rueda de prensa y rodeada por legisladores de su bancada, aseguró que el primer mandatario mintió al país en la declaración juramentada para ser candidato presidencial señalando que no tenía bienes en paraísos fiscales.
Palacios mostró una Gaceta Oficial de Panamá, en la que, según dijo Palacios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el año 2020 hizo el traspaso de sus acciones de la empresa Prieto Overseas S. A. a sus hijos en una nueva empresa offshore llamada Banisi International Foundation, el 10 de septiembre de 2020.
La legisladora también explicó que Guillermo Lasso en el 2007 creó la primera empresa en Panamá, llamada Banisi S. A., que era un banco en Panamá que recibía los capitales de sus familiares y amigos, según dijo la legisladora, evadiendo impuestos.
Que en el año 2012 creó la segunda empresa, llamada Banisi Holding S. A., y absorbe completamente a Banisi S. A.; y en el 2015 se crea Prieto Overse S. A., que absorbe al resto de las empresas.
En el 2020 se realiza la transferencia de capitales a los beneficiarios de Guillermo Enrique Lasso Alcívar, Santiago Xavier Lasso Alcívar, Juan Emilio Lasso Alcívar, María de Lourdes Lasso Alcívar y María Mercedes Lasso Alcívar. Con ello, afirmó la legisladora de UNES, el presidente Guillermo Lasso indirectamente sigue siendo el dueño de todas las empresas offshore, y hasta el momento esa es la trama de corrupción.
Mencionó que no está en una pelea entre la derecha y la izquierda del país, sino que se pretende evidenciar que el presidente Guillermo Lasso no tiene calidad moral para ser el presidente del Ecuador, porque pide a los ecuatorianos poner el hombro y pagar impuestos para salir de la crisis, cuando él tiene su dinero fuera para evadir impuestos.
El legislador Salvador Quishpe entregó a la Comisión de Garantías una copia de una auditoría realizada por Deloitte Touche a Banisi Bank, que, según ha señalado el propio mandatario, es de su propiedad, lo cual deberá ser corroborado, indicó el legislador.
Si eso es cierto, añadió, el primer mandatario podría estar incurriendo en la prohibición señalada en el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017, esto es, la prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público a los propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales.
Quishpe relató a la prensa que Banise Bank está domiciliado en Panamá, y que lo que hace este 25 de octubre es entregar a la comisión legislativa que investiga los Pandora Papers un informe de una auditoría hecha en el año 2020 a Banisi, lo que corrobora que sí existe ese banco en Panamá, aseguró el legislador nacional de Pachakutik.
