Cuba | El gobierno presenta una reforma judicial y procesal en el ámbito de la Justicia
Nuevas leyes que desarrollan derechos y garantías en el acceso a la justicia
Cuba cuenta con cuatro nuevas leyes que dan paso «a una profunda reforma judicial y procesal en el ámbito de la justicia cubana», tras su aprobación este jueves en el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se trata de las leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del Proceso Penal, las cuales fueron presentadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), en consonancia con la disposición transitoria décima de la Constitución de la República y que entrarán en vigor el 1ro. de enero del próximo año.
Al referirse a este trascendental suceso, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, ratificó que las normas —las cuales serán revisadas por una comisión de corrección y estilo antes de su firma y refrendación por el Presidente de la República, para su posterior publicación en Gaceta Oficial— introducen novedades y desarrollan derechos y garantías que estableció la Carta Magna, entre ellos, el acceso a la justicia.
De este modo, expresó, Cuba sigue dando cumplimiento a su cronograma legislativo, fortalece su sistema judicial y su condición de Estado de Derecho, refrendado en el artículo 1 de la Carta Magna. «Todos estos cambios suponen un reto para el conjunto de los operadores del Derecho y los tribunales de justicia. El cumplimiento de estas leyes será objeto de control por la Asamblea Nacional y por los órganos encargados».
Al presentar los proyectos para su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, recordó que los textos recibieron una amplia y enriquecedora consulta que contó con la participación de organismos del sector jurídico, universidades, diputados y de la población, quienes emitieron 3 295 criterios. De ellos fueron incorporados a los textos más de 1 200 propuestas, lo cual demuestra el carácter democrático del proceso.
Por su parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, significó que «mediante estas leyes, y como desarrollo de los preceptos constitucionales, se precisan y consolidan las garantías al ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos, expresados hoy en leyes vigentes, y se alcanza un notable avance en el perfeccionamiento de la protección de los derechos humanos en nuestra sociedad».
Tribunales imparciales y más cercanos a la población
La Ley de los Tribunales de Justicia sustituirá la Ley 82 del mismo tema, que databa de 1997, y como dijo Remigio Ferro, entre los aspectos más significativos incorporados ahora, «está la ratificación de que los tribunales de justicia tienen entre sus objetivos salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Carta Magna».
Señaló que en ella se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales; se actualizan los principios y garantías de la función judicial, entre ellos el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso; se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en primera instancia por los tribunales municipales y, además, posibilita la creación de órganos territoriales, cuya competencia se extiende a varios municipios colindantes, detalló.
Al presentar ante los diputados el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la norma de los Tribunales de Justicia, Toledo Santander afirmó que es digno destacar los importantes cambios que esta realiza a la organización de los tribunales en el país.
Además, destacó que la norma precisa la competencia de los tribunales en todas las cuestiones de índole judicial y su autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que la ley le atribuye.
«Es de significar que las formas de elección de los jueces y magistrados que establece su inamovilidad y procedimientos para ser corregidos disciplinariamente, suspendidos o revocados en sus cargos se dotan de las garantías exigibles para ello.
«La nueva estructura que se propone para los tribunales de justicia facilitará un adecuado acceso de las personas a estos, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales y una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos», detalló.
Luego de esta presentación, varios diputados pidieron la palabra para expresar sus opiniones sobre esta ley. La guantanamera Dalia Expósito aseguró que esta ha sido el resultado de un gran ejercicio de pensamiento y de creación colectiva.
Es válido que incorpora aspectos como la política de calidad de los procesos judiciales, la transparencia judicial apegada al debido proceso y los valores institucionales del sistema judicial cubano, dijo, y añadió que «el personal que labora en los tribunales se encuentra en condiciones de enfrentar su trabajo con estos nuevos aspectos».
La diputada Julia Dolores Cabrera, de La Habana, expresó su duda acerca de la elección, desde los municipios, de los jueces legos. En ese sentido, el Presidente del TSP, recordó que estos constituyen una forma de participación directa del pueblo en la impartición de justicia, lo cual caracteriza a nuestro sistema y por ese motivo son electos desde los territorios.
El secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta Álvarez, explicó que en Cuba el hecho de que participe el juez lego es una garantía de nuestro sistema porque significa la participación popular, junto al juez profesional. «Esa es la trascendencia de lo que estamos aprobando aquí, por eso Cuba se pone a la vanguardia de la administración popular de justicia, con respecto al mundo».
En tanto, el diputado Joaquín Miguel Bernal Rodríguez apuntó que «el juez revolucionario cubano hace todo lo que deba en busca de la justicia; no es un juez pasivo, y ahora la ley lo refleja con mayor fuerza», expresó, a la vez que aseveró que nuestros tribunales tienen oficinas de atención a la población, donde se escuchan opiniones, denuncias, inquietudes….
Ante la duda de la diputada granmense Caridad Molina Rondón acerca de si una ama de casa puede ser juez lego, Remigio Ferro respondió que hay una presencia tremenda de amas de casa y jubilados que son jueces legos. «Lo que hace falta es que tenga prestigio social para que pueda participar con transparencia», manifestó.
Juicio oral como un acto público y contradictorio
Al presentar el proyecto de Ley de proceso penal, el Presidente del TSP, comunicó que a partir de su entrada en vigor se introducirán importantes modificaciones en la tramitación y solución de los procesos penales, haciéndolos más dinámicos y transparentes en total sincronía con nuestra Constitución y con los instrumentos internacionales.
Mencionó entre las novedades que propone la norma jurídica el fortalecimiento del respeto de los derechos y garantías de los acusados y víctimas, la existencia de procesos judiciales más garantistas e inclusivos y la ratificación de la robustez de Cuba como Estado socialista de derecho y de justicia social.
Toledo Santander, al dar lectura al dictamen, alertó que lo más trascendente resulta el establecimiento del juicio oral como un acto público y contradictorio que se desarrolla de manera concentrada e ininterrumpida, para, luego de una libre apreciación de las pruebas, arribar a la sentencia.
Igualmente, agregó que estas leyes van a estar informadas por tres principios cardinales: ofrecer las garantías necesarias tanto a los inculpados como a la sociedad, de modo que las sentencias resulten justas, eficaces y educativas; concretar las actuaciones y el juicio oral para el logro de una justicia pronta, sin merma de ninguna garantía; y simplificar los recursos de modo que sus sustanciación y resolución no sean obstaculizadas por requisitos puramente formales.
«La Ley de proceso penal que se nos presenta regula elementos relacionados con la legalidad de la privación de libertad, la asistencia letrada desde el inicio del proceso, la pretensión de inocencia, el trato digno y la prohibición de la violencia o coacción en el desarrollo del proceso.
«Además, establece el derecho a la no autoincriminación, la información sobre la imputación en su contra, el juzgamiento por tribunal prestablecido legalmente y mediante leyes penales previas, la garantía a la no incomunicación, la protección a las víctimas», acotó.
Al intervenir en el plenario, varios diputados expresaron sus criterios en los cuales se reconoció que la nueva norma está a la altura de la ética que requieren estos tiempos. También destacaron que se trata de una norma jurídica que coloca al ser humano en el centro, sobre todo en la protección de la víctima y la exigencia por la realización del debido proceso.
María Armenia Yi Reina, diputada por Holguín, expuso que la nueva norma da continuidad al espíritu de la Carta Magna, en la que se destaca el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad y la paz. Mientras, la diputada por Santiago de Cuba Marta del Carmen Mesa significó que es un paso más hacia ese Estado de derecho y de justicia social al que se aspira.
Por su parte, Jorge González Pérez, diputado por La Habana, ponderó la extraordinaria labor científica aplicada para la elaboración de esta ley, con la cual se actualiza el sistema judicial, pero con la característica cubana. También opinó sobre esta norma el diputado Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, quien resaltó que es mucho lo que deberá explicarse al pueblo para que se conozcan los postulados de esta norma y puedan exigir que se aplique adecuadamente.
Frente a la actuación administrativa
Al abordar el tema de la Ley del Proceso Administrativo, Remigio Ferro precisó que por su alcance se decidió sacarla como una norma independiente. Además, detalló el propósito de esta de regular los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones que se presenten ante los tribunales en relación con los actos, actuaciones materiales y omisiones inapropiadas de la administración pública, así como la responsabilidad de esta por los presuntos daños o perjuicios.
«La norma propuesta introducirá importantes modificaciones en esta materia, al hacer los procesos más accesibles e inclusivos; a la vez, su alusión propiciará un fortalecimiento de la calidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas», expresó.
Por su parte, Toledo Santander destacó que nunca antes en Cuba un proyecto de legislación procesal administrativa había contemplado las garantías judiciales frente a la actuación administrativa de la forma que lo hace esta regulación para los derechos de las personas, el interés público y la propia gestión administrativa del Estado.
Apuntó que con esta norma jurídica se instaura un proceso que se ajusta a las exigencias actuales de la justicia a tenor de nuestro texto constitucional vigente, resultando una disposición normativa pertinente, novedosa y ajustada a los reclamos de nuestra sociedad.
Igualmente, señaló cómo en ella se regula el proceso administrativo de forma autóctona, en una norma independiente, lo cual corresponde a las peculiaridades procesales que lo distinguen y a los derechos e intereses legítimos que, a través de él, se protegen.
El diputado señaló que la norma que se propone posiciona el proceso administrativo como un instrumento jurídico para conocer con mayor amplitud y diversidad las controversias en relación con el funcionamiento administrativo público y se amplía la competencia de los tribunales en materia administrativa.
En tal sentido, el diputado por La Habana Ariel Mantecón Ramos considera que esta «es la ley más retadora que vamos a poner en práctica, porque implica a todas las personas, pues de alguna manera todos interactuamos con la administración. La Ley tiene un impacto sustancial en la manera en que interactuamos con las administraciones, y constituye un reto saldar esa deuda en los servicios públicos en atención a la ciudadanía».
Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, agregó que esta es una ley que fortalece nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social, fomentando un ambiente de legalidad y control. «Consideramos que es imprescindible cumplir bien las normas jurídicas establecidas y no admitir nunca lo mal hecho. Por ello, nuestros abogados deben lograr mayor disciplina ante los tribunales».
Dinamizar los procesos judiciales
Al presentar el proyecto de Código de Procesos ante los diputados, el Presidente del TSP destacó que la nueva norma se basa en el capítulo referido a los derechos y deberes de las personas que están presentes en la Constitución de la República y fueron también referentes las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular al Tribunal Supremo Popular durante su rendición de cuentas al máximo órgano de Gobierno del país.
Detalló que la norma propone tipos estandarizados de procedimientos para el Derecho civil, de las familias, mercantil y del trabajo y seguridad social, lo cual permite hacer más fácil el trabajo, pues aunque se operan en diversos procesos pueden tener una dinámica operacional común.
Otra novedad es que se incrementan las posibilidades de acceder a procesos legales
situaciones que no tenían antes esa posibilidad. De esta manera temas vinculados con la disciplina laboral, en materia mercantil y otros referidos a la convivencia, pueden llevarse a los tribunales por parte de las personas naturales y jurídicas para buscar una salida a sus problemas.
Por su parte, Toledo Santander, al presentar el dictamen del proyecto del Código de Procesos significó que se trata de una norma jurídica que desarrolla las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y debido proceso contenidas en la Carta Magna.
«El proyecto propone unificar la forma de proceder para los asuntos civiles, familiares, mercantiles y del trabajo y la seguridad social, al establecer dos modalidades básicas similares para la tramitación de todos los asuntos de estas materias, el proceso ordinario y el proceso sumario, al eliminar así la diversidad de tipos procesales que prevalecía con anterioridad y facilitando el trabajo de las partes y del tribunal en el manejo de los asuntos, con lo cual se agiliza la impartición de justicia», destacó.
Igualmente, destaca el dictamen que entre los cambios sustanciales de la ley se favorece que una cantidad considerable de asuntos sean resueltos por los tribunales municipales, con derecho a un recurso de apelación ante el tribunal provincial, y si bien con ello se logra una mayor aproximación al pueblo en la tramitación de los asuntos, impone a los directivos de los tribunales una especial atención a la actividad que se desarrolla en esa instancia.
Toledo Santander resaltó el nuevo tratamiento que se propone para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, el cual amplía las razones por las cuales una sentencia puede ser impugnada ante el máximo órgano de justicia, favoreciendo el control ante violaciones de las garantías esenciales consagradas en la Constitución.
Al intervenir en el debate, José Alexis Guinarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas, manifestó que en los contenidos de este Código se ofrece una respuesta adecuada para la resolución de los conflictos en la vía legal, a la vez que refuerza la seguridad jurídica y la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Mientras, Juan Mendoza, profesor de la Universidad de La Habana, resaltó el papel de la ciencia en este proceso y cómo las investigaciones realizadas han sido aspecto clave en la formulación de los proyectos.
El socialismo es la única explicación de que hayamos sobrevivido al cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarnos
Discurso pronunciado por Miguel M. Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la clausura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 28 de octubre de 2021, “Año 63 de la Revolución”.
(Versiones Taquigráficas-Presidencia de la República)
Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana;
Compañero Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
Diputadas y diputados;
Invitados:
Me corresponde clausurar el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura y, al mismo tiempo, vengo ante ustedes, máxima representación de nuestro pueblo, a cumplir con un mandato legal: rendir cuentas e informar de mi gestión como Presidente de la República.
Lo haré compartiendo valoraciones sobre la situación que hemos enfrentado en estos tiempos, los temas en los que hemos centrado nuestro trabajo y también para hablar sobre los temas hacia los cuales debemos dirigir los principales esfuerzos.
Lo hago en un día de especial significación para todos los cubanos, aquel en que desapareció el leal Camilo Cienfuegos, símbolo de cubanía, de coraje, héroe eterno de la juventud cubana y, como ella, alegre y profundo.
Al ser públicas estas palabras seguramente podré contar no solo con las opiniones de ustedes, sino también con las de nuestra población. Nos apoyaremos en ellas para perfeccionar nuestra labor, con la responsabilidad que impone ser un servidor público.
Debo destacar, en primer lugar, el muy complejo contexto mundial, estremecido por múltiples crisis derivadas del injusto orden global, que se han agravado como consecuencia de dos largos y duros años de pandemia.
Hace menos de una semana las muertes por COVID-19 en todo el mundo rondaban los 5 millones de personas y los contagiados sobrepasaban la cifra de 243 700 000. La Organización Mundial de la Salud estima que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada directa o indirectamente al nuevo coronavirus, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado de lo que afirman los registros oficiales; pero el real impacto en todos los órdenes de la vida a nivel planetario está por conocerse. Lo que nadie pone en duda es su elevado costo para la economía mundial, ya desajustada por la prolongada prevalencia de patrones de consumo insostenibles, que han estrechado, cada vez más, las zonas de lujo y confort, mientras se ensancha dramáticamente el mundo de los excluidos.
Cuba, a pesar de estar dotada por la obra de justicia social de la Revolución de un sistema sanitario universal y gratuito, capaz de disponer de potencialidades científicas que en muy poco tiempo nos pusieron a la vanguardia mundial en la investigación y producción de vacunas, no ha podido escapar del golpe pandémico.
Como se ha evaluado en las sesiones de esta Asamblea, desde 2019 la economía ha transitado por condiciones excepcionales. Los efectos combinados del recrudecimiento del bloqueo y el escalamiento de la pandemia provocaron que en este periodo el país dejara de percibir más de 3 000 millones de dólares en ingresos. Además, se han ejecutado significativos gastos en exceso al Presupuesto para enfrentar la COVID-19, la protección de los trabajadores y de la población en general. Todo ello ha limitado la capacidad para hacer frente a erogaciones indispensables para sostener la oferta estatal, fundamentalmente de alimentos y medicamentos, así como las que demanda para su estabilidad el Sistema Eléctrico Nacional; esta difícil situación provoca insatisfacción y malestar en la población.
Para que se tenga una idea: tan solo en servicios de salud y material gastable en la atención a la COVID-19, se invirtieron unos 300 millones de dólares, mientras que los recursos para la operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional demandan como mínimo 250 millones de dólares por año.
No haber ejecutado oportunamente los mantenimientos y no poder adquirir los recursos imprescindibles para la garantía del servicio eléctrico provocaron los molestos apagones que venimos sufriendo desde el 21 de junio. Aunque no han desaparecido las limitaciones, existe disponibilidad de combustible para la generación de electricidad, y se destinó, en muy difíciles condiciones para aprobarlo, un nivel de financiamiento que permitirá, antes de concluir el año, recuperar 608 megawatts de potencia de la generación eléctrica, con lo cual irá mejorando gradualmente la situación de este servicio en todo el país.
En este contexto se han producido condiciones que favorecen la inflación por la existencia de una demanda muy superior a la oferta, lo que constituye la principal prioridad en el trabajo del Gobierno. Una de las soluciones a este problema es el crecimiento de la oferta a partir de una mayor participación de los productores nacionales en nuestro mercado interno.
Gracias al control que sostenidamente viene alcanzándose de la COVID-19, se ha iniciado un proceso gradual de recuperación de la actividad económica y social, a lo cual deberán contribuir las medidas aprobadas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal socialista y el perfeccionamiento y diversificación de los actores económicos.
El Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2022, que evaluaremos el próximo diciembre, estarán orientados a proyectar la recuperación de los niveles de actividad fundamentales, alcanzando una mayor autonomía en la gestión administrativa de los territorios; priorizar las medidas compensatorias para la atención a los más vulnerables, y consolidar la implantación de la Tarea Ordenamiento, entre otras prioridades.
Compañeras y compañeros:
Es preciso apuntar de nuevo al vil oportunismo del adversario. Justo en los meses en que escaló la pandemia en el país, se hicieron frecuentes los cortes de electricidad y se contrajo significativamente la oferta de bienes y servicios por las razones señaladas, creando un clima favorable a la irritación y al descontento; el enemigo histórico de la nación cubana conocía la gravedad del momento y se lanzó con más saña aún contra nuestra economía. En franca contradicción con las recientes declaraciones del presidente Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas, de favorecer el multilateralismo y cooperar en la lucha contra la pandemia a nivel global, hacia Cuba se arreció el bloqueo, se dictaron nuevas sanciones y se puso en marcha un nuevo programa de desestabilización que cumple al pie de la letra el manual del “golpe blando”.
Nunca nos hemos sentado a esperar el cambio de una política que durante 62 años ha variado solo para afianzar el cerco. La fórmula del enemigo ha sido apostar a que nuestras grandes dificultades materiales debiliten la resistencia del pueblo y nos pongan finalmente de rodillas ante ellos.
Contra un proyecto socialista como el nuestro no se descartan jamás las acciones violentas o bélicas, la invasión, la ocupación; pero se apuesta en primer lugar a la desmoralización, a la rendición, por eso el mensaje de odio hacia los comunistas, el énfasis antisocialista, la persecución de cada posible salida económica, en fin, el bloqueo. No importa cuánto destruya, cuánto dañe, cuánto erosione la fe de un pueblo en sus propias fuerzas.
Por muy inverosímil e inmoral que parezca, ese es el diseño del imperialismo contra Cuba. Ya no valen las hipócritas tapaderas y los engaños sobre una supuesta revisión de la política que el actual Gobierno repudió durante la campaña electoral que lo llevó al poder. Ya no valen los pretextos fraudulentos sobre la supuesta intención de favorecer al pueblo cubano y negar beneficios al Gobierno.
Las evidencias están ante los ojos de todos para comprobar que el objetivo ha sido, desde el comienzo, provocar escasez económica, castigar al pueblo, perjudicar su nivel de vida, restringir sus fuentes de ingresos, limitar su consumo y dañar los servicios sociales de los que depende una parte de su bienestar y la respuesta a sus necesidades más elementales. El propósito ha sido condenar a la población cubana al papel de rehén en una política genocida con designios hegemónicos.
Por eso causa tanta molestia en Washington el éxito de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia, en particular el resultado sobresaliente del programa de vacunación desarrollado con ingenio, esfuerzo y recursos propios. Se explica así el empeño en denigrar nuestro Sistema de Salud Pública y en ocultar este logro extraordinario de Cuba, que rompe la matriz engañosa que se quiere imponer sobre nuestra realidad.
Cada vacuna creada y aplicada, cada compatriota inmunizado, cada contagio evitado y cada vida salvada son triunfos de la causa nacional y derrotas de la agresión imperialista contra nuestro país. Parecería increíble que hay que describirlo de esa manera, pero no hay otra forma de referirnos a la desvergüenza de apostar a una pandemia con fríos cálculos políticos contra un pueblo entero.
Como recientemente denuncié en la clausura del último Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el actual escenario bilateral que estamos experimentando con Estados Unidos, la Embajada de ese país viene desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política.
En contraste, puedo afirmar categóricamente que nuestra Embajada en Washington no ha realizado nunca actividad alguna dirigida a la subversión del orden en Estados Unidos, ni a socavar sus bases políticas, legales o constitucionales. Nuestra misión diplomática en ese país se limita al despliegue de una intensa labor a favor de las relaciones bilaterales, en función del levantamiento del bloqueo económico y dirigida a contrarrestar las calumnias contra Cuba y la Revolución.
La trayectoria de nuestras representaciones diplomáticas en Estados Unidos ha sido siempre absolutamente limpia, aun cuando tenemos genuinas preocupaciones y criterios legítimos sobre la injusta naturaleza del sistema político estadounidense y sobre los atropellos políticos, económicos y legales que allí se cometen a diario.
El Gobierno de los Estados Unidos utiliza sin pudor los privilegios de los que disfruta su Embajada en nuestro país. Funcionarios diplomáticos estadounidenses se reúnen frecuentemente con los cabecillas contrarrevolucionarios. Les brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y de manera directa o indirecta financian sus actividades. En sus plataformas comunicativas, incluyendo las redes digitales, emiten a diario pronunciamientos ofensivos que constituyen entrometimientos abiertos en los asuntos internos de nuestro país.
Es justo preguntar cuál sería el comportamiento del Gobierno de los Estados Unidos ante cualquier embajada acreditada en Washington que se dedicara a instigar, orientar, motivar y financiar a cualquiera de los múltiples grupos extremistas cuyas actividades ilegales atentan contra la estabilidad, la vida y el orden público de ese país. Sería bueno conocer cómo respondería el Gobierno norteamericano a una embajada acreditada en su territorio que públicamente se dedicara a promover la desobediencia civil, manifestaciones políticas y marchas masivas en contra de la legalidad establecida.
Con las recientes provocaciones queda claro que está en curso contra Cuba una operación concertada desde Washington, que involucra fondos millonarios dirigidos a generar la imagen de que Cuba es un Estado fallido, que ocurre aquí un atropello a la ciudadanía. Ese plan incluye además el propósito de tratar de lograr que otros países se sumen a las medidas de agresión económica, e incluso que desde los propios Estados Unidos se tomen acciones punitivas de mayor envergadura.
La verdad siempre se impone por muy poderosas que sean las herramientas hoy existentes para ocultarla o distorsionarla. La mentira podrá propagarse como se disemina el virus de la COVID-19 y tendrá el poder de confundir y contagiar a muchos, pero no será capaz de doblegar la voluntad tantas veces probada de este heroico pueblo.
En contra de los planes del imperialismo estamos venciendo a la pandemia, como hemos vencido y venceremos los planes agresivos, no importa cuán poderosas sean las campañas y las calumnias.
El bloqueo es y seguirá siendo, en lo previsible, un obstáculo fundamental para nuestras estrategias y potencialidades de crecimiento económico y de desarrollo, pero no es un impedimento insuperable. Seguiremos luchando contra él incansablemente, con el respaldo de la comunidad internacional.
Nuestro desarrollo y el bienestar del pueblo tendrán que depender del esfuerzo que hagamos y de la inteligencia que aunemos, conscientes de que la cruel guerra económica de los Estados Unidos persistirá mientras exista en ese país el anhelo criminal de adueñarse del destino de Cuba.
El bloqueo no solo es un castigo a la resistencia. Es el modo cotidiano de impedir que el socialismo se asocie al crecimiento, al progreso y a la prosperidad.
¡No! El socialismo no es el culpable de nuestros problemas. El socialismo es la única explicación de que hayamos sobrevivido a ese cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarnos (Aplausos).
Como expresé hace unos días en el Pleno de nuestro Comité Central, solo de nosotros depende la respuesta digna a ese inmerecido castigo. Nuestra originalidad está obligada a ser tan grande como la maldad de quienes intentan rendirnos. La Revolución estaba y estará permanentemente desafiada a ser excepcional por la capacidad de su pueblo de resistir y crear.
Gracias a nuestro sistema, a la integración de todas las fuerzas en pos de un objetivo, es decir, gracias a la unidad en torno al Partido, Cuba tuvo respuestas inmediatas para la imprevista pandemia y, al mismo tiempo, para enfrentar la grosera profundización del bloqueo que nos dejó la administración Trump y que mantiene contra sus propias promesas el actual Gobierno de Biden.
La Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 fue la primera respuesta.
Una estrategia que ajustó las proyecciones del país a los nuevos escenarios sin renunciar al programa de desarrollo hasta 2030. Una respuesta revolucionaria por su flexibilidad y su capacidad de adaptarse a la complejidad de situaciones absolutamente nuevas e imprevisibles como la propia pandemia. Una respuesta apoyada en nuestras fortalezas y consciente de las limitaciones existentes.
Impulsando el desarrollo de un Sistema de Gestión del Gobierno, basado en Ciencia e Innovación hemos creado el Consejo Nacional de Innovación, cuya asesoría especializada impactará en la toma de decisiones y en la solución de los problemas más apremiantes.
Se han aprobado más de 60 medidas de estímulo a la producción y comercialización de alimentos y otras que buscan elevar la eficiencia de la empresa estatal; estimular la acción de los nuevos actores económicos a través de las llamadas Mipymes, destrabar procesos y encadenar producciones forman parte de un conjunto de acciones que complementan la Estrategia Económico-Social.
Paralelamente, este año de tantas restricciones, nuestro Estado ha desarrollado una intensa actividad internacional de diálogo, intercambio y cooperación con otras naciones y sus líderes, participando en cumbres, eventos virtuales y, en menor medida, presenciales, que nos permiten mantener una sólida relación con la comunidad internacional y, en particular, con naciones amigas.
Como expresión de la invariable vocación solidaria de Cuba, reconocida con agradecimiento en todo el mundo, unas 57 brigadas médicas del contingente Henry Reeve han enfrentado directamente la COVID-19 en 40 naciones.
Compatriotas:
Me he permitido insistir en los factores externos que apuntan a debilitarnos porque, bajo los fuegos artificiales de la Guerra No Convencional y el ruido ensordecedor que arman en las redes los odiadores profesionales, podríamos caer en el error de no aquilatar nuestras propias fuerzas, de no apreciar nuestros indiscutibles avances en un periodo, los dos últimos años, plagado de desafíos e incertidumbre a nivel mundial. Empecemos por el ejercicio legislativo, que tanto debe aportar a la institucionalidad del país.
En este Periodo de Sesiones, y en cumplimiento del cronograma acordado, hemos aprobado cuatro importantes leyes que marcan una trascendente reforma en el orden judicial y procesal en el país; es meritorio reconocer el esfuerzo realizado aun en las condiciones impuestas por la pandemia. Estas normas desarrollan contenidos de la Constitución de la República y refuerzan las garantías y derechos de los ciudadanos en armonía con la sociedad en su conjunto. Han sido el fruto de un amplio y participativo proceso de creación normativa al que han contribuido directivos y especialistas de los tribunales, la Fiscalía, los bufetes colectivos y los profesores universitarios, además de consultarse con parte de nuestro pueblo.
Esta práctica para el ejercicio legislativo tenemos que continuar perfeccionándola, de modo que cada ley que aprobemos sea el resultado del aporte de todos los que estén vinculados con el objeto de regulación y no falte, cuando corresponda, la consulta al pueblo por diversas vías.
Las disposiciones normativas aprobadas sitúan al país en la vanguardia de las legislaciones en ese ámbito más avanzadas y modernas, con espíritu renovador reafirman el acceso a la justicia para todos, amplían el debido proceso y con ello contribuyen a materializar el concepto de Estado socialista de derecho y de justicia social, reconocido en el Artículo 1 de la Carta Magna.
La Ley de los Tribunales de Justicia enaltece la función judicial en el país, reforzando la independencia de la judicatura y el papel de los jueces en la sociedad, ajustando su estructura y funcionamiento a las exigencias actuales.
Reconoce principios esenciales para la función judicial, como la supremacía constitucional, la imparcialidad, igualdad, gratuidad en el acceso a la justicia y la participación popular en este ámbito.
El proceso penal, con la aprobación de la ley sobre esta materia, se dota de mayores garantías para todos los que en él intervienen.
Son notables el reforzamiento de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales; son novedosos el reconocimiento de las víctimas y perjudicados como sujetos procesales, las formas anticipadas de solución de los procesos, el tratamiento a las personas imputadas y acusadas con edades entre los 16 y 18 años. Significativa resulta la asistencia letrada desde el inicio del proceso, junto al control por los tribunales de la medida cautelar de prisión provisional en cualquier fase del proceso, cuestiones planteadas durante la consulta popular del texto constitucional.
La Ley del Proceso Administrativo, además de independizar por vez primera esta materia en el orden procesal, va a garantizarle a la ciudadanía la posibilidad de reclamar en los tribunales derechos que considere han sido vulnerados por la Administración Pública, exigiendo para nuestros directivos y funcionarios un actuar más transparente y de apego a la ley.
Por último, el Código de Procesos uniforma los procedimientos de actuación en materia civil, mercantil, de familia y del trabajo y la seguridad social. La norma refuerza la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y establece medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones judiciales, entre otras cuestiones relevantes.
Las cuatro leyes aprobadas presuponen un desafío para los operadores del sistema de justicia, en el sentido de la necesidad de su capacitación y en garantizar su adecuada aplicación, en salvaguarda de una justicia pronta y efectiva.
Ratificamos la voluntad de continuar el cumplimiento del Cronograma Legislativo aprobado por este Parlamento y, con ello, desarrollando los contenidos de nuestra Constitución socialista.
El Octavo Congreso del Partido, celebrado en este difícil año, nos dejó valiosos debates y orientaciones fundamentales que son el referente y el mayor impulso a cuanto hacemos. En él se abordaron los problemas más desafiantes de nuestra realidad: los vacíos, las fallas en la comunicación, la necesidad de fomentar el diálogo, la participación y el control popular, la vida en nuestros barrios, la labor de las organizaciones de masas y sociales, la atención a los sectores vulnerables de la población, el conocimiento de las problemáticas e intereses juveniles.
De los errores, rutinas y de la burocratización del trabajo en la comunidad, pero, sobre todo, de las dificultades que genera el bloqueo en la cotidianidad de todos los cubanos y de la alta sensibilidad política que demandaba la aplicación de la Tarea Ordenamiento, se debatió fuerte en el Congreso de abril.
En difíciles circunstancias se aplicó la Tarea Ordenamiento, considerada un paso impostergable para el propósito de elevar la eficiencia empresarial, pero con efectos indeseados sobre la vida de los ciudadanos, que hoy se expresan, sobre todo, en la dañina inflación.
El vice primer ministro Alejandro Gil explicó ampliamente en su intervención las causas y posibles soluciones de este problema, no voy a profundizar en ello salvo para decir que somos conscientes de su gravedad, y por eso la prioridad que le concede el Gobierno a su solución y a la atención a las personas vulnerables. Varios elementos de su diseño inicial han sido rectificados tomando en cuenta los criterios del pueblo.
No vamos a mentir diciendo que esto se resolverá de un plumazo, solo puedo afirmar que la Revolución nunca hará nada al margen de los intereses y demandas del pueblo. Y les expreso mi confianza en que también venceremos este reto, como hemos vencido otros aparentemente insuperables (Aplausos).
Los Lineamientos actualizados en el Octavo Congreso del Partido y lo que corresponde en el Quinquenio al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, constituyen la base de la Estrategia Económico-Social para el impulso a la economía, cuya conducción se ha decidido que sea responsabilidad del Ministerio de Economía y Planificación, a través de los macroprogramas, con los programas y proyectos que lo integran.
Considerando que durante 10 años la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos cumplió funciones en interés de la actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y que se ha perfeccionado el Sistema de Dirección de nuestro Gobierno, se ha decidido proceder a la desactivación de la citada Comisión y traspasar sus principales funciones al Ministerio de Economía y Planificación.
Estamos hoy en mejores condiciones para perfeccionar la gestión de Gobierno en estrecha alianza con las estructuras del Poder Popular, cuyas potencialidades y reservas tienen mucho que aportar todavía.
No veo mejor escenario que este para reflexionar sobre lo que esperamos de nuestro Poder Popular.
El Poder Popular, con mayúsculas, genuino, innovador y, por esa misma razón, cuestionado y atacado por quienes lo desconocen o temen a su ejemplo, constituye el fundamento y la esencia del sistema político cubano; fortalecerlo es potenciar la iniciativa y la acción directa de nuestro pueblo en la consolidación del socialismo.
Esta misma sesión de la Asamblea nos ha dado buenas razones para proponernos una discusión crítica y reflexiva sobre la participación y el control popular, sus diversas formas, mecanismos y procedimientos; pero apunto también que es importante que estos análisis se realicen en todos los espacios sociales, en todas las instituciones y órganos del Estado a todos los niveles para fomentar la acción creativa y responsable en el proceso revolucionario socialista.
Si un aprendizaje nos ha aportado el intercambio con representantes de organizaciones y grupos sociales diversos, o sea, los encuentros con sectores, y el recorrido por las provincias y los barrios, es la necesidad de asumir nuevos estilos de trabajo que se correspondan con la heterogeneidad social del país, que se canalicen de forma adecuada las inquietudes y los aportes de la ciudadanía y que cada demanda reciba respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido.
Es impostergable aprovechar los saberes, la fuerza e iniciativa popular, no de manera formal, sino orgánica, respetuosamente, conscientes de que así se acentúa el principio de corresponsabilidad en el camino hacia la mayor justicia social posible.
Cuando hablamos de la innovación como uno de los pilares de la gestión de Gobierno, también pensamos en nuestro Poder Popular.
La democracia socialista exige hacer, innovar, cambiar y transformar permanentemente las formas de participación democráticas.
Compañeras y compañeros:
La Constitución de la República de 2019 y las leyes aprobadas en la presente Legislatura por la Asamblea Nacional del Poder Popular son fundamentos jurídicos para sustentar nuestras acciones, las que continuaremos desarrollando a la par del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
Las acciones que estimulen, promuevan y materialicen la participación popular tienen importancia defensiva y constructiva para el socialismo. El inmovilismo, el formalismo en las estructuras de gobierno a nivel local son tan nocivos como el asistencialismo, que se limita a entregar bienes y recursos sin considerar la trascendencia de la participación social.
Participación, he ahí la esencia y salvaguarda de nuestro socialismo. Lo contrario solo sirve a los enemigos de la Revolución para sus propósitos de retornar al capitalismo en Cuba. La libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica de lo que hacemos mal, de nuestros problemas, es vital para seguir avanzando, para fundar y para amar.
Debemos escuchar, dialogar, atender los planteamientos de nuestro pueblo. Tenemos que realizar consultas populares en asuntos de interés local y nacional, promover presupuestos participativos para decidir entre todos dónde y cómo utilizar mejor los fondos públicos, con énfasis en la localidad, en el barrio, en el municipio.
Reafirmamos aquí la voluntad del Partido, el Estado y la sociedad cubana de respetar, promover y garantizar los derechos constitucionales, voluntad que se expresó durante el proceso de reforma constitucional que tuvo como momento cumbre el referendo aprobatorio con fuerza vinculante de la Constitución de la República de 2019, y en todas las acciones que se ejecutan en la cotidianidad para generar la protección de los derechos.
Estos duros meses de pandemia son la mejor evidencia de cómo el Estado, apoyado en los científicos, el personal de la Salud, los educadores, los obreros, los campesinos, los combatientes, los jóvenes, los estudiantes, en el entorno asociativo de comunidades y barrios, en nuestros actores económicos, en las organizaciones políticas, de masas y sociales, ha trabajado duro para disminuir las muertes, los contagios; por salvar la vida como derecho que permite disfrutar del resto de los derechos.
¡La participación ciudadana salva! (Aplausos.)
Los protagonistas del proceso son los que construyen la sagrada unidad, los que desarrollan la capacidad de resistencia de la nación; los guardianes de la dignidad: nuestro pueblo.
Cuando avanzamos en la vacunación masiva prestando especial atención a las niñas, niños y adolescentes, mostramos nuestro compromiso en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba; esa acción no por cotidiana deja de ser extraordinaria.
Apostamos por reconocer y avanzar en la garantía de los derechos de las familias, desarrollando los principios de pluralidad familiar, diversidad, el de igualdad y no discriminación. Ahí está, como resultado de esa voluntad, el Anteproyecto del Código de las Familias, sólido, robusto, que se fundamenta en la dignidad humana como valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los deberes y derechos.
Estamos convencidos de que, mediante los procesos de consulta especializada, de consulta popular y debates en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en ejercicio del derecho a la participación, llegaremos al referendo legislativo con un Proyecto de Código de las Familias que pondrá a Cuba entre los países más avanzados del mundo en materia familiar, a favor de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Estos son solo algunos ejemplos, podemos citar también el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y el Decreto-Ley sobre la Maternidad de la Trabajadora, entre otros, que demuestran que la Revolución respeta, promueve y garantiza derechos (Aplausos).
Diputadas y diputados:
Esta Asamblea aprobó recientemente una importante Declaración que denuncia la injerencia del Gobierno norteamericano en nuestros asuntos internos y su inaceptable papel como instigador y facilitador de provocaciones en curso.
En esta misma sala, donde se discutió largamente, hasta su aprobación, la Constitución de la República de 2019, no puedo dejar de referirme a los intentos sutiles o desembozados con que los adversarios de la Revolución, muchos de los cuales atacaron el proceso que condujo a su aprobación, hoy pretenden servirse de los derechos que otorga para destruir la obra que esa propia Constitución defiende y protege.
Conforme al Artículo 56 de la Carta Magna: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”; el ejercicio de los derechos implica el cumplimiento de deberes, entre ellos, el respeto al orden establecido en la Constitución, que es expresión del principio de soberanía popular.
La Ley de leyes no puede ser interpretada a conveniencia, mucho menos en interés de aquellos que son los primeros en no respetarla. La Constitución, como establece el Artículo 7, “…es la norma jurídica suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla. Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone”.
Nuestra Constitución consagra los principios de independencia y soberanía de los pueblos, reconoce el derecho a la libre determinación, expresado en la libertad de elegir nuestro sistema político, económico, social y cultural; condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, cualquier forma de coerción económica o política, los bloqueos unilaterales violatorios del Derecho Internacional, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados.
Los derechos no son ilimitados, sus límites están previstos también en la Constitución: son los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.
Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria, la paz social, con la pretensión de subvertir el orden constitucional y posicionarse como discrepancia al socialismo y, más aún, cuando todo ello se hace siguiendo un guion conectado con los intereses políticos de un gobierno extranjero que mantiene hace seis décadas una guerra económica contra nuestro país.
Compañeras y compañeros:
Quiero agradecer de modo particular a nuestra comunidad científica, convocada a facilitarnos las herramientas que solo la Ciencia puede y debe aportar a los procesos económicos y sociales en esta época.
Gracias a la visionaria política de impulso a las ciencias de Fidel, y a la continuidad que dio Raúl a esa obra; gracias al talento, la consagración y el compromiso con que se han formado varias generaciones de investigadores cubanos, nuestro Gobierno ha podido enfrentar, como ningún otro de América Latina y el Tercer Mundo, la terrible amenaza de una pandemia.
Cuando en el futuro más inmediato repasemos estos años habrá que hablar en primer lugar del personal de la Salud, de los creadores científicos y de la Academia que se salió de las aulas para compartir saberes.
Y habrá que hablar también de nuestras instituciones armadas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que apoyan decisivamente los esfuerzos encaminados para hacerle frente a la situación, y asumieron la riesgosa misión de producir, trasladar y servir oxígeno a los hospitales en las horas más críticas para el país (Aplausos).
Debo reconocer igualmente al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por su indispensable aporte a la economía de la nación, que nos ha permitido disponer de recursos fundamentales frente a las urgencias.
Solo un país organizado, con una dirección unida en torno a un propósito común: la salvaguarda de la nación, puede proponerse las metas más altas en las horas más difíciles.
A sabiendas de que nuestra nación, bloqueada y sin recursos financieros disponibles, no podría aspirar a proteger a su población de la amenaza de la pandemia, hace más de un año pedimos a nuestra comunidad científica una solución soberana para enfrentar la expansión de la enfermedad.
Hoy somos el primer país de Latinoamérica con tres vacunas y dos candidatos vacunales en desarrollo, y el primero en el mundo en comenzar la vacunación de su población infantil de 2 a 18 años.
Por el camino atravesamos los duros golpes de picos de contagios, saturación de hospitales, crisis en la disponibilidad de camas y de oxígeno, las muy dolorosas muertes; las tensiones se incrementaban con las fallas en las plantas eléctricas, la escasa disponibilidad de medicamentos y alimentos.
La jauría anticubana, calculando próximo nuestro fin, se nos tiró al cuello con demandas de intervención humanitaria y hasta de invasión militar. Ni se molestaron en mirar en la historia cómo han terminado las naciones “salvadas” por las tropas yanquis o de la OTAN apenas en este siglo.
El pueblo cubano sí lo sabe, está informado, y los hombres y mujeres de bien en el mundo también lo conocen; con esa conciencia se organizó una cadena solidaria de donaciones que aún llegan a Cuba.
En las últimas semanas han bajado significativamente las cifras de contagiados y fallecidos. Los estudiantes se preparan para regresar a las aulas y el país se dispone a abrir fronteras para oxigenar la economía. Dan ganas de celebrar, por nuestros niños, nuestros médicos, nuestros científicos, nuestras vacunas, nuestro pueblo; por Fidel, que vuelve una y otra vez en cada obra suya de legítima fe en los seres humanos, que salvan vidas e iluminan el horizonte (Aplausos).
Hay más de una razón para que la celebración sea responsable y contenida. En muchas partes del mundo se producen nuevos rebrotes de la pandemia en medio de la crisis que la parálisis económica ha causado. En ese mundo vivimos y nos toca enfrentar el riesgo. Hagamos el éxito perdurable.
Diputadas, diputados:
El 15 de noviembre Cuba reabrirá sus fronteras, los estudiantes retornarán a la escuela; La Habana, capital de la dignidad, esperará su aniversario 502 como no ha podido hacerlo en los dos últimos años. La vida nacional irá retomando su curso, con la mayor alegría, pero alertas.
La paz y la concordia que distinguen la vida en nuestras calles seguirá reinando.
¡Nadie va a aguarnos la fiesta! (Aplausos.)
¡Ya estamos vacunados contra la COVID-19, y contra el miedo lo hemos estado siempre! (Aplausos.)
¡Tenemos Patria y defendemos la Vida!
Y seguimos siendo de ¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(Ovación.)
