Xenofobia en Chile | Delegado presidencial responsabiliza a Bolivia por la migración irregular
Delegado de Tarapacá: «Bolivia hace ningún esfuerzo para que migrantes no crucen la frontera»
El delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, advirtió que Chile no ha obtenido cooperación desde Bolivia para controlar los ingresos irregulares de migrantes -en especial desde Venezuela- al norte del país.
La autoridad planteó en El Diario de Cooperativa que aquello explica la decisión de instalar un campamento de Carabineros en Colchane, anunciada este miércoles por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado: «Partimos con 18 carabineros que hacían resguardo de la frontera, hoy hemos duplicado eso, tenemos 40, y para poder llevar a 40 más que estamos subiendo, necesitamos una habitabilidad».
El objetivo es garantizar que resguarden la zona por turnos, «porque tenemos 300 kilómetros de frontera con Bolivia, y Bolivia no hace ningún esfuerzo para que la gente no cruce, al contrario, hay mucha ayuda de los llamados ‘coyotes'», lo que a su juicio, hace fundamental «el despliegue del Ejército con Carabineros».
En ese sentido, sostuvo que el control de la migración «es un desafío de Sudamérica», y que el canciller Andrés Allamand lo «está liderando por encargo de nuestro Presidente Sebastián Piñera, y en eso se está trabajando en conjunto con otros países y estamos en una línea de colaboración», pero pidió «ir al origen de todo esto, que es la crisis social, económica y política de la dictadura de (Nicolás) Maduro».
Respecto a los hechos de violencia del fin de semana, que culminaron en la quema de enseres de un grupo que dormía en las calles de Iquique, Quezada reflexionó que «los tarapaqueños nos hemos hecho de la migración en distintas partes de la historia, y ese incendio que se produjo no es el reflejo de lo que es la gente de Tarapacá».
«Es una crisis que ni los tarapaqueños ni los chilenos creamos, y tenemos que unirnos en torno a una solución, que tiene que pasar también por tener leyes (…) tenemos que entrar en una discusión respecto de lo que queremos para Chile en el tema de migración», cerró.
Organizaciones sociales de Tarapacá exigen garantizar DDHH de migrantes
Molestia y preocupación existe entre las organizaciones de migrantes de Iquique por la actitud asumida por las autoridades de la región, en especial el gobernador José Miguel Carvajal por el tenor del recurso de protección que ingresó a los tribunales el mismo día del desalojo de poco más de 200 personas que acampaban en la Plaza Brasil, incluyendo entre ellas a menores de edad.
La académica de la Universidad de Tarapacá y especialista en temas migratorios Nanette Liberona, explicó que luego de conocer el documento legal constataron que en su redacción se busca responsabilizar a la población migrante de alterar el orden y la tranquilidad de la capital regional.
“Él se pone como principal víctima, él, su familia y los y las tarapaqueñas que han visto su integridad física y psíquica y su derecho a vivir en paz alterado por la población migrante que llega de forma masiva a esta región. Eso nos parece sumamente grave porque en ningún párrafo se plantea la importancia de proteger concretamente los derechos de las personas migrantes que están siendo vulnerados”, indicó.
Liberona recordó que en diferentes oportunidades plantearon a las autoridades locales que se generaría un problema mayor en caso de no abordarlo de manera urgente, sobre todo considerando que dos semanas antes se sabía de la convocatoria a la marcha antinmigrante que terminó en los hechos que luego fueron repudiados incluso internacionalmente.
“Le advertimos que eso iba a ser algo muy delicado y podía transformarse en un drama social y le solicitamos que se pronunciara contra la marcha mostrándole incluso que hace dos años el gobernador de la época no autorizó una marcha de este tipo diciendo que se trataría de una marcha que alteraría el orden público. Ni siquiera eso hizo el gobernador”, subrayó la académica de la UTA.
La docente criticó además los anuncios hechos por el Gobierno para asistir a los migrantes que llegan a las comunas de Colchane, Huara y especialmente en Iquique, donde se pretende levantar un campamento en las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto Diego Aracena.
“En gran medida eso facilitaría bastante las expulsiones de las personas ya que sabemos que hay 13 vuelos programados con contratación de líneas aéreas privadas y hasta el momento se han ejecutado solo cinco de estos vuelos desde febrero de 2021. Sabemos que el Gobierno lo que quiere es expulsar a estas personas que por el derecho internacional deberían recibir protección en nuestro país”, agregó.
La doctora en antropología y sociología subrayó que las medidas que impulsa el Ejecutivo “nos dejan en la duda de que realmente vayan a ser soluciones que respeten los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas irregularizadas, porque en el fondo lo que se está planteando actualmente es por un lado que las personas sigan su rumbo hacia Santiago, principalmente y por otra que se implemente un albergue en un lugar que fue puesto a disposición por la Universidad Arturo Prat que queda en los márgenes de la ciudad camino al aeropuerto en un lugar donde no hay ninguna infraestructura, ni siquiera sanitaria”.
Liberona indicó que esto lo que hace prever es que se va a construir “un campamento de refugiados o un centro de detención para migrantes como el que existe en Texas, en la frontera entre México y los Estados Unidos, centro de detenciones que en el fondo se transforman en cárceles, antesala para los procesos de expulsión”.
Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil de Tarapacá entregaron durante esta jornada un petitorio al gobernador regional y el delegado presidencial donde señalan que se debe garantizar el principio de no devolución y no retorno declarados en la Convención de Cartagena, además de aceptar el apoyo económico internacional para asistir a la población migrante y regularizar a los ciudadanos venezolanos, en particular a los niños, niñas y adolescentes.
Clínica Jurídica de Migrantes UDP por crisis migratoria en el norte: «El Gobierno ha mantenido un discurso criminalizador de la movilidad humana»
La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, en un declaración firmada por 145 abogados y abogadas, criticaron el rol del Gobierno en la crisis migratoria en el norte del país, que el sábado, en Iquique, detonó una marcha contra migrantes, culminando con la quema de pertenencias de ciudadanos venezolanos.
«Nos parecen aberrantes las manifestaciones de racismo y xenofobia que se apoderaron de las calles en la ciudad de Iquique la semana pasada. La indolencia de algunas personas y sectores que no han tenido la empatía para comprender que estamos ante personas, que vienen escapando de una de las crisis humanitarias más grandes de la región y del mundo, es grave», señalaron.
«El Presidente Sebastián Piñera declaró públicamente hace algunos años una política de brazos abiertos con el pueblo venezolano debido a la grave crisis política, social y económica que atraviesa dicho país. Esas palabras de solidaridad han chocado con la realidad, pues el gobierno ha mantenido un discurso criminalizador de la movilidad humana», añadieron.
En esa línea, sostuvieron que el Ejecutivo ha «ligando constantemente migración y delincuencia, y ha respondido a los ingresos desesperados por pasos no habilitados con expulsiones ilegales y colectivas, prohibidas por el derecho internacional».
«La realidad que se está viviendo en el norte de Chile no es más que una consecuencia de la política migratoria implementada por este gobierno. Como muchas organizaciones advirtieron ya desde 2018, los visados restrictivos y la respuesta securitista y sancionatoria por parte del Estado no desincentiva el ingreso por paso no habilitado de personas que están desesperadas», comentaron en la declaración.
«En este sentido, las medidas antes mencionadas no toman en cuenta la realidad que se vive en la región y el hecho de que la mayoría de las personas que deciden ingresar por un paso no habilitado vienen escapando de violaciones masivas a sus derechos humanos. Por el contrario, estas medidas solo aumentan los ingresos irregulares, la desprotección y el caos», continuaron.
Por último, apuntaron que «el Estado ha dejado a su suerte a autoridades de pequeñas localidades para que hagan frente a esta situación, sin tener los medios económicos ni la infraestructura adecuada para hacerlo, pese a reiterados llamados de las autoridades locales y de la sociedad civil».
En ese sentido, emplazaron al Gobierno «a generar una estrategia de respuesta humanitaria coordinada a nivel estatal y local, desde la óptica de los derechos humanos y con miras a tratar a la migración no como un problema, sino como un fenómeno multicausal inherente al ser humano y propio de un mundo globalizado».
Cruz Roja por crisis migratoria: “Sí se puede dar cuenta del incremento de migrantes en tránsito en la frontera norte del país”
Con el título “Minuta: Migración e ingresos clandestinos” fue que el gobierno hizo llegar un documento de cuatro páginas a parlamentarios de Chile Vamos, en el que parten describiendo la complejidad de la crisis migratoria en el norte del país y cuestionó el ingreso clandestino a causa de “las expectativas de que en Chile les prometen casa, visa y que no serán expulsados”.
A renglón seguido, se emplazó directamente al presidenciable del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aludiendo que “las señales de los candidatos de izquierda son que se debe regularizar a todo extranjero que entre el país de manera clandestina”, lo que valida esta forma de ingreso al Chile y que, a su vez, buscaría “garantizar el transporte a la comuna de su deseo y entregarles una casa, lo que junto con prohibir las expulsiones generan que hoy más que nunca, más personas intenten ingresar clandestinamente buscando estos beneficios”.
En concreto, el texto apuntó a la propuesta de Gabriel Boric de implementación del “Programa vivienda, barrio y mediación. Se garantizará el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida”.
También se defendieron las políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo y criticaron las acciones de parte del Frente Amplio y la Corte Suprema, respecto a los bloqueos en el proceso de expulsión.
En cuanto a las críticas por el viaje del presidente Sebastián Piñera, se señaló que “cabe destacar que el flujo de ciudadanos venezolanos antes del viaje (2017 y 2018) fue de 300 mil, y el flujo posterior al viaje, 140 mil, lo que incluye los flujos de los años 2019, 2020, 2021 y los ingresos clandestinos en ese año. A su vez, los ingresos post Cúcuta fueron con visas otorgadas y RUT, evitando el abuso, contrario a lo que hace el turismo laboral del 2017”.
Esta última información fue desestimada por la presidenta nacional de la Cruz Roja Chilena, María Teresa Cienfuegos, quien, si bien evitó profundizar en el polémico documento, dio cuenta del aumento en el ingreso de personas en condiciones migratorias irregulares.
“Debido a su rol esencialmente humanitario, imparcial, neutral e independiente, Cruz Roja Chilena no toma parte en las controversias de orden político, religioso, cultural o social que puedan presentarse en el contexto de las contingencias pasadas, presentes y futuras. Sin embargo, sí puede dar cuenta de sus acciones humanitarias a favor de las comunidades en situación vulnerable a raíz de la pandemia y al incremento de migrantes en tránsito en la frontera norte del país. En ambos casos, los voluntarios de Cruz Roja Chilena han entregado kits de abrigo, alimentos e higiene, agua envasada, apoyo psicosocial, primeros auxilios y atención primaria de salud- de manera oportuna y digna- a nacionales y migrantes que lo han requerido, y en este momento, se encuentra reforzando sus tareas de apoyo en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Colchane, Tocopilla, Antofagasta y Calama”, afirmó Cienfuegos.
En tanto, el Servicio Jesuita a Migrantes- a través de cifras proporcionadas por la PDI- también echó por tierra la tesis del gobierno, puesto que los ingresos por pasos no habilitados entre 2010 y 2020 van en considerable aumento, especialmente de parte de ciudadanos venezolanos, quienes representaron a junio de este año un total de 16.000 casos.
Por su parte, el diputado de Revolución Democrática y miembro del equipo de campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, expresó que “la filtración de la minuta del gobierno a sus vocerías es realmente una vergüenza inexplicable y nos demuestra dos cosas: por un lado, que están haciendo campaña con el recurso de todas y todos los chilenos y, en segundo lugar, que el comando de Sichel y de Kast están realmente en La Moneda”.
