Chile | A dos años del estallido social, solo cuatro agentes del Estado fueron condenados
Balance INDH a dos años del estallido: 3.072 querellas, 70 formalizaciones y sólo 4 condenas
A tres días de que se cumpla el segundo aniversario del llamado «estallido social», el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió este viernes de una «desoladora» falta de avance del Estado de Chile en las medidas recomendadas ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas sociales, las más graves registradas desde el retorno a la democracia.
«Qué ha hecho el Estado de Chile para cumplir con esta verdad, cuál es el discurso oficial: refugiarse en una errada idea de que esta es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque sobre los recursos de los tribunales de justicia -que desde ya no es rápido ni expedito- se han agravado las razones estructurales de que no haya un acceso a la justicia por otras coyunturales como la pandemia», dijo el director del INDH, Sergio Micco, en una ceremonia este viernes.
«Pero -y esto es decisivo- esta judicialización completa la verdad, pero no mira el rostro de la víctima ni la de sus familiares y las confunde con decisiones judiciales que dependen de múltiples factores», añadió el abogado, que fue enfático en señalar que el panorama judicial es «desolador».
Según datos del INDH, de acuerdo al seguimiento de acciones judiciales, al 2020 se habían presentado 2.917 querellas por abusos en protestas, de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y solo una sentencia condenatoria.
Al 2021, en tanto, hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y apenas cuatro sentencias condenatorias.
Si bien hay cuatro veces más sentencias que hace un año, es solo un 0,03 por ciento de las investigaciones del Ministerio Público en dos años, lamentó el INDH.
Sobre el seguimiento de las víctimas, desde el INDH apuntan a las debilidades del sistema de justicia, ya que en 175 oportunidades se aplicó el protocolo de Estambul -a denuncias de tortura y casos más graves-, de las 632 querellas donde se había solicitado.
«¿SE HAN HECHO ESFUERZOS?»
«Somos parte de un Estado de Chile en que no se ha dado los medios para prevenir, investigar y sancionar toda violación de DDHH», sostuvo crítico Micco.
Recordó incluso que «el Presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre del 2020, señaló: ‘Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad’ «.
Ante ello, «la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿se han hecho esos esfuerzos?», planteó, sobre la cual detalló que «del segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones en nuestro informe anual del 2019, se deduce que en un tercio de ellas hay un cumplimiento parcial; de los restantes dos tercios no se ha adoptado ninguna medida para cumplir».
GOBIERNO LLAMA A MANIFESTARSE DE FORMA PACÍFICA
El próximo lunes 18 de octubre se cumplen dos años desde que estallaron en Chile las revueltas contra el Gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y militares.
En vísperas, tanto en el Gobierno como en Carabineros se monitorean todos los llamados a movilizaciones que se están levantando en redes sociales desde este viernes 15 en adelante, cuando se esperan las mayores concentraciones. Para ello, la policía militarizada diseñó una estrategia que incluye a 5.000 funcionarios desplegados y refuerzo de la seguridad en «zonas de riesgo».
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, será el encargado de supervisar los lugares donde se produzcan desmanes y movilizaciones.
«Hago un llamado a que las personas, si se van a manifestar por este aniversario del 18 de octubre, lo hagan como lo establece nuestra Constitución y nuestra convivencia democrática: de forma pacífica y sin armas», abogó Galli.
«Vamos a partir este viernes, como casi todos los viernes, con una presencia policial en la Plaza Italia, pero esperamos que el día lunes sea una participación pacífica y, por lo tanto, la labor que tendrán las policías sea de resguardo de los manifestantes y de asegurar un adecuado ejercicio del derecho a la manifestación», añadió la autoridad.
INDH y 18 de octubre: El Estado de Chile no ha cumplido con sus deberes… el panorama es desolador
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, criticó el nivel de cumplimiento del Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en octubre de 2019. “A dos años del inicio de la más grave crisis desde el retorno de la democracia, el Estado de Chile no cumple con sus deberes. El panorama nos resulta desolador”, dijo al presentar un balance de la situación.
Dicho informe cotejó la situación de avance en la cuatro áreas que definió el INDH -verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición- en relación a las recomendaciones que se hicieron hace dos años para hacerse cargo de “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la retorno a la democracia”.
El balance se elaboró a partir de la metodología que desarrolló y validó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y consiste en indicadores estructurales, de proceso y de resultado. Tiene tres niveles de indicadores: específicos, generales y final. En el último se expresa la evaluación general agregada de cada recomendación.
Según el seguimiento que hizo el Instituto solamente un tercio de las recomendaciones tienen un cumplimiento parcial, mientras que el resto está pendiente de cumplimiento. Aquí se contemplan, por ejemplo, sugerencias para el Poder Ejecutivo, Carabineros y la Fiscalía, entre otros.
Avance de procesos legales
De acuerdo con los números dados a conocer por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Rodrigo Bustos, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. Hace un año, en 2020, el Instituto tenía presentadas 2.917 querellas. Había 52 investigaciones ya en fase de formalización y 111 personas formalizadas. Apenas una condena.
Sin embargo, un año después de eso, y a tres días de que se cumplan dos años del inicio de la crisis social, las cifras no han evolucionado mucho. Hoy el INDH tiene 3.072 querellas presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, 136 imputados formalizados y cuatro condenas. Se trata de datos actualizados al pasado 21 de septiembre. “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”, dijo.
Al respecto el director del INDH recordó que “3.400 víctimas confiaron en nosotros, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella. No querían seguir recordando lo que vivieron. Otras no se atrevieron, simplemente, a presentar la denuncia. Hemos estado en 3.000 casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”, dijo Sergio Micco.
En cuanto al seguimiento de los casos de las víctimas, según mostró en el balance Rodrigo Bustos, hace un año, se habían aplicado 175 protocolos de Estambul a personas afectadas por los casos más graves de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Además, 430 ya habían declarado ante la PDI y 491 ante la Fiscalía. Ahora, en 2021, las cifras mostraron que a 218 se les aplicó el protocolo de Estambul, 533 declararon ante la PDI y 842 ante la Fiscalía.
“Hemos avanzado muy poco en los protocolos de Estambul, no obstante todos los esfuerzos que se han hecho. El Instituto estuvo en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, donde se adoptaron medidas de reforzamiento del Servicio Médico Legal”, añadió el jefe de la Unidad de Protección de Derechos.
Frente a este reducido avance, el director del INDH planteó que el Estado se ha refugiado “en una errada idea que esto es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque el recurso a los tribunales de justicia, que desde ya no es rápido ni expedito, se ha agravado. A las razones estructurales de que no hay un acceso a la justicia se suman otras coyunturales, como la pandemia”, dijo Micco.
Reparación y garantías de no repetición
En cuanto a la reparación de las víctimas, el director del INDH cuestionó la política adoptada por el Estado. “Estamos trabajando en una Glosa, la número 12. Nosotros no pedimos participar en esto, porque no consideramos que sea una reparación integral. Pero se nos entregó un mandato. Ahora esa Glosa ha sido completamente desfigurada, en el nuevo proyecto de ley de Presupuesto, que habla de afectados por las manifestaciones”, dijo Micco. Agregó que el proyecto le quita las acreditaciones al INDH y se las traspasa al Ministerio del Interior.
“Vamos a promover en los próximos días una Glosa ¿Quién debe acreditar a las víctimas? Una comisión calificadora de víctimas, constituida después de hacer las consultas a la sociedad civil, a las víctimas, por el Estado de Chile. Y tiene que haber un proyecto de ley integral de reparación”, añadió.
Respecto de las garantías de no repetición, el director del INDH criticó la forma en que el Gobierno ha conducido una reforma de Carabineros. “Valoramos una serie de propuestas promovidas de larga data que dicen relación con la modernización y la profesionalización de Carabineros. Pero pedimos un paso más allá. Valoramos el proyecto de ley presentado, que separa la seguridad pública de las funciones políticas del Ministerio del Interior, ¿pero es eso suficiente? Evidentemente que no”.
Instituto Nacional de Derechos Humanos
