Caravanas migrantes: informe advierte los riesgos para las niñas, mujeres y trans
En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans sufren más violencia
La agrupación Médicos Sin Fronteras ha comparado la herida humanitaria -como consecuencia del éxodo hacia el “sueño americano»- con un conflicto bélico agudo actual. Esto a consecuencia de la violación a derechos humanos, así como por el número de víctimas mortales, las afectaciones emocionales, la precarización y/o el sufrimiento en la experiencia humana. La organización alerta que los y las migrantes «padecen algunas de las peores formas de violencia que hay en el mundo hoy en día».
En aras de la búsqueda para mejores oportunidades de vida y donde la precarización de la población en tránsito es una realidad; son niñas, mujeres y personas trans las que llegan a pagar un precio más alto, pues por su condición de género «están más expuestas a la violencia sexual», según lo dicho por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el informe Sometidos a abusos y abandonados. Una perspectiva de género sobre el tráfico ilícito agravado de migrantes y su respuesta.
La «antimexicana», una aliada
Una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado, por lo menos alguna vez en su vida, violencia sexual, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Pero en el contexto migrante, son ellas quienes padecen una exposición mayor a este tipo de agresiones, y además se les infringe como «una demostración de poder, misoginia, racismo o gratificación sexual».
«(Las migrantes) padecen algunas de las peores formas de violencia que hay en el mundo hoy en día». Médicos sin Fronteras.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, asegura que las expresiones de violencia sexual hacia niñas, mujeres o mujeres trans migrantes se presentan como trata, tortura, acoso, violación, extorsión. Esta situación conlleva, a su vez, a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o en algunas ocasiones, la muerte.
Kuhner detalla también que quienes comúnmente cometen este tipo de delitos son «los polleros» o traficantes de personas, los compañeros de viaje, las parejas sentimentales que las acompañan -o que las alcanzan en algún punto del recorrido-, así como también policías y agentes migratorios que comprometen la libertad de ellas a «cambio de favores sexuales».
Anahí Libanesa, activista de la asociación Amigos del Tren México, indica que el fenómeno de la violencia sexual hacia niñas, mujeres y mujeres trans en situación migratoria es una realidad que podría ir en aumento debido a la impunidad, la invisibilización, el desconocimiento de las leyes y sus derechos, así como el incremento de población migrante, lo que hace de esto una situación todavía más preocupante.
Libanesa recuerda el siguiente testimonio: «Pasó una muchacha de origen centroamericano por una ciudad cercana a nuestro albergue; había sido abusada más de tres veces, por más de 20 hombres».
La activista destaca que se tiene registro de quienes incluso llegan a «comprometer el ejercicio de su sexualidad» mediante previo acuerdo con algún varón para reducir, de alguna manera, el riesgo de ser atacada por otros hombres, pero esto no deja de ser una variante de la violencia sexual.
Ante el riesgo inminente de que en algún momento del trayecto las mujeres sean objeto de violencia sexual, se ha observado que algunas han optado por la ingesta de la píldora o de la inyección anticonceptiva, a la que conocen como «la antimexicana», en alusión al hecho de evitar un embarazo no deseado en territorio mexicano, donde están la mayor parte del tiempo.
Anahí Libanesa señala que son las mayores de 18 años quienes se someten a tratamientos de control natal, debido al ineludible factor de abuso por el que podrían pasar. Además, mencionó que algunas mujeres llegan a desconocer este recurso médico, mientras que otras llegan al refugio para preguntar por la píldora del día después, lo que podría suponer una señal de que ya fueron agredidas.
Por ello, hace un llamado para visibilizar este contexto para incidir a través de las autoridades en la facilitación de procesos migratorios, como por ejemplo el otorgamiento de visas humanitarias, para que de esta manera se pueda erradicar el problema desde la raíz.
Más daños colaterales: persecución, trata y feminicidios
Las mujeres informan una exposición mucho mayor a la violencia durante la migración y reportan dificultades para acceder a atención médica en su recorrido, por lo tanto, son ellas quienes requieren servicios de esta naturaleza de manera primordial, explica la ONUDD en el informe Sometidos a abusos y abandonados….
Las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, forman parte del testimonio de muchas mujeres migrantes, y aunque algunas logran establecer contacto con un profesional de la salud durante su trayecto hacia Estados Unidos, existen casos de mujeres que, por el hecho de ir solas o en condiciones complejas, es muy difícil que logren atenderse, explica Gretchen Kuhner.
En el caso de los embarazos no deseados a consecuencia de la violencia sexual, la experta en derecho destaca la importancia de legalizar el aborto en México, así como en toda la región, pues además de tratarse del reconocimiento de un derecho humano para las mujeres, este tipo de previsiones legales deberían considerarse para evitar la persecución del Estado.
La ONU recuerda que en El Salvador y Honduras la interrupción del embarazo está criminalizada en todas las circunstancias, mientras que Guatemala solo se permite cuando hay peligro para la vida de la madre.
La trata y el feminicidio son dos vertientes más de la violencia que sufren mujeres y niñas migrantes, expuestas también a la participación de bandas delictivas. Anahí Libanesa refiere que la gran preocupación de quienes hacen labor de apoyo en el albergue donde ella colabora recae más en las mujeres, debido a la incertidumbre que hay sobre su trayecto.
«Nosotros trabajamos en conjunto con otro equipo que está en Mexicali y lo que nos dicen es que ‘por lo menos ustedes ven llegar mujeres y niños hasta Irapuato, acá no los vemos’; eso quiere decir que, si Irapuato es la mitad de su recorrido para llegar a Mexicali, la mayoría no llega… ¿qué pasó con ellas? ¿dónde están? ¿regresaron? no lo sabemos. ¿Fueron víctimas de abuso y murieron? Probablemente. ¿Las han prostituido? Lo más probable también», explica la defensora de derechos humanos
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito afirma que pese a la gravedad de la violencia que viven migrantes en tránsito, solo un reducido número de casos se cuantifican y castigan debido a los vacíos legales de protección, al abuso policiaco, a la normativa punitiva hacia el aborto; así como también a traslados masivos que no distinguen necesidades legales, el desconocimiento de información sobre asistencia o servicios disponibles, la carencia de instituciones legales, la propia movilidad, la desconfianza en las autoridades o el miedo a la deportación.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, una salida
El fenómeno migrante comenzó a reportarse en los medios de comunicación desde la década de los ochenta del siglo pasado, y tal vez desde el año 2000 en los foros académicos, estimó Gretchen Kuhner.
Al hacer un balance de la situación actual, la experta señala que no solo se cuenta con mayor información o reconocimiento del fenómeno social, sino que también ha habido un incremento de hasta cuatro veces de asociaciones civiles para ayudar a este grupo de la población.
Kuhner afirma que lo que no ha cambiado durante este tiempo es la ausencia de políticas públicas, así como de iniciativas eficaces por parte de Estados Unidos, México y del resto de los países de la región.
En ese sentido, lamenta que pese a la existencia de acuerdos y pactos internacionales, no ha sido suficiente para contener las motivaciones de los flujos migratorios y las violaciones a los derechos humanos, hecho que atribuye a resistencias e intereses políticos.
México es el epicentro del tráfico humano en América Latina y en sus fronteras pasa lo peor, según un informe
Varios niños vendían artesanías en el centro de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Parecía algo ‘normal’ en un lugar donde la pobreza obliga a que los menores participen en el comercio informal para contribuir a la economía familiar. Todo dio un giro cuando desapareció un indígena de dos años en junio de 2020. Durante el operativo de búsqueda, las autoridades descubrieron que varios niños eran obligados a trabajar a punta de golpes.
Un total de 23 menores, entre ellos tres bebés, fueron rescatados durante un operativo que encabezó la Fiscalía de Chiapas. La mayor de las víctimas tenía 15 años. Varios presentaban signos de violencia física, desnutrición y maltrato psicológico. Estaban bajo el control de tres mujeres, quienes fueron detenidas.
Este caso no es único en México, un país que ha sido catalogado como el epicentro latinoamericano de una actividad criminal que a veces se muestra como explotación sexual y otras como laboral, pero que también incluye el transporte de inmigrantes hacia el norte.
“El mercado de tráfico de personas de México es el más grande y sofisticado de la región, ya que es un país grande y sirve como nación de origen y tránsito, principalmente hacia Estados Unidos”, concluye un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Este análisis identifica que sus fronteras son los sitios más conflictivos. Uno de esos lugares es el estado de Chiapas, paso obligado de las caravanas de centroamericanos. Ese éxodo a causa del desempleo, la violencia y la pobreza se exacerbó con la pandemia del coronavirus, advierte el estudio.
Las restricciones en los cruces fronterizos debido al covid-19 interrumpieron las operaciones de tráfico de personas, “lo que resultó en menos víctimas, pero a un valor más alto”, agrega.
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional coincide con varios otros reportes: que los carteles están involucrados de alguna u otra manera en el tráfico de personas en México. “Los contrabandistas suelen tener vínculos con grupos criminales transnacionales, carteles de la droga y funcionarios corruptos”.
El modus operandi no es el mismo en todo México: mientras en el sur suelen ser miembros de la comunidad local “que trafican individuos en vehículos, autobuses o remolques”, los del noreste típicamente integran “grupos organizados más grandes que controlan las redes de contrabando”.
Al referirse a los carteles, en particular, el análisis destaca que “se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo”, con redes internacionales y una cartera de actividades ilícitas que incluyen el robo de combustible, la tala ilegal, el secuestro, la extorsión y la trata de personas.
“Controlan el territorio de gran parte de México, cooptando al Estado mediante el soborno y la intimidación, con el objetivo de facilitar la actividad ilícita e influir en el proceso democrático”, indica.
Los carteles y la trata
El gobierno mexicano cree que la trata de mujeres ya es el tercer ingreso más importante del crimen organizado, después del tráfico de drogas y armas.
Los grupos que rescatan a estas víctimas lo explican así: un cargamento de narcóticos se vende una vez, pero una esclava sexual se vende varias veces.
Incluso grupos delictivos emergentes se han sumado al lucrativo tráfico humano. Es el caso del Cartel Santa Rosa de Lima y La Unión Tepito, que incursionaron en el narcotráfico y el huachicol (robo de combustible). Ahora dirigen grupos dedicados a la explotación sexual, advirtió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en una reunión virtual en junio de 2020.
Nieto aseguró entonces que José Antonio Yépez, alias ‘El Marro’, el detenido jefe del Cartel Santa Rosa de Lima, tenía clubes nudistas con “decenas de jovencitas” en Celaya y la región de los Apaseo, en el estado de Guanajuato.
La UIF detectó múltiples actividades financieras sospechosas relacionadas con La Unión Tepito en focos rojos de la trata de personas, como Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.
En Puerto Vallarta, considerado por expertos en crímenes ligados al tráfico humano y trata de personas como un “paraíso” de pedófilos, criminales pagaban derecho de piso al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Eso se descubrió tras un operativo policial encubierto que en junio de 2018 liberó a 40 mujeres, la gran mayoría de entre 13 y 15 años. Las habían invitado a una fiesta juvenil, pero las estaban esperando adultos extranjeros que bebían licor, de acuerdo con la denuncia.
“El perfil típico de las víctimas es de entre 12 y 16 años, dependiendo su apariencia y el ‘mercado’ que atienden los traficantes”, dijo a este medio un investigador de una fundación que atiende a víctimas de tráfico sexual, quien pide no publicar su nombre porque participa en operativos encubiertos en México y Estados Unidos. “Las ofrecen en perfiles de Facebook y Twitter, o en anuncios que dicen ‘voy a la universidad’. O les pagan a taxistas para que lleven a clientes”, detalló.
Los carteles mexicanos se involucran de dos maneras en el tráfico sexual en sus territorios, detalló este experto. Ya sea controlando directamente la prostitución de niñas en burdeles y cantinas del cartel, o cobrándole un porcentaje a las células independientes que operan en sus ‘plazas’.
Al menos 15 zonas en México, casi todas ciudades turísticas y fronterizas, tienen una alta incidencia en este delito, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esos lugares son Tijuana y Mexicali (en el estado de Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Acapulco (Guerrero), Cancún (Quintana Roo), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas), Tapachula (Chiapas), Puerto Vallarta (Jalisco), Los Cabos (Baja California Sur), la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Estas regiones son controladas por los carteles de Sinaloa, Jalisco, los Zetas, del Noroeste y de Juárez, así como por las células que surgieron del clan de los Beltrán Leyva.
“Los grupos del crimen organizado se han dividido y diversificado sus actividades delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de personas, el tráfico sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”, detalla un análisis sobre los carteles mexicanos que en julio de 2020 publicó el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos.
De 2012 a 2017, las autoridades rescataron a más de 5,200 víctimas de tráfico sexual en México, de las cuales 3,308 eran mujeres adultas, 1,086 niñas (ambas son el 85% del total de casos), 492 hombres y 289 niños varones, de acuerdo con el informe más reciente sobre dicha problemática que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En ese período, el 69% de las denuncias se registraron en las fiscalías de cuatro estados: Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Estado de México.
Si bien la mayoría de las víctimas eran mexicanas (84%), las autoridades también identificaron a personas de 28 países, incluso de África. El grupo más grande lo formaban 278 mujeres y niñas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia.
Varias de estas mujeres son llevadas a México con la promesa de trabajar como modelos, pero terminan obligadas a laborar en prostíbulos, bares y clubes nudistas.
