América Latina | Migraciones en pandemia: nuevas y viejas formas de desigualdad – Por Gioconda Herrera

La pandemia de covid-19 produjo una exacerbación de las desigualdades sociales ya existentes y también ha dado lugar a nuevas desigualdades, que han afectado especialmente a una población migrante latinoamericana sometida en los últimos años a procesos violentos de precarización social, laboral y reproductiva en todo el continente. Los ejes movilidad/inmovilidad, riesgo/seguridad o pertenencia/otredad permiten analizar estas nuevas desigualdades que atraviesan América Latina.

El panorama migratorio en América Latina ha experimentado cambios importantes en los últimos cinco años, tanto en términos del incremento de personas migrantes como respecto del tipo de fenómeno que estamos presenciando. En cuanto a lo primero, el éxodo de más de cinco millones de venezolanos marca sin duda un hecho histórico sin precedentes en la región, sobre todo porque se trata de una migración que se desplaza en su mayoría hacia América del Sur, y en particular a los países andinos, una subregión que no se ha reconocido a sí misma históricamente como un espacio receptor de inmigrantes. Pero también hemos asistido al constante movimiento de ciudadanos centroamericanos, sobre todo hondureños, hacia el norte, en una época en que la tradicional migración mexicana a Estados Unidos parecía experimentar un estancamiento. Además, se han producido importantes movimientos transfronterizos y transregionales como el de los nicaragüenses hacia Costa Rica y el de los haitianos por todo el continente. En 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula la presencia de 11,9 millones de migrantes en América Latina y de 40 millones de migrantes latinoamericanos en todo el mundo.

Respecto de las características de estas migraciones, hay que señalar que en las causas de los desplazamientos convergen cada vez más factores económicos con motivos relacionados con la violencia social, con la búsqueda de seguridad humana, con el colapso de servicios públicos y, en general, con un sentido de desprotección y desesperanza frente al futuro inmediato. Haití, Venezuela y Honduras comparten profundas crisis multidimensionales de reproducción de la vida, en las cuales están implicados factores económicos, sociales, ecológicos y políticos que conducen a pensar que estamos frente a procesos estructurales más cercanos a la migración forzada.

Luego, un aspecto que ha ganado visibilidad en los últimos años y que demanda ser explorado con mayor atención son los prolongados tránsitos de migrantes de múltiples nacionalidades que se dirigen tanto al sur del continente, generalmente a Brasil o Chile, como al norte, hacia México y eeuu. Tres ejemplos emblemáticos de estos largos viajes, en los que el tránsito se vuelve la vida misma, son las travesías de ciudadanos haitianos por todo el continente, las prolongadas estancias de los centroamericanos en México ante la imposibilidad de cruzar hacia eeuu, o las de la población venezolana, que sabemos por varios estudios que se moviliza por varias ciudades andinas antes de instalarse en un destino que no necesariamente considera como definitivo, debido a las difíciles condiciones de integración social que encuentra¹. Estos tránsitos prolongados instalaron nuevas dinámicas, que rompen con las concepciones más clásicas de la migración como proceso unilineal de salida y asentamiento en un determinado destino.

Por último, estas dinámicas ocurren en un confuso panorama político en el que, por un lado, América del Sur parece alejarse cada vez más de la agenda de política migratoria aperturista y de libre circulación frente a la migración sudamericana que la caracterizó entre 2000 y 2015. Varios países empiezan a adoptar políticas que combinan perspectivas nacionalistas de seguridad nacional y soberanía con articulaciones transnacionales de cierre de fronteras, muy apegadas a proyectos interestatales globales de control migratorio. Estos últimos, por el contrario, han dominado la agenda de la política migratoria centroamericana, mexicana y estadounidense. Por otro lado, estas migraciones ocurren en un panorama de desaceleración de la economía, que ha golpeado a toda la región desde 2014 aproximadamente, por lo que los contextos de llegada y de tránsito que encuentran las personas migrantes están marcados por mercados laborales frágiles y entornos sociales de creciente xenofobia y racismo.

En este marco, la pandemia de covid-19 produce una exacerbación de las desigualdades sociales en una población migrante que ya ha estado sometida a procesos de precarización de su reproducción social en los años recientes. Pero también emergen consecuencias no esperadas que han derivado en nuevas formas de exclusión, vinculadas al surgimiento de otros clivajes de desigualdad. El primero es el que se establece entre quienes siguen movilizándose en la pandemia y aquellos que se inmovilizan. Como veremos a continuación, la movilidad/inmovilidad impacta de manera desproporcionada en las estrategias de vida de la población migrante y denota lo que el antropólogo Biao Xiang ha denominado un clivaje entre riesgo y seguridad individual². A esto se suma un segundo factor de diferenciación, que es la aparición de nuevas manifestaciones de xenofobia relacionadas con la identificación del migrante con el contagio: esta configura un clivaje entre quienes son considerados miembros legítimos de la comunidad política versus quienes no son merecedores de su protección por ser extranjeros. Por último, otra consecuencia inesperada de la pandemia es que impacta en las remesas de los migrantes. En medio de este escenario de agudización de las desigualdades sociales, y contra todo pronóstico, las remesas de los migrantes latinoamericanos que se encuentran viviendo en eeuu y Europa han crecido y contribuyen una vez más a paliar las críticas condiciones de sus familiares en los países de origen ante la ausencia del Estado.

Este artículo se basa en la producción de evidencia e importantes reflexiones sobre los efectos de la pandemia de dos grupos de investigación regionales que se activaron en 2020. El primero es el grupo de Análisis Comparado sobre Migración y Desplazamiento Internacional en las Américas (caminar, por sus siglas en inglés), que ha realizado varios trabajos colectivos en los que examina las respuestas de los Estados frente a la pandemia; y el segundo es el grupo (In)Movilidades en las Américas, que ha cartografiado la situación de las poblaciones migrantes durante 2020 y ha producido importantes alertas sobre procesos de violación a derechos humanos que afectan a esta población a lo largo de todo el continente³.

La exacerbación de las desigualdades

Entre 2015 y 2020 se produjo en la región una serie de trabajos que examinan los procesos migratorios recientes, especialmente aquellos relacionados con la población venezolana y centroamericana. Podemos decir que la bibliografía presenta cuatro rasgos comunes. En primer lugar, evidencia las precarias condiciones de integración económica de esa nueva población migrante que se inserta en su mayoría en sectores informalizados de la economía, con remuneraciones por debajo de la ley, y que –especialmente en el caso venezolano– mantiene brechas importantes entre su capital cultural y el tipo de empleo alcanzado. En segundo lugar, constata difíciles condiciones respecto a la vivienda que habitan las personas migrantes, que tiende al hacinamiento en viviendas colectivas. En tercer lugar, muestra una población que enfrenta muchas trabas y dificultades para acceder a la regularización. Finalmente, registra el crecimiento de reacciones xenófobas por parte de las poblaciones receptoras⁴. La combinación de estos cuatro factores condiciona una afectación desigual en las poblaciones migrantes respecto a las nacionales y las vuelve especialmente vulnerables frente a la pandemia.

De acuerdo con la Cepal, la población migrante se ha visto particularmente afectada por la recesión económica y la destrucción del empleo ya en curso desde 2014⁵. Además, este informe resalta importantes diferencias en la incidencia de la pobreza entre los migrantes y las poblaciones nacionales. En países como Chile, Colombia y Costa Rica, las personas migrantes experimentan mayores niveles de pobreza relativa en comparación con la población autóctona. En el caso de Perú y Ecuador, el Banco Mundial ha reportado situaciones similares. Además, se señala que la población migrante ocupa sectores más precarizados del mercado laboral en comparación con la población nacional, y esto ocurre en países que han sufrido deterioros importantes de sus mercados laborales. Por ejemplo, en el caso de Perú, el segundo país con mayor población venezolana después de Colombia, en diciembre de 2018 los peruanos que trabajaban en el sector informal ascendían a 72,5%, en tanto que los venezolanos llegaban a 88,5%. Además, la población migrante recibía 35% menos de ingresos que la peruana⁶. De acuerdo con la encuesta enpove, la mayoría de la población venezolana en Perú se ubica en trabajos informales (sin contrato ni beneficios laborales) y en empresas pequeñas (de uno a 10 trabajadores). También se señala que alrededor de 50% de los encuestados manifestaron ser discriminados en sus centros de trabajo por su nacionalidad.

En el caso de Ecuador, casi 60% de la población migrante trabaja en el sector informal y solamente 84% ha recibido por su trabajo el pago acordado⁷. Además, los hombres y mujeres migrantes dedican al trabajo más horas a la semana que los ecuatorianos, pero reciben un pago promedio mensual menor.

En Perú, Colombia y Ecuador, los estudios han señalado que la población migrante se inserta también de manera «informal» en el mercado formal, es decir en trabajos que deberían cumplir con ciertos estándares laborales, lo que no sucede⁸.

En este escenario de desigualdades marcadas entre población migrante y nacional, era de esperar que con la llegada de la pandemia la primera se viera especialmente afectada, pues está sobrerrepresentada en sectores que dependen para su supervivencia de actividades desarrolladas en las calles y de la entrega de servicios presenciales. En un primer momento, el confinamiento generalizado causó la pérdida de medios de subsistencia: se prohibió y castigó la venta ambulante, se eliminaron temporalmente los servicios remunerados de trabajo doméstico y de cuidados, y se paralizaron los comercios y actividades de entretenimiento y restauración, todos sectores con alta presencia de mano de obra migrante⁹. La precarización del trabajo que adviene con la desaceleración de las economías desde 2014 se profundiza con los confinamientos, y asistimos a procesos radicales de empobrecimiento de poblaciones migrantes ya previamente golpeadas: la inestabilidad laboral se convierte en callejización, y la precariedad, en supervivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que se vislumbra es que los trabajadoras y trabajadoras migrantes han asumido lo que el grupo (In)Movilidades en las Américas ha denominado trabajos «esenciales pero desechables». Este grupo de investigación ha documentado que la producción de alimentos ha quedado en manos de trabajadores migrantes latinoamericanos en eeuu durante la pandemia y que en América del Sur esta población ocupa numerosas actividades relacionadas con los llamados «trabajos esenciales». Por ejemplo, los servicios de entrega de comida a domicilio a través de las diversas plataformas digitales, que se han multiplicado en todas las ciudades latinoamericanas.

Con respecto a la vivienda, el grupo caminar ha documentado cómo el hacinamiento que se constata en las viviendas colectivas y los campamentos (por ejemplo, en la zona de Roraima en Brasil) los convierte en espacios especialmente proclives al contagio para la población migrante, y a esto se suman las denuncias en varias ciudades de la región de desalojos y evicciones de familias migrantes¹⁰.

El confinamiento también paralizó los procesos en curso de regularización de la población migrante y la tramitación de las demandas de asilo, y se cerraron las fronteras, inclusive en algunos casos con su militarización. Estas medidas han contribuido a dejar a grandes cantidades de migrantes irregularizados en la indefensión y en necesidad de protección internacional. Los estudios señalan que desde 2018 existía un proceso de endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo en países como Chile, Ecuador y Perú, en los cuales se impusieron visas, y en México y otros países centroamericanos, que adoptaron políticas para asumir la categoría de «tercer país seguro» frente a los solicitantes de asilo, tal como pidió el gobierno de Donald Trump¹¹. Así, el cierre de fronteras es un paso más en la tendencia ya presente de instauración de un régimen de control fronterizo regional y en las medidas disuasivas que han colonizado progresivamente las políticas migratorias sudamericanas¹². Pero además, el cierre de fronteras ha provocado situaciones de crisis humanitaria en varios espacios fronterizos donde grandes cantidades de migrantes han quedado bloqueados, lo que pone en riesgo su salud, además de favorecer la proliferación, en plena pandemia, de pasos irregulares y de redes de tráfico de personas.

Por último, la creciente xenofobia de las sociedades latinoamericanas es un hecho. Numerosos estudios han documentado fenómenos como el racismo institucional en los sistemas de salud y educativos¹³, así como procesos de estigmatización de la población migrante como amenaza al empleo de los autóctonos, causante de la disminución de los salarios y de mayores cargas fiscales, y responsable del aumento de la inseguridad¹⁴. La pandemia ha provocado una exacerbación de estos sentimientos xenófobos, con un elemento adicional que parece perfilarse y necesita ser explorado a futuro: la perversa identificación de las poblaciones migrantes con el contagio¹⁵. Prueba de ello fue la militarización de la frontera entre Perú y Ecuador para impedir el paso de los migrantes como forma de evitar la propagación del contagio.

En definitiva, la pandemia exacerbó desigualdades existentes y mostró que el lugar donde se habita, el tipo de trabajo que se realiza y la condición jurídica con la que se cuenta no solo afectan el acceso a derechos fundamentales, como el trabajo, la salud y la educación, sino que la misma supervivencia está en entredicho para la población migrante. A esto se suma la creciente xenofobia ya existente en las sociedades latinoamericanas, alimentada muchas veces por las propias políticas de los Estados que, como veremos a continuación, han respondido a la pandemia con políticas nacionalistas que tienden a excluir a la población migrante.

¿Nuevos clivajes de desigualdad?

En esta segunda parte, quisiera ofrecer una exploración de los fenómenos y consecuencias no esperados que ha traído la pandemia y su relación con la agudización de las desigualdades de la población migrante. Para ello, retomo la reflexión desarrollada por Xiang y Nyberg Sørensen en torno del concepto de shock mobilities (movilidades de choque), para referirse a distintos fenómenos de movilidad que se producen con la pandemia y están relacionados con cambios repentinos en el movimiento de las personas¹⁶. Para estos autores, las shock mobilities se deben entender como articulaciones entre varios movimientos o ensamblajes de movilidades y son especialmente relevantes para captar diversos procesos que hemos identificado en la región, como el retorno de los migrantes internos e internacionales a sus comunidades y países de origen o la concentración de los migrantes en trabajos que requieren su continua movilidad.

En efecto, uno de los impactos inesperados del covid-19 sobre las migraciones en el continente han sido los procesos de movilidad en medio de las restricciones y cierre de fronteras impuestos por prácticamente todos los Estados de la región. Hemos asistido al retorno de migrantes internos que salen de las grandes ciudades hacia sus pueblos y comunidades de origen, como es el caso de los pobladores de Lima en Perú, o de Guayaquil en Ecuador, que se movilizaron hacia sus comunidades en las zonas altas en los primeros meses de la pandemia. También hemos visto el regreso de migrantes bolivianos, que atravesaron las fronteras argentinas y chilenas para retornar a sus ciudades y pueblos de origen. Los motivos generalmente se vinculan a la pérdida de trabajos y de medios de subsistencia, a la pérdida de la vivienda o a la búsqueda de protección frente al contagio de covid-19. Pero tal vez lo más impactante ha sido ver el desandar de la población venezolana que ha emprendido el camino de regreso desde países como Perú, Ecuador, y sobre todo Colombia, hacia su país de nacimiento. Un fenómeno que se produce por la desesperanza frente a la imposibilidad de encontrar los medios para subsistir, la ausencia de políticas de protección de los Estados hacia los migrantes y los crecientes procesos de discriminación a los que se ven sometidos. Con la interrupción de la circulación de medios de transporte, este regreso se hace muchas veces a pie y se ha enfrentado a la militarización de las fronteras, a la peligrosidad de los pasos irregulares y la inclemencia climática. Los movimientos de retorno no se han producido solo en América Latina, sino también en la India y otras partes del mundo, y generalmente han sido asociados a problemas de contagio y miedo por las aglomeraciones en espacios fronterizos o en lugares públicos como parques y plazas durante los tránsitos, con la configuración de un imaginario que clasifica a la población entre el riesgo y la seguridad.

Un segundo fenómeno que hemos visualizado en todas nuestras ciudades es lo que Biao Xiang llama la movilidad sustituta; es decir, cómo unos trabajadores se mueven para que otras personas puedan permanecer inmóviles –alimentados y a salvo– en sus casas, denotando las reconfiguraciones del capitalismo en la pandemia en torno de nociones de riesgo versus seguridad individual. Como ya mencionamos, las plataformas digitales se convirtieron en uno de los sectores de mayor crecimiento durante la pandemia. Empresas transnacionales como Uber Eats, Glovo, Rappi y Cabify ingresaron en los último cinco años a prácticamente todas las ciudades de América Latina, y en muchos casos existe una alta participación de mano de obra migrante entre sus trabajadores y trabajadoras. Varios estudios han mostrado cómo durante la pandemia, si bien estas empresas se expandieron en forma exponencial, esto no ha significado necesariamente un aumento de los ingresos de su personal¹⁷. Pero, además, son trabajadores que han estado en la primera línea del contagio, sin contar con medidas de bioseguridad adecuadas, lo que ha convertido estas actividades en altamente riesgosas, pues implican trabajar en la calle por muchas horas y la interacción con un sinnúmero de personas, entre proveedores y clientes. Todos los riesgos a los que se han visto sometidos estos trabajadores y trabajadoras se agravan al no estar ellos cubiertos por los regímenes de protección social, y son más vulnerables cuando se trata de personas migrantes. Estas movilidades sustitutas reflejan una nueva forma de desigualdad fundada en la exposición al riesgo, que además se encubre con un discurso de la autonomía, la libertad de movimiento, el emprendedorismo¹⁸.

Por último, es necesario mencionar que otra consecuencia no esperada de la pandemia respecto a la migración es que, a pesar de las previsiones de un dramático descenso de las remesas¹⁹, de acuerdo con los datos a diciembre de 2020, estas han crecido en prácticamente todos los países latinoamericanos que tienen un importante número de migrantes en eeuu. De acuerdo con Manuel Orozco, las remesas familiares hacia América Latina y el Caribe aumentaron en 6% en el último año y alcanzaron a alrededor de 114.000 millones de dólares. Los envíos desde eeuu representaron 70% del volumen total. En el caso de Ecuador, por ejemplo, que cuenta con un importante número de su población en eeuu, pero también en Europa, las remesas alcanzaron los 3.338 millones de dólares, superando inclusive las cifras de 2007, que fueron las más altas antes del advenimiento de la crisis global²⁰. Esto corrobora lo mencionado anteriormente sobre la ubicación de las personas migrantes latinoamericanas en eeuu en trabajos de primera línea y «esenciales», que si bien al inicio de la pandemia sufrieron una baja en la demanda de empleo, pronto se recuperaron. Por otra parte, también denota que los migrantes enviaron más recursos a sus familias para enfrentar la crisis causada por la pandemia y se convirtieron en un soporte importante ante la ausencia de programas de protección social. No sucede lo mismo con las remesas intrarregionales, en especial aquellas dirigidas a Venezuela, que han disminuido considerablemente, lo que agrava aún más las difíciles condiciones de reproducción social de la población²¹.

En definitiva, estas distintas combinaciones de «movilidad en la inmovilidad» nos hablan de nuevos movimientos que incrementan la vulnerabilidad de la población migrante, tanto en términos de supervivencia como respecto a su salud. Además, asistimos al surgimiento de nuevas desigualdades, que posicionan de manera diferenciada a la población migrante y nacional en un eje entre riesgo y seguridad individual, alimentado por sentimientos de xenofobia. Sin embargo, otros movimientos, como el de los lazos económicos transnacionales que vinculan a las personas migrantes con sus familias a través de las remesas, vienen a paliar las desigualdades existentes, mostrando una vez más la capacidad de acción de los migrantes en momentos de crisis.

A modo de cierre

La pandemia ha reconfigurado nuevos y viejos ensamblajes de movilidad que no deben ser leídos solamente desde las desigualdades de clase, raza o género, pues la movilidad en la inmovilidad vuelve evidente que la condición migrante es parte de esa intersección de diversas dimensiones de desigualdad que han impactado de manera diferenciada sobre las poblaciones empobrecidas de América Latina. En ese sentido, la condición migrante es una dimensión que potencia y exacerba desigualdades ya existentes. Asimismo, es necesario considerar nuevas formas de diferenciación que ha traído la pandemia, que clasifica a las poblaciones entre aquellas más cercanas al riesgo y al contagio y aquellas que se instalan en la seguridad individual del resguardo y el teletrabajo. Como hemos visto, esta diferencia se alimenta de la paradoja entre trabajadores esenciales pero desechables, aquellos que están en primera línea pero que son también los más desprotegidos.

Para cerrar, quisiera mencionar que es necesario desarrollar con mayor profundidad todas estas reflexiones e impulsar investigaciones comparativas, mirarnos regionalmente, seguir los circuitos de los hombres y las mujeres migrantes y entender las fronteras por encima de los límites que imponen, también como espacios de luchas y de resistencias²². A esta mirada comparativa y regional hay que sumarle la especifidad de la migración que caracteriza ahora a la región. ¿Qué significa salir de un lugar en crisis para llegar a otra crisis? ¿Qué sucede cuando migrantes y no migrantes comparten precariedades y exclusiones? ¿De qué manera se entrelazan racismo y xenofobia en territorios históricamente atravesados por la colonialidad del poder? ¿De qué manera la condición de irregularidad se convierte en una dimensión de desigualdad articulada a otros ejes de exclusión, en sociedades altamente jerarquizadas como las nuestras? Todas estas preguntas surgen cuando miramos los procesos migratorios en pandemia y, como dijimos, es necesario profundizar en ellas.

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