Por Gabriel Vera Lopes*
El pasado viernes 13 de agosto empezó una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno de Venezuela y una parte de la oposición, la cual se venía negando a participar de los comicios electorales y a reconocer a Nicolás Maduro como el legítimo presidente electo. La cita tuvo lugar en México con el beneplácito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió y saludó a ambas delegaciones.
Este es el quinto intento por parte del gobierno de construir, fuera de Venezuela, un diálogo tendiente a un acuerdo, con el objetivo de lograr un entendimiento que dé salida al conflicto y al asedio que vive el país hace años. Las negociaciones cuentan con la mediación del Reino de Noruega, que ya había participado del intento anterior de 2019. Además, acompañan el proceso el Reino de Países Bajos, por parte de la oposición, y la Federación de Rusia, por el oficialismo.
El gobierno espera que los diálogos ayuden a lograr una estabilidad social y económica en el país, de cara a las próximas elecciones que se realizarán el 21 de noviembre próximo. Apuesta así a neutralizar los elementos más beligerantes de la oposición. Su delegación estuvo compuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez; y Nicolás Maduro Guerra, hijo del primer mandatario y diputado a la Asamblea Nacional.
Por su parte, las distintas facciones de la oposición buscan airear su representatividad. Llegan a esta situación luego de haber mermado su capital político negándose a la participación política-institucional en aras de su estrategia de construcción de una institucionalidad paralela, encabezada por “el gobierno interino” de Juan Guaidó y apadrinada por los EE.UU.
La delegación conjunta de las distintas facciones de las oposiciones estuvo compuesta por nueve delegados, lo que da cuenta de sus dificultades para construir una vocería y una interlocución coordinada y unitaria. Entre las figuras más destacadas, cabe mencionar a: Carlos Vecchio, actual “embajador” en EE.UU del autoproclamado gobierno de Guaidó y coordinador nacional de Voluntad Popular; Gerardo Blyde, actual presidente del comando de campaña de la Mesa de Unidad Democrática; y Tomás Guanipa, “ex-representante diplomático en Colombia” por Guaidó y actual secretario general de Primero Justicia.
El proceso abierto ha generado tanto expectativas como desconfianzas, asentadas en una larga lista de negociaciones frustradas. Conscientes de ello, y luego de haber rechazado sistemáticamente cualquier tipo de diálogo, la oposición, a través de Gerardo Blyde, pidió confianza en el proceso. En sintonía, Antony Bliken, Secretario de Estado de EE.UU., saludó el proceso planteando: “Nos unimos a la UE y Canadá para instar a las partes a alcanzar acuerdos duraderos que conduzcan al futuro democrático que los venezolanos merecen.”
En este punto conviene preguntarse: ¿qué cambios se produjeron para que la oposición modificara su estrategia? Para dar con una respuesta es necesario recordar sucintamente la secuencia de hechos.
En febrero del 2018, en República Dominicana, estaban dadas todas las condiciones para firmar un acuerdo entre ambas partes. El llamado G4 – ahora Plataforma Unitaria- y el Gobierno Bolivariano habían acordado -aceptando las exigencias de la oposición- la participación en las elecciones presidenciales, que serían adelantadas al primer semestre de ese año mediante un pedido al Consejo Nacional Electoral. Fungía como anfitrión el entonces presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
Sin embargo, contra todo pronóstico, Medina informó que el diálogo había entrado en receso indefinido luego de que la delegación opositora desconociera el acuerdo. Pese a lo consensuado, la oposición presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, alegando que “no estaba obligado a afirmar lo pactado hasta entonces”. El giro repentino en las negociaciones, junto a la falta de razones confesables, hicieron que uno de los mediadores más preeminentes, el expresidente español José-Luis Rodríguez Zapatero, de inocultable aversión al chavismo, publicara una carta abierta a la oposición exhortando a que suscriba lo pactado «una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado».
Por ese entonces, la oposición había recibido una llamada de Bogotá de parte de un enviado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La negociación no sería el plan a seguir: esto se transformaba en augurio del intento de derrocamiento del gobierno que vendría en los siguientes años.
Esta fracción de la oposición se negó a participar de las elecciones presidenciales. Posteriormente, desconoció las elecciones y la victoria del chavismo, rechazando la toma de posesión por parte de Maduro de su segundo mandato, calificándola de “usurpación”. Finalmente, el 23 de enero, aduciendo una “vacancia presidencial”, se autoproclamó presidente de la nación quien por entonces presidía la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Inmediatamente, como si se tratase de un mecanismo de reloj, el por entonces presidente de los EE.UU., Donald Trump, reconoció al nuevo “presidente interino”,seguido por su séquito de gobiernos nucleados en el Grupo de Lima: Martin Vizcarra, en Perú; Macri, en Argentina; Bolsonaro, en Brasil; Iván Duque, en Colombia; etc.
Empezaba así un capítulo inédito en la cronología de asedio a la Revolución Bolivariana. Su propósito estratégico consistió en la construcción de una institucionalidad paralela tendiente a la destitución del gobierno.
Luego de la autoproclamación de Guaidó, Citgo, la principal filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense -que procesa unos 750.000 barriles de crudo al día- fue retenida por el gobierno estadounidense y sus remesas transferidas a Guaidó. A su vez, el gobierno de Trump, congeló todos los activos venezolanos en jurisdicción norteamericana . El Banco de Inglaterra retuvo a su vez el oro venezolano depositado en sus arcas, con un valor estimado en US$1.000 millones, dándole potestad de uso al “gobierno interino”.
De esta manera, la aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) contra la República Bolivariana de Venezuela, que se venía llevando a cabo desde finales del 2014 bajo la administración del demócrata Obama, fueron intensificadas con la administración del republicano Donald Trump. Se trata de medidas que derivaron en un bloqueo económico, financiero y comercial que afecta principalmente a la población venezolana.
Sobre este escenario se ensayaron diversas acciones de fuerza contra el gobierno. Acciones que apostaban a articularse con el malestar producto del bloqueo y el ahogo a la economía. Primero, el intento de ingreso desde Colombia de supuesta “ayuda humanitaria”. Luego, bajo el nombre de “Operación Libertad”, se ensayó un intento de golpe de estado el 30 de abril del 2019: el levantamiento fue dirigido por el mismo Juan Guaidó en compañía de efectivos militares y policiales y comenzó con la liberación de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, que se encontraba bajo arresto domiciliario. El propio vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, saludó la intentona llamando a la movilización en apoyo al levantamiento. Sin embargo, la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y el ejército no se rompió y el intento fue neutralizado. Por último, en mayo del 2020, bajo el nombre de “Operación Gedeón”, un grupo de mercenarios intentó ingresar al pais por las costas del Caribe, cerca de Caracas. Sin embargo, las milicias populares del pueblo de Chuao frustraron dicha incursión.
Para lograr su cometido, estos golpes de fuerza necesitaban de dos condiciones: la movilización de un amplio sector social en apoyo a estas medidas, por un lado, y la ruptura de las Fuerzas Armadas en un decidido apoyo a las intentonas golpistas, por otro. Ninguna de estas condiciones logró imponerse.
En este sentido, la estrategia golpista de este sector de la derecha y el gobierno estadounidense no logró su principal objetivo inmediato. Por el contrario, generó un alto grado de repudio en sectores de la población que no apoyaban al gobierno de Maduro. A su vez, fragmentó a la oposición y perdió terreno interno frente a las variables opositoras que sí participaron de las elecciones, como en el caso de las parlamentarias del 2020.
De esta manera, el principal cambio de la situación política se relaciona con el virtual fracaso de la estrategia de este sector y su pérdida de gravitación entre la oposición doméstica. Elemento que se combina con un cambio en la correlación de fuerzas en el continente, producto de las rebeliones populares que lo surcan y del retroceso del Grupo de Lima.
Es por ello que el simple hecho de que estos sectores deban volver a aceptar la propuesta del gobierno de generar un diálogo es una victoria del chavismo. Es el pase de una inflamada retórica marcada por la exigencia del “fin de la usurpación” a la aceptación del diálogo.
Sin embargo, es necesario no subestimar el daño que estas estrategias han provocado tanto al gobierno como a la población toda, principalmente en lo referido al bloqueo y las medidas coercitivas económicas. Estas últimas generan un angustiante malestar social en una población que debe sobrevivir en una economía cada vez más golpeada y arrinconada.
En la actual ronda de negociaciones se firmó un memorándum de entendimiento entre ambas partes.
En el mismo se desarrolla una suerte de “hoja de ruta” sobre los puntos que se deberá acordar. La próxima ronda de conversaciones tendrá lugar del 3 al 6 de septiembre. En dicho memorándum se acordaron siete puntos: derechos políticos para todos; garantías electorales; levantamiento de “sanciones”; respeto al Estado Constitucional; convivencia política y social; protección de la economía nacional; y garantías de implementación y seguimiento de los acuerdos.
Resulta de especial importancia el punto referido al levantamiento de las sanciones económicas, ya ya que, en palabras de Benigno Alarcón Deza -director del medio opositor politikaucab- es a la vez el principal punto de exigencia del chavismo y “la presión más importante sobre el gobierno y el único punto de apalancamiento”.
En este punto, el memorándum plantea un acuerdo sobre «la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional». De esta manera, tal como plantea Franco Vielma, se “establece un compromiso de las partes en el reconocimiento del bloqueo al país como un lesivo acto de injerencia externa.”
Cabe recordar que la mesa de negociación en México se lleva a cabo en simultáneo con el proceso electoral convocado para el 21 de noviembre, en el cual se elegirán gobernadores y alcaldes para el período 2021-2025. Actualmente, desde el pasado 9 de agosto hasta el 29 del mismo mes, se desarrolla la etapa de postulaciones de las listas que competirán.
El PSUV ya ha inscrito sus candidaturas, las cuales fueron seleccionadas a través de Elecciones Primarias Abiertas (EPA) dentro del Partido. Logrando transformar las primarias en una gran campaña de debate político y movilización de las filas del chavismo; proceso que habilita un relevo generacional y una reorganización en la estructura de poder partidaria. Por su parte, Nicolás Maduro, presidente del PSUV, viene señalando que la militancia partidaria se aboque a la construcción del Estado Comunal, legado y proyecto estratégico de Chávez.
El seguimiento internacional de las mesas de diálogo será un factor de presión para que éstas arriben hacia algún puerto y no naufraguen. Quedará por ver si la derecha cambia su táctica en pos de la construcción de una alternativa competitiva electoralmente que intente recolectar una buena parte del malestar que ella misma ocasionó o si, por el contrario, será identificada como su principal responsable. Sea como sea, el cambio de jugada no significa la renuncia a su objetivo estratégico: el derrocamiento de la revolución bolivariana.
