México | Policía frena nueva caravana de migrantes latinoamericanos y organizaciones de DDHH condenan represión
INM y GN desarticulan otra caravana de migrantes en Chiapas
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con elementos de la Guardia Nacional (GN), desarticularon este miércoles la segunda caravana de migrantes en menos de 24 horas.
Esta madrugada, aproximadamente 500 migrantes que llegaron al municipio de Mapastepec, luego de caminar 107 kilómetros desde Tapachula, fueron sorprendidos, dispersados y capturados en un operativo que el INM y GN desplegaron en la plaza central.
Los migrantes fueron correteados por las calles de Mapastepec y la carretera Panamericana costera, y los que no pudieron escapar fueron subidos a varios camiones. Los gritos y llantos de los migrantes despertaron a los vecinos, quienes pedían a los uniformados que los dejaran en paz.
Muchos de los haitianos, centroamericanos, sudamericanos y de otros países del continente africano que huían de la persecución iban con sus hijos, tomados de la mano o cargándolos. En la carrera, una mujer haitiana cayó desmayada y fue atendida de emergencia por los servicios médicos.
Mientras los agentes del INM sometían a los migrantes, elementos de la GN intentaban ocultar sus escudos antimotines para que la prensa no documentara la embestida contra los migrantes.
En la acción también fueron agredidos los periodistas Jacob García, Damián Sánchez, Benjamín Alfaro, José Torres, Edgar del Carpio, Raúl Vera, Pedro Gerardo López, Isaac Guzmán y Carlos López, y algunos más de agencias como AP, EFE, Reuters, Cuartoscuro, o bien de El Universal, Imagen Tv y otros.
Se trata de la segunda caravana desarticulada en menos de 24 horas. El martes se deshizo la primera, en la que iban alrededor de 500 migrantes de diversas nacionalidades.
Los cuerpos migratorios y policiales han impedido a los migrantes salir de territorio chiapaneco.
Urgen a proteger a migrantes ONU, ACNUR, CIDH
Por Jorge Butrón
En los últimos tres días, seis organizaciones internacionales han solicitado al Gobierno federal que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano, principalmente en Chiapas, luego de las agresiones que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional propinaron en su contra.
El lunes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron que el INM se encuentre investigando a los funcionarios que estuvieron involucrados en las agresiones, sin embargo urgieron a implementar medidas de prevención y no repetición, así como rendición de cuentas, para avanzar en la investigación de los casos en que se usó de manera agresiva la fuerza en contra de los extranjeros, ya que aseguraron se debe castigar a los responsables.
El martes la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se sumaron al llamado y pidieron que en la investigación por las agresiones, se de cuenta del uso de la fuerza, la cadena de mando y el responsable de las órdenes.
Además solicitaron en conjunto garantizar procedimientos eficaces de reconocimiento de condición de persona refugiada o protección complementaria, así como respetar la prohibición de devolución y brindar asistencia humanitaria a personas en las caravanas migrantes.
Amnistía Internacional (AI) y el colectivo Seguridad sin Guerra exigieron al Gobierno federal desmilitarizar la seguridad pública en la frontera sur, tras el enfrentamiento con migrantes.
Organismos y activistas externaron su rechazo por la forma en cómo se disuelven las caravanas que salen de Chiapas, por lo que urgieron la coordinación entre Gobierno y la Comisión Mexicana de Ayuda para el Refugiado (Comar), a fin de fortalecer las peticiones de asilo.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su condena este miércoles, por el uso excesivo de la fuerza en los operativos en contra de las caravanas en éxodo y pidió a las autoridades regirse por principios de finalidad legítima, absoluta necesidad, proporcionalidad y progresividad, y no como respuesta a la formación de movimientos migratorios a gran escala.
Condena Amnistía uso de la Guardia para controlar migrantes
Por Alonso Urrutia
Amnistía Internacional y agrupaciones que integran Seguridad sin Guerra solicitaron el fin de la militarización de la seguridad pública en el país y condenaron el uso de la Guardia Nacional “como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”.
Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como uno de sus objetivos “detener toda la migración en la frontera sur”.
En un pronunciamiento, subrayaron que entre las quejas promovidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han aumentado las dirigidas contra la Guardia Nacional.
En 2020, subrayan, alcanzaron 350 en rechazo a su actuación, en tanto que en lo que va de este año se acumulan 261, según el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH.
Las organizaciones censuraron el incremento de la presencia castrense en tareas de seguridad, pues “ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a las garantías fundamentales, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como establecen las normas internacionales sobre derechos humanos”.
El aumento en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad significa que hay un incremento incluso respecto al despliegue realizado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalan.
Esta política contraviene las disposiciones internacionales que establecen que la seguridad pública debe estar a cargo de civiles. “Hemos advertido que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el 27 de mayo de 2019, contraviene las obligaciones del Estado mexicano en relación con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida”.
