El Salvador | Fuerte rechazo internacional a la reforma judicial de Bukele
ONU señala «grave ataque» a independencia judicial en El Salvador
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, señaló este jueves un «grave ataque» al sistema de justicia de El Salvador.
«Grave ataque a la independencia judicial. La actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y todos los estándares internacionales en la materia», publicó en su cuenta de Twitter.
La publicación del también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da en momentos en que se ha criticado las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, para supuestamente depurar el sistema judicial y el Ministerio Público.
Este jueves se pronunciaron contra la medida la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Manes manifestó en Twitter que «nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía», ya que «un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia».
Vivanco indicó en un comunicado que las reformas, aprobadas con dispensa de trámites y sin discusión parlamentaria, «amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más».
«Desde que los partidarios de (el presidente Nayib) Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General», apuntó Vivanco.
La medida, votada únicamente por los partidos oficialistas y otros cercanos, no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.
Un grupo de jueces, según reporte de la prensa local, llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para pedir audiencia y que el pleno de este órgano solicite la derogación de las reformas.
Denunciaron que les restringieron el acceso a la sede de la CSJ y que la Presidencia de este órgano no recibió el escrito, sino que tuvieron que llevarlo a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.
Publicaciones periodísticas de medios salvadoreños señalan que la medida cesa a un tercio de los 690 jueces del país.
“Lamentablemente es un paso más en detrimento de la separación de poderes en este país”: Jean Manes
“De nuestra posición estamos mirando muy de cerca porque consideramos que este paso, lamentablemente es un paso más que está realmente en detrimento de la separación de poderes en este país y en especialmente con el sistema judicial que es tan importante”, dijo Jean Manes, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos sobre la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada esta semana por los diputados oficialistas y sus aliados.
La referida enmienda obliga a retirarse a los jueces y magistrados mayores de 60 años de edad y con más de 30 años de servicio en la judicatura.
Aunque aclaró que es un asunto interno del país, Manes sostuvo que se debería de “reconocer la importancia de la experiencia y sabiduría que tiene con los años”.
Agregó que “cada país quiere jueces que están aplicando la ley sin pensar en la política, queremos jueces que están aplicando la ley de una forma imparcial”
Sostuvo que “no queremos jueces que están pensando uno o dos veces que van a cambiar su opinión en un caso porque tienen miedo de que puede ser por su decisión que estén en contra de cualquier político o política de un país que pueden dejar o despedir de su cargo simplemente por el hecho de estar en desacuerdo con el gobierno actual de cualquier país”.
Un grupo de jueces y magistrados condenaron este miércoles el golpe del oficialismo al poder judicial al considerar que esas reformqas facilitarán una purga judicial y mayor control del Ejecutivo sobre ese órgano de Estado.
“Vale la pena estudiar las consecuencias de eso y también quién va a decidir la excepción y qué criterio van a utilizar para tomar esas decisiones, pero eso realmente aplican en todos los países que necesitamos cuidar con las decisiones y las consecuencias”, dijo Manes.
También se refirió a la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de extraditar a cabecillas de pandillas a Estados Unidos para que puedan enfrentar la justicia por sus crímenes cometidos en esa nación norteamericana.
“Vamos a seguir luchando para superar que cada persona está pagando por sus crímenes e insistir que están enviando a éstas personas para enfrentar la justicia en los Estados Unidos”, dijo Manes.
La semana pasada se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había rechazado la petición de extradicion del cabecilla pandillero, Edwin Mauricio Rodríguez Morales, apodado “Manicomio”, quien es reclamado por un tribunal de justicia estadounidense por asesinar a un salvadoreño.
También se supo que la CSJ borró el debate que se generó entre los 15 magistrados en Corte Plena para frenar la extradicion de dos pandilleros a Estados Unidos.
Nuevas leyes amenazan la independencia judicial, señaló Human Rights Watch.
Dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 31 de agosto de 2021 amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades remuevan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más, señaló Human Rights Watch.
La nueva legislación que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por partidarios del Presidente Nayib Bukele, dispone que los jueces y fiscales que tengan 60 años o más “cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones”. Aunque no hay claridad con respecto a cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 jueces del país podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, institución que el partido de gobierno recientemente ha cooptado.
“Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores”.
La nueva norma será aplicable a todos los jueces y fiscales, salvo aquellos jueces que formen parte de la Corte Suprema. Previamente, la ley no establecía una edad de jubilación obligatoria para los jueces e indicaba que estos podían retirarse al cumplir 35 años de servicio.
Sin embargo, la nueva ley también faculta a la Corte Suprema a autorizar que los jueces que tengan 60 años o más puedan continuar ejerciendo sus funciones “atendiendo a razones de necesidad o especialidad en la materia”, y a que el Fiscal General prorrogue el mandato de los fiscales por “razones de conveniencia del servicio” o por “la complejidad o [la] especialidad de sus funciones”. Estas disposiciones son muy vagas e imprecisas y podrían usarse con facilidad para premiar a jueces y fiscales leales al gobierno y, al mismo tiempo, castigar con la destitución únicamente a quienes sean independientes o sean percibidos como tales, explicó Human Rights Watch.
Desde que asumió en 2019, el Presidente Bukele ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos. Bukele ha cuestionado abiertamente pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibieron llevar a cabo detenciones por infracciones a las medidas contra el Covid-19, y ha acusado a algunos jueces de “genocidas”.
En febrero, su partido, Nuevas Ideas, consiguió una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa. El 1 de mayo, pocas horas después de que se integrara la nueva Asamblea, con miembros leales a Bukele, los legisladores destituyeron y reemplazaron a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional, así como al Fiscal General. Los jueces fueron removidos simplemente porque al gobierno le disgustaban sus sentencias, lo cual viola estándares internacionales sobre independencia judicial.
A fines de junio, la Asamblea Legislativa designó a cinco nuevos jueces de la Corte Suprema, sin ninguna transparencia ni deliberación pública, violando el proceso establecido en la Constitución y en las propias normas internas de la Asamblea. Cada vez que se renueva la legislatura, la ley permite que la nueva composición del órgano legislativo nombre a 5 de los 15 jueces que conforman la Corte Suprema. Sin embargo, la actual Asamblea controlada por Bukele ya ha designado a 10.
Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que El Salvador proteja y respete la independencia e imparcialidad del poder judicial. Varios instrumentos internacionales—como los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano— establecen los componentes centrales de un poder judicial independiente e imparcial. Esto incluye el requisito de que los jueces no estén sujetos a restricciones, presiones ni órdenes impuestas por otros poderes del gobierno, y que gocen de estabilidad en el cargo para que no teman ser destituidos por las decisiones que adopten.
Conforme al Estatuto Universal del Juez, los cambios con respecto a la edad de jubilación obligatoria para los jueces “no debe[n] tener efecto retroactivo”.
Si bien los gobiernos tienen libertad en principio para determinar la edad de jubilación obligatoria de sus jueces, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha criticado leyes similares a la adoptada en El Salvador que reducen de forma retroactiva la edad de jubilación obligatoria de los jueces por constituir una “transgresión flagrante de los principios de inamovilidad”. El Relator también ha instado a los gobiernos a garantizar que los nuevos regímenes jubilatorios solo se apliquen a jueces “que hayan asumido su función con posterioridad a la entrada en vigor de la ley”.
Magistrados de Corte Suprema de Justicia negaron audiencia a jueces
Este jueves 2 de septiembre un colectivo de jueces y magistrados de la República solicitaron una audiencia a Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero su petición fue denegada y solamente presentaron dos escritos en la secretaría de la Sala de lo Constitucional.
La comitiva integrada aproximadamente por 30 jueces y juezas solicitaron a la CSJ la audiencia y en la otra nota pidieron que los magistrados deroguen las reformas a Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto.
«Se nos informó que ayer acordaron que habría una reunión con la mesa judicial a las 11:00 de la mañana, reunión de la cual no se nos había informado a nosotros de manera que habrá una reunión con mesa judicial”, dijo el magistrado Samuel Lizama.
Añadió que aproximadamente son 230 jueces y magistrados que quedarían fuera con la reforma aprobada. “Lamentamos la política restrictiva al palacio de justicia a los magistrados y jueces porque es la primera vez que nos sucede algo así y no pedíamos ingresar a todos sino solo a cuatro”, aseguró Lizama.
#LoÚltimo Jueces denuncian que elementos de la @PNCSV no los dejan ingresar al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Piden explicaciones sobre quién dio la orden, pero no les dicen nada:
(Video cortesía de jueces) pic.twitter.com/KmoYVh7Dc2— LPGJudicial (@LPGJudicial) September 2, 2021
