El Salvador | Estados Unidos rechaza la reforma judicial impulsada por el gobierno
“Lamentablemente es un paso más en detrimento de la separación de poderes en este país”: Jean Manes
“De nuestra posición estamos mirando muy de cerca porque consideramos que este paso, lamentablemente es un paso más que está realmente en detrimento de la separación de poderes en este país y en especialmente con el sistema judicial que es tan importante”, dijo Jean Manes, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos sobre la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada esta semana por los diputados oficialistas y sus aliados.
La referida enmienda obliga a retirarse a los jueces y magistrados mayores de 60 años de edad y con más de 30 años de servicio en la judicatura.
Aunque aclaró que es un asunto interno del país, Manes sostuvo que se debería de “reconocer la importancia de la experiencia y sabiduría que tiene con los años”.
Agregó que “cada país quiere jueces que están aplicando la ley sin pensar en la política, queremos jueces que están aplicando la ley de una forma imparcial”
Sostuvo que “no queremos jueces que están pensando uno o dos veces que van a cambiar su opinión en un caso porque tienen miedo de que puede ser por su decisión que estén en contra de cualquier político o política de un país que pueden dejar o despedir de su cargo simplemente por el hecho de estar en desacuerdo con el gobierno actual de cualquier país”.
Un grupo de jueces y magistrados condenaron este miércoles el golpe del oficialismo al poder judicial al considerar que esas reformqas facilitarán una purga judicial y mayor control del Ejecutivo sobre ese órgano de Estado.
“Vale la pena estudiar las consecuencias de eso y también quién va a decidir la excepción y qué criterio van a utilizar para tomar esas decisiones, pero eso realmente aplican en todos los países que necesitamos cuidar con las decisiones y las consecuencias”, dijo Manes.
También se refirió a la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de extraditar a cabecillas de pandillas a Estados Unidos para que puedan enfrentar la justicia por sus crímenes cometidos en esa nación norteamericana.
“Vamos a seguir luchando para superar que cada persona está pagando por sus crímenes e insistir que están enviando a éstas personas para enfrentar la justicia en los Estados Unidos”, dijo Manes.
La semana pasada se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había rechazado la petición de extradicion del cabecilla pandillero, Edwin Mauricio Rodríguez Morales, apodado “Manicomio”, quien es reclamado por un tribunal de justicia estadounidense por asesinar a un salvadoreño.
También se supo que la CSJ borró el debate que se generó entre los 15 magistrados en Corte Plena para frenar la extradicion de dos pandilleros a Estados Unidos.
Asamblea de Bukele reforma la ley para purgar a un tercio de los jueces
La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este martes 31 de agosto reformas de ley que jubilan de manera automática a un tercio de los jueces del país, y a una cantidad no determinada de agentes auxiliares de la Fiscalía General de la República. Las reformas aprobadas con 64 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC obligan a la separación inmediata de los jueces y fiscales que tienen más de 60 años de edad, y de jueces que hayan cumplido 30 años de servicio.
Aunque ninguna parte de los proyectos de ley aprobados menciona la intención de remover jueces ni fiscales corruptos o afinar los mecanismos para detectar esa corrupción, el presidente Nayib Bukele marcó el discurso, que luego repetirían varios diputados, sobre la reforma aprobada por su Asamblea: «La Asamblea Legislativa ha aprobado la depuración del Sistema Judicial. Que removerá a los jueces corruptos. Ahora, introducen una iniciativa de ley para depurar también a la Fiscalía General de La República. #NoMásJuecesCorruptos #NoMásFiscalesCorruptos», escribió en su cuenta oficial de Facebook durante la plenaria de este martes.
El silogismo oficial, en terminos formales, expresaría que los funcionarios corruptos del sistema judicial son los mayores de 60 años o tienen más de 30 años de servicio. Pero en la plenaria no hubo mayor explicación de cómo exactamente la remoción de estos funcionarios ataca la corrupción o si habrá reformas que mejoren los filtros de contratación de fiscales y jueces. En el pleno, los diputados oficialistas aplaudieron de pie las reformas, pero nunca explicitaron por qué significan reducir la corrupción.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General las impulsaron siete diputados de Nuevas Ideas, encabezados por Caleb Navarro y Jorge Castro. Ambos pidieron la incorporación de las piezas de correspondencia durante la sesión plenaria, así como su dispensa de trámite para su aprobación, que ocurrió después de las 7 de la noche. Una vez más, como ocurrió en junio con la ley que legaliza la circulación de la criptomoneda Bitcoin, las reformas se aprobaron sin pasar por el análisis de ninguna comisión previo a llegar al pleno, y tras apenas unas horas de discusión parlamentaria. Los diputados de Arena, FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra.
Aún no está clara la cantidad exacta de operadores de justicia que saldrán afectados. Ningún diputado de Nuevas Ideas dio detalles al respecto. En febrero de 2020, había 690 jueces activos, de acuerdo a información entregada a un ciudadano particular por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema. La resolución está colgada en el sitio de transparencia del Órgano Judicial. El Faro consultó a un magistrado en funciones cuál era la cantidad de jueces mayores de 60 años y respondió que, aproximadamente, era el 35 %. Si asumimos que la cantidad de jueces no ha variado desde el año pasado, la reforma afectaría a unos 240 miembros de la judicatura. Para 2016, la cantidad de jueces con una edad mayor o igual a 55 años era de 257, según información recopilada por el Observatorio Judicial de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Un exmagistrado de la Corte que finalizó sus funciones en 2018 señaló que los afectados podrían rondar los 400.
Entre quienes tendrían que abandonar sus cargos está el juez Jorge Guzmán, a cargo de uno de los juicios por una de las masacres más emblemáticas de la guerra civil salvadoreña: El Mozote, donde casi mil personas fueron asesinadas por el Ejército. El Faro intentó contactarlo pero dijo que prefería no dar declaraciones.
Las reformas aprobadas este martes también incluyen una que autoriza a la corte plena a «tomar las medidas pertinentes para cubrir las sedes judiciales que queden vacantes», y a «verificar» que se le dé cumplimiento a lo establecido. Otra reforma habilita a la corte plena a efectuar «traslados y nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables en las sedes que quedasen vacantes a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado». En otras palabras, la Corte Plena y el Fiscal General que, desde el 1 de mayo de 2021 responden a Bukele, serán los encargados de llenar las vacantes que dejen los jueces y fiscales cesados. El 1 de mayo los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron a sus sustitutos.
La reforma al artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial establece la prohibición de que se efectúen traslados de jueces mientras no exista un acuerdo de la mayoría de los 15 magistrados de Corte Plena. La reforma también agrega una razón por la cual la Corte podría decidir el traslado de un juez o jueza: «por la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten». Anteriormente, lo único que establecía la ley era que la Corte tenía la atribución de hacer traslados y que estos podían ser «por razones justificadas de conveniencia del servicio». Es decir, el nuevo criterio para trasladar a un juez a otro juzgado solo depende de que la Corte Plena defina que hay necesidad de hacerlo. «Jueces a la medida del régimen. Segundo acto, fiscales a la medida», dijo el diputado de Nuestro Tiempo Johnny Wright Sol para criticar las reformas.
Las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, básicamente, replican las modificaciones hechas para los jueces. Se incluye, por ejemplo, que el Fiscal General “por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad que se traten en una determinada unidad organizativa podrá obtener mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal”, según se lee en la reforma al artículo 46. La reforma también incluye la posibilidad de traslado como medida cautelar cuando un agente fiscal esté siendo investigado internamente por el auditor de la institución.
Tanto para jueces y fiscales que sean removidos las reformas establecen que si lo consienten expresamente podrán quedar “en régimen de disponibilidad”, por si la institución requiere de sus servicios más adelante. En ese caso, la institución deberá justificar su reincorporación. Este apartado contradice lo que aseguraron de manera general y ambigua los diputados de Nuevas Ideas como Caleb Navarro y Jorge Castro, quienes dijeron el martes que la destitución de jueces y fiscales mayores de 60 años equivalía «depurar el sistema judicial» y purgar a «grupos de jueces» que han tomado decisiones corruptas. Castro dijo que la separación del personal era una manera de «fortalecer las instituciones» para que no hubiera más corrupción, lo cual es contradictorio si se deja la oportunidad para que alguno de los funcionarios cesados se mantenga en el cargo.
Bukele, por su parte, dedicó decenas de publicaciones en su Twitter a la misma idea y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, lo secundó: “Desde hoy, el Órgano Judicial cambia para siempre. No más jueces corruptos. No más justicia a la medida de grupos de poder”, escribió a las 5:26 de la tarde.
En el texto de las reformas nunca se hace mención al tema de la corrupción. Los considerandos de las leyes reformadas hacen alusión escuetamente a que el Órgano Judicial debe «modernizarse» y a que la Fiscalía debe regular de manera adecuada «el ingreso, promoción, traslado y egreso de la carrera fiscal».
Las reformas ya han sido criticadas por organizaciones como Fusades y Cristosal, así como diversos especialistas en Derecho. Cristosal, mediante un comunicado, recordó que la Constitución establece que las reformas al Órgano Judicial solo son posibles por iniciativa de la Corte Suprema, es decir, que los diputados no tienen atribuciones para hacerlo, como ocurrió este martes. Esa prohibición también ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional. En una sentencia de inconstitucionalidad (6-2016/2-2016) emitida el 9 de febrero de 2018, la Sala declaró inconstitucional la Ley de Probidad que había sido aprobada a iniciativa de diputados pues, al regular materia relativa a la organización del Órgano Judicial, debía haber sido promovida por la Corte Suprema y no por los diputados.
Cristosal también mencionó que las reformas atentan contra el artículo 184 numeral 4 de la Constitución, que garantiza la estabilidad laboral de los jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados de cámaras de segunda instancia.
La directora de Estudios Legales de Fusades, Marjorie de Trigueros, aseguró que estas reformas «son un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia», según fue citada por Diario El Mundo. “Se trata de un segundo golpe de gran envergadura contra la independencia judicial”, agregó, en referencia a la decision tomada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado cuando removieron a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General Raúl Melara, y nombraron a sus sustitutos sin seguir el debido proceso.
“El régimen autocrático busca consolidarse [y] eliminar toda posibilidad de justicia independiente. Esta es la oportunidad para que jueces y magistrados se pronuncien contra el golpe del 1 de mayo y desconozcan a los partícipes en el golpe”, opinó el abogado Enrique Anaya, en su cuenta de Twitter.
Cristosal también señaló que las reformas vulneran “a uno de los casos de justicia transicional más importantes del continente en la actualidad”, en referencia al caso judicial de El Mozote que se libra actualmente en un juzgado del oriente del país. “El juez [Jorge] Guzmán tiene a la fecha 61 años (…), el recién aprobado decreto de reformas (…) lo apartaría ‘inmediatamente’ del ejercicio de su función jurisdiccional y del conocimiento del caso”, reza el comunicado de Cristosal.
Un juez que pidió anonimato por temor a represalias dijo a El Faro que las reformas a la carrera judicial son estratégicas para apartar a funcionarios independientes y colocar a juzgadores que resolverán bajo las directrices del partido Nuevas Ideas. Señaló que la reforma será usada por la Corte para trasladar a los jueces que consideran “incómodos” a sedes judiciales de menor rango. Otra fuente judicial, que también pidió no ser citada, cree que las reformas provocarán una ola de renuncias por el temor que han infundido.
Otro juez mencionó que las reformas no estaban basadas en “ningún estudio técnico o científico que indique la disminución de la capacidad para ejercer el cargo por parte de personas mayores de 60 años”, y que las reformas son “la estrategia idónea para controlar casos emblemáticos como El Mozote, quitando a los jueces que llevan los casos y poniendo a otros que favorezcan a la Fuerza Armada”.
Jueces rechazan reformas
«Que nos vean la cara, que corruptos no somos». Esa fue una de las frases que expresaron los jueces ayer, luego de leer un comunicado en el que manifestaron su rechazo a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto.
José Alberto Franco, juez de primera instancia, dio lectura al comunicado en el que aseguran que los jueces recurrirán a las instancias respectivas, nacionales e internacionales, para evitar que se vulnere el estado de derecho.
Los jueces cuestionaron los debates que hubo en el Órgano Legislativo antes de aprobar las reformas y los calificaron de «indignos y ofensivos a la investidura judicial».
En el Oriente del país los jueces también mostraron su preocupación con lo aprobado y no descartan realizar manifestaciones o un paro de labores si no son escuchadas sus denuncias. Además, rechazaron el despido masivo que la reforma conlleva, ya que según datos de la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) son 156 magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz los que sobrepasan los 60 años y que quedarían fuera, de acuerdo a las reformas aprobadas a la Ley de Carrera Judicial.
Los jueces rechazaron lo aprobado por la Asamblea Legislativa al sostener que es una reforma inconstitucional.
Las recientes reformas ordenan el retiro de los jueces y magistrados que tengan más de 60 años o 30 en función del cargo, acción que fue rechazada ayer en una reunión de jueces. Manifestaron que los diputados no tienen iniciativa de ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, que señala únicamente le corresponde a la CSJ en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales.
Otras posturas
Este medio consultó al actual presidente de la CSJ, Óscar López Jeréz, sobre el caso de los 156 jueces y magistrados que podrían ser afectados y sostuvo que es algo que analizarán en la sesión de Corte Plena que se realizará este día.
Las reformas aprobadas generaron también varias opiniones que, en su mayoría, van encaminadas en una crítica hacia a la separación de poderes y respaldan la insconstitucionalidad expresada por los jueces y magistrados.
Sonia Rubio Padilla, oficial de programa senior de Fundación para el Debido Proceso (DPLF), aseveró que se trata de una forma de someter al poder judicial: «Es una lógica que atenta contra su propia naturaleza y eso es incompatible con el estado democrático de derecho y pone en riegos los derechos humanos de la población salvadoreña. De manera inconsulta, opaca y expedita, se impone un límite al ejercicio judicial por razones de la edad, cuyas razones no atienden a criterios objetivos ni racionales y podrían ser causa de actos discriminatorios».
Asimismo, la abogada penalista Marcela Galeas explicó que las reformas están encaminadas a aprobar la manipulación del retiro de jueces bajo el uso de la figura de depuración. «Es una clara violación a las garantías de los jueces mayores de 60 años y discriminación por edad que no va enfocada a la depuración del ejercicio judicial», enfatizó.
Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cristosal también señalaron que lo aprobado por los diputados supone un atentado y afectación a la independencia judicial, donde el Ejecutivo y Legislativo no deben interferir mediante iniciativa de ley. Al cierre de esta nota se anunció una protesta para hoy.
Bitcoin, Identidad de Género y Fraudes Financieros, reñidos por Antifascistas
“Persecución política” y “actos arbitrarios” han sido las principales expresiones de ctivistas de redes sociales y juventudes organizadas para referirse a la detención de Mario Gómez, el ciberactivísta que fue liberado, después de que un grupo de agentes policiales e investigadores abriera un proceso de investigación en su contra, para determinar su relación con hechos de fraude financiero.
El activista fue liberado a las pocas horas de su detención, pero las protestas se reiteraron la noche del miércoles. Un grupo de activistas, liderados por la Juventud Antifacísta, responsabilizó además al gobierno de la detención del Gómez, alegando sus motivos a sus inclinaciones políticas, y a su postura contra el Bitcóin.
“El motivo de la concentración fue porque el compañero Mario es detenido, de manera arbitraria, por elementos de la PNC, sin una orden judicial. Todo en la informalidad y con irregularidades. (…) Nos da cuenta de que hay una especie de persecución política, para activistas, defensores de derechos humanos, que han estado denunciando las irregularidades, en torno a la Ley Bitcoin”, compartió su juicio a ContraPunto, uno de los representantes de la organización, Gonzálo Montano.
Entre otras cosas, los activistas también denunciaron la inviabilidad de la Ley del Bitcóin, así como lo que ellos definen como el “utilizar a las identidades trans” en la propuesta de reforma constitucional, presentado el pasado 11 de agosto; última a la que definen como “facista” debido a sus cambios en la gestión de los elementos de las fuerzas armadas.
La Ley Bitcóin
A le Ley del Bitcóin sólo le restan cinco días para entrar en vigencia, una nueva normativa que regulará y pondrá en circulación a la criptodivisa más cotizada en el mercado, cuyo valor ya sobrepasa los más de $50 mil dólares estadounidenses. Sin embargo, la propuesta ha sido negada por activistas de la oposición, al considerarla como una “imposición inviable” que ya ha resultado en la respuesta de al menos dos recursos de inconstitucionalidad y uno de reforma.
Los manifestantes reiteraron sus denuncias hacia la nueva política que establece la ejecución de un saldo de $205.3 millones de dólares para la creación de la infraestructura tecnológica que le dará vida, tal y como lo estableció el Pleno Legislativo el pasado martes.
“$205.3 millones cuesta el negocio del Bitcóin(…) pudieron haber sido utilizados para educación, para salud, para empleo. El Bitcoin no es una buena alternativa para la mayoría de nosotros y nosotras que estamos empobrecidos y empobrecidas”, expresó la vocería de la organizción.
Pese al rechazo de la nueva moneda para el uso común, otros países de la región ya están ventilando propuestas para poner en circulación las criptomonedas en sus economías. Venezuela y Cuba son dos de los países latinoamericanos que ya han visto incrementos mayores a los del 50% en la recepción de sus ingresos, sólo en remesas familiares.
Trans y la Constitución
Desde el pasado miércoles 11 de agosto, la vicepresidencia presentó los resultado de la Comisión Ad Hoc del Estudio de Reformas Constitucionales, y una propuesta final de reforma a la Carta Magna. El documento implicaba la Identidad de Género al principio de Igualdad (art.3), una de las sugerencias presentadas por organizaciones de mujeres trans y de hombres gays, que entregaron a los gobernantes el pasado 20 de mayo.
Pese a que la reforma es histórica, ya que en 38 años la Carta Magna no había sido enmendad en favor de la población LGBT, los activistas de la Juventud Antifascista expresaron su rechazo, definiendo a la propuesta como un intento de instrumentalizar las identidades trans a una propuesta normativa que ellos definen como “autoritaria y fascista”.
“La población LGBTIQ+ no es utilizable. Las vidas de nuestras compañeras trans; las vidas de nuestros compañeros trans no son olvidables, no son desechables. Así que les preguntamos al gobierno y a la bancada cyan, por qué archivaron la Ley de Identidad. ¿Por qué, por qué, por qué las archivaron?”, cuestionaron los activistas, al mismo tiempo en que expresaron su rechazo al gobierno.
