El gobierno de Colombia y los derechos humanos en el continente – Por Héctor Fabio Cardona Gutiérrez
Por Héctor Fabio Cardona Gutiérrez*, especial para NODAL
Esta semana se presentó el candidato colombiano Carlos Bernal Pulido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2022 – 2025. La candidatura de Bernal es una estrategia del gobierno del presidente Iván Duque para debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en Colombia.
Esta ha sido una obsesión del gobierno de tendencia ultra conservadora y autoritaria. Duque ha procurado debilitar el SIDH en otras ocasiones: primero con su intento de politizar la Comisión (CIDH) con la candidatura de Everth Bustamante, un exguerrillero del M-19 indultado y comprometido ahora con el partido de gobierno y sin conocimiento ni experiencia en los temas de DDHH y, segundo; con su iniciativa para limitar el alcance de las resoluciones del SIDH, aprovechando la invitación a una Asamblea General de la OEA en territorio colombiano., que terminó en un rotundo fracaso para la iniciativa del gobierno colombiano.
Ahora, la nueva carta de intervención en la CIDH es Carlos Bernal. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia durante 3 años en un periodo que dura 8 años. Inexplicablemente renunció, a la que se considera la posición más importante que jurista alguno pueda aspirar, aduciendo que se iba a ocupar un cargo en la Universidad de Dayton (Ohio, EE.UU.). A pesar de este prematuro abandono, el presidente Iván Duque lo condecoró con la Orden de Boyacá en grado de Gran Oficial, un homenaje reservado para militares o para ciudadanos destacados por sus servicios a la patria o a la humanidad.
La explicación de tal honorífico tratamiento puede estar en quién es en realidad Carlos Bernal. El interés de Bernal en el campo de los Derechos Humanos se deduce de la jurisprudencia que ha sentado en sus proyectos de fallo. Su posición ha sido restrictiva durante su paso por la Corte Constitucional colombiana. A pesar de haber llegado a la Corte ternado por el presidente Santos y habiendo expresado su compromiso con el Acuerdo de Paz, Carlos Bernal votó por la inconstitucionalidad de la norma del ‘fast track’ (acto Legislativo No. 01 de 2016) que permitía que el Congreso aprobara en bloque los proyectos presentados por el gobierno para implementar el Acuerdo de Paz y otros asuntos relacionados para acelerar estos trámites parlamentarios (Semana, 2021).
Para apoyar su candidatura, Bernal declaró: “Durante los años que trabajé en la Corte Constitucional de Colombia la protección de los derechos de los más vulnerables fue una gran motivación”. En realidad su paso por la Corte Constitucional de Colombia, periodo (2017-2020), deja muy en cuestión su supuesta defensa de los derechos humanos.
Bernal ha fallado en contra de derechos de las mujeres. El hoy candidato a la CIDH votó en contra de la medida que garantizaba higiene menstrual para las habitantes de calle, argumentando que la higiene íntima de las mujeres es un asunto exclusivo de autocuidado. Su salvamento de voto fue expresado en la sentencia T-398-19 (El Tiempo, 2019). También, se ha manifestado abiertamente en contra del aborto en sentencia SU-096 de 2018, a pesar de que el aborto está permitido en Colombia en ciertos casos por sentencia de la propia Corte Constitucional.
El candidato propuesto por Duque tampoco respeta los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Bernal le negó una tutela, recurso de amparo de derechos fundamentales, a una mujer trans discriminada en la cárcel de Tolima (Sentencia 7-288 de 2018), la cual solicitaba justicia mediante una iniciativa creativa para luchar contra la discriminación dentro del centro penitenciario.
Bernal no ha explicado tampoco su relación con La Fiscalía General de la Nación de Colombia, la cual le otorgó un contrato de $20 millones mensuales para asesorar a la institución desde Estados Unidos (Las Dos Orillas, 2021). El servicio fue firmado mediante el contrato FGN-NC-180 el pasado 29 de octubre de 2020, complementado y prorrogado el 5 de enero de 2021 para todo el año en curso, las especificaciones están contenidas en el portal de Función Pública del gobierno de Colombia. Es decir que este candidato a la CIDH mantiene una relación contractual con el ente acusador de la Justicia colombiana, lo cual, de facto, lo inhabilita para ser miembro del Sistema Interamericano.
El gobierno colombiano pretende pues colocar un caballo de Troya en la CIDH para destruirla desde adentro ya que no lo logró en sus intentos de hacerlo desde la OEA. Para el gobierno colombiano y para el partido de gobierno, el denominado Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, debilitar toda protección regional sobre los Derechos Humanos se ha convertido en una obsesión.
En 2019, el gobierno de Iván Duque fue derrotado en la Asamblea General de la OEA, en Medellín, por partida doble. En primera medida, por su intento de politizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la candidatura de Everth Bustamante y en segunda medida, por su iniciativa para limitar el alcance de las resoluciones del SIDH (El País, 2019).
El Gobierno preparó un documento con más de 20 propuestas de reforma para limitar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Durante sus 25 años de permanencia hasta entonces en el país no se había propuesto un ajuste tan severo para un organismo clave para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
Otra de las acciones que llevó a cabo el gobierno de Duque para debilitar el SIDH, fue nombrar como embajador ante la OEA a Alejandro Ordóñez, un personaje controvertido porque utilizó su cargo como Procurador General de la Nación para evitar que los jueces y notarios aprobaran los derechos civiles de las parejas homosexuales y para obstaculizar la prestación de los servicios de interrupción de embarazos, incluso en los casos admitidos por la ley. Su nominación como Procurador General fue posteriormente derogada por haber sido obtenida mediante corrupción en la rama judicial.
Como Iván Duque no ha podido debilitar la supervisión internacional de derechos humanos, busca permear el Sistema para utilizarlo para su propio beneficio. Este año lo intenta con la candidatura de Carlos Bernal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún sabiendo que el candidato no cumple con el perfil de un representante ante la CIDH pero sabiendo bien que es un jurista anti derechos humanos.
*Periodista y consultor de asuntos públicos.
