Las empresas privadas en la educación brasileña
Brasil tiene aproximadamente 211 millones de habitantes. De ellxs, cerca de 8 millones son niñxs en educación infantil, 33 millones son estudiantes de educación básica y 8 millones están en la educación superior. Una de las particularidades de nuestro sistema educativo es la presencia de empresas privadas que conviven con el sector público. Evidentemente, para el sector privado, estos millones de estudiantes son vistos como un enorme potencial para crecer y lucrar. Para tener una idea, en 2019 cerca del 19% de las matrículas de educación básica fueron en escuelas privadas (INEP, 2019b), y el 76% de las matrículas en facultades y universidades eran en instituciones privadas de educación (INEP, 2019a).
Algunas de las empresas educativas más importantes son sociedades anónimas con capital abierto en la bolsa de valores. Un mapeo de esos grandes grupos puede ser encontrado en el folleto que publicamos como Instituto Tricontinental en 2020, A educación brasileira na bolsa de valores, destacando las corporaciones Cogna, Yduqs, Ser Educacional, Ânima y Bahema.
Al estar vinculadas a la dinámica financiera, estas empresas reproducen los intereses de los inversionistas, ya sean personas o fondos de inversión, y someten la calidad de la educación a la lógica especulativa y a las crisis periódicas del mercado de capitales. Estas empresas actúan en diferentes niveles, controlando escuelas de educación básica, facultades y universidades, escuelas de idiomas, cursos preparatorios para concursos de mérito y oposición, vendiendo métodos y plataformas digitales de educación, así como comercializando libros y materiales didácticos por medio de sus editoriales.
Con la llegada de la pandemia, estas empresas vieron una oportunidad excepcional para reducir costos y ampliar mercados. Evidentemente, eso se debió en gran medida a una política sistemática de precarización de la educación pública liderada por el gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido). Según el profesor Roberto Leher, en el contexto de la pandemia fue muy evidente que el Estado brasileño demostró una enorme distancia y una gran incapacidad de producir respuestas objetivas a un problema que, en diversos países, fue enfrentado por lo menos de forma satisfactoria. Cita como ejemplo la ausencia de una política de universalización del acceso público y gratuito a internet. “Vimos que, al contrario, lamentablemente, los recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), que es un fondo muy robusto, fueron vetados por Bolsonaro. Esto produjo una desigualdad que es difícil de calificar. Pero es brutal, es increíble que en un momento tan duro hayamos tenido seguramente a más de la mitad de las y los estudiantes brasileños —en el orden de 30 millones de estudiantes en los varios niveles— sin tener efectivamente condiciones de seguir las interacciones y los entornos virtuales de aprendizaje”.
Leher recuerda que, además de la desigualdad y precariedad en el acceso a tecnologías de información y comunicación, no hubo ninguna planificación de la vuelta a las actividades presenciales en cuanto el control de la pandemia lo permitiera. Esto exigiría una inversión considerable en la infraestructura escolar, que incluye cosas básicas como reformas para ofrecer ventilación adecuada en las aulas, bebederos y baños.
Solo para tener una idea de la realidad, los datos del Censo Escolar de 2020 (Oliveira, 2021) muestran que cerca del 20% de las escuelas no tenían internet adecuado, 26% no tenían saneamiento y 3,2% no tenían baños. Además de ser un viejo problema histórico en Brasil, la baja inversión en educación se agravó en los últimos años con la política de austeridad fiscal implementada a partir de la Enmienda Constitucional del Techo de Gastos aprobada en 2016, que limita las inversiones públicas por 20 años.
A partir de este contexto, Roberto Leher compara la respuesta de Brasil con la de Estados Unidos, que en 2020 asignó cerca de R$ 122.000 millones (US$ 24.750 millones) a la educación pública, mientras en Brasil el único proyecto presentado en el Congreso por algunos diputados preveía el valor de R$ 40 (US$ 8) anuales por alumno, lo que obviamente no permitiría una infraestructura adecuada.
Fue en este escenario de vaciamiento de la educación pública que los grupos privados vieron nuevas oportunidades de negocios. De hecho, la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha y dio continuidad a la expansión de estos grupos por medio de adquisiciones de empresas más pequeñas.
Margot Andras relata cómo eso viene sucediendo en el estado de Rio Grande do Sul, con muchos grupos del centro del país llegando a esa región y comprando empresas más pequeñas. Cita el ejemplo del grupo Raíz Educaçao, que compró las escuelas de los grupos Unificado y Leonardo Da Vinci, y observa que la educación superior también da un rendimiento muy grande a estas empresas. “Aquí en Rio Grande do Sul, Laureate compró a UniRitter, incluso antes de la pandemia. Hay grupos de Chile, y principalmente empresas S.A. [sociedades anónimas] que nadie sabe quiénes son los propietarios, son accionistas, y eso está entrando con fuerza en la educación privada”.
Margot Andras resalta que, para quien tiene dinero, la pandemia es una oportunidad para hacerse con empresas que están en problemas. Y esto ocurre en todo el país.
Una de las actividades más recientes que movió a los grandes grupos educativos en Brasil fue la venta de la red universitaria Laureate Brasil, hasta entonces controlada por una empresa estadounidense. Después de intensas disputas con otros grupos, Ânima se hizo con Laureate a fines de 2020, en una operación que involucró cerca de R$ 4.400 millones (US$ 893 millones) (Ryngelblum, 2021).
Las llamadas asociaciones público-privadas también avanzaron mucho en este período. Se trata de un mecanismo en que los gobiernos contratan servicios de empresas privadas, modalidad que en la práctica es muy variada. Incluye acuerdos firmados entre estados y municipios con empresas para la implantación de proyectos de aprendizaje, programas didácticos y plataformas de educación.
Otra modalidad de expansión del sector privado que se ha consolidado en Brasil es la compra de cupos en instituciones privadas por parte del poder público. Las experiencias más conocidas son el Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES) y el Programa Universidad Para Todos (PROUNI). Estos programas impulsados por los gobiernos de Luiz Inácio Lula de la Silva (2003-2010) y Dilma Rouseff (2011-2016) son muy conocidos por democratizar el acceso a las facultades y universidades privadas a jóvenes afrodescendientes, de familias pobres y/o oriundos de escuelas públicas, pero también son muy criticados por haber transferido recursos públicos a instituciones privadas. En este sentido, Roberto Leher recuerda que, a partir de esos programas, el fondo público fue utilizado para apoyar la expansión de las corporaciones con capital abierto en la esfera financiera; fue justamente en los años en que se invirtieron más recursos públicos en el FIES y en el PROUNI que esas empresas crecieron más.
Ahora también avanzan otras propuestas de este tipo a nivel estadual y municipal. Eso se explica, según Margot Andras, “porque la educación básica es el único sector que no ha tenido una gran caída de ingresos. ¿Por qué? Porque es obligatorio que lxs niñxs permanezcan en la escuela hasta el final de la educación media, o por lo menos, hasta que cumplan 18 años. Así que es una oportunidad para el empresariado. Ellos encontraron un nicho de mercado”, afirma.
Ella se refiere a los programas de voucher, en los que los gobiernos municipales compran cupos en instituciones privadas de educación infantil y educación básica en vez de abrir nuevos cupos en las escuelas públicas. Ahora, el gobierno Bolsonaro pretende vincular legalmente la distribución de esos vouchers a los beneficiarios del Bolsa Familia, programa de transferencias monetarias condicionadas para los sectores más pobres de la población brasileña (Mello, 2021).
En otras palabras, con la depreciación estructural de la educación pública y su casi parálisis como resultado de la pandemia, los grupos educativos privados vieron nuevas oportunidades para acaparar una mayor cuota de mercado, intensificando procesos que destruyen la concepción de la educación como derecho y la transforman en mercancía.
