La Fiscalía acusó formalmente a ocho opositores, tres de ellos precandidatos presidenciales
El Ministerio Público acusó formalmente este jueves a ocho opositores, tres de ellos precandidatos presidenciales, según un comunicado de la institución.
La fiscalía nicaragüense acusa a los opositores por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
Según el pronunciamiento oficial «la audiencia preliminar se llevó a cabo el día de hoy, y la autoridad judicial admitió la acusación para las personas imputadas», por lo que los acusados pasarán a prisión preventiva luego de permanecer más de dos meses bajo detención judicial.
Entre los detenido y acusados se encuentra José Pallais Arana, José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, Daysi Tamara Dávila, y tres aspirantes a la silla presidencial; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz.
Asimismo, se giró orden de detención contra Manuel Orozco Ramírez, uno de los ocho acusados y sentenciado a prisión preventiva.
El Ministerio Público da a conocer las acusaciones tras cumplirse el plazo de detención de 90 días contra Cristiana Chamorro Barrios y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Investigaciones contra Cristiana Chamorro
El pasado martes 24 de agosto, la fiscalía bajo el control de Ortega amplió la investigación en contra de Cristiana Chamorro por los supuestos delitos de apropiación y retención indebida, junto a los extrabajadores de la FBVCH, Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva.
Además, se acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva.
Ortega inició desde el pasado mes de junio una embestida contra la oposición nicaragüense de cara a los comicios generales, y en la que se encuentran bajo detención e investigación más de una treintena de presos políticos. Estas investigaciones se basan en legislaciones que fueron aprobadas en 2020 por la aplanadora sandinista de la Asamblea Nacional.
El caudillo sandinista mantiene bajo detención y «secuestro» a cuatro integrantes de la familia Chamorro, mientras uno de ellos decidió exiliarse para resguardar su vida y continuar haciendo periodismo.
Asamblea Nacional cancela personería jurídica a 15 ONGs
Este jueves los diputados de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, canceló a solicitud del presidente Daniel Ortega la personería jurídica de 15 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
La votación general contó con 70 votos a favor, de la aplanadora sandinista, 1 voto en contra y 13 abstenciones.
Las organizaciones que dejan de existir a partir de ahora son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS), Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG NICARAGUA), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes y Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC).
Además de la Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).
Bienes a manos del Estado
En el artículo 2 del decreto se establece que los bienes o acciones que pertenezcan a las entidades canceladas, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. De lo contrario, “pasarán a ser propiedad del Estado conforme la ley de la materia”.
Acusaciones del gobierno de Ortega
A estas organización el gobierno de Daniel Ortega las acusó de haber “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa”.
También las señaló de no presentar los convenios entre el donante y la ONG, en relación a los proyectos y actividades, que definan claramente fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social y si están acorde a los fines y objetivos de cada una de las entidades sin fines de lucro.
De la misma forma dijo que no presentaron los documentos de identidad de sus donantes, incluyendo “nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono”.
Para el Ministerio de Gobernación, con estas supuestas “omisiones e incumplimiento de la legislación nacional que regulan la materia y otras normas relacionadas”, las ONGs a las que se les ha cancelado su personería jurídica, ”han venido obstaculizando el proceso de supervisión, control y vigilancia que para tal efecto realiza el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro”.
Sandinistas justifican medida
Al tomar la palabra en el hemiciclo, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez justificó la medida y dijo que existen más de 7 mil organizaciones sin fines de lucro aprobadas por la Asamblea Nacional, y pidió a éstas que se “pongan al día” y “no estén pegando carreras” a última hora.
Por su parte, el diputado Gustavo Porras, presidente del Parlamento, enfatizó ante el resto de diputados, que no votaron a favor, que ellos están legislando para que las leyes se cumplan.
“Aquí hay organismos que se les dijo, se les llamó y que hoy incluso preguntamos y que no han cumplido con los requisitos que se les pidió para tener todo en orden y sobre todo no cumplen con el requisitos de sus cuentas, sus finanzas, sus entradas y salidas y sus financiadores”, subrayó.
