Hacia un Sistema Integrado de Salud – Por Maria Fernanda de la Quintana
Por Maria Fernanda de la Quintana *
En 1946, cuando el general Perón asumió la presidencia de la República Argentina, ésta carecía de establecimientos públicos de salud. Había clínicas privadas para la gente con plata, y para el resto, la beneficencia. Solo algunos sindicatos, como los docentes, ya tenían sanatorios propios.
Nueve años después Ramón Carrillo abandonó el Ministerio de Salud que había estrenado personalmente. Durante ese lapso, entre el ámbito nacional, el provincial y el municipal, su Ministerio había fundado y financiado 998 (novecientos noventa y ocho) establecimientos públicos de salud. El laboratorio público de producción de medicamentos EMESTA, otro emergente de la estrategia de Carrillo, satisfizo la demanda interna de remedios e independizó a la Argentina del “lock out” de las multinacionales.
Del esquema de salud de un país periférico, la Argentina se puso en breve tiempo a la altura de los países capitalistas desarrollados y de las naciones del socialismo real, constituyendo un espejo para las repúblicas hermanas de América latina.
El medio siglo siguiente fue desastroso para los derechos de los argentinos. Para la Constitución de 1994, increíblemente, la salud como derecho ciudadano había desaparecido del horizonte. Al compás del neo- florecimiento del liberalismo, el ciudadano se había convertido en un simple consumidor
Veamos. El Art. 42 que señala; “Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” Este articulo estableció un marco regulatorio a los “derechos del consumidor” en el área de la salud.
No fue una propuesta de modelo sanitario, sino más bien una propuesta ajustadamente comercial.
Este retroceso fue por entonces acompañado por gran parte de América Latina, con la honrosa excepción de Cuba y (en parte) de Nicaragua, cuya revolución hacía sus primeros pasos. Pero el fenómeno no puede comprenderse si reducimos el examen al ámbito de la salud y de la enfermedad. Es preciso sí tener presente el horizonte continental, pero a la vez contemplar el panorama más allá de la profilaxis y la terapéutica.
La inequidad es el mayor problema que tiene hoy América Latina. Reducir la desigualdad involucra no solo el derecho a la salud, ya que los determinantes sociales de la salud, son tan importantes como los elementos estrictamente clínicos o biológicos. Garantizar el derecho al trabajo, al agua potable, a la alimentación, la educación, son derechos asociados a la vida misma.
Las desigualdades estructurales prexistentes visibilizaron en este contexto de pandemia, una problemática sanitaria, política, y social que no escapa de la matriz en la que opera el mercado a nivel global.
El Sistema de Salud creado por Ramón Carrillo durante el primer peronismo, fue atacado y fragmentado por el neoliberalismo, durante las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios de derecha y ultraderecha. Comenzando con la paradójicamente autodenominada “Revolución Libertadora” 1956/58, para seguir los presidentes de facto Onganía, Levingston y Lanusse 1967/1973, y luego la sanguinaria Dictadura Militar de Videla y Cía, de 1976 a 1983. El gobierno “democrático” (con la proscripción del peronismo) de Frondizi, entre 1958 y 1962, compartió el concepto de la “subsiriadiedad del estado” de la derecha y de su ministro Alsogaray; e Illia (1963-1966, electo también con la proscripción del peronismo) tuvo un ministro de Salud progresista, Oñativia, cuya acción antimonopólica fue uno de los motivos fundantes del golpe del ’66.
Ya en la década del 90, la reforma del Estado de Menem, seguida de manera zigzagueante por de La Rúa (1999- 2001), continuó el plan de privatizaciones de los militares. Sin embargo, aunque desfinanciaron la salud pública y arruinaron parcialmente a las obras sociales sindicales, increíblemente no lograron desmantelar por completo la imponente estructura montada por el primer peronismo
El proceso de contención del daño y su reparación acometido durante los años de Néstor y Cristina (2003- 2015) no fue suficiente para recuperar la situación “de oro” existente en 1955, pero se reconstruyó la estructura tripartita de estado, obras sociales y prestadores privados. El retorno catastrófico del neoliberalismo con Macri y su banda entre 2015 y 2019 recuperó a la salud como funcional a la formidable concentración del ingreso de las últimas décadas.
Resumiendo, el deterioro y la descentralización de las responsabilidades del estado culminan en la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos en general y de la Salud en particular.
En este entramado de vaciamiento, la lógica dominante tiene como objetivo garantizar cierto orden político, económico, social y fundamentalmente judicial, para impulsar la mayor intensificación posible de bienes y servicios mercantilizados y así aumentar las posibilidades del capital privado de alcanzar mejores ganancias.
La Salud no es un tema independiente del perfil socio económico, hay muchas familias sin casa y casas desocupadas sin alquilar, hay capacidad industrial instalada sin uso y Rentas generales financiándose mitad con IVA, mitad con emisión. La suba del mínimo no imponible en Ganancias no resuelve mucho si la inflación sigue trepando. Problema éste, que no se debe a la emisión, sino a la oferta monopólica que son los verdaderos gestores de la inflación.
En Argentina, la fragmentación del sistema en subsectores (público, de la seguridad social y privado), ha generado un uso ineficiente de los recursos disponibles al duplicar innecesariamente ofertas y servicios, y en consecuencia gastos. Según datos publicados por la Fundación Soberanía Sanitaria, la Seguridad Social cuenta con más de 300 obras sociales sindicales de alcance nacional, 24 Obras sociales provinciales y Obras Sociales Especiales. El sector Privado concentra más de 300 empresas de medicina prepaga de alcance nacional, ART y Prestadores (Clínicas, consultorios y centros de diagnóstico) para cubrir solo al 14% de la población.
Subsanar la fragmentación e inequidad en el sistema de salud y unificar el sistema público, las obras sociales y el sector privado que actualmente coexisten, requiere enfrentar varios desafíos. ¿Hay decisión de reforzar la centralidad del Estado como prestador y de reemplazar el actual sistema tripartito de Estado, Obras Sociales y Privados? La respuesta es fuertemente política.
La cuestión radica en el rol que asumirá el Estado.
Financiar la salud, pero que las prestaciones estén a cargo del sector privado implica un derroche de recursos públicos que no siempre se ve reflejado en la equidad y calidad a los servicios.
La libertad de mercado sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de tener un sistema de “Salud justo”.
La justicia supone una distribución equitativa de los recursos disponibles.
El Principio de justicia está íntimamente ligado al “sentido de igualdad en la distribución” o “lo que es merecido”. Se da una injusticia cuando se niega un beneficio a una persona que tiene derecho al mismo, o cuando se impone indebidamente una carga.
La ruptura de una situación que parecía inamovible generada por la pandemia del coronavirus, constituye uno de los paradójicos beneficios ofrecidos por el virus. El quiebre de la parálisis nos pone ante un nuevo escenario social y político que genera condiciones para construir una alternativa pública y estatal diferente a la lógica de mercado, y al discurso individualista frente al bien común. Organizar y fortalecer el intercambio prestacional entre las entidades sanitarias y garantizar el ingreso al sistema a través de la atención primaria de la salud es el componente estructurante y eje central de un Sistema Integrado.
Latinoamérica es una de las regiones con más desigualdades del mundo, vuelve hoy a dirigir sus miradas a la Argentina, en busca de un ejemplo renacido en la acción de reducir las inequidades en materia de salud, terminar con la desigualdad y consolidar la justicia social.
*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”.
