Comité Nacional del Paro convoca a nuevas movilizaciones contra la reforma tributaria
Convocan a movilizaciones para el 26 de agosto
Con el fin de respaldar los 10 proyectos de ley que ya fueron radicados en el Congreso y en rechazo a la agenda del Gobierno en el Legislativo, el Comité Nacional del Paro (CNP) junto a otras organizaciones convocarán a una nueva jornada de movilizaciones.
La convocatoria liderada por centrales obreras fue hecha para el jueves 26 de agosto y, según indicaron sus organizadores, el llamado es a que se hagan de manera pacífica y respetando los protocolos de bioseguridad.
«A la calle el 26 de agosto convoca el CNP para apoyar sus 10 proyectos de ley y oponerse a la congelación salarial, de nóminas y la masacre laboral estatal contenida en la reforma tributaria», indicó Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores.
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Duque ni dialoga, ni negocia.
Los colombianos y el Congreso tienen la palabraEste 26 de agosto, vamos a las calles, movilizaciones pacíficas en todo el país
En Bogotá desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar a las 9 am.
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— Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) August 20, 2021
De esta manera, tal como había ocurrido en mayo de este año, la reforma tributaria vuelve a ser uno de los elementos que encienden la llama de la movilización social.
Frente a los temas de los proyectos que fueron presentado por el comité del paro, el primero de ellos es el de renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza.
La segunda iniciativa es la de la protesta pacífica. “En el proyecto se encuentran reflejados buena parte de las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe sobre Colombia y los elementos planteados por la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el Comité.
En un tercer proyecto piden derogar de manera definitiva el decreto 1174 para que “se deje de aplicar de manera perjudicial a los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo legal y se han visto obligados a salirse de fondos pensionales para pasar a fondo de ahorros y del régimen contributivo de salud para el subsidiado”.
También se incluye la matrícula cero, es decir, que el Gobierno garantice la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado.
Respecto a las empresas, otro proyecto busca ampliar la generación de apoyos en subsidio y créditos también para las microempresas, así como ampliar y crear diversas medidas para la reactivación de las MiPymes en el país.
Para los jóvenes también hay iniciativas. Uno de los proyectos radicados busca fortalecer e incentivar la participación política de la juventud mediante la modificación de la ley 1622 de 2013 que creó el Estatuto de juventud. Para ello el proyecto robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud y otorga incentivos a la participación política de la juventud.
Respecto al sector agropecuario, uno de los proyectos pretende favorecer las condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, así como otros conceptos. Además, busca una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional.
Un octavo proyecto pide la reforma a la Policía, con el cual buscan fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma. Además, establece disposiciones sobre la necesidad de protocolos y definiciones en la actuación de la Policía Nacional frente a la protesta.
Otro proyecto planteado por las organizaciones sindicales busca el fortalecimiento e integración de las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención, un protocolo de atención a las violencias basadas en el género.
