Chile | Quince constituyentes de derecha reconocieron “errores e injusticias” hacia los pueblos originarios

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Constituyentes de derecha reconocieron «errores e injusticias» hacia los pueblos originarios

Quince convencionales del pacto oficialista Vamos por Chile, electos en cupos de Renovación Nacional y Evópoli, suscribieron una inédita carta abierta en la que reconocen «errores e injusticias» hacia los pueblos originarios a lo largo de la historia del país.

El texto, entregado uno a uno a cada representante indígena, fue leído completo por el constituyente Hernán Larraín Matte (Evópoli) ante el Pleno de la Convención durante la hora de asuntos emergentes este martes.

La carta no está firmada por los convencionales de la UDI ni tampoco por Teresa Marinovic -independiente electa en un cupo RN-, quien ha tenido una postura crítica hacia sus pares indígenas.

En la declaración, los firmantes expresaron que «el desafío que tenemos por delante, entonces, es monumental. Por primera vez tendremos una nueva Constitución que será construida con la activa participación de los pueblos originarios a través de sus representantes. Tenemos una gran oportunidad para hacernos cargo de nuestra historia y construir un futuro en el cual todos seamos parte».

«Sabemos que el diálogo ha sido difícil en estas primeras semanas de la Convención. Somos conscientes de que muchas veces no hemos sido capaces de entender la mirada de los pueblos originarios ni hacernos cargo de las lecciones que nos ha dejado la historia. Hoy tenemos una oportunidad excepcional para cambiar con hechos esta realidad. Sabemos que hay mucha desconfianza y desconocimiento acerca de los sueños y valores que a cada cual inspiran. Por eso quienes firmamos esta carta manifestamos nuestro firme compromiso a dialogar y buscar, con altura de miras, acuerdos para iniciar una nueva etapa», dice el documento.

Por esta razón, la carta expresa la intención de los 15 convencionales de la derecha firmantes de avanzar «y aportar en la construcción de aquellos consensos que nos permitan instalar, en la futura Constitución, una nueva forma de relacionamiento entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto. Tenemos asimismo la convicción que la defensa de los valores y principios de una sociedad libre es perfectamente compatible con el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y de su especificidad cultural».

Finalmente remarcaron que «estamos conscientes de que las confianzas no se construyen de un día para otro. Es por esto que, desde ya, manifestamos nuestra voluntad para trabajar en conjunto con ustedes hacia ese fin. El espíritu que anima nuestra participación en esta Convención es el mismo que moviliza a esta carta. Creemos profundamente que la nueva Constitución deberá ser el fruto de un trabajo colaborativo en que todos los convencionales aporten sus miradas y convicciones para construir la ‘casa de todos y todas'».

¿POR QUÉ NO FIRMÓ LA UDI?

Desde la UDI, el convencional Eduardo Cretton aseguró que «la carta erra en algunos temas de contenido».

«Hoy día soy parte de la Comisión de Participación y Consulta Indígenas y evidentemente que este proceso tiene que lograr juntar y reconciliar a la sociedad chilena con los pueblos originarios, pero en el entendido de que Chile es uno solo. Yo creo que el pueblo de Chile es uno, pero que está compuesto por muchas sensibilidades y que no tenemos que ir en direcciones que tienden muchas veces a distinguir entre diversos grupos», justificó el gremialista.

CONSTITUYENTE MAPUCHE MIRA CON «CUIDADO»

En reacción a este acto significativo desde parte de la derecha, el constituyente mapuche Adolfo Millabur remarcó que «parece que hay dos corazones dentro de la coalición de Gobierno: el corazón que quiere dialogar y el corazón de la UDI que quiere solamente agredir, descalificar y que no se avance en esta Constitución».

Asimismo, apuntó que «hay un libro completo de ese tipo de ofrecimiento de diálogo, solamente lo tomamos con el cuidado y la experiencia recorrida en nuestra historia».

«Por ahora se ve con una buena intención», destacó el ex alcalde de Tirúa, pero igualmente enfatizó que «el diálogo se va a demostrar, más que en un protocolo de conversación, en artículo por artículo, en cada contenido de la Constitución, y el diálogo se va a transformar en que sea un Estado plurinacional».

CONVENCIÓN PIDE AL SENADO CEDER SALAS DEL CONGRESO EN SANTIAGO

Otro tema que ha marcado las últimas horas en la Convención es la petición al Senado para que pueda facilitar salas y más espacio de la sede del Congreso Nacional en Santiago, el histórico edificio que acoge al órgano ciudadano, pues indican que el espacio con el que hoy cuentan no es suficiente, sin considerar que aún no comienza el trabajo de las comisiones que se establecerán en el reglamento.

En ese sentido, la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncon, manifestó que «aquí ya no damos abasto».

«Estamos instalando a los equipos y los asesores de los convencionales ya no tienen espacio. El Palacio Pereira se va a adecuar de manera que se abran mayores espacios para reuniones con los equipos se asesores», señaló la líder de los convencionales.

A su vez, el convencional Manuel Woldarsky, de La Lista del Pueblo, dijo que ve «puertas cerradas todavía, lugares con cercas, en lo cuales ni siquiera los constituyentes podemos pasar porque los guardias se nos acercan y nos dicen ‘por aquí no'».

Hizo así alusión a instalaciones del Senado en el edificio del Congreso en la capital. Al respecto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, afirmó que «las dependencias se están utilizando, nosotros hemos tenido reuniones con la Convención, nos han solicitado por escrito sus requerimientos, y nosotros hemos accedido a todos los requerimientos que han realizado».

Según recabó Cooperativa, la Cámara Alta aportó cinco salas de ese edificio, entre ellas el hemiciclo, y otras ubicadas en el tercer piso y con aforos desde 12 personas hacia abajo.

Woldarsky opinó que «la Constituyente debe sesionar en un solo espacio, y de manera temática en distintos lugares del país; pero que en ese espacio donde vamos a trabajar, que espero sea completo el edificio del Congreso Nacional (en Santiago), que incluya el casino, las salas de trabajo, oficinas, porque -contó- hasta ahora el trabajo que hemos desarrollado como constituyentes ha sido de salir de una sala aporque hay una reunión agendada para irnos a otra sala».

En paralelo, la Convención suscribió un convenio con la Universidad de Valparaíso, que pondrá a disposición cuatro funcionarios para labores administrativas. Además, el rector Osvaldo Corrales ofreció dependencias del plantel ubicadas en San Miguel y en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, en caso de ser necesario.

Cooperativa


Constituyentes serán sancionados si niegan violaciones a DDHH de la dictadura o el estallido

La Comisión de Ética de la Convención Constitucional aprobó tipificar y sancionar en su reglamento el negacionismo respecto a crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura de Pinochet y también en el estallido social.

Así, se estableció que aplicará a «toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo 1990», así como «las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social» desde octubre del 2019.

El debate en la instancia fue a ratos tenso.

A odo de crítica, la convencional UDI Katherine Montealegre dijo que le «llama la atención» que el ámbito de aplicación del negacionismo sea, a su juicio, «tan limitado, con un período y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones».

«Eso lo digo porque recordemos que existieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973», aseguró la gremialista.

Molesta le replicó Damaris Abarca, independiente electa en cupo de Convergencia Social. Primero, apuntó que «lo que pasó en agosto del 73 fue un acuerdo político que trajo consecuencias nefasta para nuestro país», recordando que el día 22 de ese mes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual declaraba un «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República» en que habría incurrido el Gobierno de Salvador Allende, quien a las semanas iba a ser derrocado por Pinochet en el golpe de Estado.

«Te lo digo mirando a los ojos, a mí me descompensó que pongas en ese nivel de relativización los derechos humanos y de empate; es algo que por lo mismo hemos sido convocadas a escribir este comité de Ética, y poniendo obviamente atajo a ese negacionismo que busca empatar las cosas», fustigó la representante de O’Higgins.

La definición adoptada también incluye como negacionismo «toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de los que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente».

A pesar de la tipificación, la Comisión aún no establece cuáles sanciones se aplicarán a quienes eventualmente incurran en negacionismo dentro de la Convención.

Cooperativa


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