AMLO califica como un “triunfo” el resultado de la consulta popular y no descarta juicios contra expresidentes
Resultados oficiales
Consulta popular fue un triunfo; estoy contento: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, pese a que en ésta hubo una baja participación ciudadana, ya que indicó que marca el inicio formal y legal de la democracia participativa en México.
En conferencia de prensa en la zona naval de Puerto Vallarta, el mandatario felicitó a quienes participaron en la que, dijo, fue «la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país» y dijo estar «contento» con los resultados.
Consideró que se vivió una jornada ejemplar y aunque no se alcanzó el 40 por ciento de participación que se necesitaba para que fuera vinculatoria, no descartó que la autoridad lleve a cabo juicios contra los actores políticos anteriores.
Arrasa el sí, pero sólo fue a votar el 7%
Ayer únicamente entre 7 y 7.74 por ciento de los ciudadanos acudió a votar ante lo que Morena no dudó en culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) y anunciar acciones legales y juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
El consejero presidente informó que en el conteo rápido con mil 800 mesas de votación de las 57 mil instaladas se estimó un porcentaje de participación de entre 7.07 y 7.74 por ciento. De estos, por el “sí” votaron entre 89.36 y 96.28 por ciento, por el “no” entre 1.38 y 1.58 por ciento y votos nulos entre 2.19 y 9.21 por ciento.
En La Mañanera, el Presidente destacó que «nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente».
«Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica, este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada», comentó.
«Por eso ahora es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba porque no sé el porcentaje pero la mayoría votó por el sí, 97% por el sí», dijo.
El mandatario negó que esto signifique un fracaso e incluso abrió la posibilidad de que se continúe con las investigaciones pero ese hecho ya tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales.
López Obrador aseguró que nunca había participado tanta gente en una consulta popular aunque ya existe registro de algunas como la del plebiscito para la reforma política del DF que tuvo 330 mil 812 votos totales, la consulta sobre el Fobaproa en la que participaron 2 millones 100 mil personas, o la del aeropuerto de Texcoco en la que se registró una participación de 1 millón 69 mil 870 ciudadanos.
«Esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento con los resultados de la consulta del día de ayer. Además nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado, históricamente, fue algo muy importante, trascendente, independientemente que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático», dijo.
En consulta para revocación de mandato habrá más participación: AMLO
Asimismo, recordó que habrá una nueva consulta para la revocación de mandato del titular del Ejecutivo en 2022, «y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el Presidente o que renuncie».
«Es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación de mandato, porque el pueblo es el soberano, es el que pone y el que quita es el que manda. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento con los resultados de la consulta de ayer».
No se confíen, expresidentes: AMLO no descarta juicios tras consulta popular
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que es posible que las autoridades correspondientes realicen juicios en contra de exfuncionarios y expresidentes, pese a que el resultado de la consulta popular del domingo no fue vinculatoria.
“Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria”, apuntó en su conferencia matutina.
El domingo se llevó a cabo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó que el porcentaje de participación osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento.
En tanto, respecto al resultado de la votación, entre el 89.36 y el 96.28 por ciento votaron por el “Sí”, es decir, para investigar crímenes cometidos por actores políticos de sexenios pasados. Mientras que entre el 1.38 y el 1.58 por ciento votaron por el “No”, según el conteo rápido del árbitro electoral.
Los votos nulos, por otra parte, oscilan entre el 2.19 y el 9.21 por ciento.
López Obrador felicitó a las personas que participaron en la consulta ciudadana, y llamó a quienes no salieron a ejercer su voto a que no dejen pasar las oportunidades de participar en la democracia.
“Estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de si es vinculatoria o no”, declaró.
Afirmó que participaron 6 millones 474 mil 708 ciudadanos y ciudadanas.
La pregunta que contestaron los ciudadanos en la papeleta este domingo fue la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Casos de corrupción y violaciones a derechos: las denuncias contra expresidentes sin respuesta
En los últimos años se han presentado múltiples denuncias por diversos hechos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos y hasta presunto espionaje y traición a la patria en contra de las administraciones de diversos expresidentes de México. Sin embargo, las investigaciones iniciadas a partir de ellas permanecen – en el mejor de los casos – abiertas, pero sin resultados.
Al arranque del sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó con organizaciones civiles la creación de una gran comisión de la verdad para el esclarecimiento de muchos casos y establecer un mecanismo de justicia transicional. Pero a casi tres años estos compromisos tampoco muestran ningún avance.
Abogados y activistas señalan que con el resultado de la consulta popular propuesta por AMLO para indagar hechos del pasado, surge una nueva oportunidad para retomar muchas de las indagatorias ya iniciadas por delitos que permanecen impunes, y para materializar los compromisos pactados con las víctimas que no se han cumplido.
De acuerdo con Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, el objetivo no solo es lograr castigar a una persona o una administración, sino esclarecer qué ha pasado no solo para que se conozca la verdad, sino para que los hechos no se sigan repitiendo como hasta ahora.
“Lo que necesitamos alcanzar, el objetivo, son narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales sobre los contextos, métodos, patrones de violencia, patrones de impunidad, las redes de colusión con el Estado, y el vínculo del crimen organizado con la parte económica y con los propios gobiernos” dijo.
A continuación, se enumeran algunos de los principales casos denunciados e iniciados en contra de los gobiernos de diversos expresidentes – e incluso en contra de ellos mismos – que no han llegado a alguna resolución, así como los detalles de lo que el gobierno actual pactó con organizaciones para establecer un mecanismo de justicia extraordinaria que, hasta la fecha, no se ha cumplido.
El costoso monumento de Calderón
El 7 de enero de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón inauguró el monumento conocido como “La Estela de Luz”, que tenía como finalidad conmemorar el bicentenario de la Independencia que se cumplió dos años antes en el 2010. Además del retraso en su entrega, el costo de la obra fue mayúsculo: de los 398 millones pactados originalmente subió a más de mil millones.
Por si fuera poco, la obra fue inaugurada sin que se cumplieran con todos los requisitos técnicos sumado a otras deficiencias que también encarecieron su mantenimiento.
En noviembre de 2019, exfuncionarios de la empresa I.I.I. Servicios S.A. de C.V. (la responsable principal de la obra) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que evidenciaron que toda la contratación estuvo dirigida desde el principio hacia esta compañía, y hacia otras empresas que se subcontrataron.
Detallaron que desde antes de que se firmara el contrato ya se sabía que la empresa construiría el monumento, tan es así que la jefa de la oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, colocó al propio director de la compañía. Esta fue la razón por la que en todo momento se asignaron recursos extra, aun con los retrasos y sin penalizaciones, a la referida empresa.
La carpeta de investigación se inició en contra del expresidente Felipe Calderón, de Flores Elizondo, y de los exdirectivos de la empresa Agustín Castro Benítez y Juan Alberto Bravo Hernández. Sin embargo, hasta ahora no se ha tomado ninguna determinación al respecto.
“La carpeta de investigación está abierta pero no ha tenido ningún avance sustancial, al igual que muchas otras iniciadas por este tema en la Fiscalía de Gertz Manero”, dijo el abogado de los denunciantes de este caso, Gabriel Regino.
Cabe señalar que, con anterioridad, ya se habían presentado otras denuncias relacionadas con las irregularidades de la construcción de la Estela de Luz incluyendo las promovidas por la Auditoría Superior de la Federación que confirmó anomalías graves en este proyecto. Pero todas permanecen sin resolución.
Las costosas concesiones OHL-EPN, y la “conspiración”
El 9 de enero de 2017 el abogado Paulo Diez presentó una denuncia formal ante la entonces PGR en contra del presidente Enrique Peña Nieto, de la constructora OHL, y de diversos funcionarios. La razón: haber conspirado para, primero, obtener ilegalmente beneficios del erario y, después, para perjudicar a quienes han intentado desenmascararlo.
Se trató de la última de varias denuncias más relacionadas con una trama de presuntas concesiones ilegales que la constructora española OHL (hoy Aleática) obtuvo para la construcción y operación de varias carreteras con Peña Nieto, desde que este era gobernador del estado de México y luego como presidente de la República.
En 2015 Paulo Diez, quien inicialmente representó a una empresa (Infraiber) que había ganado un contrato para medir los flujos carreteros de forma independiente en el Circuito Exterior Mexiquense construido por OHL, ha documentado y evidenciado todo tipo de anomalías en torno a estas concesiones. Diversos audios filtrados a medios de comunicación han dado cuenta de los posibles pactos y beneficios ilegales proporcionados por la referida constructora a funcionarios públicos.
Pero de manera paralela el propio abogado y la empresa han sufrido en su contra diversas acciones impulsadas por autoridades federales que resultaron ser ilegales. Entre ellas estuvo, por ejemplo, la detención de Paulo Díez con pruebas que le sembraron, o un cateo irregular a las oficinas de Infraiber.
En entrevista, el abogado dijo que más allá de los audios de conversaciones de exdirectivos de OHL con funcionarios donde se habla de para frenar las denuncias en su contra, fue el propio exsecretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, el que reconoció en 2017 ante la Cámara de Diputados que él había intervenido para retirar a Infraiber el contrato para monitorear los flujos carreteros en vías de OHL.
“Esto es claramente una conspiración de estado, una asociación criminal para delinquir, una asociación delictuosa entre servidores públicos y particulares para obtener beneficios indebidos con cargo a la infraestructura pública estatal y federal y para perjudicar a otros particulares” dice Diez.
No obstante, de acuerdo con el abogado, hasta ahora no se ha anunciado de parte de la anterior PGR y actual FGR algún resultado relacionado con la denuncia que presentó en contra de Peña y de sus exfuncionarios. Tampoco le han permitido el acceso a la indagatoria.
“Tal vez ya la mandaron al ejercicio de la acción penal pero yo voy a seguir peleando para que eso se revierta y para que esto no quede impune. Al día de hoy estos señores siguen gozando de impunidad, incluido el presidente Peña, y vamos a seguir luchando”, añadió el abogado.
En abril de 2020 Animal Político publicó que la FGR ya había confirmado por lo menos una concesión ilegal a favor de OHL (la del Viaducto Bicentenario en el estado de México), pero se señaló como principal responsable a Ruiz Esparza, quien semanas antes falleció.
El espionaje masivo
En junio de 2017 un reportaje del diario The New York Times reveló que múltiples activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en México habían sido blanco de un avanzado programa de espionaje denominado “Pegasus”, adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Red por los Derechos Digitales, que acompañó la investigación periodística, confirmó los hechos.
En los días posteriores varios de los afectados presentaron denuncias formales ante la entonces PGR por estos hechos. Sin embargo, a casi cuatro años de que se iniciaran las investigaciones no ha habido resultados.
El pasado 18 de julio el diario británico The Guardian documentó que “Pegasus” se había utilizado para realizar actividades de espionaje ilegal en múltiples países, siendo el caso mas crítico el de México donde se intervinieron las comunicaciones privadas de más de 15 mil personas.
Tras dicha revelación el gobierno de López Obrador confirmó que múltiples dependencias federales habían adquirido este “malware” incluso desde la administración del presidente Felipe Calderón. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó, además, que para canalizar los pagos se habían utilizado múltiples empresas fantasma y que el Ejército Mexicano también canalizó recursos a dichas compañías.
La FGR emitió un comunicado para reiterar que está investigando el caso y recopilando información, pero tampoco anunció algún resultado de las indagatorias.
La telaraña de corrupción de Odebrecht
Desde 2016, directivos de la constructora Odebrecht confesaron en declaraciones vertidas ante autoridades de Brasil y Estados Unidos que en la última década habían sobornado a gobiernos de múltiples países latinoamericanos, entre ellos México, para obtener contratos ventajosos.
Lo anterior dio paso a sendas investigaciones que en muchos países de la región han derivado en procesos en contra de expresidentes y altos exfuncionarios públicos. La excepción, sin embargo, es México donde hasta la fecha no hay un solo servidor público de alto nivel encarcelado por estos hechos.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, confesó tras ser detenido y extraditado que había recibido sobornos de la empresa brasileña sin embargo, aunque fue procesado por ello, tampoco ha puesto un pie en la cárcel. La razón es que ofreció colaborar para denunciar tramas de corrupción en las más altas esferas de gobierno en México.
En ese contexto Lozoya denunció en agosto a múltiples funcionarios – entre ellos los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari – de estar implicados en numerosas tramas de corrupción y supuesto tráfico de influencias. A partir de dicha denuncia la FGR inició otra carpeta de investigación.
Pero este nuevo caso tampoco ha derivado en procesos contra altos funcionarios. Aunque la FGR ya señaló ante un juez a Peña y su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber canalizado recursos de Odebrecht para sobornar legisladores y que se aprobara la reforma energética, solamente se ha procesado a un exsenador por ello hasta la fecha.
En 2020 la FGR intentó obtener una orden de aprehensión en contra de Videgaray por traición a la patria y corrupción, pero un juez la negó por falta de elementos.
Estafa Maestra inconclusa
En 2017 un reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad evidenció que más de una decena de dependencias del gobierno de Peña Nieto habían desviado miles de millones de pesos a través de convenios firmados con universidades y entes públicos, que a su vez enviaron el dinero a empresas fachada. Al mecanismo se le denominó “La Estafa Maestra”.
En 2019 el fiscal Gertz Manero dijo que este caso solo pudo ser producto de una gran colusión en las esferas más altas del gobierno, y lo comparó con un delito de Estado y con actividades propias de la delincuencia organizada.
No obstante, hasta ahora la FGR solo ha imputado a una sola exfuncionaria del Gabinete de Peña Nieto por estos hechos. Se trata de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles, quien está por cumplir dos años en prisión preventiva acusada del delito de omisiones, sin que el proceso haya llegado a juicio.
Aunque la Fiscalía creó un equipo especial para la investigación de este caso a cargo de subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, hasta ahora solo se han impulsado procesos contra funcionarios de menor rango.
Violaciones graves a DH: ni verdad, ni justicia
En los últimos doce años las víctimas de graves violaciones a derechos humanos han promovido denuncias en contra del Estado mexicano ante autoridades nacionales e internacionales. Desapariciones comunes, desapariciones forzadas, homicidios, actos de tortura, abusos de autoridad, entre otros, son algunos de los delitos por los que se ha acusado al gobierno.
En 2018 numerosos colectivos de víctimas con el acompañamiento de activistas pactaron con el gobierno de transición de López Obrador una ambiciosa agenda que más allá de castigar a los responsables de estos hechos buscara conocer la verdad de los mismos, así como establecer mecanismos de reparación del daño y garantías de no repetición.
Para cumplir con todo ello se acordaron dos mecanismos: la creación de una gran Comisión de la Verdad y el diseño de un sistema de justicia transicional. Sin embargo, nada de eso se ha concretado hasta la fecha.
“Todo eso está detenido. Desde el inicio del gobierno, es decir desde diciembre de 2018 cuando entró López Obrador a la presidencia, el diálogo con la Secretaría de Gobernación se terminó y la decisión de la actual administración fue no implementar esto. Está completamente detenido, señaló Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
Dayán explicó que debido a la crítica situación en la que se encuentran las instituciones ordinarias de impartición de justicia, es fundamental buscar mecanismos extraordinarios que permitan darle salida a múltiples hechos de desaparición forzadas, violaciones a derechos humanos y demás hechos de violencia no solo de uno o dos sexenios antes, sino al menos del siglo XX a la fecha.
En ese contexto consideró que el resultado de la consulta popular convocada por el gobierno es una nueva oportunidad para impulsar estos mecanismos que ya se habían puesto en la mesa, aunque subrayó que es importante que esto se lleve de manera adecuada para que haya resultados.
“Las comisiones de la verdad son equipos muy amplios coordinados por un grupo pequeño integrado por expertos nacionales e internacionales con personalidades con alto reconocimiento moral y líderes sociales con cercanía a las víctimas. De las cosas más delicadas es definir el alcance de estas comisiones. Lo que se había propuesto desde las organizaciones con la actual SEGOB es que el mandato de una comisión de la verdad sea conocer, esclarecer y reconocer las graves violaciones a derechos humanos y en su caso crímenes contra la humanidad que hayan ocurrido desde lo 60s hasta el presente”, añadió Dayán.
El experto subrayó que un objetivo que debe buscarse no solo es el esclarecimiento de hechos individuales sino tratar de identificar patrones y la correlación de los casos. Se trata de generar narrativas que lleven a la verdad y la construcción de la paz”, concluyó.
