Uruguay | Fernando Pereira, presidente de la central sindical PIT-CNT sobre el referendo de la LUC: “Es una ley regresiva en cuanto a la participación del Estado en la toma de decisiones fundamentales”
Entrevista a Fernando Pereira, presidente de la central sindical única PIT-CNT de Uruguay
Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL
El pasado 7 de julio el Parlamento uruguayo aprobó la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada por el presidente Luis Lacalle Pou. Esta ley consta de casi 500 artículos que abarcan variadas regulaciones en temas como la educación, el empleo, el derecho a huelga y la flexibilización de la “legítima defensa policial”.
Luego del amplio rechazo de la oposición y de los movimientos sindicales y sociales, se creó la Comisión Nacional Pro Referéndum buscando derogar 135 artículos de la LUC, logrando finalmente recoger casi 800 mil firmas que fueron presentadas la semana pasada ante la Corte Electoral.
En entrevista con NODAL, Fernando Pereira, presidente de la central sindical única PIT-CNT, enumera los puntos más cuestionados de esta ley.
¿Cuáles son los puntos más controversiales de esta ley y por los cuales se impulsó el referendo?
Hay un problema de forma, que muchas veces hacen al contenido y otras veces no. Un estudio que se viene haciendo desde hace muchos años entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Congreso para analizar cuál es el tipo de procedimiento parlamentario que tiene mayor calidad democrática, determina que las LUC y en particular las denominadas «ley ómnibus» se ubican entre las de peor calidad democrática. Esta LUC abarca los temas vinculados a la seguridad, al código penal, al sistema de educación, a la inclusión financiera, a un nuevo régimen de alquileres pero, por sobre todo, cambia la lógica del Estado en la participación de la equidad social y esto es una cuestión que no se debería discutir en tan sólo 90 días en el Parlamento sin que nadie conociera la ley.
Respecto a la seguridad, que claramente es un tema con el que la derecha asusta, los principales especialistas del Instituto de Derecho Penal y de la Fiscalía General de la Nación presentaron observaciones muy duras a estos artículos que no fueron escuchadas por el Parlamento. Cuando se habló de la educación también se recibió críticas muy duras, no solamente proveniente del movimiento sindical o de los partidos, sino también de especialistas en educación que también fueron ignorados. En relación al derecho de huelga, fue criticado duramente en el Parlamento por un experto de la OIT que cuestionó el artículo que limita el derecho de huelga porque violenta la libertad sindical y particularmente el convenio internacional del trabajo N°87. En cuanto a la inclusión financiera, se establece que el empleador y el trabajador deberán negociar la forma de pago, haciendo posible que el empleador pague salarios al contado sin aportar a la seguridad social. Esto puede significar un retroceso a los avances que se dieron en materia de formalización del empleo.
También se construye un nuevo régimen de alquileres sin garantías y con «desalojos exprés», provocando inestabilidad a cualquier familia al tener que irse de su casa, ya sea porque en el contexto de pandemia perdió el empleo o porque entró en una penuria económica. Esta ley tiene un conjunto de cuestionamientos formales y políticos formulados por la Comisión Nacional Pro Referéndum, pero también tiene una enorme cantidad de informes negativos por parte de los principales académicos uruguayos. Desde el exterior, se han expresado en contra Amnistía Internacional y la OIT.
¿Qué importancia histórica tiene la realización de un referendo en Uruguay y cuáles son los pasos a seguir tras la recolección de firmas?
En prácticamente ningún país del mundo se logra juntar las firmas del 33% de la población, aproximadamente. Cuando hablamos de esta cifra se debe destacar que existe un porcentaje importante de uruguayos que viven el exterior, que integran el 25% del padrón electoral pero que no es posible recoger esas firmas en el país. De alguna manera el haber llegado a esta cantidad de firmas, todas ellas juntadas en pandemia, la mayoría durante el pico de contagios, ha sido una gran hazaña Este logro es un enorme reconocimiento a la militancia, por un pueblo que lucha por ideas. Estamos trabajando contra un proyecto de ley que coloca al Estado al margen de las políticas de igualdad y esa es la verdadera lucha que existe, no hay una contienda anti-gobierno. Se trata de si el Estado tiene que ser responsable del bienestar de los ciudadanos jugando un papel activo o si tiene que jugar un papel menor. Lo que nosotros proponemos es que haya un Estado presente que de alguna manera garantice los mínimos de igualdad. En esta pandemia 100 mil ciudadanos han caído por debajo de la línea de la pobreza y 55 mil han perdido el empleo. Mientras tanto otro sector acumuló cuatro mil millones de dólares en bancos uruguayos y del exterior. Esta pelea por la igualdad social tiene que ver con esta lucha contra la LUC, que es un proyecto desde nuestro punto de vista regresivo en cuanto a la participación del Estado en la toma de decisiones fundamentales.
¿Cómo analiza la gestión del gobierno hasta acá?
El Estado ha tenido una gran dificultad porque asumió el gobierno en un contexto de pandemia. Aun así, consideramos que tendría que haber asumido políticas sociales compensatorias. Desde el movimiento sindical se le hicieron llegar una cantidad de propuestas, como la implementación de un salario mínimo de emergencia para quienes no tuvieran ningún empleo, una canasta de servicios públicos, políticas activas de empleo para favorecer la industria nacional, de la inversión pública fundamentalmente en viviendas a los efectos de generar empleo y al mismo tiempo soluciones habitacionales. Pero ninguna fue escuchada, de forma tal que entendemos que al gobierno le ha faltado iniciativa social y cuando termine la pandemia el Uruguay va a ser más pobre y habrá un desempleo mayor del que hubo en 2019.
La recuperación va a ser muy lenta de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno y la crisis la pagarán los trabajadores, los jubilados, quienes no tienen ingresos o son trabajadores informales trayendo mayor desigualdad. Esa es nuestra más fuerte crítica.
Somos conscientes del momento difícil, hemos sido respetuosos en el enfrentamiento de las políticas del gobierno por la circunstancia que se vive. Cuidando en nuestras movilizaciones la salud de los uruguayos, hemos hecho un gran paro general. O sea que hay un movimiento sindical y social dispuesto a enfrentar a un modelo que efectivamente ha elegido que los más débiles sean quienes paguen la crisis.
Estamos dentro de una batalla histórica por tratar de derogar 135 artículos de la LUC y también habrá una lucha salarial y presupuestal que vamos a dar con la mayor rigurosidad. Los militantes deben prepararse para dar una pelea de fondo contra un modelo que saca al Estado de las principales responsabilidades que desde nuestro punto de vista ha tenido. Si un gobierno va a cambiar estructuralmente las responsabilidades del Estado, como mínimo no lo debería hacer en la primera ley para discutirlo en 90 días y tendría que escuchar a las organizaciones sociales y sindicales.
