Magnicidio en Haití – Por Bárbara Ester

• Jovenel Moïse fue asesinado en la madrugada del 7 de julio. Haití vive, desde hace tres años, un espiral ascendente y aparentemente incontrolable de inseguridad, asociada a la existencia de más de 77 grupos delincuenciales armados, según datos de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNRDDR).

• Moïse, un empresario bananero del norte del país llegó al poder el 7 de febrero de 2017 tras un turbulento proceso electoral que incluyó la anulación de la primera vuelta presidencial en octubre de 2015 y un largo periodo de interinato. Con una bajísima participación en un país de cerca de 12 millones de habitantes, solo 600.000 habrían respaldado en las urnas al fallecido mandatario, al que el recuento oficial le dio el 55 % de los sufragios.

• En febrero de 2018, Moïse ejecutó un plan de ajuste diseñado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda. Esto desencadenó una nueva crisis política frente al aumento del petróleo y sus derivados: 38 % la gasolina, 47 % el diesel y 51 % el kerosene. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muertes y caos. Finalmente, la medida fue derogada.

• Las elecciones parlamentarias previstas para 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades. Ante la imposibilidad de tener una representación oficialista en la Cámara Baja y en los dos tercios de los senadores que se renovarían, Moïse decidió cerrar el Parlamento, gobernando por decreto desde enero de 2020.ⁱ

• En febrero de 2019, a raíz de un escándalo de corrupción en torno a los fondos del programa Petrocaribe (del que durante el gobierno de Martelly, que lo designó sucesor, recibió 6 millones de dólares), las protestas populares en su contra volvieron a estallar y ya nunca llegaron a apagarse.

• Su intento de reformar la Constitución incluyendo la posibilidad de retornar al presidencialismo de la época de Duvalier y poder revalidar el mandato terminó de crispar los ánimos de las calles que volvieron a estallar.

• Claude Joseph, fue primer ministro por tres meses hasta el día de ayer, cuando fue designado Ariel Henry en dicho cargo. Henry fue ministro del Interior durante el mandato del presidente Michel Martelly (2011-2016), pero no llegó a conformar Gobierno. El nombramiento de Joseph, quien asumió interinamente el mando, es una incógnita ya que frente al vacío institucional imperante en el último año y medio nada queda claro. El dirigente pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener “el orden”, posteriormente convocó al Consejo de Ministros y declaró el Estado de sitio. Cabe destacar que el 28 de julio de 1915 fue asesinado el presidente de Haití, Jean Vilbrun Guillaume Sam, dando paso al neocolonialismo norteamericano: su asesinato provocó en parte, la invasión militar de Estados Unidos en Haití, pues esa misma noche los marines desembarcaron en Puerto Príncipe para proteger los intereses estadounidenses y extranjeros.

El ascenso al poder de Moïse

Moïse llegó a la política como un outsider, representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81 %. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales –debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew– demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible.

Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67 % de los votos. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Desde el origen, Moïse careció de legitimidad y enfrentó una fuerte oposición de sectores de la población. Esto se expresó en un agitado recambio de Premier –pasó por siete primeros ministros en cuatro años–, entre ellos Joseph Joute y Claude Joseph, nombrados inconstitucionalmente por el presidente sin la ratificación del Parlamento.

En febrero de 2018, vino el ajuste diseñado con el Fondo Monetario Internacional que desencadenó protestas en todo el país. Un año después, en febrero de 2019, estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzó un activismo por la auditoría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. A fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa PetroCaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines.

Las elecciones parlamentarias previstas para 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades. Ante la imposibilidad de tener una representación oficialista en la Cámara Baja y en los dos tercios de los senadores que se renovarían, Moïse decidió cerrar el Parlamento, gobernando por decreto desde enero del 2020.

El otro aspecto nodal de la paupérrima calidad democrática del Gobierno haitiano fue el Decreto presidencial que, bajo el pseudónimo “Fortalecimiento de la seguridad pública”, creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), un cuerpo parapolicial con atribuciones para reprimir la protesta social legítima. Así, la Red Nacional de los Derechos Humanos cataloga el 2020 como el año de la “gangsterización” acelerada en Haití, caracterizado por la violación sistemática de las libertades fundamentales e individuales de los ciudadanos. Se estima que al menos un millar de personas fueron secuestradas en Haití durante 2020 y una cifra similar murió en medio del recrudecimiento de la violencia.

A este estado de ruptura del orden democrático debe sumarse la intervención y nombramiento irregular de jueces en los principales tribunales del país –el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte de Casación–; así como la extensión ilegal del mandato presidencial, vencido el 7 de febrero del presente año.

En medio de esa incertidumbre política, Moïse afirmó que su periodo termina en 2022 y promovió una reforma constitucional que sería sometida a un referéndum, en principio programado para el 25 de abril, luego el 29 de junio y nuevamente aplazado por razones sanitarias y políticas, ya que el rechazo de la población fue contundente. A pesar de ello, fue reprogramado por tercera vez para el 26 de septiembre, el mismo día previsto para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales. De haber un eventual balotaje, el mismo se desarrollaría el 21 de noviembre, mientras que en el nuevo calendario electoral los comicios municipales fueron aplazados hasta el 16 de enero del próximo año.

El nuevo texto constitucional propone el retorno al viejo esquema presidencialista de los tiempos de los Duvalier; la eliminación del Senado y la construcción de un legislativo unicameral; eliminar la figura del Primer Ministro y reemplazarla por un Vicepresidente; y habilitar la posibilidad de contar con dos mandatos presidenciales consecutivos. La única vía legal para la modificación de la Carta Magna es la parlamentaria, pero el Parlamento, de mayoría opositora, fue suspendido en sus funciones, de modo que hasta ayer el oficialismo gobernó por decreto concentrando la suma del poder público.

El controversial referéndum fue rechazado por la oposición política local en bloque, desde los movimientos y organizaciones sociales nucleados en el Frente Patriótico Popular hasta la conservadora “oposición institucional”. De igual modo se manifestó el Instituto Móvil de Educación Democrática (IMED), una reconocida organización jurídica de defensa de los derechos humanos, y sectores empresariales. La influyente Conferencia Episcopal de Haití (CEH) también manifestó su desaprobación: los obispos solicitaron mediante una misiva que se suspenda la convocatoria. Cabe destacar que la Curia tuvo un protagonismo importante luego del secuestro de miembros de su congregación por pandillas. El arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Max Leroy Mésidor, quien fue el principal nexo entre las negociaciones de Moïse y la oposición, manifestó su rechazo públicamente el último 10 de diciembre (Día Internacional de los DD. HH.).

En enero de 2020, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró haber acordado con Moïse reforzar el combate a la corrupción en Haití y apoyó la reforma constitucional, asumiendo, al igual que Moïse, que la actual Carta Magna es la causante de los problemas del país.

Por último, la gestión de la pandemia fue nula. Haití es el único país de América Latina y el Caribe que aún no empezó su proceso de vacunación. La única respuesta estatal fue la autorización de la importación y distribución privada de vacunas. Según declaraciones del Director General del Ministerio de la Salud Pública y de la Población, Laure Adrien, el propio gobierno rechazó la oferta de vacunas que le correspondía a través del mecanismo Covax, con resquemores a la hora de inocular a la población con la vacuna de AstraZeneca.

¿Un asesinato anunciado?

Tras el asesinato del mandatario comenzó a circular una entrevista otorgada al diario español El País, en la cual Moïse mencionaba un intento de golpe de Estado e intentos de asesinato por parte de la elite local. La entrevista se realizó en febrero de 2021, precisamente en vísperas de lo que la oposición y la Corte Suprema consideraban el fin de su mandato. Esto se debe a que Moïse demoró un año en asumir el poder tras las elecciones de 2015. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema fueron encarcelados acusados de perpetrar un golpe de Estado a un Gobierno que no realiza elecciones libres desde 2016. En ese contexto, Moïse realizó la entrevista en un claro tono victimista y ocultando su propio estilo dictatorial, esto es, un Gobierno sin contrapesos.

En la misma entrevista, Moïse menciona con descaro “los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”. Entre los principales candidatos del partido de Gobierno para suceder a Moïse en la presidencia figuraban Michel Martelly, exduvalierista y exmiembro del cuerpo paramilitar de los tonton macoutes (policía secreta y milicia personal del dictador haitiano F. Duvalier); Laurent Lamothe, su ex Primer Ministro; y hay hasta quién se aventura a proponer al mismísimo Nicolás Duvalier, nieto del primer dictador del clan.

El punto de inflexión de su mandato fue, sin duda, el hecho de que algunas de las familias de la elite económica, como el inversor Reginald Boulos, abandonaron a Moïse y exigieron públicamente su partida. Desde el partido gobernante, Tèt Kale, han acusado a Boulos y a la familia Vorbe, que controla el sector eléctrico, de financiar las manifestaciones callejeras que exigían la renuncia del mandatario. Pocos días después del discurso del presidente en el que habló del “sistema”, el Gobierno emitió citaciones a empresas privadas y anunció la revisión de contratos con el Estado, entre ellos llamó a conglomerados como Haytrac, E-Power, HLS International y Sogener, este último propiedad de la familia Vorbe.

Moïse y su relación con EE. UU. y organismos afines

Moïse estableció estrechos lazos con D. Trump en 2019. El actual Gobierno rompió relaciones con Venezuela, de quien había recibido petróleo a precios subsidiados por más de una década, desatando una crisis energética. Ese mismo año, Moïse reconoció a Juan Guaidó como presidente bolivariano y, a fines de noviembre de 2020, Haití fue el primer –y único– país americano en abrir una embajada en Sahara Occidental, reconociendo la soberanía marroquí sobre el territorio. Moïse no dudó en adoptar una posición de subordinación total a las aventuras geopolíticas más descabelladas de Donald Trump, aún con el rechazo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Core Group, integrado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por la usurpación de competencias al Legislativo. El comunicado advierte que las medidas del presidente “no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.

Más de sesenta congresistas demócratas demandaron “una revisión significativa de la política de EE. UU. en Haití” por parte de la Administración Biden. La misiva lanzó la advertencia de que “la insistencia de EE. UU. en elecciones a toda costa en Haití a finales de este año corre el riesgo de exacerbar el ciclo de inestabilidad política del país y violencia”. En la carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores solicitaron que Biden use su “voz y voto” con las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) –las cuales reciben financiamiento estadounidense– para garantizar que los dólares de los contribuyentes no se utilicen para apoyar el referéndum constitucional. Hasta el momento, tanto la OEA como la oficina política de la ONU en Haití habían ofrecido su apoyo al proceso y la ONU controlaba un fondo común de recaudación para los comicios, entre ellos el referéndum.