La justicia argentina ya investiga el apoyo de Macri al golpe de Estado en Bolivia
La justicia ya investiga el apoyo de Macri y sus ministros a los golpistas de Bolivia
Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia
La denuncia del gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia que realizó el gobierno de Mauricio Macri para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales en lo penal-económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Biscayart. Sin embargo, el escándalo no cede, especialmente después de que el exembajador argentino en La Paz Normando Álvarez García reconociera que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo “Alacrán” de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019, en las primeras horas del gobierno de Jeanine Añez (ver aparte). En el Ministerio de Seguridad, aguardan los resultados de las declaraciones que un instructor de la propia fuerza está tomando a los gendarmes que estuvieron desplegados en La Paz y que podrían explicar cómo podría haber funcionado ese “circuito paralelo”.
López Biscayart le pidió al gobierno que en las próximas 72 horas envíe la documentación que logró reunir desde que el jueves de la semana pasada estallara el escándalo del envío de armas a Bolivia. Se trata de un expediente especialmente sensible porque la denuncia por contrabando agravado que presentaron los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) junto con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont apunta contra el propio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Álvarez García y el excomandante de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero, entre otros.
En el fuero penal-económico también tramita la denuncia del excamarista Eduardo Freiler. Esa presentación quedó en manos del juez Alejandro Catania, que ya delegó su trámite en el fiscal Claudio Navas Rial. La denuncia de Freiler habría ingresado antes que la de los ministros, por lo que podría quedar en manos de Catania el trámite de ambos expedientes. Eso será algo que se definirá con el correr de los días.
Un dato importante es que el fiscal Navas Rial, que entiende en las dos denuncias, es uno de los titulares de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM). El viernes pasado, el otro responsable de esta oficina, el fiscal Gabriel González da Silva, inició una investigación preliminar para investigar qué había pasado con lo que pinta como un tráfico de armas ilegal a Bolivia. Por ahora, González da Silva sólo recibió información de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que fue la dependencia que autorizó a la Gendarmería a llevar 70.000 balas antitumulto 12/70. González da Silva quiere saber quiénes fueron los efectivos del grupo Alacrán que fueron enviados a La Paz con la misión de resguardar la embajada argentina. Es factible que pida que declaren como testigos los efectivos que fueron desplegados en el país vecino, no quienes dieron las órdenes (que podrían ser imputados).
Los alacranes
La Gendarmería ya designó a un oficial para que tome declaraciones en un expediente administrativo a los integrantes del grupo Alacrán que partieron a Bolivia en la noche del 12 de noviembre de 2019 a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea y que permanecieron allí hasta junio del año pasado. El grupo Alacrán, creado durante la guerra de Malvinas, fue una de las fuerzas especiales a las que Bullrich más promocionó. Uno de los datos más importantes es que se trata de un grupo que no maneja armas antitumulto, sino que opera armas letales. En ese sentido, es especialmente sospechoso que la Gendarmería haya pedido inicialmente el 11 de noviembre de 2019 viajar con 3600 balas antitumulto 12/70 y, al día siguiente, amplió el pedido para llevar 70.000. Todo fue autorizado por la ANMaC.
Según pudo saber Página/12, hubo tres contingentes de gendarmes en Bolivia, por lo que se esperan alrededor de 30 declaraciones que podrán dar detalles de cómo fue el accionar en Bolivia. En la denuncia del gobierno, están apuntados tanto el excomandante Otero como el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski –que fue quien pidió las autorizaciones a la ANMaC para el envío del armamento y de las municiones– como Carlos Miguel Recalde, el director de Operaciones que en julio del año pasado informó que los gendarmes habían usado la totalidad de las 70.000 balas antitumulto.
La nota que Recalde envió el 15 de julio del año pasado a la Dirección del Servicio Administrativo Financiero para pedir que le avisaran a la ANMaC y a la Aduana que se habían gastado las 70.000 balas en entrenamientos –una fuerza especial que no usa ese tipo de armamentos– es, al menos, curiosa porque no están copiados en la notificación ninguno de sus superiores.
Otero ya pasó a retiro con el cambio de gestión. La ministra Frederic puso a Recalde y Yavorski, que estaban en funciones, en disponibilidad mientras se sustancia la investigación administrativa, que puede extenderse hasta los seis meses (se espera que el plazo sea menor, pero los tiempos son extensos para garantizar el derecho de defensa). El tercer oficial de la Gendarmería puesto en disponibilidad fue el jefe de los alacranes, Fabián Manuel Salas. El resto de los gendarmes serán escuchados como testigos y siguen en sus puestos, informaron a este diario.
Lo que digan los gendarmes servirá para entender cuál fue el panorama en Bolivia y cómo se gestó el viaje. Sobre todo podrán explicar si existió algún tipo de entrenamiento o si nunca tuvieron en su poder las balas AT 12/70. En la embajada en La Paz, se encontró una carta que el 13 de noviembre de 2019 envió el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara agradeciéndole a Álvarez García por la colaboración y acusando recibo de 40.000 balas de ese tipo. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, también confirmó que tenía en su poder una copia de la misiva de Terceros Lara con el sello del agregado naval argentino, lo que contradice la estrategia de negar la existencia o la autenticidad de la nota. Resta saber qué pasó con las otras 30.000 balas que Recalde dijo que se habían gastado en prácticas de tiro.
García Linera: ‘Golpistas están arruinados’, ‘material bélico’ de Argentina entró sin cumplir normas
Por Carlos Corz
“Los golpista están arruinados”. Así el exvicepresidente Álvaro García resumió la situación de los militares y policías que participaron en el ingreso de armamento letal y no letal en noviembre de 2019 proveniente de Argentina, sin cumplir con requisitos como autorización de la Cancillería y del Ministerio de Defensa.
Además, afirmó en el programa streaming Piedra Papel y Tinta de La Razón que la Fiscalía “está en la obligación de abrir un proceso” para establecer responsabilidades en el ingreso irregular de “material bélico” el 13 de noviembre en una aeronave militar argentina que partió desde Argentina la noche del 12 de noviembre, dos días después de que renunciara Evo Morales y a horas de que tomara el poder Jeanine Áñez.
“Están arruinados, los golpista están arruinados, los militares y policías que recibieron ese cargamento con armas en la base aérea militar, los que autorizaron que aterrice, los que descargaron; si es militar tiene una pena de 30 años”, advirtió García apoyado en la ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.
Según el expresidente, no puede ingresar a Bolivia ningún armamento sin cumplir con los procedimientos por más riesgo que tenga una legación diplomática, en respuesta a la justificación de la exadministración de Mauricio Macri sobre el envío de ese material, que inicialmente lo negaron, para el resguardo de sus instalaciones diplomáticas en La Paz.
Una carta de agradecimiento, fechada el 13 de noviembre, del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al exembajador argentino Normado Álvarez por “material bélico” permitió descubrir lo que el gobierno considera apoyo del gobierno de Macri a la administración de Áñez.
Según el detalle oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó el envío a Bolivia, por 90 días, de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos; dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. Y habilitó el traslado de 11 miembros de la GNA.
Además, ingresó a Bolivia “70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta”, además de “661 granadas de mano de gas hostigamiento”.
García explicó que por la documentación que se conoce hasta el momento no hubo ninguna autorización de autoridad ya sea de Cancillería o del Ministerio de Defensa, carteras de Estado que, entre el 12 y 13 de noviembre, estaban sin autoridades.
“Este es un tema muy grave, se tiene que sancionar a quienes violaron la ley y la Constitución”, insistió y recordó que el alto mando de las Fuerzas Armadas bajo el mando de Williams Kaliman actuó desde el 10 de noviembre al margen del “mando civil”.
Según García, ese armamento antidisturbios se usó en los operativos policiales-militares que acabaron con más de 20 muertos por impactos de bala en Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, cuando sectores sociales se movilizaban en apoyo a Morales.
“Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la Policía y las Fuerzas Armadas han matado gente, han herido gente”, aseguró y recordó que Paulino Condori y Percy Conde “murieron por disparos de cartuchos de escopeta”.
Una vez abierta una demanda penal en Bolivia, el proceso podría llegar hasta Macri y su exministra Patricia Bullrich bajo el acuerdo de Palermo que sanciona de forma transnacional el tráfico de armas
En Argentina, activaron una demanda penal contra Macri y otras exautoridades por el envío de “material bélico” a Bolivia.
Por el momento, la Fiscalía no informó del inicio de una investigación de oficio.
Envío de armas a Bolivia: exembajador argentino admite que pudo existir un «circuito paralelo»
El exembajador de Argentina ante Bolivia, Normando Álvarez García, afirmó que la Embajada en La Paz «no estuvo involucrada en algo raro» durante la crisis de 2019, pero admitió que pudo «existir un circuito paralelo en un momento de anarquía e irregularidades».
«La embajada argentina no participó en nada en contra del gobierno de Evo (Morales). Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades», señaló el actual funcionario jujeño en declaraciones a Radio Con Vos.
El canciller boliviano Rogelio Mayta aseguró el pasado jueves que Argentina entregó «munición letal» a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social de noviembre de 2019 en Bolivia. El gobierno argentino reaccionó denunciando al expresidente Mauricio Macri, a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) y otros exfuncionarios.
Consultado sobre si pudo haber habido «un acuerdo» para «intercambiar el aterrizaje del avión a cambio de proyectiles», información que atribuyó a varias «fuentes», el actual ministro jujeño respondió: «Puede ser, puede ser, porque además en ese avión de regreso volvieron todos los familiares de los diplomáticos y de los agregados (de la embajada)».
El exembajador reconoció de ese modo que el avión Hércules C-130 que arribó a Bolivia, en el cual llegaron los pertrechos y materiales para la represión, es el mismo en el cual «volvieron todos los familiares de los diplomáticos».
«Se encontró la nota escondida, cuando en la Embajada no hay secretos».
«Había pedido un mes antes, frente a la conmoción que se recibía, seguridad, porque no la había ni en la Embajada ni en la residencia. Dos días después de la renuncia de Evo, llegó un comando de Gendarmería Nacional con armamento y chalecos antibalas», indicó el exdiplomático.
«Se aduce que parte del armamento fue entregado a la Policía boliviana o al Gobierno, o a la Fuerza Aérea, qué sé yo. Ésa es la discusión. Es imposible que yo sepa», apuntó el exdiplomático sobre si todo el armamento se destinó para mantener la seguridad. Agregó que «llegó el armamento, bajaron y lo llevaron a la embajada y a la residencia» y señaló que «el destino del armamento estuvo en la Embajada».
«Ahora, qué cantidad de cajas, todas esas cosas yo no sabría decir. Estaban las cajas ahí, las cargaron. No sé distinguir una pistola de un revólver», afirmó Álvarez García en las declaraciones formuladas este martes.
En otro tramo de la entrevista, Álvarez García dijo no saber «qué son 70 mil municiones», porque eso «lo sabe la gente de armas» y añadió que no tiene datos sobre «el tema militar». Por otra parte, «de acuerdo al informe de Gendarmería, todos esos cartuchos fueron utilizados», dijo.
«El 13 [de noviembre] llegó el armamento y la nota de agradecimiento es del día 13, pero no había nadie, habían renunciado, es muy raro», explicó Álvarez García en relación a las autoridades bolivianas que habían sido depuestas. «También dicen que se encontró la nota escondida, cuando en la Embajada no hay secretos, todo se manda todo se informa, pero independientemente de eso, es verdad que el gobierno de Añez fue represivo y dictatorial», apuntó.
El exembajador se mostró «un poco molesto, indignado, porque se armó una operación que se venía pensando hace mucho tiempo». «Buscaron durante 18 meses y encontraron algo, una nota que yo no me acuerdo de haberla tenido y que el militar aduce que no es su firma y segundo que él había renunciado un día antes. Me molesta mucho porque la Embajada no participó en nada, en reuniones secretas, nada», afirmó.
Para el exembajador, «la situación era tan crítica que, en una reunión de embajadores, se planteó levantar las representaciones y volverse con el personal» porque en el país «había una anarquía total y los bolivianos estuvieron a minutos de una guerra civil».
Sobre la denuncia del gobierno argentino contra Macri y exfuncionarios, Álvarez García dijo que se trata «de una cosa de locos», porque «ponen fecha de septiembre a octubre del 2019», que es cuando «gobernaba todavía Evo Morales». «Al leer la denuncia del gobierno (argentino) y me quedé tranquilo porque tiene fechas que son de cuando era presidente Morales. Si llegó el armamento a Áñez» y fue utilizado para reprimir las protestas sociales «deberán demostrarlo».
Advertencia de Martín Soria a Mauricio Macri: recordó que existe un “tratado de extradición con Bolivia”
El ministro de Justicia, Martín Soria, remarcó este martes que “nunca” en la “historia democrática” del país un gobierno había enviado “armas a una dictadura”, al explicar los motivos de la denuncia presentada el lunes contra el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de la gestión Cambiemos por el supuesto envío de “material represivo” a Bolivia cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
”La gravedad de la situación es extrema; nunca en nuestra historia democrática un Gobierno envió armas a una dictadura”, sostuvo el ministro en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio. En el mismo sentido, opinó que “la última mancha nefasta que le faltaba al macrismo era terminar apoyando a una dictadura, y nada menos que la de un país hermano”. Soria recordó también que existe “tratado de extradición con Bolivia” al tiempo que citó los tratados internacionales que existen para evitar estas cuestiones y que fueron “violados” por el Gobierno anterior.
“El verdadero destino (del envío de armas y municiones) no era darle seguridad a la Embajada en Bolivia sino apoyar un golpe de Estado y generar una masacre”, señaló Soria. En la misma línea, puntualizó que “la gravedad de la situación es extrema porque se trata de un gobierno democrático que envía ese tipo de armamento clandestinamente para apoyar un golpe de Estado”.
”Por eso, es importante la decisión del Gobierno y del Presidente (Alberto Fernández) de que sean también los ministros los que participen de esta denuncia”, dijo el titular de la cartera de Justicia, uno de los firmantes de la presentación realizada ayer. Soria añadió que la denuncia era necesaria porque el envío del material bélico a Bolivia representa “una mancha importante para la Argentina”.
La presentación formulada el lunes por las autoridades nacionales ante la Justicia Federal lleva también la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y de la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Allí se denuncia: “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
En la entrevista que concedió este martes, el funcionario añadió que la pena prevista para el delito de contrabando agravado, del que se acusa al gobierno de Macri, se sustenta en que, según Soria, “se ocultó a los funcionarios de Aduana y de otras dependencias, el verdadero destino del envío. Si se hubiera admitido el verdadero destino, no podrían haber salido nunca las autorizaciones”.
El ministro argumentó que debido a que los funcionarios macristas son pausibles de ser juzgados en tribunales internacionales, “eso es lo que los tiene tan nerviosos”. Además, aseguró: ”El gobierno de Macri, el mismo día del golpe envía el material. Por un lado, el ocultamiento los convierte a los funcionarios de Macri y al propio Macri en partícipe necesario del delitos contra el orden constitucional, contra la democracia de un país como Bolivia con el cual la Argentina tiene suscriptos por ejemplo tratados internacionales, incluso sobre comercio de armas que prohíben justamente el envío de armamento y municiones a otro país que esté atravesando una situación como la que vivía en ese momento Bolivia”.
Por su parte, abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros, Jorge Santisteban, dijo a LA NACION que fue “falsificada” la supuesta carta de agradecimiento enviada por su defendido al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, en la que detalla el envío de “material bélico argentino” a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri.
La excanciller Karen Longaric destacó la “incongruencia” de la fecha de la carta de agradecimiento, datada al día siguiente de la asunción de Jeanine Áñez. “Si el pedido y el envío ocurrió, fue durante el gobierno de Evo Morales”, lanzó.
En tanto, Macri se defendió de las acusaciones y le exigió al presidente Alberto Fernández que “deje de mentir”.
