En Uruguay cambió el escenario, pero ¿qué cambió? – Por Sebastián Valdomir
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Sebastián Valdomir(*)
La política uruguaya es también -en varios sentidos- una plenillanura suavemente ondulada. Quien espere por terremotos o cambios abruptos a nivel político, la mayoría de las veces terminará sorprendido por la predominancia de tendencias graduales y puntos medios.
La semana pasada se asoció la idea de un cambio de escenario político con la entrega de las firmas para habilitar el referendum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la principal apuesta del gobierno neoliberal de Lacalle Pou. Es real que hay un cambio, pero ¿qué es concretamente lo que cambió?
En primer lugar, cambió una imagen: la del quietismo del Frente Amplio, la de su anomia y su estado de letargo. A nadie escapa que existen varios aspectos muy complicados de resolver en la actualidad del Frente Amplio, pero ello no equivale a darlo por muerto y enterrado. Aún más: esa idea falaz de que “el FA ya fue” es una idea que varios dirigentes políticos e intelectuales afines al oficialismo quieren imponer como parte de una labor de desmoralización y neutralización de las energías utópicas que todavía anidan en el principal partido de la izquierda política de este país.
A las organizaciones sociales y políticas del campo popular, entre ellas el Frente Amplio, les llevó menos de 18 meses articular una campaña de movilización y pedagogía política contra el gobierno. Y se juntaron más firmas que nunca antes en la historia. Frente a un gobierno que supuestamente tiene un nivel de aceptación alto.
Un gobierno que asume luego de un período de 15 años de gobiernos frenteamplistas, y que se vió sorprendido por la irrupción pandémica. 18 meses, en un contexto sumamente adverso. En los últimos 5 meses, se juntaron miles de firmas, y se volvió a poner en práctica un ejercicio que viene de lejos: lo que más hizo el pueblo uruguayo durante la década de los ´90 hasta el 2004, fue juntar firmas. Juntó firmas en el ´89, en el ´92, en el ´98, en 2001 y 2004. Algunas veces perdió, y otras ganó.
Pasados 15 años de gobiernos de izquierda, y ante un escenario distinto, se reactivó desde ese “saber hacer”, desde esa memoria organizativa y militante. Entonces, a los que den por muerto al Frente Amplio, les toca esperar.
Cambió además otra imagen: la de un gobierno atento a los humores sociales y rápido en su capacidad de respuesta ante cualquier cambio. De repente, ahora nos damos cuenta que esa imagen era precisamente eso, solo una idea creada, materializada, un significante ensayado y repetido que terminó -casi- por volverse un atributo fuera de discusión y escrutinio.
Lo cierto es que el gobierno dejó solos a sus adeptos en el debate acerca de los artículos impugnados de la LUC. No les proporcionó herramientas conceptuales y políticas para contrarrestar los argumentos válidos de la campaña de recolección de firmas, y tampoco proporciona una narrativa que resulte creíble ahora ante el tembladeral económico, social y laboral que ya dura mucho más de lo que resiste el archirepetido “la pandemia nos tomó por sorpresa”.
No fueron pocos los blancos, colorados y cabildantes que terminaron poniendo su firma y su huella en las papeletas contra la LUC.
La composición política de este gobierno, desde la coalición que le sustenta pasando por el consejo ministerial y su bancada en el Parlamento, se manifestó en el “Compromiso por el País” y se sintetiza en la figura presidencial.
Esa composición política a veces aparece como demasiado recostada a un ejercicio soberbio del gobierno, a la política de alcurnia y al ninguneo de la oposición. Es la logica de los “malla oro” (eufemismo utilizado por el gobierno para favorecer a los sectores económicos dominantes) trasladada desde lo económico a lo político: ellos son los “malla oro”.
Esa soberbia terminó contribuyendo en parte al empujón final necesario de la recolección de firmas.
Por último, el gobierno va a querer imponer el relato que este referéndum será un juicio sobre su gestión, una especie de “elección de medio término”, sobrecargando la agenda y desenfocando la atención sobre los 135 artículos impugnados.
No está de más profundizar desde ya en el sentido político que se hará de este referéndum; esto no será una campaña electoral 2024 adelantada, salvo que el propio gobierno procure jugar una carta de todo o nada en defensa de su iniciativa política y se terminen dinamitando todos los puentes.
A la centralidad de la crisis laboral, social y económica, se le agrega ahora un debate de mayor densidad sobre los temas contenidos en los artículos impugnados. De los 135 artículos, más de 100 están concentrados en los ejes de Vivienda, Educación y Seguridad.
Además, otras áreas sensibles de la impugnación refieren a empresas públicas y regla fiscal, y son parte de las “reformas estructurales” que el gobierno ha querido avanzar, a pesar de estar en pandemia y a pesar también de haberlas procesado por mecanismos de excepción parlamentaria como la vía de urgencia para su tratamiento y consideración.
Lo peor que puede pasar es que el gobierno continúe enfrascado en su receta sin trasladar la señal que le ha dado la población con las firmas, a su propia gestión de la crisis laboral, social y económica. Veremos si al gobierno la única señal que le gusta ver y oir de la población son las encuestas (mientras le den un resultado positivo de aceptación), o si va a entender que el señalamiento de las firmas son un aviso.
El primero aviso de que su manejo de la crisis está dejando cada vez más gente afuera, más pobres, más desocupados y más pequeñas y medianas empresas inviabilizadas, en un contexto en el cual se continúa festejando el ahorro y el recorte del gasto público.
La señal dada por los lineamientos del gobierno para la negociación colectiva en los ámbitos de negociación laboral tripartita de los Consejos de Salarios que arrancan este mes, así como en la Rendición de cuentas presupuestal, es que no acusan el recibo de nada. La alta en la conflictividad social a nivel de múltiples sectores sindicales y productivos ya está siendo la respuesta a las nuevas apuestas de ajuste del gobierno.
(*) Sociólogo uruguayo. Diputado nacional por el Movimiento de Participacipón Popular, Frente Amplio. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
