Colombia | La CIDH denuncia «graves violaciones de DDHH» y recomienda al gobierno separar a la Policía del Ministerio de Defensa
CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Mindefensa
Este miércoles, en una conferencia de prensa desde Washington (Estados Unidos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su balance tras la visita de trabajo que adelantó en Colombia entre el 8 y 10 de junio para verificar denuncias de violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional.
Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos.
Durante su visita, la Comisión recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Entre los resultados de la visita está que la Comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, esto con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad.
El documento de observaciones consta de 48 páginas y, de acuerdo con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, informa sobre graves violaciones de derechos humanos y afectaciones a terceros y formula un abanico de recomendaciones al Estado.
Resaltó también que las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas, con un 89 por ciento de protestas. La Comisión constató con preocupación la presencia de discursos estigmatizantes «que propician un acelerado deterioro del debate público. Es especialmente preocupante cuando proviene de autoridades públicas», dijo Urrejola.
Así mismo, la presidenta informó que se constató un uso desproporcionado de la fuerza, violencia por discriminación, violencia basada en género, contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y aplicación de medidas disciplinarias contra personas electas por voto popular.
En reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal
«La Comisión ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal», dijo.
Así mismo, señaló que se recibieron graves denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Esto sucedió especialmente en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira y Risaralda.
Así mismo, Urrejola manifestó la preocupación de la CIDH por el alto número de reportes de desapariciones y de irregularidades en los traslados por protección, en los que incluso se reportaron hechos que podrían configurar tortura y tratos crueles. «De acuerdo a los testimonios que recibimos, se estaría haciendo un abuso de esta figura, que no tiene un control judicial, lo que permite dejar a la discrecionalidad del policía que la aplica ver cómo trata a la persona», expuso la presidenta.
«La Comisión tuvo noticias de violencia étnico-racial. Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido objeto de represión por parte de la Fuerza Pública en parte de las protestas. En Cali y Yumbo, de las 39 personas fallecidas, 11 serían de ese origen racial», expuso, y añadió que también se recibieron reportes de violencia contra personas indígenas.
Sobre los bloqueos, los cuales la CIDH llama ‘cortes de ruta’, el informe de observaciones mencionó que la Comisión pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron «en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad». Se reconoció que ese malestar se originó en «serias afectaciones particulares y colectivas», también se condenó que algunos bloqueos comprometieron gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros.
Frente a esto último, por ejemplo, la CIDH condenó que dos bebés perdieron la vida debido a que por bloqueos no pudieron ser trasladados a centros de atención.
El Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta (…), no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta
La Comisión calificó de preocupante que «las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo».
Al respecto, Urrejola explicó que la protesta social tiene distintas maneras de manifestarse, que requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. «Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta, el Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta, pero la Comisión constató que algunos de los cortes de ruta han derivado en malestar y ha habido afectación a otros derechos esenciales como la vida».
Añadió que existe libertad para manifestarse de diferentes formas, y que ninguna modalidad de protesta puede prohibirse de entrada, «se debe hacer un análisis caso a caso. El tema central es que no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta; debe evaluarse caso a caso».
El informe también mencionó que hubo denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración en las protestas de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos. Se mencionó, así mismo, que el Estado denunció infiltraciones en las protestas de terceros armados, por lo cual ya el Gobierno le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones del caso.
Tras estas observaciones en su visita, la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano, las principales fueron:
Promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación; respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial; reparar a las víctimas y sus familiares.
Así mismo, adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia, que incluyan mecanismos de denuncia y atención con perspectiva diferenciada de género y étnico-racial.
De otro lado, se recomendó «adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia».
Esto se relaciona con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el año pasado condenó al Estado por haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Aunque este año el Congreso aprobó una reforma promovida por la procuradora Margarita Cabello, diversos expertos han criticado que esa reforma no cumple con las órdenes del fallo.
La CIDH, en sus recomendaciones, también incluyó separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa «a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares».
Frente a la reforma de la Policía anunciada hace unas semanas por el presidente Iván Duque, el comisionado Stuardo Ralón, que estuvo en la visita a Colombia, dijo que lo importante para la Comisión es la sustancia de la reforma, «que el enfoque de las fuerzas policiales que tengan que velar por la seguridad ciudadana sea realizado con el respeto a estándares internacionales».
«La Comisión insta al Estado a reforzar, desde su más alto nivel, un proceso de diálogo que permita incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones», concluyó Urrejola.
El comisionado Ralón añadió que las recomendaciones que hizo la Comisión son para que se privilegie el diálogo. «Las recomendaciones son una serie de situaciones inminentemente técnicas, pero lo que prima es que se privilegia el diálogo, haya una escucha lo más amplia posible y se puedan ir implementando en un mecanismo de seguimiento».
Respondiendo a qué podría pasar si Colombia incumple estas recomendaciones formuladas, Urrejola manifestó que el Estado colombiano está sometido a un conjunto de obligaciones internacionales. «Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones. Continuaremos en un diálogo con el Estado. Algunas son más simples de cumplir, otras más complejas. Entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia».
Y sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos, cuya creación anunció la Comisión, Urrejola explicó que esto consiste en que habrá un equipo con dedicación exclusiva al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.
Con esto se busca, aclaró, generar espacios de diálogo con el Estado para tener una hoja de ruta, mesas de trabajo, cooperación técnica y, eventualmente, visitas posteriores —que requieren autorización del Estado—, a la luz de la hoja de ruta que se establezca.
El comisionado Joel Hernández añadió que el mecanismo tiene como propósito dedicar un equipo especializado para dar una atención puntual y seguimiento a las 40 recomendaciones, «no tiene para nada un concepto de mecanismo de control, es de seguimiento; no tiene otro propósito sino el de ser un coadyuvante del Estado ante las 40 recomendaciones, puede permitir un diálogo fluido entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión para llevar adelante las recomendaciones».
Ralón agregó que este mecanismo «para nada busca querer favorecer o no el contexto político, es un rigor técnico el que prevalece».
CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, las cuales tienen por objetivo contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social.
La CIDH destaca que las observaciones y recomendaciones que se presentan adjuntas a este comunicado, están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-CIDH-Observ-visita-a-Colombia-SPA.pdf»]En tal sentido se presenta un relevamiento del contexto país en el cual se iniciaron las protestas, se enfatiza el llamado al diálogo para superar el conflicto social, así como las investigaciones con debida diligencia, el enfoque integral que permita sancionar a responsables de las violaciones a los derechos humanos identificadas y reparar a las víctimas; la protección a periodistas y las misiones médicas.
Se resalta que el Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana. Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
Para la elaboración de las observaciones y recomendaciones, la CIDH tuvo en cuenta la información recibida antes, durante y después de la visita por parte del Estado, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores. Adicionalmente, consideró la información recibida mediante los testimonios recabados durante la visita. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados. La metodología utilizada para la toma de testimonios priorizó el diálogo, la privacidad, seguridad y confianza para las personas entrevistadas.
Cabe destacar además que, en la visita de trabajo, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de las distintas ramas del poder público y órganos de control, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se reunió con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas, y representaciones del cuerpo diplomático.
La Comisión Interamericana manifiesta nuevamente su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho.
Asimismo, la Comisión anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.
La delegación de la visita de trabajo de la CIDH estuvo conformada por su Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola, los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de la Relatoría de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, quienes visitaron las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán.
La Comisión reitera su agradecimiento a Colombia por la apertura al escrutinio internacional, los diálogos constructivos mantenidos, el abundante suministro de información y la voluntad de entablar vías de cooperación técnica. Del mismo modo, expresa su gratitud a la confianza brindada por las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía colombiana en general. También expresa su gratitud a la MAPP-OEA por el apoyo proporcionado durante la realización de la visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Aceptar bloqueos y pasar la Policía a MinInterior: las recomendaciones de la CIDH al Gobierno
BLU Radio conoció la respuesta del Gobierno Nacional a las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, luego de la visita que realizaran miembros de ese organismo al país, en medio de las manifestaciones del paro nacional.
Entre las recomendaciones está pasar, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, la Policía y el Esmad, así como abstenerse de prohibir de manera generalizada los “cortes de ruta”. Es decir, no prohibir los bloqueos.
“Dicha renuencia no solo continúa legitimando esa acción ilegal, sino que, además, al proponerla como una forma de protesta avala las consecuencias nefastas que se dan por causa de los bloqueos”, dice la respuesta del Gobierno.
En cuanto a la separación de la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa, el Gobierno responde que el numeral 15 de las recomendaciones se inmiscuye en decisiones propias del Estado.
“Esta recomendación se constituye como una injerencia inconstitucional en la estructura de la fuerza pública. Como argumento velado para ello, en sus observaciones la CIDH insiste en descargar la responsabilidad de la violencia durante la protesta en los integrantes de la Policía Nacional, violencia, según la Comisión, dirigida particularmente en contra de manifestantes pacíficos», puntualiza el documento.
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