Colombia | Imputan por crímenes de guerra y lesa humanidad a diez exmilitares por «falsos positivos»
La JEP imputa a militares por casos de “falsos positivos “ en Catatumbo
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó, este martes 6 de julio, el auto de imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas por su responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, en hechos ocurridos en Catatumbo (Norte de Santander). Entre los imputados están un general, seis oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional, así como un tercero civil.
Los imputados serían los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 120 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, casos que se presentaron entre enero de 2007 y agosto de 2008. Estas personas deberán responder por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
“Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN”, informó la JEP.
Asimismo, por haber contribuido en la ejecución de estas conductas, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña, el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
Dos modalidades
La JEP estableció que las 120 víctimas identificadas en este caso fueron asesinadas por miembros de la fuerza pública, cuando se encontraban en estado de indefensión, “sin que mediara combate real alguno”. Asimismo, indicaron que las víctimas fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales y seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.
Estos hechos, según determinó la Sala de Reconocimiento, se dieron en el marco de un patrón macrocriminal que tuvo dos modalidades. La primera era asesinar a hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, la mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda, consistió en llevar a la zona, por medio de engaños, a jóvenes provenientes de otras regiones, para luego ser asesinados y presentados como muertos en combates.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de JEP, indicó que este auto es de gran trascendencia para la jurisdicción, tal como lo fue el auto que hace un tiempo dictó la sala para el reconocimiento de conductas de la excúpula de las Farc por el delito de secuestro. “En este caso, lo hace en relación con miembros del Ejército Nacional, luego de hacer una sistematización de los informes recibidos de la Fiscalía, la justicia ordinaria, la justicia penal militar, los informes de las víctimas y después de recolectar pruebas”, sostuvo.
Este auto forma parte del caso 03, que trata sobre los “falsos positivos” y que incluye otras zonas del país. Próximamente, anotó la Sala, se harán otras imputaciones por casos ocurridos en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.
Es de recordar que en enero pasado la JEP imputó cargos contra el exsecretariado de las Farc en el caso 01, por secuestro.
