Colombia | Duque vuelve a presentar la reforma tributaria y se viene una nueva ola de protestas
¿Qué trae la nueva reforma tributaria presentada este martes?
A una semana de que se inicie el nuevo periodo legislativo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó en la tarde de este martes el contenido del articulado de la nueva reforma tributaria que se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso.
Esta es la propuesta con la que el Gobierno espera ampliar programas sociales como el Ingreso Solidario y empezar a tapar el hueco fiscal que dejó la pandemia.
El articulado tendrá cerca de 35 artículos y buscará recaudar aproximadamente 15,2 billones de pesos, 10 menos que en la reforma que se retiró el pasado 2 de mayo después del inicio de las protestas.
Con esta propuesta, el Gobierno busca hacer frente principalmente a tres desafíos: atender a los más vulnerables, sostener las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.
El ministro de Hacienda aseguró que en esta nueva iniciativa no se tocará a la clase media con impuestos como el IVA, el aumento de la base de las personas naturales que tributan renta o de las pensiones, tres de los puntos que más descontento social crearon en la reforma pasada.
«Durante todo el proceso fue recurrente la idea de no afectar a las personas vulnerables ni a la clase media. Ese mensaje lo hemos seguido al pie de la letra. Este es un contexto en el que debemos de ser tremendamente cuidados, por eso en la iniciativa no se toca el IVA, ni las pensiones ni la renta de las personas naturales», manifestó Restrepo en la presentación.
En la presentación estuvieron voceros de Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático, lo cual le anticipa un trámite más tranquilo a la iniciativa. De hecho, los dos primeros partidos políticos fueron los grandes opositores a la reforma del exministro Alberto Carrasquilla.
¿De dónde vendrán los recursos?
En total, el ministerio parte de un monto de 15,2 billones de pesos en el que el 60 por ciento de los recursos saldrían de las empresas y otro 40 por ciento de un plan de austeridad y lucha contra la evasión.
No obstante, finalmente en la propuesta no se tocaría a las personas naturales por lo que no se incluyó el impuesto al patrimonio para los que más tienen ni la ampliación de la tarifa a los dividendos.
Estos son las principales fuentes de financiación:
1. Aporte de las empresas:
_ Se reducirá a un 50 por ciento el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Esto permitirá un recaudo de 3,9 billones de pesos.
_ Habrá un incremento en la tarifa de renta de las empresas de 30 a 35 por ciento a partir de 2022. Con ello, se buscará un recaudo de 6,7 billones de pesos.
Sin embargo, en la iniciativa se mantendrán beneficios de la Ley de Crecimiento como aquellos de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta de 0 por ciento para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques.
_ Se plantea una extensión de la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo: 415.000 pesos (precios de 2023).
_ La normalización tributaria para el año gravable 2022 será una de las principales herramientas para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. En este sentido, se plantea un recaudo de 300.000 millones de pesos en 2021 y 360.000 de pesos para 2022.
“El sector empresarial va a hacer un esfuerzo con un espíritu solidario. El diálogo tiene que prevalecer. Es importante que este proceso salga rápido, limpio y simple”, expresó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
2. Austeridad del gasto público:
En la reforma se plantea que a partir de 2023 los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios. Además, se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.
Igualmente, se reducirán anualmente las transferencias a cargo de la Nación, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.
También se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.
“Se buscará limitar los crecimientos burocráticos y controlar los gastos en temas de telefonía, viajes, los viáticos, la publicidad…todo aquello que no sea necesariamente esencial. También en el control de los costos de arrendamiento, la racionalización de los esquemas de seguridad o en los esfuerzos para contar con facultades que permitan la fusión de las entidades, entre otros”, explicó Restrepo en la presentación del proyecto.
3. Lucha contra la evasión:
Por la vía del ejemplo, en la reforma tributaria también se plantean nuevos instrumentos para que la Dian tengan más dientes para la luchar contra la evasión. En esta parte se buscarán recaudar 2,7 billones de pesos.
En ese sentido, Restrepo se refirió a la transformación de la factura electrónica o la georreferenciación para lograr detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Además, se facultará a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen. Adicional a ello, se creará el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiaras de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.
Búsqueda de consensos
En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una gira regional que inició en Barranquilla el 24 de junio y finalizó en Cali este sábado. Durante estos encuentros, se realizaron jornadas de socialización regional en diferentes ciudades para buscar consensos.
Anteriormente, también se realizaron cuatro foros virtuales en las comisiones económicas conjuntas donde diferentes actores de la sociedad como empresarios, jóvenes, líderes sindicales, representantes de la academia, exministros o partidos políticos fueron poniendo sobre la mesa propuestas para elaborar de una manera consensuada este nuevo proyecto.
Así mismo, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar en la construcción del nuevo articulado a través de las recomendaciones e ideas que pudieron realizar a través de la página web.
Inversión social
Con el proyecto de reforma tributaria se buscará ampliar programas sociales y crear otros nuevos para ayudar a las personas que han sido más golpeadas por la pandemia del covid-19.
– Ingreso Solidario: Se propone extender el programa hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura en 200.000 hogares en condición de pobreza extrema que hoy no reciben ningún beneficio del Gobierno. El costo de este programa será de 2,13 billones de pesos para 2021 y 6,59 billones de pesos para 2022.
– Paef: el proyecto de ley ampliará la cobertura del subsidio a la nómina de microempresas, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. El costo sería de 1,06 billones de pesos en 2021.
– Matrícula cero: el Gobierno apunta en el proyecto a la gratuidad permanente de la matrícula universitaria de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, de tal manera que sea política de Estado. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el ICETEX. El costo sería de 700.000 billones de pesos por año.
– Impulso al empleo juvenil: el proyecto tiene un componente clave sobre el trabajo para jóvenes, mediante el subsidio del 25 por ciento del primer salario mínimo de los trabajadores entre 18 y 28 años que sean contratados por las empresas. La cifra equivale en la práctica al monto de la seguridad social del empleado. El costo de este programa sería de 236.000 millones de pesos en 2021 y de 573.000 millones de pesos para 2022.
Con otra reforma tributaria de fondo, Comité de Paro retoma marchas la otra semana
Justo a ocho días de que el denominado Comité del Paro retome las marchas y protestas en el país, en el marco del paro nacional, este martes el Gobierno Nacional presentó ante la opinión pública detalles de su nueva reforma tributaria. Aunque el proyecto promete tener un mayor énfasis social y hasta tiene mejor ambiente en el Congreso, no puede pasar por alto que fue una iniciativa similar la que desató el descontento en las calles.
Es por ello que no puede perderse de vista que el próximo martes 20 de julio, cuando el Congreso inicia las sesiones de su cuarto y último año legislativo, el Comité tiene prevista una nueva jornada de protestas. Si bien aún no se conoce el texto completo de la reforma, el Comité dijo estar dispuesto a revisar el documento y destacó, preliminarmente, medidas como mayores dientes para combatir la evasión de impuestos.
Frente a la manifestación de la otra semana, el Comité del Paro explicó recientemente que se trata de “una gran movilización pacífica” en todo el país para exigir del Gobierno Nacional y de sus mayorías en el Congreso “una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.
En paralelo a la jornada, los voceros del Comité anunciaron que, de la mano de varios congresistas, presentarán ese mismo martes varios proyectos de ley sobre los puntos de su pliego de emergencia, “para abrir un gran debate nacional para encontrar acuerdos de las medidas necesarias para aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas”.
Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité, son en total diez proyectos, entre ellos, una renta básica para 10 millones de ciudadanos por un periodo de siete meses y por el monto de un salario mínimo. A ello se suma una iniciativa para consagrar la matrícula cero en las universidades públicas y un proyecto para cubrir el salario de algunas pymes (pequeñas y medianas empresas).
El dirigente sindical agregó que otro de los proyectos buscará derogar decreto 1174, también llamado piso de protección social, una norma que el Gobierno considera como una solución para darle seguridad social a personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual porque trabajan a tiempo parcial. Sin embargo, el Comité ha insistido que, en realidad, se trata de “una reforma pensional y laboral”.
Otra de las iniciativas pretende que Colombia acoja las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente el punto relacionado con la reglamentación de la protesta.
La semana pasada, el Comité Nacional de Paro valoró las recomendaciones que hizo la CIDH tras una visita de una comisión a Colombia, destacando que recogen “casi totalmente las exigencias de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica que habíamos presentado el pasado 16 de mayo, y que el Gobierno Nacional se negó a adoptar, razón por la cual suspendimos el proceso de negociación”.
En dicho pronunciamiento, el Comité reclamó que, por varias semanas, el Ejecutivo ha pretendido centrar la atención de la opinión pública en los efectos de las movilizaciones en la economía y en el incremento de los contagios del COVID, “todos desmentidos por cifras y estudios recientes, buscando distraer las causas no resueltas del paro y las graves consecuencias de la violencia policial”.
Claudia López le pide al Gobierno reparar a víctimas de abuso policial durante protestas del paro nacional
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el informe en el que brindó varias conclusiones y recomendaciones tras su visita al país en medio del paro nacional, se han generado reacciones a favor y en contra.
tomando como referencia a ese documento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al Gobierno nacional reparar a las víctimas que se hayan registrado en casos de supuesto abuso de autoridad en medio de las protestas.
“Esperamos que el Gobierno nacional avance con la recomendación que ha dado la CIDH de tener un programa nacional de reparación a las víctimas de abuso policial”, aseguró López en declaraciones dadas a Canal Capital.
La mandataria señaló que desde la administración local se vienen adelantando labores para esclarecer las denuncias relacionadas a estos hechos en la ciudad y dijo que en el caso de Bogotá acatará las recomendaciones hechas por la CIDH.
No es la primera vez que la mandataria cuestiona al Gobierno en ese sentido. En reiteradas ocasiones ha criticado la gestión del presidente Iván Duque y su gabinete, especialmente en medio del paro. Con respecto a la Policía, la mandataria también ha tenido varios desencuentros.
Se ha evidenciado una relación conflictiva y muchos le reclaman mayor autoridad, especialmente porque en campaña decía que, de ser elegida, sería la jefe de la Policía en la capital. “La jefatura de Policía no se puede delegar. Seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”, dijo en ese entonces.
En reiteradas ocasiones ha buscado desmarcarse de las acciones de la fuerza pública que han resultado polémicas. Así sucedió al comienzo de las manifestaciones cuando un helicóptero de la Policía tuvo que aterrizar de emergencia en el sur de la capital para evitar que los buses de TransMilenio del Portal de las Américas fueran vandalizados.
A pesar de que al momento de haber sucedido el hecho la mandataria aseguró no haber dado esa autorización, posteriormente reconoció que el helicóptero no tenía donde más hacer esa maniobra.
“Desafortunadamente no hay un helipuerto, tenían que encontrar un sitio plano, más o menos seguro donde bajar y dejar apoyo logístico de la Policía”, aseguró, a pesar de que antes había enfatizado que esa maniobra violaba los protocolos de derechos humanos.
Otra de las polémicas declaraciones que han hecho ver las diferencias que hay desde la Alcaldía de Bogotá con el Gobierno y la fuerza pública, fue cuando el año pasado, en medio de otras protestas, dijo: “Ni Policía ni Esmad tienen autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes”, haciendo referencia a los manifestantes que han resultado con lesiones oculares.
En general, desde diversos sectores le han cuestionado a López su posición con la Policía y el Gobierno nacional.
Recientemente, su exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, renunció a su cargo, argumentando razones personales. Y aunque en la rueda de prensa se mostraron cordiales, lo cierto es que Acero habló de agotamiento, y previamente se habían evidenciado desencuentros entre ambos.
Es recordada la vez que, delante de oficiales del Ejército y otros funcionarios de la administración local, la mandataria recriminó a Acero por la inseguridad que se vive en el centro de la capital. El hecho se dio en medio de una transmisión pública que se hacía desde el Bronx.
Ahora, su nuevo secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, ha llegado al cargo con enormes retos para trabajar de la mano de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta ahora su labor ha sido tenue, pero en la rueda de prensa en la que fue presentado aseguró que tiene el mayor afecto y respeto por la institución. “Es la Policía de todos los colombianos; y tengo la convicción de que quienes portan el uniforme son y deben ser los principales defensores de los derechos de la ciudadanía”, dijo.
Sin embargo, con su nombramiento también se generaron algunas dudas. Por ejemplo, en una columna digital que había escrito de Soto para SEMANA unos meses antes, habló de crear un programa ideado a partir del acuerdo de paz de La Habana, en el que hablaba de hacer algunos cambios a la fuerza pública.
