Colombia | El Comité de Paro vuelve a las calles “para exigir una solución a la crisis humanitaria, social, económica y política”
Colombia se alista para nueva jornada de protestas en el Día de la Independencia
Colombia se prepara para una nueva jornada de protestas en diferentes ciudades que coincidirán este 20 de julio con la instalación del último periodo legislativo del Congreso y la celebración del Día de la Independencia, por lo que las autoridades activaron un plan contra la violencia y el vandalismo.
El Comité Nacional de Paro (CNP), principal convocante de las manifestaciones que vivió el país desde el 28 de abril y que se extendieron durante dos meses, anunció que retomará las movilizaciones este martes “para exigir del Gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.
Además se espera que mañana llegue a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una “avanzada nacional” de las denominadas “primeras líneas” de las protestas, así como una delegación de las comunidades indígenas.
“Tenemos información de cerca de 35 actividades, entre plantones, concentraciones, actividades culturales y marchas que se van a hacer a lo largo y ancho de la ciudad, razón por la cual hemos dispuesto el mayor número de gestores de diálogo y de convivencia”, dijo hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al terminar un consejo de seguridad.
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Agregó que así como se comprometió en la mesa de garantías, en la que participaron el Ministerio del Interior, organizaciones de derechos humanos, jóvenes, empresarios y el Comité de Paro, su administración garantizará y acompañará la protesta pacífica.
El CNP además programó una gran manifestación que se concentrará desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional de Bogotá, donde además se presentará en concierto la banda colombiana de rock Aterciopelados.
“Cualquier colombiano que de manera pacífica quiera venir a expresar su voz, sus demandas legítimas, es siempre bienvenido (a Bogotá)”, agregó la alcaldesa de la capital.
El comité también presentará mañana en el Congreso un pliego con 10 proyectos de ley que incluyen las peticiones que llevaron a las mesas de conversación con el Gobierno del presidente Iván Duque, que concluyeron hace un mes sin ningún acuerdo.
Plan contra la violencia
Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.
Por esa razón, las autoridades dispusieron 9.572 agentes de la fuerza pública en Bogotá y los municipios cercanos. “No permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes. No vamos a permitir actos que afecten la tranquilidad de los colombianos”, advirtió ayer el ministro de Defensa, Diego Molano.
Además, la Gobernación del Valle del Cauca (suroeste), donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio “con el propósito de disminuir la velocidad de contagio del covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público”.
Sobre las manifestaciones de mañana hay gran expectativa pues las protestas, que en el último mes perdieron intensidad hasta reducirse y casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos.
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El Ministerio de Defensa advirtió que “existe un interés especial en grupos armados ilegales como (la guerrilla del) ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia”.
Sin embargo, las organizaciones civiles urgen a las autoridades a no militarizar las movilizaciones y a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe sobre las protestas constató que la respuesta del Estado colombiano “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal”.Colombia se alista para nueva jornada de protestas en el Día de la Indepencia.
Los proyectos de ley que el Comité del Paro hará llegar al Congreso
El Comité Nacional del Paro (CNP) dio a conocer los proyectos de ley que, mediante algunos congresistas, presentará ante el Congreso de la República para la legislatura que empezará este martes 20 de julio del 2021.
Según los voceros del CNP, estas propuestas se desprenden del pliego de emergencia que presentaron en 2020 al Gobierno de Iván Duque y que «que se ha negado a negociar».
Las iniciativas que promueve el CNP son:
– Renta básica: que se garantice un salario mínimo mensual legal vigente a 10 millones de personas durante 7 meses.
– Matrícula cero: según el CNP, el Gobierno está proponiendo matrícula cero en educación superior para los estratos 1, 2 y 3, y que esa responsabilidad «recaiga en municipios, departamentos y universidades. Nosotros lo que proponemos es matrícula cero para todos los estratos y que sea responsabilidad del Gobierno Nacional».
– Propuesta para aumentar herramientas y recursos para proyectos locales de juventudes.
– Proyecto de ley de reforma al Icetex.
– Reivindicar el proyecto de Ley 073, para que el Estado asuma las nóminas de hospitales públicos y formalice empleos de 245.000 trabajadores que están tercerizados.
– Reactivación de mipymes y generación de empleo por medio de créditos diferenciales y programas de reactivación que sean creados por los ministerios del Trabajo, Cultura y Comercio. Promover exenciones, rebajas y plazos tributarios a las mipyme y que nos las graven.
– Compendio de proyectos para mejorar medidas de financiamiento y alivios para el sector agropecuario. Otorgar créditos de emergencia para la reactivación con tasas de interés cero para productores pequeños, de medio punto para productores medios y de un punto para grandes productores nacionales. Además, crear el fondo para la estabilización de precios.
– La derogación del Decreto 1174, del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo del 2019, el cual contempla, según el CNP, trabajo por horas sin prestaciones, pensiones y seguridad social.
– Promover la iniciativa que garantice la protesta pacífica.
– Reformar el Estatuto de la Juventud para incentivar una participación política vinculante por parte de los jóvenes, y que sea a nivel nacional y departamental y local.
– Reforma a la Policía: el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, renovación de la doctrina y la manera en que se forma a los policías, que los delitos sean juzgados por justicia ordinaria, que pase a la jurisdicción del Ministerio del Interior para fortalecerse con un enfoque más ciudadano, que se reglamente cuándo y cómo se debe usar la fuerza y que se creen mecanismos de participación y veeduría ciudadana a su actuar.
– Fortalecer el enfoque de inclusión en cada uno de los proyectos: para mujeres, LGTBI, afrodescendientes e indígenas. Uno de los puntos es que pedirán reducción de la jornada laboral para las mujeres que también son ciudadoras de hijos menores de 2 años.
El CNP también confirmó que radicará sus propuestas en el Congreso hasta el miércoles 21 de julio y que lo hará por intermedio de algunos congresistas que apoyan sus posturas.
«Los nombres de los congresistas se conocerán el mismo miércoles», se informó, al tiempo que se dejó claro que «invitamos a todos los partidos políticos a unirse a estos proyectos de ley que proponemos».
El CNP también confirmó que harán marchas y plantones pacíficos en las ciudades capitales. En Bogotá, irán del Parque Nacional hasta la avenida Jiménez con carrera Séptima, zona donde realizarán actividades culturales.
Oposición presentará otra vez proyectos para reformar la Policía
Por Mauricio Alvarado Lozada
Bancadas y sectores políticos calientan motores para dar su última batalla en el Capitolio. Este 20 de julio se activa, justamente, la legislatura que dará fin al período de cuatro años del Congreso actual, un año que estará permeado por las elecciones de 2022. Este martes, en la instalación del legislativo, un grupo de parlamentarios de la oposición radicará un paquete de tres proyectos para reformar, de fondo, la Policía Nacional, una institución que ha estado en el centro de la discusión nacional e internacional, por el uso excesivo de su fuerza contra manifestantes.
Los abanderados de una reforma estructural a la Policía son los senadores Iván Cepeda, Alexander López (ambos del Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde), y de la representante María José Pizarro (Decentes). Los cuatro impulsarán los siguientes proyectos: uno que propone fortalecer el carácter civil de la Policía. Esta propuesta busca modificar la ley 62 de 1993 y la ley 1801 de 2016 (código de Policía), para que la institución pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y que los uniformados actúen atendiendo una doctrina que proteja los derechos de las personas.
Entre otras cosas, el proyecto adiciona como faltas gravísimas la manipulación de armas de fuego durante manifestaciones públicas, realizar un traslado por protección o registro violando el protocolo establecido por la ley, y crearía una auditoría policial adscrita a la Defensoría del Pueblo. Este proyecto implicaría una reforma constitucional y por tanto requerirá más debates para ser aprobado.
Al respecto, la representante Pizarro expresó que si bien esta iniciativa (como las otras que hacen parte de este paquete de proyectos) las presentaron en la legislatura pasada y no tuvieron éxito, en esta ocasión responden no solo a las recomendaciones de organismos internacionales como Human Right Watch, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también a un ambiente internacional en el que varios países y parlamentos del mundo, como el de Inglaterra, están abogando para que pare la violencia policial en Colombia.
“Que la vida, la integridad humana, y las libertades sean consideradas los límites de la actividad policial. Se debe prohibir la tortura, los tratos crueles, la utilización de armas de fuego y regular algo que se volvió una estrategia utilizada en el marco del Paro: los traslados por protección. Decimos que solo exista cuando no haya una tercera persona que asegure la protección del manifestante, o que se efectúe como único medio disponible para evitar que una persona ponga en riesgo su vida”, señaló Pizarro.
Sacar a la Policía de la justicia penal militar
Los legisladores presentarán nuevamente un segundo proyecto: sacar a la Policía de la justicia penal militar para que los delitos cometidos por uniformados y que violen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario sean juzgados por la justicia ordinaria. Según el senador Iván Cepeda, esta medida respondería a la naturaleza civil de la Policía, por lo que dichos crímenes cometidos por los agentes policiales le corresponden al orden ordinario y no a uno militar. En ese sentido, la propuesta establece que los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH “no tienen relación con el servicio policial”.
“Si queremos hacer honor a lo que dice la Constitución, pues una justicia de carácter especializada, como la penal militar, no tiene por qué juzgar los casos de miembros de la Policía que incurrieron en graves delitos o con asuntos sobre movilización”, agregó Cepeda.
Modificar la ley Ascensos Fuerza Pública
El tercer y último proyecto de este paquete propone hacer más estricto el sistema de ascensos de los uniformados. En palabras del senador Antonio Sanguino, aprobar esta ley corregiría la inconformidad de muchos ciudadanos frente a que policías que incurrieron en delitos asciendan de cargo.
“Ha habido casos aberrantes en los que ascienden a oficiales que terminan condenados por graves violaciones de derechos humanos, por masacres, falsos positivos y otros hechos que constituyen infracciones del DIH. En medio del Paro el Congreso aprobó el ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, que dio órdenes que produjeron víctimas en las movilizaciones: más de 80 personas perdieron sus ojos, hubo desapariciones, muertes. Entonces, se deben valorar aptitudes para los ascensos porque esto incrementa la legitimidad de la Fuerza Pública y la ética profesional de la institución”, manifestó Sanguino.
Así las cosas, el proyecto dispone la suspensión de los ascensos para aquellos miembros de la Fuerza Pública, que estén vinculados formalmente a investigaciones o sentencias judiciales en firme en la justicia ordinaria y la penal militar. También, establece mecanismos de participación ciudadana y transparencia en el trámite de ascensos, mediante audiencias públicas y publicación de la información sobre los ascensos, los cuales permitan asegurar el ascenso mediante los méritos.
La cuarta pata de la mesa
Si bien este paquete consiste en tres proyectos ya mencionados, el senador Iván Cepeda promoverá también un proyecto para desmontar el ESMAD y así cambiar la dinámica de respuesta institucional violenta que ha enlutado las manifestaciones. “El ESMAD se ha convertido en un organismo que viola los derechos humanos de manera sistemática y organizada de cara a la movilización, no solo como respuesta a situaciones de violencia, sino también en contra de personas que protestan de manera pacífica”, comentó. Como reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Cepeda propone crear una unidad especializada para el diálogo y la mediación para que actúen frente a los hechos violentos en las manifestaciones.
¿Tendrán suerte en su paso por el Congreso? Los cuatro congresistas afirmaron que este es el momento para que estos proyectos tengan éxito en sus debates en el Capitolio: la ciudadanía vive el fervor y la necesidad del cambio, el mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia y hay un sentimiento generalizado para efectuar modificaciones para parar la violencia.
“Después del Acuerdo de Paz, la reforma a la Policía se torna como una de las más importantes. No es posible que buscando un camino a la Paz, pasemos a la violencia en lo urbano. De las 41 recomendaciones del informe de la CIDH, por lo menos 10 están relacionadas con el abuso policial. Esto se ve reflejado en el abuso que existe en la cotidianidad: el exceso de la fuerza en la ruralidad, en los barrios, en las veredas. Se ve reflejado en el odio y la desconfianza de los ciudadanos”, enfatizó Diana Sánchez, vocera de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos.
Además de esos factores, su discusión tendrá lugar porque, según manifestaron, aparece como la contrapropuesta a la reforma policial propuesta por el Gobierno del presidente Iván Duque, una que según Alexander López es un intento por “engañar a la comunidad internacional”. Por ello podría haber ambiente político para enfrentar ambas miradas y dar paso a una reforma a la Policía o al menos a debates que sirvan de abono para un terreno que en un futuro próximo coseche cambios estructurales en la institución.
