Bolivia | La Justicia le niega la prisión domiciliaria a Jeanine Áñez y le extiende la prisión preventiva
La justicia vuelve a negar la libertad a Jeanine Áñez y confirma la ampliación de su detención preventiva
A través de sus redes sociales, la expresidenta Jeanine Añez dio a conocer que la justicia volvió a negarle la posibilidad de defenderse en libertad y quedó confirmado que se amplió su detención preventiva por otros dos meses.
«El 14 de marzo de 2021 se determinó detención preventiva a la exmandataria Jeanine Añez por 4 meses que se cumplen mañana 13 de julio. Hoy le vuelven a negar su derecho a libertad. Su defensa insistirá hasta lograr justicia por su salud y su inocencia», se informó a través de la cuenta de Twitter de la exmandataria.
En ese sentido, Añez calificó de ilegal que se haya ampliado su detención preventiva de cuatro a seis meses.
«Hoy vuelven a negar a la expresidenta constitucional Jeanine Añez su derecho a defenderse en libertad. La ampliación de 4 a 6 meses de la detención preventiva es ilegal», señaló Añez en un segundo mensaje en la popular red social.
Según información de El Deber, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Antonio Amaru, rechazó el pedido de libertad argumentando que se emitió una segunda resolución, la 168/2021 que amplía la detención preventiva de la exmandataria a seis meses y que ese documento no fue presentado por los abogados de Áñez.
Jeanine Añez está detenida preventivamente en el penal de Miraflores acusada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, dentro de las investigaciones por el presunto golpe de Estado del 2019.
Seis demandas cercan a Áñez al cumplir cuatro meses de detención, una de ellas por ‘genocidio’
Este martes, 13 de julio, cumple cuatro meses tras las rejas. La expresidenta Jeanine Áñez, que intentó varias veces defenderse en libertad, está cercada por seis procesos judiciales, uno de ellos es por «genocidio». El lunes planteó una acción de libertad, pero el juez Antonio Amaru rechazó el recurso.
Los procesos legales que enfrenta Áñez cuentan con el aporte de evidencias que fueron provistas por los ministerios de Justicia, Gobierno, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Productivo, además de la Procuraduría General del Estado y la presidencia del Senado.
Autoridades gubernamentales, abogados de la defensa y obrados del Ministerio Público corroboraron este recuento. Este escenario, a decir de especialistas en derecho, refleja una falta de institucionalidad que afecta a la independencia de poderes.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que prepara las condiciones para aprobar cuatro juicios de responsabilidades contra la expresidenta, asegura que hay garantías, mientras los opositores ven señales deterioro en la democracia en el país.
El abogado Jorge Valda, que es parte del equipo jurídico que patrocina a la expresidenta transitoria, anticipó que en las próximas horas insistirán con otras acciones de libertad.
El supuesto ‘Golpe de Estado’
La primera denuncia contra Áñez fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien a finales de 2020 ya se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al Gobierno transitorio.
Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con su captura, a medianoche del 12 de marzo.
Tres días después, Áñez fue ingresada en el penal de Obrajes y al cabo de una semana fue trasladada hasta la cárcel de Miraflores, en La Paz.
“Hasta el día de hoy se han cumplido 175 actuados que están en el cuaderno de investigación, pero no existe una prueba contundente. Ni siquiera una prueba objetiva que indique que la señora Jeanine Áñez haya organizado alguna movilización en 2019 que haya sido terrorista”, lamentó Luis Adolfo Guillen,
uno de sus abogados.
Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se han sumado a la acusación de un segundo caso que fue bautizado como “golpe de Estado”.
Eso sí, la querella que pidió investigar a Jeanine Áñez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, delitos que pudo cometer cuando asumió la presidencia del país, se dieron, supuestamente, sin cumplir los procedimientos legales formales.
Guillen asegura que en este tema “no se ha cumplido ninguna audiencia”, pues “la señora Jeanine Áñez guarda detención por sedición, terrorismo y conspiración”.
“El Ministerio Público debe responder por la estrategia. Esto se va a llevar a cabo por el Ministerio Público y por los querellantes. En este caso, ‘golpe de Estado’, el Ministerio de Justicia no es parte. Sí lo es el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría”, puntualizó hace algunos días el ministro Iván Lima.
Por el caso “golpe de Estado”, también fueron detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como el excomandante de la Fuerza Área Jorge Terceros y el exjefe de la Armada Gonzalo Jarjuri.
Hace unos días, la Fiscalía admitió una denuncia promovida por el Servicio Plurinacional de Atención a las Víctima (Septavi) contra la expresidenta Áñez. La entidad, que es parte del Ministerio de Justicia, solicitó una investigación por “genocidio”.
La acusación por este delito, que es penado con la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, nace por las 37 personas que murieron tras la intervención militar y policial de mediados de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata.
Juicio de responsabilidades
“Hemos tenido la posibilidad de conocer los contenidos de la proposición acusatoria sobre la matanza de Sacaba y Senkata. Se ha hecho la revisión y no hemos evidenciado, en la parte medular, que exista el argumento del golpe de Estado. En consecuencia, emplazamos a Carlos Mesa que pueda instruir a sus diputados de su bancada de Comunidad Ciudadana (CC) que puedan apoyar”, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).
La postura del legislador apunta a un eventual juicio de responsabilidades por este caso. Para que este proceso siga su curso se requieren de una aprobación con el respaldo de dos tercios de los legisladores, una representación que el oficialismo no posee.
El diputado Oscar Balderas (CC) rechazó el emplazamiento del MAS porque, en su criterio, no existe una justicia independiente. “CC defenderá los principios sobre la defensa de los Derechos Humanos y la consolidación de una justicia independiente, confiable y eficiente que es una deuda social histórica y pendiente. La gestión del MAS no contribuye a disipar la falta de confianza que la ciudadanía siente hacia el Órgano judicial y continúa complicando socialmente por intereses político partidarios”, afirmó el legislador.
FMI y otros juicios
Además, el Ministerio Público, a través de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ya ha planteado la propuesta de acusación formal para que la Asamblea Legislativa autorice el inicio de otros tres juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez.
Un primer caso tiene que ver con la contratación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones sin el aval del Legislativo. El proceso tiene el respaldado del Ministerio de Economía que devolvió esos recursos al ente internacional.
Por este caso ya fue detenido de manera preventiva en San Pedro el exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink.
A este tema le sigue una denuncia por la adjudicación, supuestamente irregular de la administración del registro de empresas (Fundempresa) que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo titular Néstor Huanca afirmó que fue ilegal con miras a generar beneficios, eventualmente, a terceras personas.
Finalmente, se ha planteado una querella por el delito de discriminación promovido por un grupo de ciudadanos bolivianos que fueron impedidos de retornar al país durante la primera cuarentena rígida de 2020, cuando se cerraron fronteras como consecuencia de la pandemia.
“En ninguna de estas proposiciones se hace referencia al antecedente de ‘golpe de Estado’. Se hace referencia a actos administrativos con la aprobación de decretos supremos que vulneraron los criterios constitucionales”, insistió el diputado Jáuregui.
Análisis
El abogado William Herrera, especialista en derecho penal y constitucional, explicó que “la jurisdicción especial, en este caso el juicio de responsabilidades, debe arrastrar a las otras jurisdicciones” y, en ese marco, anticipó que los procesos planteados contra la expresidenta debieran unirse en uno solo. Aunque esa decisión esté en el escenario del Legislativo.
“La idea es unificar los procesos. Es una característica del derecho procesal que tiende a buscar cómo hacer un solo proceso así sea por distintos hechos porque esto supone ahorro para el Estado. En un solo proceso se debe resolver todo lo que pudiera caber, entonces el proceso principal, en este caso, se debe contemplar la condición de exmandataria”, señaló.
A este criterio se suma el del jurista Arturo Yáñez, quien señaló que en la legislación boliviana existiría “un vacío” en el procedimiento para juzgar a expresidentes, pues se debe separar el aspecto político del juzgamiento judicial que sea independiente.
“En Bolivia no contamos con un sistema independiente para este tipo de casos. En la Asamblea hay una decisión partidaria en la que sin importar pruebas o sentido común se decide. No hay un análisis de pruebas porque los criterios son políticos”, apuntó Yañez.
