Bolivia | Detienen a otro excomandante de la Armada por la masacre de Senkata y ya son 14
El excomandante general de la Armada Boliviana almirante Moisés Orlando Mejía fue aprehendido este lunes por la Policía en el marco de la investigación por el caso Senkata, noviembre de 2019.
El exjefe militar formó parte del Alto Mando, a la cabeza del general Carlos Orellana Centellas, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, durante la gestión de Áñez. Según informó la red Erbol, en su contra había una orden de aprehensión, pero que no se ejecutó al desconocer su paradero.
Fue trasladado de Cochabamba a La Paz, y llevado de inmediato al Colegio de Abogados para sus declaraciones investigativas.
Mejía es investigado por lo ocurrido el 19 de noviembre de 2019, por la intervención militar a un bloqueo cerca de la planta de gas licuado de Senkata que dejó un saldo de al menos 10 muertos y decenas de heridos.
La pasada semana, el excomandante del Ejército, general Iván Inchauste Rioja y el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Pablo Guerra, en distintas audiencias, fueron enviados con detención preventiva
Los casos Golpe de Estado y de las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata tienen 13 detenidos
Con el encarcelamiento del exjefe de Estado Mayor de las FFAA Pablo Guerra, suman 13 los detenidos (tres exautoridades civiles, nueve militares y un policía), por las investigaciones de los casos Golpe de Estado, y por las “masacres” de Sacaba y Senkata.
Guerra fue aprehendido el viernes y ayer fue enviado al penal de San Pedro en La Paz por seis meses. Es uno de los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, designado por Jeanine Áñez, acusado por la violencia y los 10 muertos por impactos de bala en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
El general es el cuarto detenido en el caso, junto a dos excomandantes y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Luis Fernando Valverde, general retirado acusado por la Fiscalía de haber tomado el mando de los militares desplazados a Senkata.
La denuncia fue activada por los familiares de las víctimas y heridos de la intervención policial-militar al cerco tendido a la planta de hidrocarburos de Senkata tras el derrocamiento de Evo Morales y la autoproclamación de Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019.
David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y de los familiares de las víctimas, lamentó la lentitud del proceso. “En un año y ocho meses apenas tenemos cuatro generales cautelados”.
Cuatro días antes de la violencia en Senkata, el 15 de noviembre, también fuerzas de militares y policías se apostaron en el puente Huayllani (Sacaba) e impidieron que una marcha de cocaleros siga su camino hacia la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales. El saldo fue también trágico.
Hubo otros 10 decesos y decenas de heridos por impactos de bala. Ese día, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares que realizaran los operativos para restablecer el orden.
Por lo ocurrido en Sacaba hay dos uniformados con detención domiciliaria, se trata de Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, y del excomandante de la guarnición militar de Cochabamba Alfredo Cuéllar.
El abogado Ricardo Leclere, representante de las víctimas de Sacaba, lamentó que los dos uniformados solo cumplan arresto en sus casas. “Periódicamente revisamos que esta persona (Zurita) esté cumpliendo la medida (en La Paz) porque no queremos que ocurra lo que pasó con (Williams) Kaliman (excomandante prófugo por el caso Golpe de Estado)”.
De forma paralela y a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, se abrió el caso Golpe de Estado, que fue ampliado a denuncia del Gobierno a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Lo que se busca es establecer responsabililidades en los hechos que derivaron en la dimisión de Morales, el 10 de noviembre de 2019.
Áñez, dos de sus exministros y cuatro miembros de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas están detenidos preventivamente en cárceles, entre ellos el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros, también vinculado en el envío de “material bélico” desde Argentina, en el gobierno de Mauricio Macri. Los pertrechos, entre ellos 70.000 cartuchos antitumulto, llegaron el 13 de noviembre de La Paz, a un día de que Áñez tomara el poder.
Áñez también se enfrenta a un posible juicio de responsabilidades por su nombramiento en medio de reuniones extralegislativas y la violencia en Sacaba y Senkata.
