Almagro cercado: pedirán enjuiciarlo en La Haya y lo investigarán en EEUU por su rol en el golpe en Bolivia
Podrían llevar a Almagro ante La Haya por complicidad en crímenes de lesa humanidad
Exmiembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) que intervinieron los comicios presidenciales de octubre de 2019, en los que Evo Morales se impuso en primera vuelta, señalaron que iniciarán “un proceso (judicial) contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se reparen los daños causados con la auditoría que anuló las elecciones de octubre de 2019”.
Así lo manifestaron el exvicepresidente del Tribunal, Antonio Costas y el exvocal del mismo organismo, Idelfonso Mamani, tras saberse que elestudio del grupo en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, tradicional casa de estudios española, certificó que no hubo fraude electoral en dichos comicios.
Con los resultados del informe, el Ministerio Público boliviano comenzó el proceso de cierre de las acusaciones de fraude electoral por la que los siete miembros del TSE llegaron a estar detenidos.
Con anterioridad, ya se habían comenzado a cerrar las causas iniciadas contra 45 vocales electorales departamentales. De todos ellos, 31 estuvieron en prisión.
Algunos de los detenidos fueron incluso presentados engrillados y como delincuentes frente a los medios de comunicación. Y la mayoría estuvo en prisión durante más de un año.
“Se ejercitó el atropello más grande que existió”, denunció Costas, exvicepresidente del TSE, sobre esos antecedentes.
Mientras que el exvocal Mamani, al referirse a las perspectivas futuras en este caso, afirmó al diario boliviano La Razón: “Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes, que hicieron que se abra este proceso (de movilizaciones y pronunciamientos de FFAA, que concluyó en un golpe de Estado) sin tener ningún elemento material, sean sancionados.»
«Buscaremos, por lo menos, Justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo, mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas, que han sido indebidamente perseguidas” cerró Mamani.
En círculos gubernamentales trascendió que se está evaluando denunciar a Almagro y al equipo de auditoría electoral de la OEA que intervino en Bolivia en el año 2019 ante el Tribunal de La Haya por complicidad con crímenes de lesa humanidad.
Según el actual gobierno de Bolivia, aquel informe de la OEA, que se dio a conocer tres días antes del plazo estipulado y de manera pública, cuando lo que se estila es que sea el Ejecutivo quien primero lo evalúe, podría ser caracterizado como el detonante del golpe y de las posteriores masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.
Informe de Salamanca
La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia difundió el estudio técnico de la Universidad de Salamanca, que en una de sus definiciones más importantes concluyó: “Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.
El trabajo fue encargado por el Ministerio Público boliviano en abril de 2021 al grupo de Investigación Deep Tech Lab (grupo Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Los contratantes manifestaron que hubo varios ofertantes para la realización del trabajo.
El comunicado de la Fiscalía General, al informar sobre el resultado del análisis, manifestó: “La pericia de seguridad informática y administración de redes que se realizó sobre la integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia en 2019 detectó deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial, y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.
En otras palabras: fallas hubo, pero no dolo, es decir no hubo intención manifiesta ni fraude.
La oposición no se resigna
Tras difundirse la pericia de la Universidad de Salamanca, el gobernador del departamento de Santa Cruz y uno de los líderes de la movilización que en 2019 acabó con el gobierno de Evo, Luis Fernando Camacho, señaló: “En las próximas horas, vamos a recurrir a todas las vías legales para evitar que se cierre el proceso que evidencia el monumental fraude que cometió Evo Morales, y si la Justicia sometida sigue encubriendo el fraude masista, recurriremos a todas las instancias internacionales, porque no vamos a permitir que el MAS se burle de los bolivianos y de nuestra democracia”.
Y luego agregó: “Fue el propio Evo Morales que pidió la auditoría vinculante a la OEA y ese informe identifica más de 70 irregularidades, que no se han tomado en cuenta, y también fue Evo Morales quien anuló esas elecciones y convocó a unas nuevas, porque era evidente todas las irregularidades que existía (sic)”.
Sobre las próximas acciones del departamento de Santa Cruz, el exlíder de los Comités Cívicos añadió: “(Ahora) el Gobierno (por la administración de Luis Arce, a la que atribuye injerencia sobre la Fiscalía) encargó una pericia a la Universidad de Salamanca y ese informe también dice expresamente que hubo un manejo negligente del sistema y que hubo usuarios no identificados que tuvieron acceso al sistema de conteo de votos. Por tanto, la autoridad departamental (por el gobierno opositor del oriente boliviano) cree que esos ‘usuarios no identificados’ pudieron modificar datos y borrar evidencias”.
Sin embargo, el informe de la Universidad de Salamanca, de 213 páginas, reafirmó de modo contundente que no existe prueba alguna de manipulación de los votos que haya afectado los resultados electorales, ni de dolo.
Con este escenario, Camacho y el otro dirigente de la oposición, el excandidato presidencial Carlos Mesa, podrían ser acusados por difamación y calumnia ante la Justicia boliviana.
En paralelo, el exvicepresidente del TSE planteó a la prensa boliviana que el grupo de verificación electoral de la OEA metió al país en un “monumental problema” en octubre de 2019, e insistió en que en algún momento habrá que pedir cuentas a quienes integraron las misiones de observación y de “auditoría” del órgano hemisférico que encabeza el uruguayo Almagro.
Costas, exvice de la autoridad electoral, ingeniero informático de profesión, cuestionó también a la empresa Ethical Hacking Consultores (EHC). Y acusó a dicha empresa de tener un comportamiento dual, por lo que llegó a calificarla como un “caballo de Troya”.
Ethical Hacking estaba encargada de auditar el sistema en las elecciones presidenciales de 2019. El 28 de octubre de ese año, el CEO de esa compañía, Álvaro Andrade Sejas, señaló que “ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad, junto con el desarrollador de Neotec (empresa a cargo de la supervisión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, o TREP, el escrutinio provisorio), la presencia de DNTIC (Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones) y nosotros, se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos, ni de ataque cibernético”.
En ese informe, el CEO de Ethical Hacking reconstruyó: “Se verificó que el problema fue causado por falta de comunicación por parte de la empresa Neotec, al saltarse el protocolo de comunicación para cambios en la infraestructura. Una vez terminado este protocolo, y después de exhaustivas revisiones y validaciones, se comunicó a sala plena que no existió ningún hackeo o alteración a la base de datos para que procedan a poner en línea el TREP nuevamente”.
Sin embargo, tiempo después Ethical Hacking cambió lo que había dicho y habló de anomalías. Con posterioridad, Andrade fue acusado de ser militante de Unidad Nacional, el partido del derechista Samuel Doria Medina.
El equipo que investigó
El equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca fue dirigido por Juan Manuel Corchado, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial. Además, Corchado es catedrático en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de Informática y Automática de esa casa de estudios.
Su currículum menciona que fue vicerrector de investigación de 2013 a 2017 y director del parque científico de la universidad. Elegido dos veces como decano de la Facultad de Ciencias, es doctor en Ciencias de la Computación y también doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland. Corchado dirige el reconocido grupo de investigación Bisite (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa).
La Universidad de Salamanca es la más antigua de España –el Studium Generale, luego convertido en la casa de estudios, fue fundado en 1218- y la tercera más antigua de Europa. En sus claustros se realiza la ceremonia de entrega de los premios Cervantes, los más prestigiosos de la literatura en castellano.
Para la justicia boliviana, el informe que emitió esa casa de estudios hace 48 horas, sobre las elecciones presidenciales de 2019, hizo caer el telón sobre las acusaciones de fraude que motorizaron el golpe.
Cámara de Representantes de EEUU propone investigar el papel de la OEA en elecciones de Bolivia de 2019
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó incorporar en su presupuesto del Año Fiscal 2022 la propuesta para investigar el rol que desempeñó la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 y la crisis de derechos humanos.
Según el sitio web de la congresista Jan Schakowsky, la iniciativa fue inscrita a iniciativa suya y de su colega Susan Wild en la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso estadounidense.
“Las reps. (Jan)Schakowsky y (Susan) Wild han estado entre un grupo de representantes estadounidenses que buscan respuestas a preguntas específicas sobre las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Bolivia que alegan fraude en las elecciones bolivianas de 2019”, se lee en parte de la publicación.
Por otro lado, señala que a pesar de las “repetidas cartas al Congreso, los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las reclamaciones de la OEA en Bolivia”.
El pasado año, un grupo de congresistas del país del norte cuestionó el papel de la OEA en Bolivia tras la elecciones anuladas de 2019 que derivó luego en una crisis política, movilizaciones y luego la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Argentina | Organismos de DDHH expresaron su “preocupación” por el apoyo de Macri al golpe en Bolivia
Organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e HIJOS, expresaron su “preocupación” por el supuesto apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019 contra el exmandatario Evo Morales y exhortaron a la Corte Suprema a “dar señales inequívocas de que ya es tiempo de hacer justicia” y a la justicia interviniente a “investigar hasta las últimas consecuencias”.
“Estamos profundamente preocupados y conmovidos ante la información que se ha conocido en las últimas semanas respecto del apoyo de Macri y la coalición Cambiemos les habrían prestado a los golpistas que en noviembre de 2019 provocaron la caída del gobierno de Bolivia”, indicaron los organismos en un comunicado. Ese apoyo, señalaron las organizaciones, “consistió en el envío ilegal de armas, pertrechos y municiones destinadas a reprimir las protestas populares que se sucederían tras ese sangriento golpe de Estado”.
“Ejemplo de ello fueron las masacres producidas en Sacaba (Cochabamba), en Senkata, en la ciudad de El Alto y Pedregal (La Paz), que causaron decenas de personas muertas y heridas y centenares de detenidas”, advirtieron. Señalaron también que lo ocurrido fue denunciado “con pruebas irrefutables por las actuales autoridades bolivianas, atribuyéndoles responsabilidades a las autoridades argentinas de entonces”.
Los organismos destacaron que el presidente Alberto Fernández “se expresó fuertemente consternado ante esa denuncia y las manifiestas evidencias existentes, por lo que ordenó promover acciones penales y la realización de una profunda y exhaustiva investigación sobre esos hechos y sus consecuencias, el deslinde de responsabilidades y la determinación de los delitos que de ellos derivarían”.
Las organizaciones hicieron un “fuerte llamamiento” a los jueces y fiscales abocados a la tarea de impartir justicia en este caso, e inclusive, a todo el Poder Judicial, para que “con verdadera vocación y transparencia cumplan su cometido, investiguen hasta las últimas consecuencias y, en su caso, sancionen severamente conductas que están absolutamente reñidas con el derecho internacional, el sistema regional y universal de los derechos humanos y la legislación interna”. También abogaron para que se determinen “responsabilidades” y se castigue a “quienes inescrupulosamente, a través de decisiones y acciones delictivas, provocaron actos tan infames como antidemocráticos”.
“Urgimos a la Corte Suprema de Justicia, en tanto cabeza del Poder Judicial, a dar señales inequívocas de que ya es tiempo de hacer justicia”, subrayó el comunicado.
El texto lleva también las firmas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y social de Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.
