Una compañía franco – británica con sede en las Bahamas condena al Ecuador gracias… al Estado francés
En virtud de un acuerdo bilateral con el Estado francés, el Ecuador fue condenado a pagar más de 400 millones de dólares a una filial de la compañía petrolera Perenco… con sede en las Bahamas. El sucesor de Rafael Correa interpela a Bruno Le Maire.
Un tribunal de arbitraje del Banco Mundial a principios de junio sentenció al Ecuador a pagar más de 400 millones de dólares (372 millones más intereses) a la filial ecuatoriana de la petrolera franco – británica Perenco, en función de un acuerdo suscrito con Francia. No obstante, algunos observadores de izquierda consideran que la filial de Perenco no es francesa sino bahameña.
La condena está relacionada con una disputa que surgió como consecuencia de un decreto de 2007, en donde el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), otorgaba al Estado ecuatoriano una mayor participación (o “ingresos extraordinarios”) sobre las operaciones petroleras.
Este decreto, implementado en un momento de aumento de los precios del petróleo, aumentó la participación del Estado ecuatoriano en los excedentes petroleros del 50% al 99%. Perenco entonces, demandó al pequeño país latinoamericano en 2008, exigiendo inicialmente 1.420 millones de dólares, amparándose en un tratado bilateral de inversiones firmado entre Ecuador y Francia.
El caso finalmente llegó a su fin, el 28 de mayo de 2021 por un fallo del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, que dictó esta condena contra Ecuador en virtud del tratado bilateral de promoción y protección de inversiones entre Ecuador y Francia, que fue alegado por la empresa.
Pero la filial ecuatoriana de Perenco, cuyo jefe François Perrodo fue catalogado como el decimocuarto hombre más rico de Francia en 2020 por la revista Challenges, ¿es sólo francesa en apariencia? En todo caso, tiene su sede en las Bahamas, un archipiélago incluido en la lista negra de paraísos fiscales desde enero de 2020 por el Estado francés. Este sería uno de los elementos que lleva a algunos observadores a denunciar una instrumentalización del Estado francés en beneficio de los intereses financieros de Perenco Ecuador Limited, en perjuicio de las autoridades ecuatorianas de la época.
“Indéniable”
Es el caso del excandidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, sucesor de Rafael Correa, que no ha dejado de señalar lo absurdo, según él, de esta situación. En Twitter, el 10 de junio, Andrés Arauz, experimentado economista, cuestionaba así al ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, publicando una captura de texto de la firma internacional de auditoría Deloitte, en la que se señalaba que la filial ecuatoriana de Perenco no es francesa, sino bahameña. «Por lo tanto, no puede reivindicarse del tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Francia», concluye Andrés Arauz, haciéndose eco de las conclusiones del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien considera que «el tribunal arbitral designado por el CIADI carece de legitimidad.»
Ecuador había solicitado la anulación de la sentencia alegando que Perenco había ocasionado un desastre medioambiental y reclamaba una indemnización de unos 2.500 millones de dólares para la correspondiente reparación medioambiental, pero el tribunal se negó a revocar la sentencia y condenó al Ecuador. Sin embargo, determinó que el Ecuador tenía derecho a una indemnización por los daños ambientales causados por la empresa petrolera. Según el abogado del gobierno ecuatoriano, el monto que percibirá el Estado alcanzará los 54 millones de dólares.
El Ecuador de Lasso pagará sin dudarlo
El nuevo gobierno del presidente liberal Guillermo Lasso ha decidido pagar la multa. «El monto final a pagar por el Estado a favor de Perenco es de 374.373.154 dólares, más intereses, una vez descontada la compensación ambiental a favor de Ecuador», señaló la secretaría de comunicación del presidente Guillermo Lasso, un ex banquero pro mercado que asumió el 24 de mayo, citado por la agencia Reuters. «El Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que se haya producido en el proceso», añadió.
«La decisión del tribunal arbitral sobre la anulación es definitiva y no cabe otro recurso», señaló también la Procuradoría General del Estado en un comunicado. Asimismo, la institución aseguró que se ha puesto en contacto con la petrolera Perenco para negociar un plan de pago de la indemnización en los próximos 60 días y espera que la empresa tenga en cuenta la crisis económica que atraviesa la nación andina.
El grupo petrolero señaló que la indemnización asciende a 412 millones de dólares, en un comunicado en el que califica la decisión del tribunal de arbitraje de «victoria sustancial y definitiva». La empresa había declarado durante el litigio que el decreto afectaba directamente a sus ingresos por la explotación de dos bloques de los que era responsable en la Amazonía ecuatoriana.
La izquierda ecuatoriana denuncia árbitros imparciales y conflictos de intereses
La izquierda ecuatoriana tiene una lectura completamente distinta de este litigio. Contactado por RT Francia, Christian Pino Garrido, abogado ecuatoriano afincado en Quito y ex secretario de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de Protección de Inversiones y del Sistema Internacional de Arbitraje (CAITISA), considera que «aunque desde un punto de vista estrictamente jurídico, el fallo arbitral no admite ninguna defensa legal en este momento, las declaraciones del presidente [Lasso] y del procurador general aprobando esta decisión son lamentables porque parecen reivindicar a Perenco». En su opinión, el Gobierno ecuatoriano debería, «plantear con fuerza, como han hecho otros países, la necesidad de una profunda reforma del sistema internacional de protección de inversiones».
“Estos árbitros suelen tener conflictos de intereses, ya que su remuneración se establece en función de la cuantía de los casos que dirimen”
Desde su punto de vista, el caso Perenco es uno de los muchos casos en los que su país tiene que pagar indemnizaciones millonarias por la aplicación del sistema de arbitraje internacional del que refuta su legitimidad. «Este sistema ha sido cuestionado, no sólo por el Ecuador [de Correa], sino por varios países del mundo y por muchos sectores académicos, que lo han calificado como injusto y poco transparente, porque otorga prerrogativas injustificadas a las grandes transnacionales, permitiendo que se apliquen exclusivamente las normas de protección contempladas en los tratados de protección de inversiones», lamenta el abogado. «Estos tratados son ambiguos y la mayoría de las veces son interpretados de forma amplia a favor de los inversores por árbitros que no conocen el derecho local, la lógica propia del derecho público, y el carácter pertinente de las políticas públicas locales», explica Christian Pino, para quien estos árbitros «suelen tener conflictos de intereses, ya que su remuneración se fija en función de la cuantía de los casos que resuelven».
El abogado ecuatoriano, que lleva mucho tiempo involucrado en esta lucha, señala que, según él, los inversores como Perenco suelen acabar saltándose la ley, la Constitución y las instituciones de los Estados soberanos. «Perenco demandó al Ecuador porque éste aplicaba una ley, aprobada por su órgano legislativo, ratificada en su constitucionalidad por su sistema judicial y que regulaba la distribución de la renta petrolera por encima de los precios de equilibrio fijados en los contratos», recordó. Señala que Perenco no estaba a gusto con el cambio de legislación y que había abandonado el campo petrolífero en Ecuador.
Perenco, cuyo funcionamiento poco transparente en Francia, ha sido denunciado por varias ONG y medios de comunicación, como Le Monde y Bastamag, es poco conocida por el público francés en general. En contrapartida, en los países en vías de desarrollo en los que opera, «su reputación entre las poblaciones locales parece dejar mucho que desear», escribió Bastamag en 2014. «Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Túnez, República Democrática del Congo… donde sea que Perenco se instale, las controversias no tardan en llegar. Cada vez se plantean las mismas acusaciones: prácticas descuidadas que conducen a la contaminación y la degradación del medio ambiente, falta de respeto a las comunidades locales y censura a las voces críticas. A esto se le suma una ausencia de transparencia financiera», relata la revista en su artículo.
Un sombrío retrato de una empresa que se presenta como francesa pero cuyas filiales locales tienen su sede en un paraíso fiscal.
Meriem Larbi
Versión en francés inicialmente publicada en RT France
