Lo que vendrá en el nuevo Perú – Por Álvaro Verzi Rangel
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Álvaro Verzi Rangel*
Lo que se viene en Perú tras las elecciones es un escenario de conflicto, con la élite y los medios en contra del gobierno, un Congreso opositor con sectores de derecha antidemocráticos que amenazan con un golpe, al que se negaron las Fuerzas Armadas, un duro contexto de pandemia y de crisis económica, financiera, social y sanitaria. Lo esperable es que la derecha se resista a los cambios y no deje gobernar a Pedro Castillo y lo confronte, manteniendo la polarización. La estabilidad la puede lograr formando un gabinete plural que le baje el tono al conflicto, que tiene que ser un gabinete de centroizquierda, y como primeras acciones combatir la pandemia y reactivar la economía, señala el sociólogo Alberto Adrianzén. En lo que respecta a la política de cara a la región, se espera un giro, acercándose a los países progresistas, abandonando el Grupo de Lima y contribuyendo al proceso democratizador general. El analista Nicolás Lynch señala que en este segundo momento del giro progresista hay que aprender las lecciones del período anterior y ser audaces en la defensa de la soberanía nacional y la integración autónoma de la región al mundo. La política exterior del Perú en las últimas décadas ha sido ejemplo de lo contrario.
Fue la extrema fragmentación del voto en la primera vuelta lo que permitió a Castillo pasar a la segunda ronda con apenas el 19 por ciento de los sufragios. Su éxito electoral no es casualidad, sino expresión de la profunda crisis del régimen en Perú, tras décadas de políticas de privatización y liberalización contra la clase trabajadora en un país muy rico en recursos minerales, que han dejado un legado de democracia burguesa basada en la extrema disparidad de riqueza y la corrupción generalizada. Cinco ex presidentes están en la cárcel o acusados de corrupción. Todas las instituciones están desacreditadas. Las manifestaciones masivas de noviembre de 2020 fueron una expresión de la profunda ira acumulada en la sociedad peruana, a lo que hay que sumar el impacto de la pandemia de la Covid-19, que deja al país como el de mayor muertes, además de la crisis capitalista.
El país sufrió una de las peores contracciones económicas en América Latina con un 11 por ciento de caída del PIB, y ha registrado el peor porcentaje de exceso de muertes y la peor tasa de mortalidad en todo el mundo, mientras que los ricos y políticos gubernamentales se vacunaron antes que nadie. En el año de su bicentenario , Perú vive una profunda crisis económica, financiera, social y sanitaria. En un año pasó de tener 6,4 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (20,5 por ciento) a 11,2 millones en diciembre de 2020, uno de cada tres peruanos. Obviamente estas cifras son aún peores hoy.
La mayor parte de las familias en situación de vulnerabilidad trabajan en el comercio informal, una de las actividades más afectadas durante los primeros meses de la cuarentena por el covid-19. La catástrofe sanitaria ha quedado ratificada cuando el gobierno reconoció que había dos veces y media más de muertos que la hasta ahora cifra oficial de 70.000 fallecidos, lo que significa que Perú volvió a ser el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por la pandemia. Para el politólogo Eduardo Dargent, el principal reto de un gobierno de Castillo es desmontar el enorme miedo que se ha creado en su contra, y para eso debe formar un gabinete ministerial que dé confianza en el manejo de la economía, con técnicos de izquierda reconocidos que den confianza de un manejo serio. Si Castillo no logra rápido cierta estabilidad y control, su popularidad se desparramaría, añade.
Para varios analistas, el futuro de su gobierno depende con qué equipo construye gobierno, señala el historiador y analista político Nelson Manrique, quien insiste en que Castillo debe aprovechar la competencia profesional y credibilidad política de un conjunto de cuadros de la izquierda, particularmente de Juntos por el Perú de Verónika Mendoza (coalición progresista que apoyó a Castillo en la segunda vuelta), que tienen competencia profesional y credibilidad política. Cerrarse en un proyecto partidario de Perú Libre (partido por el que postuló y que se define como marxista-leninista) sería un error. La posibilidad de llevar adelante sus propuestas de cambio, como la renegociación de contratos con las empresas transnacionales dependerá de en qué medida es capaz de movilizar a la sociedad civil para cambiar la correlación de fuerzas con el Congreso, que no le favorece, añade Manrique.
Obviamente la andanada de denuncias de fraude electoral tuvieron y tienen como meta ensuciar la figura de Castillo, debilitarlo y deslegitimarlo para pactar con él, como lo hicieron con Ollanta Humala, quien modificó sus planteamientos. Los analistas coinciden en que Castillo debe hacer un gobierno popular, que implique un cambio de modelo, para tener un Estado más redistributivo, fiscalizador, más regulador, lo que seguramente significará un enfrentamiento con el Congreso. Si para salir adelante Castillo pacta con la derecha, sería una nueva gran frustración y decepción popular, que puede finalizar en un levantamiento. En el Perú es fácil que el Congreso destituya un presidente: hay una figura legal no definida para hacerlo que es la incapacidad moral, si se tienen los votos se puede usar sin mayores razones, y ya fue invocada para destituir a Martín Vizcarra. La fragmentada derecha tiene mayoría en el Congreso pero no alcanza los dos tercios necesarios para destituir al mandatario.
Una de las banderas de Castillo es la reforma constitucional, a la que la mayoría de la derecha se opone. El actual Congreso revisa ochos proyectos que plantean facilitar la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, que redacte una nueva Carta Magna en reemplazo de la fujimorista de 1993, para lo cual deberá conseguir dos millones de firmas.
*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
