Indígenas piden detener la construcción de una carretera que amenaza la selva más importante de Honduras
Tegucigalpa.- Representantes de los pueblos indígenas en La Mosquitia hondureña pidieron este miércoles detener la construcción de una carretera que se extiende entre el municipio de Culmí, en el departamento de Olancho, hasta la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, en la región noreste de Honduras.
En una conferencia de prensa realizada en un hotel de Tegucigalpa, los consejos territoriales de Rayaka, Diunat, Batiasta, Bamiasta y Bakinasta, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) y la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) dieron lectura a un pronunciamiento que denuncia la amenaza constante que representa la construcción de “la carretera ilegal” en la selva más importante de Honduras.
Desde 2010, en La Mosquitia hondureña se ha venido intensificando un proceso de “colonización” por parte de invasores, terratenientes y personas no indígenas que se han “apropiado de tierras que están debidamente tituladas a favor de los pueblos indígenas”, lo que ha significado su venta fraudulenta, causando “una espiral de especulación con el territorio”.
Quienes compran estas tierras “no son campesinos pobres”, señalaron las organizaciones, sino gente “con mucho poder económico” que actúa como testaferro de “ganaderos y terratenientes poderosos” interesados en lograr el control de la zona.
Denuncian que esta situación ha causado un impacto climático, además de contribuir a la destrucción del medioambiente y vulnerar la calidad de vida de los pueblos autóctonos que se privan de los recursos para sostenerse, “como es el caso de Warunta y la zona núcleo del Río Plátano”, cuyos habitantes viven de la extracción de madera a pequeña escala y la cacería tradicional, y “donde ya hay terceros adentro”.
La carretera ilegal, que “rompe con maquinaria pesada el núcleo de la Reserva de la Biosfera Tawahka y se adentra en la cultural Reserva de la Biosfera del Río Plátano” confirma la ingobernabilidad que hay en La Mosquitia, sostienen.
“Creemos que esta ruta será utilizada para el contrabando al acortar distancias con caminos que llegan hasta la frontera con Nicaragua”, agregaron.
Además de la detención inmediata de la construcción de la carretera, que vienen denunciando desde mayo de 2020, piden una “ley de emergencia” para la protección de La Mosquitia, la cual facilite la presencia del Estado en esa zona.
También, investigar a los destructores del ambiente, que el Instituto Nacional Agrario (INA) cumpla con el proceso de saneamiento, se refuercen los operativos de control y se sancione a las personas no indígenas que se han establecido en las reservas naturales.
Así mismo, piden al Estado brindar medidas cautelares a los líderes indígenas que defienden el territorio y están en contra de la carretera.
Y por último, que el gobierno, a través de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) de la Secretaría de Gobernación defina un mecanismo para la elección consensuada de los concejos territoriales para garantizar la transparencia y prevenir “injerencia de terceros” en la elección de las nuevas juntas directivas.
Y es que, mientras en el interior del hotel se realizaba la conferencia de prensa en rechazo a la carretera, en las afueras se habían manifestaciones de apoyo a esta. Tal era el caso de Mirna Woods, vicepresidenta de Muskitia Asla Takanka (Masta) que significa Unidad de La Mosquitia.
En declaraciones a Criterio.hn, Woods defendió la carretera como una iniciativa “bajo autodeterminación como pueblo” de los misquitos ante el abandono en que se encuentra su territorio y para “no morir de hambre” y no ver “a nuestras embarazadas y a nuestros enfermos morirse día a día por no tener acceso a un hospital”.
Aseguró que una “comisión interinstitucional del gobierno, la fiscalía, el Ejército” fueron a la zona para ver el tramo carretero de 20 kilómetros y emitieron un informe, el cual pidió que sea publicado para que se dé a conocer “cuál es la impresión que les causó, como dicen que es una narcocarretera de un grupo de vividores”.
Woods arremetió contra quienes están en contra de la carretera y dijo que son exdirigentes “usurpadores” que “ya fueron destituidos pero hoy están aquí con una conferencia de prensa a nombre de los nueve pueblos originarios de Honduras”, como los “mayas, lencas, los de habla inglesa, misquitos, tawahkas, pech”, a quienes les negaron el ingreso al salón donde se realizaba el evento.
Aludió a que esos exdirigentes son financiados por gente que tiene otros intereses, pero los verdaderos pueblos están luchando por los suyos.
Aseguró además que la carretera “no cruza la Biosfera del Río Plátano, todo es una farsa” y denunció que quienes están en contra de esa obra de infraestructura “son los que han vendido las tierras” durante los “nueve años que han manejado la organización (Conpah) y están denunciados por 180 millones (de lempiras) que desfalcaron”.
También dijo que elegirán las autoridades de la Conpah en una asamblea y que mientras tanto esta organización “queda desierta”.
En el evento estuvo presente también el subdirector del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ángel Matute, quien mantuvo también que la carretera “ha sido construida ilegalmente”.
Tal afirmación se fundamenta en los “decretos de declaratoria del área protegida, la más grande de nuestro sistema nacional de áreas protegidas y vida silvestre”, que representa el 7% del territorio nacional, es decir 832 mil hectáreas con ecosistemas “únicos en el globo terráqueo”.
Además, la Ley Forestal y el Plan de Manejo “que es socializado ampliamente con todos los actores que están dentro y en el entorno de la Biosfera”.
El funcionario no informó si hay acciones legales contra los promotores de la “ilegal carretera”, cuya construcción el Gobierno hondureño no ha detenido.
