El Consejo Permanente de la OEA se reúne para analizar las detenciones de opositores en Nicaragua
OEA analizará situación de detención de opositores en Nicaragua
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el martes para analizar la situación en la detención de varios opositores al gobierno de Daniel Ortega y aprobar una resolución que insta para para realizar «elecciones libres y justas», informó el organismo.
La OEA indicó en su página web que la sesión virtual extraordinaria del 15 de junio fue convocada por las representaciones de Canadá, que preside el Consejo Permanente de la OEA, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
Hace varios días días, el secretario general Luis Almagro solicitó convocar a la reunión ante lo que llamó una «arremetida sin precedentes» del gobierno de Nicaragua contra la oposición, incluyendo el reciente arresto de siete líderes políticos, cuatro de ellos aspirantes presidenciales a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección.
En la sesión del martes se discutirá un proyecto de resolución titulado «La situación en Nicaragua», el cual reprueba el deterioro político y de los derechos humanos en el país y expresa preocupación por la negativa del gobierno sandinista de aprobar un paquete de reformas electorales planteadas por la OEA.
El texto propuesto establece también «condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos».
También insta al gobierno de nicaragua a que «sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la oea y de otros países».
Almagro ha dicho que en Nicaragua se ha producido una ruptura del «orden constitucional», y ha sugerido la posibilidad de que los Estados miembros de la OEA invoquen el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, lo que supondría la suspensión del país en el organismo hemisférico.
La policía de Nicaragua mantiene bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, acusada por supuesto lavado de dinero. También llevó a prisión a los precandidatos opositores Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; al líder empresarial José Adán Aguerri y a los dirigentes políticos Violeta Granera y José Pallais, a quienes el gobierno acusa de atentar contra la soberanía y pedir sanciones extranjeras.
Estos hechos fueron rechazados este viernes por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que en un comunicado se pronunció contra «la persecución» del gobierno a opositores y periodistas, y pidió no institucionalizar «los arrestos arbitrarios e ilegales» y la «persistente situación de injusticia». Los nueve obispos del grupo también pidieron garantizar «elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permiten a su vez, la elección y también la sustitución de los representantes».
Esta semana, Estados Unidos sancionó a otros cuatro funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo su hija y un alto oficial del Ejército encargado de manejar los fondos de pensiones. Por su parte la Unión Europea y el Parlamento Europeo instaron al gobierno el jueves a liberar «inmediatamente» a los detenidos y advirtieron que podrían revisar la cooperación que el bloque mantiene con el gobierno de Nicaragua.
Asimismo, un grupo de senadores estadunidenses —Marco Rubio y Jim Risch, entre otros— envió este viernes una carta al presidente Joe Biden pidiéndole revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) , investigar los activos y tenencias del ejército de ese país en Estados Unidos y extender las sanciones a los diputados sandinistas involucrados en violaciones de derechos humanos.
Dora María Téllez y Tamara Dávila pasarán hasta 90 días presas por órdenes de Ortega
El Ministerio Público informó este 14 de junio que dictaron «detención judicial por 90 días» a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista política Tamara Dávila. El argumento es que continuarán con las respectivas investigaciones. A ambas opositoras las señalan de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país», normativa del gobierno Ortega-Murillo para acusar de «traidores de la patria» a los opositores.
La policía subordinada al régimen se presentó la noche del viernes, 11 de junio de 2021 a la vivienda de Dávila, y procedió a allanar y detener a la integrante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), cabe señalar que ella se encontraba con su hija y amigas, en el momento de la detención arbitraria. De la misma manera operaron los oficiales para detener a Téllez, integrante de Unión Demócrata Renovadora (Unamos), el 13 de junio de 2021.
Miembros de la organización política Unamos tildan estas acciones como un «secuestro», debido a que las autoridades no presentaron «orden judicial». Tamara Dávila y Dora María Téllez se suman al resto de líderes opositores a quienes el Ministerio Público les abrió una investigación en su contra por supuestamente violar la Ley 1055.
Cabe mencionar que la pareja presidencial Ortega-Murillo ha incrementado la represión y persecución contra los opositores en estas dos últimas semanas; sigue citando a periodistas independientes a declarar por el caso de Cristiana Chamorro y ahora hasta ha mandado citatorios y ha impuesto restricción migratoria a la junta directiva de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) por el caso de Juan Sebastián Chamorro, porque dicen que posiblemente «podrían estar cometiendo actividades ilícitas», explica el comunicado emitido por parte del Ministerio Público
Por otro lado, el grupo disidente Unamos se pronunció hoy por la detención arbitraria de sus integrantes y manifestaron que «la ofensiva represiva se ha centrado en los liderazgos» de su organización y le dicen abiertamente al Gobierno de Ortega-Murillo que están «equivocados» si creen que con esos arrestos arbitrarios los obligarán a abandonar la lucha. «Si Ortega y Murillo piensan que sus acciones van a detener la resistencia pacífica de la ciudadanía, se equivocan. Si piensan que Unamos va a abandonar la lucha por la justicia y la libertad se equivocan. Si piensan que arreciar la represión va a sacarlos de la profunda crisis en que están, se equivocan», resaltó la organización política.
Mientras tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), integrado por 34 miembros activos, se reunirá el próximo 15 de junio para abordar la situación del país, luego que el régimen ejecutara una fuerte persecución penal en contra de cuatro aspirantes presidenciales y varios dirigentes de la oposición, a quienes impuso cárcel e inhibición a cargos públicos.
Ortega acusa a opositores presos de recibir dinero de EEUU para derrocarlo
El gobierno de Nicaragua aseguró este lunes que los precandidatos presidenciales detenidos bajo cargos de «incitar a la intervención extranjera» son «usurpadores» financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.
Para el gobierno sandinista, los opositores, detenidos en sucesivas redadas policiales a cinco meses de los comicios presidenciales, no representan a «la verdadera oposición de Nicaragua» porque no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político.
«Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos» dijo el gobierno a través de un texto titulado: «Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho».
De acuerdo con el documento, los opositores, directamente o «a través de sus respectivas ONG’s, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID» y otras agencias, para «derrocar al gobierno electo del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra».
La acusación del gobierno se produce en momentos de duras críticas de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y líderes de la empresa privada y sociedad civil.
La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
También están detenidos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, cuya liberación inmediata es reclamada por la comunidad internacional.
El gobierno pidió que no haya «interferencia» en la investigación contra estas personas, acusadas «por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa».
Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales «libres, justas y transparentes» y exigió «la no injerencia de cualquier gobierno extranjero» en el proceso.
Demandó que «sean eliminadas» las sanciones unilaterales impuestas. Considera que «las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».
Preocupa a México detención de opositores en Nicaragua
El gobierno mexicano manifestó este lunes su preocupación por las recientes acciones desplegadas por la administración de Daniel Ortega en Nicaragua.
En una serie de mensajes en sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó la posición de México en torno a lo sucedido en el país centroamericano, donde han sido detenidos 12 dirigentes opositores al gobierno de Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1.
Subrayó que en estricto apego a su política de no intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho saber a su par nicaragüense la inquietud de México en torno a la integridad de los detenidos.
“La SRE_mx informa lo siguiente respeto a la situación en Nicaragua: México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua”, tuiteó la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón.
Agregó que esas acciones derivaron en la detención de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes opositores y dos excombatientes sandinistas, en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo en ese país.
“México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”, enfatizó la cancillería.
Como publicó este lunes en su edición impresa La Jornada, las aprehensiones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.
