Géneros

Doble amenaza: ser mujer y defensora de Derechos Humanos en Colombia

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Por Laura Tatiana Peláez Vanegas

Colombia lleva más de 40 días en Paro Nacional. Durante este tiempo, muchxs han denunciado agresiones en su contra por parte de la Fuerza Pública, pero ser mujer y defensora de DD. HH. ha significado enfrentar otro tipo de violencias. En MANIFIESTA conversamos con nueve defensoras de distintas zonas de Colombia para entender lo que ha significado el paro en materia de DD.HH.

Durante estas seis semanas de Paro Nacional se volvió normal ver a jóvenes con chalecos y carnés hechos por ellxs mismxs. En algunos casos tienen cascos y máscaras que les protegen de los gases lacrimógenos y que también han comprado con su dinero.

Van acompañando la marcha, con libreta en mano y un celular. Ningún detalle puede escaparse. En cualquier momento puede haber una intervención del Esmad o de otros miembros de la Policía. Los y las defensoras de Derechos Humanos asumen un trabajo voluntario de jornadas interminables para evitar que haya más desaparecidxs, asesinadxs o violentadxs durante la protesta social, cifras que siguen subiendo sin parar desde el pasado 28 de abril, el primer día de este estallido social.

Si no había quedado claro antes, este Paro demostró que defender la protesta social en Colombia es un riesgo para la vida. Somos Defensores, el programa no gubernamental de protección a defensores de Derechos Humanos registró en su informe ‘La mala hora’ que el 2020 fue el año más violento en los últimos 11 años para defensorxs en Colombia. El año pasado registraron 969 agresiones contra 942 personas que ejercen distintos liderazgos en las regiones. Un promedio de 2.64 agresiones por día.

Esta defensa por la vida se vuelve mucho más peligrosa cuando lo ejercen las mujeres. Esto porque muchos hombres de la Policía, e incluso algunos manifestantes, se sienten amenazados por mujeres que ejercen liderazgo social. Sobre todo cuando son ellas las que interpelan su poder en la calle, en el espacio público y subvierten el rol de sumisión que históricamente nos han impuesto.

El 24,8 por ciento de las agresiones registradas en el informe fueron contra mujeres. Siete puntos porcentuales más que en 2019. De acuerdo con la misma fuente, en el primer trimestre de 2021 se han registrado 180 agresiones contra 176 defensores y defensoras de Derechos Humanos. El 26 por ciento de las agresiones, es decir 46 casos, fueron contra mujeres.

«Un uniformado del Esmad se tocó sus partes íntimas mirándonos a nosotras tres», cuenta Leanys, defensora de Derechos Humanos en Bogotá. A 180 kilómetros de distancia, en Paipa, Boyacá, Juliana también sufrió violencia por parte de un agente. «El teniente Rodríguez, de Paipa, me desconocía en términos de ser mujer, de ser parte de la comisión de verificación de DD.HH.». En Medellín, a 10 horas en carro de Paipa, Andrea, otra defensora, vivió una experiencia similar: «Nos dice la Policía que somos unas perras o unas sapas (…) Nos dicen que nos vayamos pa la casa a lavar loza».

Aunque las agresiones son generalizadas, hay una victimización distinta contra las mujeres hacia su cuerpo, por su sexo y su género.

Para entender las jornadas interminables y los riesgos a los que se han expuesto durante estos más de 40 días de Paro, en MANIFIESTA recogimos las historias de nueve mujeres defensoras de DD.HH. en Bogotá, Paipa, Medellín, Barranquilla, Armenia y Cali. Ellas, además de proteger a les manifiestantes, han sido agredidas no solo por su labor de liderazgo, sino por ser mujeres.

Bogotá: entre los esquemas de Derechos Humanos feministas y universitarios
«Tenemos unos mínimos para salir. Salimos en triadas”. Así describe su labor de defensora Pilar Vargas, Diseñadora gráfica bogotana de 39 años y parte del proceso organizativo y de articulación feminista ‘Somos un rostro colectivo‘. “Entre las tres nos cuidamos y las tres hacemos labores importantes de verificación”. Luego se dividen: adelante, en la mitad y atrás de la movilización. «Salimos con chaleco, carné y ahora estamos haciendo toda la labor de conseguir cascos y máscaras porque nosotras nos autogestionamos», añade.

‘Pilitas’, así la apodan, empezó como defensora de DD.HH. el 25N del año pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencias contra las Mujeres. En esa movilización feminista masiva, la articulación se dio cuenta de que podía conformar un esquema de DD.HH. y empezar a hacer acompañamiento de manera más formal.

«Empezamos a pensarnos espacios que no solo fueran para esa fecha y el 8M (Día internacional de la mujer trabajadora) y somos el primer esquema de solo mujeres, feminista, en el país en el marco del Paro Nacional», afirma Pilar. Durante estos 41 días de movilizaciones, ella y otras 21 mujeres de ‘La esquema feminista de DD. HH.’ han tenido jornadas de más de 12 horas. «La hora más tardía en que nos desactivamos fue en el Portal de la Resistencia el 28 de mayo, a las 2:00 a. m. Hemos tenido semanas en las que hemos salido todos los días, pero todo depende de nuestros horarios”.

El esquema feminista de DD.HH. nace por la necesidad de que la protesta social sea “Un espacio seguro para las mujeres y las personas diversas. Eso hace la diferencia entre los esquemas mixtos y los esquemas feministas». Para Pilar estos esquemas son necesarios, pues “La Policía no nos cuida. Nos cuidamos entre nosotras”. Las movilizaciones feministas suelen ser más seguras para las mujeres que las movilizaciones generales, explica ella: «Las mujeres no salen tan en bloque. Hay muchas más intervenciones de la Policía y más violentas. Las dinámicas son muy diferentes. En las movilizaciones feministas no tenemos que mediar entre víctimas mujeres y agresores, por ejemplo».

Afirma, además, que la necesidad de una perspectiva de género en todos los esquemas de DD. HH. es urgente. «A veces cuando los esquemas reciben denuncias de Violencias Basadas en Género los hombres nos pasan las denuncias a nosotras porque somos feministas, pero también es responsabilidad de ellos tramitar las denuncias. Eso lo hemos tenido que conversar con los hombres de otros esquemas». De acuerdo con Temblores ONG, durante los primeros 33 días de Paro Nacional se han registrado 25 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.

Leanys Pinedo tiene 20 años. Estudia artes escénicas en la Universidad Distrital de Bogotá y desde que comenzó su vida universitaria empezó su capacitación en DD.HH. Hizo parte de distintos colectivos «pero no terminé la capacitación allí por Violencias Basadas en Género que se dieron en esos espacios».

A finales de 2019 se unió al Comité de DD.HH. de su universidad y al colectivo Miguel Ángel Barbosa. Desde hace año y medio alterna su estudio con su labor como defensora de DD. HH. en la capital. Esta vez ha acompañado las manifestaciones desde el 28 de abril. Al llegar al lugar elegido «esperamos que haya mínimo tres personas para abrir esquema y ponernos el chaleco», explica.

Cuando abren el esquema definen qué persona va a mediar con la Policía. «Identificamos al policía al mando y nos presentamos. Tratamos de articular con ellos para que tomar datos sea más fácil». Deciden qué persona del esquema anotará los datos de les detenides, quién atenderá a las personas heridas y quién registrará la situación con fotos y videos. «Entramos con casco, gafas y máscara antigás y la persona que va a atender heridos, entra con el botiquín».

Al igual que Pilar, Leanys también ha hecho acompañamiento en Portal Resistencia, el punto más importante de movilización ciudadana al suroccidente de Bogotá. Su esquema es mixto. «Hay varias mujeres, pero en campo hay más hombres. Eso tiene que ver con la inseguridad que corremos las mujeres en el espacio público», afirma ella. En su esquema hay 23 personas activas. Tres, incluida Leanys, acompañan las protestas seis de los siete días de la semana. «Trabajamos casi 14 horas diarias sin contar las reuniones de articulación», cuenta.

Leanys ha sido víctima de la Policía por partida doble. «Una vez por accidente me separé de mi triada y llegaron 20 matrimonios del Esmad. Yo estaba atendiendo chicas completamente gaseadas, que estaban que se desmayaban». Era 14 de mayo. «Éramos cuatro chicas y lo que nos gritaron los policías fue: ‘O se van para las casas o nos las vamos comiendo’. Yo grité que era de DD. HH. y se fueron».

También fue víctima de acoso sexual con sus compañeras. Un agente del Esmad se tocó su pene mientras las miraba. La violencia física también ha tenido lugar: «Un miembro del Esmad quiso quitarme el celular porque estábamos grabando una lesión a una compañera, la ahorcaron, la golpearon. Sabemos que si se la hubiesen llevado, no hubiera llegado sana y salva a casa». Según ella, solo un día han podido descansar de agresiones por parte de la Fuerza Pública.

Leanys denuncia que el mayor Rodríguez de la Policía, identificado con el número 002795, las amenazó en Portal Resistencia. «Él nos dijo que si seguíamos haciendo nuestra labor, nos iba a judicializar, nos empujó, nos gritó y hubo violencia psicológica y física». A pesar del riesgo, Leanys sigue cumpliendo con su labor como defensora junto con su triada, no solo en Portal Resistencia, sino en localidades como Engativá.

Paipa: la cruzada de una defensora por las garantías de vida

La experiencia de Juliana Higuera es un espejo de la situación vivida por Leanys. Cursando Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Juliana se interesó por la labor en DD.HH. en la ACEU, primera asociación de Derechos Humanos a la que perteneció. Pero allí fue víctima de violencia política y psicológica. Juliana renunció al espacio, pero no a su objetivo, y buscó otros lugares para seguir con esta labor.

«La formación ha sido bastante colectiva y nace de la juntanza. Casi todo lo que sé es por mis compañeras”, asegura ella. Cuenta que en Boyacá la mayoría de defensoras son mujeres: “En el equipo solo hay dos hombres activos en el esquema». En este Paro, ella integra la comisión de verificación de DD. HH. de Boyacá. Esta comisión es de carácter departamental y solo tiene 15 personas activas haciendo defensoría en toda Boyacá.

«Salgo sola”, explica Juliana. «Como aquí no hay nadie más del equipo yo he tratado de respaldarme con las compañeras de la movilización. Intento ir acompañada para hacer los procesos de interlocución y verificación».

Ser mujer y ser la única defensora para el municipio la ha puesto en riesgo. Juliana cuenta que el teniente Rodríguez de la Policía, encargado del municipio, no dialoga con las mujeres y mucho menos la reconoce como una líder social o una defensora de DD.HH. «Él me desconoce en todo sentido (…) Todo el tiempo duda de mi trabajo y luego me culpa de las intervenciones del Esmad porque supuestamente yo no hago bien mi trabajo. El personero y la secretaria de gobierno municipal de aquí de Paipa hacen lo mismo».

Entre el 14 y 15 de mayo, cuando aumentó la violencia en las manifestaciones, Juliana afirma que la violencia del teniente agudizó. «Me mandó a callar, me dijo que no iba a volver a hablar conmigo, que mis denuncias eran falsas. Todo delante del personero y de la Policía”, cuenta. “Tuvimos que pedir que viniera Defensoría y Procuraduría». La situación escaló tanto, que a Juliana la matonean en páginas de Facebook, donde cuentas anónimas la insultan igual que lo hace el teniente y el personero. «Me dicen que hasta los casos por COVID-19 subieron en el municipio por mi culpa».

A pesar de esto, Juliana sigue saliendo a hacer su labor, aunque a veces la Policía prefiera hablar con hombres que están cerca de ella o que la acompañan, pero que no son defensores. Juliana se levanta, alista a su hija de cuatro años, sale a la movilización y allí puede hacer esquema, sola, por cerca de 12 horas. Después de estas semanas concluye que «es difícil que los hombres nos reconozcan como defensoras de Derechos Humanos. Las mujeres nos hemos ganado a pulso los espacios».

Barranquilla: La protesta social amenazada por la Policía y la seguridad privada

«Estábamos en un barrio residencial, peligroso, donde hay fronteras invisibles y en un momento donde la movilización va completamente normal, sale una moto de una de las calles (…) se acercan a mí. La persona va directamente armada», cuenta Kevany de Arco, defensora de DD.HH. desde hace más de seis años en Barranquilla.

Sus compañeros de esquema se lanzaron sobre ella para protegerla y lo que evitó una tragedia fue, para variar, la Policía, que acaba de llegar al lugar. Los motociclistas huyeron al ver la patrulla. «No había recibido amenazas antes», afirma Kevany. Aunque sabe que tanto ella como otras dos compañeras son las caras de las defensoras de DD. HH. en la ciudad, no tiene certeza sobre la razón del ataque. «Lo tomamos como una alerta para todos los esquemas de DD.HH», concluye.

Kevany hace parte de la campaña ‘Defender la libertad: Asunto de todxs’ y es la coordinadora del colectivo de DD.HH. Alfredo Correa de Andreis. Durante este Paro Nacional, ella y su esquema no han descansado. «Los pocos días de descanso los dedico a revisar los casos de denuncia por exceso de uso de la fuerza», comenta. Sale con su equipo entre siete y ocho de la mañana, pero no tienen hora de regreso. «A veces son jornadas de más de 16 horas. Regresamos a casa a las tres de la madrugada».

En Barranquilla también salen en triadas. «Somos alrededor de 15 personas en terreno. La mayoría somos mujeres», describe Kevany, de 24 años. La defensora denuncia que en la ciudad hay dos problemas sobresalientes en el marco de la protesta social: el despliegue de seguridad privada que supone un riesgo para les manifestantes y defensorxs y el abuso policial.

Respecto al primer problema, Kevany describe los hostigamientos a defensrxs de DD.HH por parte de hombres que ejercen como escoltas en la ciudad han aumentado. «No hay una claridad por parte de la Fuerza Pública ni de las autoridades cuando se pregunta por el despliegue de fuerzas de seguridad privadas durante las protestas», asegura Kevany. De acuerdo con su testimonio, los miembros de estos cuerpos de seguridad les toman fotos, videos y hasta siguen a les defensores a sus hogares.

Frente a los abusos policiales, Kevany afirma que la Policía utiliza de manera inadecuada las armas no letales. «En una ocasión me lanzaron un gas lacrimógeno a mi pierna mientras estaba plenamente identificada. La Policía me dijo que los defensores de DD. HH. estábamos armados y que éramos vándalos».

También asegura que es necesario dirigir la política de DD.HH. hacia un enfoque de género. «Ha sido demasiado evidente en el paro las agresiones dirigidas a mujeres, colectivas feministas y personas con orientación diversa». Denuncia que la Policía está involucrada en un caso de violencia sexual contra dos jóvenes de la comunidad LGBTIQ+ «los chicos fueron detenidos y violados por otros presos, alentados por la Policía».

Medellín: la resistencia de las defensoras ante la violencia policial

Andrea Ramírez tiene 25 años, estudia Ciencia Política y cuando no se dedica a sus emprendimientos es defensora de DD. HH. «Trabajo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos desde hace ocho años y soy defensora hace seis», cuenta.

Andrea hace su labor en cárceles y marchas. «En la protesta me dedico a ser parte de las comisiones de verificación, documentación de casos, alertas tempranas, orientación en el marco de la movilización, orientación de sus derechos, interlocución con instituciones y Fuerza Pública».

Su rutina inicia la noche anterior, buscando recorridos de las marchas y organizando con su esquema cuántas personas van a salir. «Por razones de seguridad salimos mínimo dos triadas. No salimos solos o solas», explica. «Nos reunimos antes para poder mirar rutas de evacuación, los lugares donde puede intervenir la fuerza pública”. Andrea trata de desayunar, pero la ansiedad en estos días no la deja.

No es para menos. Su esquema, de 12 personas, casi todas mujeres, ha sido blanco de brutalidad policial. Andrea cree que en Medellín puede haber una agresión sistemática de lanzar gases lacrimógenos al rostro. «Yo casi fui víctima de eso. Fue lanzado directamente a mi cara. Hay una chica que fue agredida así y le fracturan su mandíbula, le desfiguran su rostro». Afirma que son varios casos.

Además de eso, Andrea asegura que la Policía les dice que son «unas perras o unas sapas. Nos dicen que nos vayamos pa la casa a lavar loza. La agresión es generalizada, pero cuando se refiere a las mujeres y personas diversas es diferente». Denuncia también que tanto ella como sus compañerxs han sido grabadxs y fotografiadxs. «No sabemos qué hace la Policía con ese material. También nos han grabado personas vestidas de civil. Eso causa temor».

Estas seis semanas de Paro han dejado huella en el cuerpo de Andrea: ha bajado varios kilos y la fuerza no le da para salir todos los días a la calle. Está agotada. De la persecución, de la violencia, del hostigamiento. De terminar esquema en la madrugada y no poder llegar a casa para evitar que sepan dónde vive.

Cali: las ollas comunitarias como defensa de la protesta social

Camilia es solo un año mayor que Andrea. A 422 kilómetros de distancia de Medellín, en Cali, ella es líder comunitaria en Puerto Resistencia. «La intención del colectivo Resistencia Antirracista, era participar de los puntos de movilización, pero veíamos que los muchachos de la Primera Línea requerían más apoyo y más acompañamiento. Decidimos hacer una olla comunitaria y ayudarles con lo del almuerzo», inicia contando esta líder afrocolombiana.

La olla se pudo hacer gracias a la solidaridad de las comunidades de los barrios Ciudad Córdoba, Mariano Ramos, Villa del Sur y República de Israel. «Después de la acogida que tuvo, nos dimos cuenta de que podíamos ayudar con insumos médicos para ayudar con el bienestar de los manifestantes», cuenta. Ella sale todos los días a las siete de la mañana porque «Ya después de que uno se mete, eso es de todos los días». A veces regresa hasta las dos de la madrugada del otro día.

Al colectivo lo conforman 22 personas. Ahora son 35 porque crecieron en el Paro. La olla comunitaria logra entregar entre 100 y 150 platos diarios de comida a les manifestantes. El colectivo, además, recibe denuncias de desapariciones y detenciones arbitrarias en sus redes sociales y generó una alianza con un abogado de la comunidad afro para evitar abusos. «Él nos ayuda para que estas detenciones se lleven de la mejor manera. Para que no haya atropellos y que el proceso sea legal».

Camila sigue porque sabe que está ayudando a mantener viva la protesta social. «Estaba haciendo la entrega de unos insumos en la caseta y un pelao me dijo: ‘muchas gracias, ¿usted es la de la olla? Yo no había comido tan bien y tan rico por tantos días seguidos’». Camila se quedó hablando con el manifestante, impresionada. Supo que había tenido una hija una semana antes, pero que no había podido salir del barrio en el que estaba para visitarla. «Son chicos que les empiezan a hacer inteligencia, pues hay policías de civil que los pueden perseguir. Hay personas confinadas en los puntos de resistencia». describe.

Por ahora, esta historiadora de Univalle se dedica tiempo completo a la labor comunitaria, aunque para sostenerse hace otras cosas. «Como toda joven colombiana pues a una le toca hacer de todo. Tengo dos emprendimientos: soy danzarina y tomo fotos», comenta entre risas. «Menos mal en este momento no tengo un empleo fijo y ahora le puedo meter la ficha al paro, pero hago asesorías académicas en las noches».

Armenia: las tres feministas que cuidan de las mujeres en el paro nacional

Camila, Sara y Yinna son tres amigas de 27, 28 y 29 años. Las tres son el grupo base de la colectiva feminista ‘Yukasa’ que trabaja por las mujeres del Quindío y tiene su sede en Armenia, la capital del departamento. Camila es defensora de DD.HH. hace seis años. Sara, por su parte, lleva en esto desde 2012 y Yinna empezó a involucrarse cuando llegó a Yukasa y conoció el feminismo.

Las tres coinciden en que su formación en Derechos Humanos empezó en la universidad, con distintos diplomados, en distintas colectivas. Pero fue el feminismo el que les dio una nueva mirada sobre los derechos. Yukasa está siguiendo un camino muy parecido a la Esquema feminista de DD.HH. en Bogotá. “No hemos estado con el chalequito y el esquema como tal, pero estuvimos acompañando jornadas”, afirma Camila. “Cuando pasó lo de Allison en Popayán (…) en un momento de la jornada llegaron unos machirulos y hubo una labor de acompañamiento y de Derechos Humanos allí”.

Yinna cuenta que en esa movilización había un hombre agresor señalado por varias mujeres. “Empezamos a interlocutar y logramos que se fuera del espacio. En la marcha feminista de ‘Madres y Comadres’ del ocho de mayo, toda la logística la hicimos entre varios parches feminsitas: nosotras, las chicas de Ítaca y las peladas universitarias de Armenia Feminista”.

Aunque no han acompañado las movilizaciones todos los días, han salido las veces que pueden las tres o solo dos. Incluso solo una de ellas. También porque son conscientes del riesgo que corren como mujeres y lideresas feministas en el espacio público. “No nos gusta quedarnos hasta muy tarde. Nos parece también que hay hombres jóvenes que están acostumbrados a enfrentarse a la Policía. Llega un punto en el que parece que extrañan la tomba. Se torna violento y peligroso”, concluye Camila.

Después de estas semanas de Paro, en Yukasa entienden que los esquemas feministas de Derechos Humanos son necesarios no solo en las movilizaciones feministas, sino en el marco de movilizaciones más grandes. “Nos tenemos que cuidar entre mujeres, porque la Policía no nos cuida, pero además dentro de los manifestantes hay agresores que hostigan a sus víctimas”, explica Sara. Después de cuatro asambleas, Yukasa espera conformar el segundo esquema feminista de DD.HH. en Colombia.

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