Día del orgullo en América Latina | Avances y deudas con los derechos de las personas LGBT+
Las deudas de América Latina con los derechos de la población LGBTI+
Por Cristina Bazán y Alma Zamora
Pese a los avances para alcanzar la igualdad de derechos que se han registrado en varios países de América Latina y el Caribe, los Estados siguen teniendo deudas estructurales con la población LGBTI+, que ha peleado por justicia en las calles y en los tribunales mientras ha visto cómo la precariedad y la violencia ha crecido con fuerza en los últimos años.
Según datos de Amnistía Internacional (AI), al menos 287 personas trans y de género diverso han sido asesinadas en el continente en 2020. Brasil es el país que ha concentrado el mayor número de estas muertes. La cifra asciende a 3.200 si se contabilizan los crímenes desde 2014.
En paralelo, naciones como Argentina o varios estados de México han dado pasos significativos con la aprobación del matrimonio igualitario y de una reciente Ley de cupo laboral trans, que permitirá a travestis, transexuales y transgénero del país del sur acceder a trabajos en el sector público y bajo todos los beneficios formales.
Sin embargo, la pandemia también ha afectado de manera particular a la población LGBTI+ de la región. El último informe de AI da cuenta de que los sistemas de salud se centraron en la atención a la COVID-19, por lo que servicios clave como el asesoramiento en materia sexual y de salud mental no estuvieron del todo disponibles. En muchos países se suspendieron las pruebas de detección del VIH.
Por el día del Orgullo, Efeminista hace un repaso de la situación de la población LGBTI+ y el avance de derechos en la región más desigual del planeta.
Las deudas con la población LGBTI+
Los países de América Latina y el Caribe registran un avance dispar con relación a los derechos de la población LGBTI+. Mientras unos, como Argentina, llevan la delantera, aún hay nueve países que criminalizan las relaciones entre el mismo sexo.
Para Yahir Zavaleta, coordinador del proyecto Diversxs de Amnistía Internacional de las Américas, aún hacen falta leyes que tipifiquen la violencia y discriminación, que más países aprueben el matrimonio igualitario y leyes de identidad trans que les permita tener una vida digna en el reconocimiento de sus derechos.
“Vemos con preocupación la violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ, especialmente la violencia que sufren en toda la región“, afirma en una entrevista con Efeminista.
Según los datos que maneja, en Puerto Rico, México, toda Centroamérica y Brasil, “la violencia y discriminación hacia las personas LGBTQ está en aumento”
Hace unas semanas, por ejemplo, el asesinato de Andrea González, una activista y dirigente LGBTI+ guatemalteca, dio la vuelta la mundo. En la misma semana se registraron otros dos crímenes.
Un 33 % del total de muertes registradas son de personas trans, cuya esperanza de vida no supera los 40 años. “Y es preocupante porque, además de la violencia, no tienen acceso a un empleo decente o a una vivienda”, agrega.
Zabaleta explica que, si bien muchos países permiten el cambio de nombre de las personas transgénero, ponen “muchísimos obstáculos” para realizarlo. “En los juzgados y en las instituciones públicas el personal no está capacitado para esto y reciben casos que no están bien documentados y dilatan los procesos”
Con respecto al matrimonio igualitario, solo se ha aprobado en Argentina, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. En otros países hay “algún tipo de unión civil”, pero que, según Zavaleta, no garantiza “los mismos derechos que a las parejas heterosexuales”.
Argentina: por la conquista de más derechos
Argentina tiene estándares muy altos en relación a legislación en materia de diversidad sexual y este año, tras la reciente aprobación del la Ley de cupo laboral trans, la población LGBTI+ va por más derechos.
Esta nación se convirtió en 2010 en el décimo país en el mundo en lograr el matrimonio igualitario con adopción. Tiene una Ley de identidad de género que no patologiza a las identidades trans y una salud pública que incluye que los tratamientos hormonales y las cirugías estén cubiertas, tanto por los hospitales públicos como por los privados. Todas, conquistas de los movimientos sociales.
Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, cuenta a Efeminista que hay un movimiento muy fuerte que hoy tiene una importante participación en los debates en el Parlamento.
Sin embargo, dice, también “hay una coyuntura actual muy difícil de mitigar”. “La población LGBT+ siempre ha estado en emergencia, sobre todo la población trans. La pandemia ha hecho que esa crisis se profundice y que se genere mucha discriminación y violencia institucional”, explica. Desde las organizaciones sociales se han volcado a intentar paliar esta “crisis humanitaria” de alimentación y de vivienda.
Además, la vocera afirma que en Argentina la igualdad jurídica “no se plasma en los cotidiano”. “Tenemos problemas por el incumplimiento de las legislaciones y hacen falta políticas públicas específicas que nos ayuden a achicar esa brecha”. La falta de sanción de los delitos de odio son parte de estos incumplimientos.
“El año pasado hubo más de 100 crímenes de odio y este vamos por 152. ¿Cómo es posible que solo tengamos doce o trece sentencias? Algo pasa ahí. Hay un déficit, sin duda, en el acceso a la justicia”, sostiene.
La consigna de este Orgullo será pedir la actualización de la Ley anti discriminatoria que data de 1988 y una Ley integral trans. Además, junto al movimiento de mujeres, se pide una reforma judicial trans feminista para que las investigaciones se realicen bajo esa perspectiva.
Ecuador: sin estadísticas no hay políticas públicas
Aunque Ecuador ha aprobado el matrimonio igualitario, el cambio de género en la identificación y la inscripción de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, las desigualdades estructurales persisten y les impiden tener una vida digna y libre de violencia.
La activista Pamela Troya lo sabe bien. Ella, junto a su expareja, fue la cara visible del matrimonio igualitario. Una conquista histórica que le trajo un costo político, emocional y económico “muy alto”.
“He recibido mucho odio y desprecio. Implicó hasta un desempleo direccionado. He pasado una situación económica absolutamente deplorable. No es fácil ser activista en sociedades donde todavía existe mucho machismo y LGTBIfobia“, recuerda la vocera de la fundación Acción Igualitaria.
Sin embargo, cree que pocas cosas pueden mejorar si no se generan datos sobre la situación de la población LGBTI+ que a su vez permitan generar políticas públicas. “No hay interés del Estado de recabar información actual. Y mientras no existan datos sobre violencia, sobre indefensión, sobre acceso a derechos, todo está bien”, afirma.
Los últimos datos oficiales datan de 2013 y ya ahí se registra que el 70,9 % de la población LGBTI+ sufría discriminación en el entorno familiar. “Ha sido siempre importante para un Estado y una sociedad homofóbica tenernos silenciados e invisibilizados para decir que no tenemos problemas”.
Sin embargo, cree que el poder y la fuerza del activismo ha conseguido que se pongan los temas sobre la mesa y que se hable, como sucedió en las elecciones de febrero y abril pasado, de sus derechos. “Ya no pueden decir que tenemos todos los derechos, porque hemos visibilizado con esa fuerza que no los tenemos”.
México: avances hacia la igualdad
En el último mes, México ha avanzado en reconocer el matrimonio igualitario en dos estados: Sinaloa y Baja California, los cuales se unen a otros veinte en los que ya es legal. Sin embargo, en lugares como Durango, Veracruz, Yucatán, Estado de México, entre otros, la población LGBTI+ tiene que recurrir a un amparo para poder casarse.
Para José Javier Apolinar, director de la Red de Juventudes Diversas de la Ciudad de México, México ha progresado en la protección de la población LGBTI+, pero hay entidades que están muy rezagadas. “Hay muchas carencias en algunos estados, sobre todo al sur y al norte”.
En la actualidad se puede ver a diputados y senadores de la población LGBTIQ+ ocupando puestos de poder y participando en la toma de decisiones como es el caso Adolfo Cerqueda, quien ganó las recientes elecciones del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, quedando como presidente municipal.
Apolinar da crédito a este avance al “boom de colectivos LGBTI+, que son los que ayudan a concientizar” para que se rompa “el tabú de que las personas de la diversidad sexual solo son peluqueros o comerciantes”. “Ahora es diferente, ya podemos ver diputados y senadores que son de sexualidades diversas”.
En paralelo a estos avances, la violencia no para. De acuerdo Observatorio nacional de crímenes de odio contra las personas LGBT, se han documentado 209 casos entre 2014 al 2020. Los estados de Veracruz, Michoacán y Guerrero son los que registran mayores asesinatos.
Apolinar señala que la religión sigue jugando “un papel fundamental en esta cuestión dicotómica entre lo bueno y lo malo”, al igual que la cultura y educación.
Colombia: el acceso a los derechos es limitado
La crisis por las protestas sociales ha mermado el camino hacia la igualdad de derechos que venía recorriendo Colombia, asegura Heriberto Mejía, de la Fundación Arenosa Vive (Fundarvi).
Mejía afirma que las exigencias de los colombianos seguirán, ya que “se han ido acumulando durante décadas por parte de las bases de la sociedad y en la que se incluye a la población LGTBI”.
En este país existe el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el cambio de sexo en la documentación, pero, pese a las garantías que ofrece el Estado, las rutas de acceso a estos derechos no han sido del todo posible.
“Hemos tenido muchas conquistas, pero el problema en Colombia es la falta de gobernabilidad de las instituciones. Es decir, poner a funcionar esos derechos”, ha mencionado. Los hombres y mujeres trans siguen siendo la población más afectada.
El acceso a la justicia es otro de los problemas, pues la población LGTBI+ siente que no hay garantías suficientes para realizar denuncias tras una agresión. Sufren de revictimización y no ven resultados contundentes.
Mejía es defensor de Derechos Humanos y toma su lucha como “un compromiso” con sus “amigos que han partido, con gente que voy conociendo y que ha sido discriminada, violentada o asesinada por ser diferente o por amar diferente“. Y lamenta que se esté “posicionando nuevamente un discurso de odio por parte de la extrema derecha”.
Chile: entre la visibilidad y la discriminación
Chile ha avanzado con la unión civil de personas del mismo sexo, pero tiene pendiente legalizar el matrimonio igualitario. Un debate que ha tomado fuerza en las últimas semanas después de que el presidente Sebastián Piñera dijera que “ha llegado el tiempo” de aprobar el matrimonio gay y otorgara carácter de “urgencia” a su tramitación.
Durante estos años, distintas organizaciones y colectivos han luchado para mejorar las condiciones de vida de la población LGBTI. Sin embargo, según datos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), los crímenes de odio han aumentado.
Solo en 2020 se registraron 1.266 casos de abusos contra la población LGBTI, un 14,7 % más que en 2019.
El Movimiento ha señalado en un informe que resulta “incomprensible e intolerable que el Estado siga en grave deuda con las personas y familias LGBTI+ y que las denuncias por discriminación vengan en explosivo aumento desde el 2018”.
En el mismo documento, la organización cuestiona la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, la cual prohíbe la discriminación por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, pues la consideran insuficiente. “Las personas que han sido agredidas tienen que demostrar que han sido víctimas de agresiones, lo cual muchas veces no es posible”, señala el organismo.
