Estos son los 29 detenidos por caso de corrupción en obras públicas, incluido el asesor del presidente
Estos son los 29 detenidos por presunto nexo en red de corrupción en obra vial
Entre los detenidos hay altos mandos de Conavi. Empresarios y gerentes de compañías constructoras también están bajo arresto
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de 29 personas ligadas a la presunta red de corrupción tras el desarrollo de obras públicas.
En el listado figuran altos mandos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), empresarios, gerentes de compañías constructoras, entre otros.
Las detenciones se realizaron en la Gran Área Metropolitana (GAM) y en San Carlos.
Entre los arrestados destaca un funcionario de apellidos May Cantillano, quien funge como gerente de Conservación de Vías y Puentes.
La investigación penal tiene que ver con el supuesto pago de dádivas a funcionarios para la ejecución de proyectos de conservación y construcción vial. Así como el presunto desvío de fondos para la realización de proyectos de infraestructura, por montos superiores a los 78 mil millones de colones.
En principio, las pesquisas apuntaban a la detención de 32 personas (19 de ellos funcionarios). Sin embargo, la cantidad de personas implicadas en las presuntas irregularidades ascendería a los 72.
Este es el listado de 29 detenidos:
Cerdas Araya, detenido en Escazú (empresario de MECO).
Bolaños Salazar detenido en Curridabat.
González Carballo (MECO).
Arce Alpízar (MECO).
Bonilla Guillén (MECO).
Solís Vargas, detenida en Santa Ana (empresaria de H.Solís).
Abarca Quesada, detenido en Coronado.
Martínez Martínez, detenido en Cartago.
Herrera Chacón, detenido en San Carlos.
Castro Rodríguez, detenido en Alajuela.
Cervantes Morales, detenido en Heredia (funcionario Conavi).
Solís Murillo, detenido en Sabanilla (exgerente financiero de Conavi).
Zuñiga Fallas, detenido en Desamparados (funcionario de Conavi)..
Madrigal Rímola, detenido en Conavi (gerente de proveeduría institucional de Conavi).
Carmona Rivas, detenido en Desamparados
Mora Obando, detenido en Cartago.
Ortiz Vega, detenido en Zapote.
Chaves Mora, detenido en San José (Conavi, unidad ejecutora de puente binacional Sixaola).
Rojas Monge, detenido en Conavi (director financiero).
Quesada Pérez, detenido en San José.
May Cantillano, detenido en Desamparados (gerente de conservación vial de Conavi).
Zamora Zamora, detenido en Heredia.
Ureña Villalobos, detenido en Heredia.
Quesada Aguirre, detenido en Desamparados.
Sánchez Castro, detenido en San Ramón.
Lobo Bejarano, detenido en Moravia.
Monge Hernández, detenido en Cartago.
Rodríguez Araya, detenido en San José.
Rivera Campos, detenido en Alajuela (funcionario de Conavi).
Supuestos sobornos habrían movido más de ¢78 mil millones en proyectos viales
Por Danny Canales
Una supuesta red de sobornos que habría involucrado a empresas constructoras, fiscalizadoras y funcionarios de varias instituciones, fue puesta a las órdenes de los Tribunales de Justicia en un caso cuya primera fase salpicó a 32 personas de las 72 que estarían implicadas.
Luego de dos años de investigación, que incluyó escuchas telefónicas por 12 meses, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtieron el presunto favorecimiento que se habría dado a empresas constructoras y supervisoras de obras viales por parte de funcionarios encargados del programa de mantenimiento y conservación de carreteras con proyectos por el orden de los ¢78 mil millones.
A cambio, los trabajadores estatales recibían supuestas dádivas en terrenos, viajes, autos y favores sexuales, entre otros beneficios, reveló Wálter Espinoza, director del OIJ.
Como parte de este caso, la mañana de este lunes unos 600 agentes judiciales realizaron 57 allanamientos simultáneos en busca de información y de las personas relacionadas.
Los eventuales delitos que se investigan son cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Uno de los investigados es Camilo Saldarriaga, asesor y mano derecha del presidente Carlos Alvarado desde que este ejerció como responsable del IMAS en el gobierno anterior.
Figuran también los empresarios Carlos Cerdas, dueño de Constructora Meco, Roberto Acosta y Mélida Solís, máximos representantes de la constructora H. Solís, William Herrera, de Constructora Herrera y Alejandro Acosta, ligado a las constructora Also Frutales y Fresa Fresca.
Igualmente se relaciona a personas que laboran en las firmas supervisoras Diccoc, ITS y Cacisa.
La investigación alcanzó además a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, a Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a Gabriela Trejos, encargada del Departamento Legal de esta misma entidad.
Otros implicados son Johnny Barth, pensionado y ex gerente de Contrataciones de Vías y Puentes de Conavi y Mario Quesada, ex vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte y asesor del ministro y viceministro del Mopt, en materia de transporte.
Aparte de las 32 personas implicadas en este primer allanamiento “hay otras 40 que ya están identificadas y establecidas sus conductas y los hechos descritos a las quienes vamos a ir acercando al proceso penal de manera paulatina y ordenada, a efectos de que la causa pueda avanzar con celeridad que es lo que nos interesa al OIJ y Fiscalía”, adelantó Espinoza.
Justamente este caso es catalogado por el director del OIJ como “uno de los más impactantes que se han abordado en el país en la perspectiva de corrupción pública”.
Hasta lo conocido ayer, no se tiene evidencia de que los recursos involucrados en este caso se hayan perdido, pero sí que se habrían desviado de otros proyectos agendados, para supuestamente favorecer obras públicas que habrían sido asignadas a las empresas investigadas.
Lo que sí trascendió fue el encarecimiento en el costo de los proyectos viales que están bajo investigación.
Los recursos que se emplean para los trabajos de conservación y mantenimiento de caminos provienen de un porcentaje de lo que se recauda del impuesto a los combustibles y del marchamo, así como de créditos gestionados con organismos financieros internacionales.
INVESTIGADOS
Las 32 personas en investigación están relacionadas con las siguientes entidades públicas y empresas relacionadas al sector de la construcción y supervisión vial.
Entidades Públicas
- Casa Presidencial
- Ministerio de Obras Públicas
- Contraloría General de la República
- Consejo Nacional de Vialidad
- Consejo de Transporte Público
Constructoras
- Meco
- H. Solís
- Constructora Herrera
- Also Frutales, Fresa Fresca
Supervisoras
- Diccoc
- ITS
- Cacisa
REACCIONESMOPT
Tenemos la total apertura para cooperar para que el OIJ cumpla con su deber. Por ser un caso en investigación y por respeto a la autoridad judicial no nos podemos referir al tema.
CACISA
Cacisa se encuentra a la orden de las autoridades judiciales para colaborar, facilitándoles la información y documentación necesaria y reiteramos nuestro compromiso con el correcto proceso y apego a las normativas legales y éticas.
MECO
Constructora Meco reitera su interés de colaborar con este caso, pues siempre hemos actuado conforme al ordenamiento jurídico, confiando en el sistema de administración de justicia de nuestro país.
H. SOLÍS
H. Solís se encuentra colaborando con nuestras autoridades, poniendo a su disposición toda la información que las mismas así requieran para que todo sea aclarado con transparencia y de manera oportuna.
CONTRALORÍA
Tanto el gerente de la División de Contratación Administrativa Allan Ugalde Rojas, como la institución estamos en total disposición de documentar todo lo que estimen las autoridades judiciales.
Diputados quieren explicación del presidente ante corrupción por obras viales
Los diputados quieren una explicación de Carlos Alvarado, presidente de la República, después de los allanamientos que realizaron el OIJ y la Fiscalía por presunta corrupción de funcionarios públicos en los contratos de obras viales.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, fue una de las que manifestó su consternación tras lo acontecido este lunes.
“Espero declaraciones oportunas y claras del presidente Carlos Alvarado. Costa Rica es más que un puñado de corruptos y debemos llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo la legisladora a La Nación.
Por su parte, el jefe de la fracción del PUSC, Pablo Abarca, aseguró que es lamentable que en Casa Presidencial se den allanamientos por corrupción.
“Esperaría que se colabore muy prontamente con toda la información y que se sienten las responsabilidades en término de renuncias a los diferentes puestos en cuestionamiento. Hay gente muy cercana a la presidencia de la República”, comentó Abarca.
El diputado aseguró que espera que la situación judicial sea rápida.
“Que no termine solamente en un show o una intervención de allanamiento que frustra más a los costarricenses”, añadió.
Por su parte María José Corrales, del PLN, aseguró que confía en el trabajo de las autoridades judiciales.
“Debemos tener cero tolerancia. Es la credibilidad en la institucionalidad la que está en juego, en momentos en que se requiere transparencia absoluta en el manejo de las instituciones”, dijo Corrales, quien dijo también esperar respuesta del presidente Alvarado y del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
Con todo
Los diputados Franggi Nicolás, del PLN, y Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, anunciaron una moción para abrir una nueva comisión investigadora en el Congreso por estos casos de corrupción.
“Nuestra obligación, como Congreso, es no quitarle la mirada a estos hechos bochornosos y preocupantes que surgieron a la luz el día de hoy. Los ciudadanos merecen tener información”, dijo Nicolás.
La investigación legislativa se presentaría en diciembre de este año y el panel se integraría con siete legisladores y solo depende de que la mayoría esté de acuerdo.
La diputada del Pusc, María Vita Monge, también se manifestó sobre lo ocurrido en su cuenta de Facebook.
“Mi condena total a la maraña de corrupción que han montado funcionarios irresponsables con empresarios de construcción por años. Este era un secreto a voces que desde muchos gobiernos anteriores se sabía, pero hasta ahora les llega la justicia.
“Lamento mucho que la función pública, edificada para servir y no para servirse, hoy sufra un grave golpe de credibilidad, pero, sin duda, celebro que nuestro Estado de Derecho reaccione y que ese secreto a voces caiga con todo el peso de la ley sobre los responsables”, escribió Monge.
Ella solicitó a las autoridades judiciales que esas investigaciones se amplíen a las licitaciones de obra pública a municipalidades.
Carlos Alvarado acepta renuncia de Camilo Saldarriaga
Por Wendy Perez
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aceptó la renuncia de su asesor Camilo Saldarriaga Jiménez, quien presentó su renuncia irrevocable ante los acontecimientos ocurridos en las últimas horas.
En su carta de dimisión, Saldarriaga mencionó que se aparta del cargo para afrontar el proceso y evidenciar su inocencia.
Además, aseguró que no ha cometido ninguna acción irregular y que no ha recibido ningún tipo de dádiva y que así lo demostrará en el proceso judicial.
Saldarriaga explicó que no ha tenido contacto con procesos de contratación pública y que es parte de la investigación únicamente porque monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como el Conavi.
