Congresos de Bolivia y Ecuador investigarán entrega de armas de Lenín Moreno durante el golpe contra Evo
Comisiones legislativas de Bolivia y Ecuador investigarán préstamo de material militar
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este miércoles que comisiones legislativas de Bolivia y Ecuador investigarán el préstamo de material militar efectivizado por el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno al régimen de facto de Jeanine Áñez el 2019.
“Se va a conformar una comisión parlamentaria del Ecuador, ellos están muy comprometidos a que esto se esclarezca y una comisión pueda venir hasta Bolivia y, de la misma manera, también nosotros vamos a plantear eso ante nuestras bancadas para que se pueda conformar una comisión y pueda viajar hasta Ecuador y poder tener mayor información sobre este tema de envío de este material bélico”, adelantó.
Mamani mencionó que, tras contactarse con sus pares ecuatorianos, ellos expresaron su voluntad de coadyuvar con todas las investigaciones y además anunciaron la presentación de una denuncia en contra de Lenin Moreno ante la Fiscalía de ese país para que aclare la forma en la que se envió los pertrechos militares de manera ilegal.
“Los hermanos parlamentarios, organizados, están muy de cerca haciendo seguimiento de esta acción de su Gobierno y nos han pedido que nosotros podamos contribuir a que nosotros podamos brindar información, por supuesto que vamos a compartir información que se pueda generar en nuestro país”, manifestó.
Asimismo, la autoridad legislativa exigió, ante estos hechos irregulares, una disculpa de parte de Lenin Moreno al pueblo boliviano y solicitó al actual Gobierno ecuatoriano brindar todas las condiciones para avanzar en la investigación.
“Exigimos que sea esclarecido el papel del Gobierno ecuatoriano, de Lenin Moreno, en el gobierno o en este golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia. Lenin Moreno debe disculparse con el pueblo boliviano, por responsabilidad y respeto el actual Gobierno del Ecuador debería brindar las condiciones mínimas para que se avance en las investigaciones de este lamentable hecho”, enfatizó.
En Ecuador preparan juicio político y penal contra Moreno por ayudar en las masacres de Añez
Fausto Jarrín, asambleísta del movimiento de izquierda Unión por la Esperanza (UNES), decidió ponerle el cascabel al gato en el tema del polémico “préstamo” de material represivo de Ecuador a Bolivia, en noviembre de 2019, entre los gobiernos de Lenín Moreno y Jeanine Áñez.
En entrevista exclusiva con La Razón, el parlamentario explica las bases de su demanda contra Moreno y otras exautoridades de su mandato, y la estrategia para impulsar este caso que no solamente apunta a la justicia ordinaria, sino a un proceso político contra el exmandatario.
—¿Cuáles son los fundamentos de su denuncia?
—El Ministerio de Gobierno de Bolivia, asambleístas sobre todo del MAS que vinieron denunciando pormenores sobre la represión al pueblo boliviano en 2019. Conocemos la captura del exministro Arturo Murillo y que ello tiene relación con hechos de corrupción sobre la adquisición de gases lacrimógenos en Bolivia. Y en los mismos días tomamos conocimiento sobre una carta de quien fungía como comandante de la Policía en Ecuador, general Patricio Carrillo, solicitando la devolución de materiales antidisturbios que hubieran sido prestados por el Gobierno de Ecuador. Empieza a convertirse esto en un asunto muy delicado, grave, y vergonzoso.
Considerar que mi país se ha visto involucrado en la consecución de un gobierno de facto que tanto daño le hizo al pueblo de Bolivia, por supuesto que llama la atención. Y en mi calidad de asambleísta, de toda la bancada de la Revolución Ciudadana, de UNES, esto nos lleva a tomar la decisión de actuar. Hemos presentado la denuncia y no es el único documento con que impulsaremos estos procesos, vamos a convocar a exfuncionarios de Moreno, y al propio Moreno.
—¿Qué se pidió a la Fiscalía?
—Que se tomen las versiones del expresidente y de miembros de la Policía, del equipo diplomático de Ecuador y que se instalen de manera inmediata los sistemas de asistencia penal internacional para contar con las investigaciones que se están llevando a cabo en Bolivia y en Estados Unidos. La denuncia tiene estos antecedentes, hemos solicitado que se proceda a materializar todo lo incorporado desde espacios de diferentes medios de comunicación y se solicite la información correspondiente a la Dirección General de Aviación Civil, a la Comandancia General de la Policía, al Ministerio de Gobierno.
—¿Se ha tenido alguna coordinación con parlamentarios de Bolivia para reunir datos?
—Los miembros de la bancada de UNES incorporarán en el orden del día la solicitud de comparecencia de funcionarios del gobierno de Moreno y, por supuesto, inmediatamente vamos a generar los nexos políticos nacionales e internacionales necesarios para tener la mayor cantidad de información, para coordinar de mejor manera con quienes están impulsando la denuncia en Bolivia y robustecer nuestra denuncia en Ecuador. Con parlamentarios de mi país ya me reuní y para mañana (por este miércoles) estoy convocando a una reunión vía Zoom con colegas bolivianos.
—Acá en Bolivia, el Gobierno ha hablado de un término: “cooperación regional de represión”.
—No tengo la menor duda y estoy completamente de acuerdo con el ministro (Eduardo) del Castillo, porque en Ecuador la Ministra de Gobierno fue cesada de su cargo por, entre otras cosas, la utilización de bombas caducadas en octubre de 2019 y una de sus justificaciones fue que se habían quedado desabastecidos de estos implementos. Es irónico que un mes después estén enviando a Bolivia gran cantidad de ese armamento que supuestamente no tenían y que nuestro gobierno lo utilice para reprimir.
Días antes de que aterrice el avión boliviano Hércules C130 en Quito (16 de noviembre), la dictadora Jeanine Áñez emite el decreto que protegía a los miembros del Ejército en la represión. Así que aquí hay cosas muy claras y estamos muy preocupados. Creemos que hay un ataque a la democracia nacional, que el Gobierno de Brasil estuvo involucrado en el abastecimiento de material antidisturbios para Ecuador. Y no hemos dejado de ver con preocupación que la misma Organización de Estados Americanos (OEA) representada por Luis Almagro no ha dejado de inmiscuirse en la democracia y en los asuntos de soberanía de varios de los países de Latinoamérica
—En las cartas reveladas en Bolivia se habla de que Ecuador también debía granadas de gas a Colombia, por lo cual era urgente la devolución de Bolivia…
—Exactamente. También he planteado que se incluya el préstamo de material de Colombia. Eso ya consta en Ecuador en un documento de una comisión ciudadana, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de la represión brutal de la que fuimos víctimas en octubre de 2019 —un mes antes de Bolivia—, en la que se usó material de Brasil y Colombia, y parte de esto seguramente es lo que fue trasladado a Bolivia para que las fuerzas del orden ataquen a la ciudadanía. Por eso he considerado que había que ir más allá, al lado jurídico, a la investigación penal, porque creo que Ecuador ha sido involucrado en un golpe de Estado, tomando partido por la ruptura de la democracia y de ninguna manera podemos considerar que quede en la impunidad.
—Entonces la denuncia no es solo contra Moreno y su ministra de Gobierno María Romo…
—Sí, ahora la Fiscalía es la que tiene que ir verificando quiénes conocieron o estaban a cargo de la bodega, quiénes estaban a cargo por parte de la Policía, quiénes permitieron el aterrizaje de un avión militar sin permisos, quiénes dieron las órdenes para que se permita que la Dirección General de Aviación Civil autorice ese aterrizaje. Las normas de seguridad exigen una reciprocidad extrema para que un avión internacional toque suelo de otro Estado y todas esas normas se habrían violado, más allá de la utilización de material antidisturbios distribuyéndose entre países como si fuera cualquier cosa para atacar a la población. Hay que buscar la verdad para que empecemos a mirar de otra manera a los ojos del pueblo ecuatoriano y latinoamericano, por haber sido víctimas de un gobierno injerencista que se dejó empujar en estas actividades.
—Fuera de la investigación fiscal, ¿la Asamblea Nacional pedirá informes sobre este tema?
—Definitivamente, somos la bancada más grande de la Asamblea, somos 48 miembros de 137. Hemos resuelto direccionar a través de las comisiones permanentes los requerimientos necesarios y vamos a pedir los comparecimientos de Moreno, Romo y todos los involucrados en estos procesos para ir apoyando las investigaciones. Estamos en franca posibilidad de llegar a un juicio político contra el expresidente y robustecer el expediente de la Fiscalía para que con toda la documentación se inicie también una acción política.
—¿Se tiene planeado pedir informes a personal de Bolivia?
—Lo que hemos solicitado inmediatamente es que la Fiscalía oficie a su par de Bolivia para instalar una asistencia penal internacional y que podamos tener una coordinación permanente entre las dos investigaciones, en ambos países.
—¿Se podrá tener el apoyo del gobierno de Lasso en este tema?
—Espero que sea así, sin embargo la Fiscalía es un órgano autónomo que hará las investigaciones que tenga que hacer. Nosotros nos encargaremos de impulsar si es que vemos que hay dilaciones o demoras, si es que se intenta tapar la verdad. De parte del gobierno del nuevo presidente Guillermo Lasso, considero que sería de un costo innecesario tratar de ocultar las actividades ilícitas de Moreno y sus ministros.
Mesa sobre hechos de 2019: Desconocí el proceso electoral y convoqué a la movilización que provocó la renuncia de Evo Morales
El excandidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó en una grabación de 2019 que desconoció el proceso electoral de ese año mientras se realizaba el conteo de votos y que fue él quien convocó a las movilizaciones que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“Desconocí el proceso electoral, pedí y convoqué a la movilización de ustedes, que fueron los verdaderos protagonistas del proceso político, en el que participaron de manera muy protagónica también los movimientos cívicos y otros sectores de la sociedad”, indicó Mesa en un video de transmisión en vivo que quedó grabado en sus redes sociales.
El video titulado “Elecciones 2019: nuestro rol en la recuperación de la democracia” data del lunes 16 de diciembre de 2019 y se transmitió a partir de las 19.29.
En el documento audiovisual, en el que mantiene interacción con los internautas, dijo que la crisis que provocó la renuncia de Morales no fue espontánea. “Nuestra participación tiene, por lo tanto, un peso muy grande”, señaló.
Una de las preguntas planteadas por uno de los internautas fue la siguiente: “¿Qué papel tuvo usted durante las marchas que protagonizaron los cívicos en todo el país para que renuncie Evo Morales?”.
“Tuve la oportunidad de compartir con ustedes en marchas. Recuerdo una muy emotiva en la avenida Arce, cerca del Tribunal Supremo Electoral que estaba todavía bajo control de la Policía. Subimos por las gradas entre la Arce y la 6 de Agosto, estuvimos en la concentración en el (campo ferial) Chuquiago Marka, estuvimos presentes y participando en las concentraciones que dieron lugar a los cabildos durante los 21 días heroicos que forzaron la renuncia de Evo Morales”, aseveró.
Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019. Al día siguiente, Mesa impulsó movilizaciones mientras el conteo de votos no había culminado. A eso se sumó, en noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones presidenciales.
Esa situación provocó, en esa gestión, violentas movilizaciones en diferentes sectores del país, quema de instituciones, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado.
La entonces senadora Jeanine Áñez asumió en ese escenario la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.
Sin embargo, según los datos oficiales y finales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a Evo Morales, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los válidos emitidos. El segundo lugar era ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.
El Ministerio Público citó a Mesa para que dé a conocer su versión sobre su participación en los hechos que provocaron la ruptura institucional de 2019.
“Por supuesto, mañana, estaré brindando mi declaración al fiscal que me convocó a la Fiscalía a las 08.15”, aseveró hoy en conferencia de prensa.
Obispos de Bolivia son denunciados ante el Papa por encubrir las masacres de Añez
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.
“La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.
“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.
El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.
“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.
Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.
“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional
