Transparencia, participación ciudadana y quórum de 2/3, las claves del documento inicial para la nueva Constitución
POR CECILIA ROMÁN E IGNACIA IRARRÁZAVAL
Una vez sentados en sus escaños y con una presidenta o presidente a la cabeza, los 155 constituyentes que escogió Chile a mitad de mes tendrán que meterse de lleno en la discusión del reglamento de la Convención Constitucional.
Aquella será la guía para los nueve meses mínimo de debate en los que construirán la nueva Carta Magna y las únicas dos claves ya definidas para ese proceso son dos: una «hoja en blanco» para partir -que respete los tratados internacionales vigentes y la calidad de república democrática- y que los constituyentes deberán «aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio».
Hay además una serie de puntos relevantes para los constituyentes que deberían estar reflejados en aquel documento inicial. Ya están esbozando por Zoom algunos aspectos con sus compañeros de partido, pacto o lista, como la necesidad de la transparencia en el proceso, la participación vinculante de la ciudadanía e incluso una definición más concreta sobre cómo abordar los cuórum para las votaciones.
Por eso y por todas las otras implicancias que tendrá el debate, varios de los mismos constituyentes estiman que la discusión inicial sobre las reglas básicas de funcionamiento podría alargarse por incluso dos o tres meses.
En el esfuerzo de reducir ese tiempo y de entregar insumos a quienes participen de este proceso, al menos ocho centros de estudios y organizaciones entregaron sus propias propuestas y recomendaciones de reglamento. Los constituyentes consultados por PAUTA no se casan con ninguna, pero también explican que las coordinaciones al interior de sus listas son incipientes y que están evaluando todas las propuestas para no llegar en blanco a la primera semana de julio.
La participación: ¿plebiscitos vinculantes?
«Nuestro objetivo es poder hacer una propuesta de reglamento de manera conjunta, de manera de ir construyendo consensos para que este primer gran desafío que tiene la Convención pueda comenzar cuanto antes. Hay un desafío de hacerlo bien y en un plazo acotado», comenta el constituyente por el Distrito 11 Hernán Larraín Matte.
Su partido, Evópoli, se encuentra estudiando una propuesta de reglamento de Horizontal, el centro de estudios ligado al partido; el Frente Amplio se reunió con sus constituyentes por primera vez la noche de este lunes; y el Partido Socialista tiene fijada una cita a las 9:00 horas de este miércoles. Así comienzan a moverse los engranajes entre los constituyentes electos, con el fin de empezar a delinear las bases de lo que será el debate y que tendrá un desafío mayor: cómo integrar a la ciudadanía a la Convención.
Mientras la Lista del Pueblo trabaja en una «Asamblea del Pueblo» para escuchar a sus electores, la propuesta del Centro de Políticas Públicas UC habla de derivar esa materia hacia una Comisión de Participación Ciudadana que tenga la tarea de canalizar las demandas de los territorios dentro de la Convención.
«El reglamento tiene que establecer los mecanismos para ver cómo vamos a recoger las reivindicaciones de la ciudadanía y que tenga incidencia real en nuestras propuestas. Esta tensión entre la democracia representativa que somos nosotros, y la democracia participativa y comunitaria que son los pueblos originarios y la ciudadanía en general, debe estar en el reglamento con una instancia de participación ciudadana sólida, efectiva y real», propone Luis Jiménez, constituyente aymara, en conversación con PAUTA.
En ese sentido, el Instituto Libertad y Desarrollo propone que la ciudadanía pueda formar parte a través de audiencias, cabildos convocados o autoconvocados, sitios web o sesiones en regiones, por ejemplo.
En ese punto coincide la constituyente por el Distrito 10 Giovanna Roa (RD). «Debe ser un reglamento que permita la descentralización de la conversación, y que a nivel territorial puedan verse efectivamente representadas y escuchadas cada una de las regiones de Chile. Que podamos sesionar en todas las regiones y no solamente en Santiago», comenta a PAUTA.
Por ejemplo, una propuesta respaldada por varios sectores es que la Convención tenga un símil a las semanas distritales y regionales que hoy tienen los diputados y senadores en el Congreso, de tal forma que los constituyentes puedan regresar a sus zonas para el trabajo en terreno. Pero otra de las ideas en esa lógica no es tan transversal y genera más resistencia: «plebiscitos intermedios» cuando el órgano constituyente no sea capaz de resolver cierta materia.
«Así como esta asamblea se construye a partir de las movilizaciones de la ciudadanía, también la ciudadanía tiene que estar escribiendo esto junto con nosotros […] También me parece muy importante poder consagrar posibilidad de plebiscitos simples, vinculantes, cuando exista disparidad y no podamos llegar a acuerdo en temas álgidos», explica a este medio la actriz y constituyente por el Distrito 13, Malucha Pinto.
Desde la UDI dicen que aquello es «saltarse las reglas», pues no fue consensuado ni en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 ni en la reforma constitucional del 24 de diciembre del mismo año.
La transparencia: entre la casa de vidrio y el delay
Paredes de cristal. Esa es la metáfora que utilizan algunos constituyentes para graficar cuánto del proceso para construir la nueva Carta Magna debería mostrarse hacia afuera.
El Consejo para la Transparencia (CPLT), por ejemplo, propone que existan en el sitio web de la Convención actas de todas las sesiones con una fecha de publicación de máximo 3 días siguientes a la realización de la sesión, con los asuntos tratados, participantes, acuerdos adoptados y votos de cada constituyente.
«La transparencia es clave. Debemos tener una Convención que no dé ningún espacio de opacidad, en el que la gente pueda estar hipervigilante del proceso y que todo lo que tenga que ver con regulación de lobby o potenciales conflictos de intereses de los convencionales, quede normado, cosa de que no haya dudas de que quienes estamos ahí actuamos en total consciencia y no guiados por presiones de grupos de interés», opina en conversación con este medio el constituyente por el Distrito 14 Ignacio Achurra (CS).
Un levantamiento de datos que hizo el Observatorio Nueva Constitución refleja que el centro de estudios Horizontal, el CPLT, la Red de Centros y Rumbo Colectivo coinciden asimismo en que todas las sesiones deberían ser transmisibles por streaming en el sitio web o incluso televisión. Pero donde no hay acuerdo es en que puedan existir instancias con cierto nivel de reserva en los casos en que la difusión de esos momentos pudieran afectar el proceso constituyente.
Por ejemplo, la abogada y constituyente por el Distrito 10 Constanza Hube (UDI) plantea que las sesiones de pleno deberían ser transmitidas online sin duda, pero que ciertas comisiones pudieran tener la opición de igual ser públicas, mas no transmitirse en vivo. Esto implica que las actas de esas instancias se difundan, «incluso el mismo día», según explica Hube, pero que no eviten que se tomen ciertas decisiones por la presión de quienes estén mirando.
«El Congreso tiene reuniones de comité donde se toman varias decisiones y no son públicas. De hecho, no se dejan actas de esas reuniones. Lo que se tiene que decidir es si esas reuniones donde se tomen ciertas decisiones, las hacemos públicas pero con cierto delay, con un acta que se podría publicar el mismo día, pero que no exista esa presión, porque ya existen constituyentes como Marcos Barraza (PC) que han planteado que es importante ‘rodear la Convención’, que se ejerza presión y creo que es importante garantizar la libertad de los convencionales para que voten y opinen como estimen», agrega la abogada.
La organización por comisiones
El otro gran punto a discutir será la distribución de trabajo en instancias: muchas comisiones o pocas y de qué tipo. Están quienes las separan en las temáticas y de organización, como finanzas, participación, régimen interno.
Por ejemplo el abogado y director del Centro de Justicia Constitucional UDD, Sergio Verdugo, propone que haya tantas comisiones como capítulos de la Carta Fundamental. Mas el constitucionalista Sebastián Soto postula que deberían ser dos comisiones temáticas, una para tratar los temas de organización del gobierno y otra de derechos y deberes.
Además de llevar la discusión mediante comisiones temáticas, algunos constituyentes electos afirman que será necesario tener una comisión de concordancia o de armonización para hacer una revisión del texto completo.
«Deberíamos tener también una comisión de concordancia, es muy importante porque a diferencia a lo que pasa en la tramitación legislativa entre las comisiones del proyecto de ley independientes, aquí el texto constitucional tiene que ser al final un texto armónico y coherente. Por lo tanto debemos tener una comisión de concordancia que permita ir identificando aquellas cosas que puede ser incongruentes dentro del texto constitucional y establecer un mecanismos para poder resolver aquello», opina el constituyente por el Distrito 22 y expresidente de la DC, Fuad Chahin.
En ese sentido, la UC propone un proceso «circular» que implique que los textos pasen por el Pleno y las comisiones una y otra vez, hasta que se perfeccionen. Otra de las alternativas sobre la mesa es que exista la posibilidad de ponerle «indicaciones» a los distintos artículos, como ocurre en el Congreso.
Los famosos 2/3
Para las votaciones en las comisiones, LyD propone que se puedan usar cuórum inferiores como mayoría absoluta para hacer más eficiente el proceso, pero manteniendo los 2/3 para la votación de las normas en el plenario.
El punto de los 2/3 ha sido probablemente el más polémico en todo el debate, desde antes de las elecciones. Parte de la oposición objetaba ese cuórum pues permitía que una minoría pudiera vetar a una mayoría, pero esa lectura mutó posterior a los resultados de los comicios.
No obstante, la interpretación sobre ese punto sigue estando bajo la lupa. Están quienes dicen que se refiere a que los cuórum de votación deberán ser definidos en una votación por 2/3 de los constituyentes. Otros plantean que todas las votaciones relacionadas a las normas ya están definidas por ese número.
«No hemos tomado definición al respecto la interpretación de los 2/3, pero vamos a buscar que tenga la mayor legitimidad posible. Y eso está dado no por reglas del 50 + 1, sino por mayorías más abundantes en el sentido de que no hay una imposición de una mayoría por sobre una minoría, sino que un acuerdo. Para eso se buscan los cuórum mayoritarios, no para bloquear, sino para entregarle legitimidad a un asunto», responde a este medio la constituyente y exsubsecretaria de la Niñez, Carol Bown (UDI).
Hay quienes plantean que la Convención es autónoma para definir esa interpretación, con asistencia de una secretaría técnica. Así lo postula la constituyente del PS y exalcaldesa Ramona Reyes, que asegura que «el reglamento tiene que definirlo».
«Los acuerdos a los que se llegó antes de lo que se plebiscitó tienen que respetarse. No es hoy el día de cambiar las reglas del juego. Si al proceso le vamos a dar seriedad, hay que respetarlas. Entramos a jugar con esas reglas y esas son las que aceptaste. Además que le da seriedad a todo el proceso también y a la gente que fue a votar por las diferentes opciones», opina Angélica Tepper (RN), constituyente por el Distrito 23.
Los proyectos de los pueblos originarios para la Convención Constitucional
POR ANA MARÍA SANHUEZA
Si durante su campaña apenas tenían tiempo, tras su elección como convencionales constituyentes su agenda está copada con entrevistas, foros virtuales, sesiones de fotografías e invitaciones a lanzamiento de libros. Pero, sobre todo, su últimos días se han concentrado en reunirse con sus comunidades y con las autoridades locales de sus regiones.
Se trata de los 17 representantes de los pueblos originarios que fueron electos el 15 y 16 de mayo a través de los escaños reservados y cuyo protagonismo, aun cuando todavía no comienza su trabajo en la Convención Constitucional, va cada día más en alza.
De los escaños, hay siete para el pueblo mapuche; dos para el aymara y uno para cada uno de los siguientes: chango, rapanui, atacameño, diaguita, quechua, colla, kawéskar y yagán.
Los convencionales mapuches tienen lazos desde hace años, pero las relaciones entre los diversos pueblos se ha profundizado más bien ahora en foros virtuales durante las campañas. Muchos aún no se conocen entre sí. Recién están empezando a articularse, a conseguirse los teléfonos, a planificar reuniones para ver cómo se conformarán dentro de la Convención.
Del grupo, todos son activistas de trayectoria en las demandas de sus pueblos desde distintos ámbitos. Entre ellos, la participación en organizaciones sociales y territoriales, y la academia en el caso de profesores universitarios. Quienes son abogados se han conocido en causas penales, como sucede con la mapuche Rosa Catrileo, o en trabajos en patrimonio e identidad, como la rapanui Tiare Aguilera Hey. Otros han trabajado en la Conadi.
A la Convención se presentaron como independientes, aunque algunos, los que han tenido cargos de elección popular, han tenido relación por cupos con distintos partidos de la oposición: el mapuche Adolfo Mallabur, por ejemplo, fue alcalde por cinco períodos de Tirúa y, sin ser militante, postuló como independiente por listas de la Concertación.
Millababur fue el primer alcalde mapuche, electo en 1996, y es uno de los fundadores de Identidad Territorial Lafkenche (ITL). Es el constituyente de este grupo con mayor experiencia política. Y tiene lazos en distintos mundos, que tendió cuando creó la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) y cuando la ITL fue parte clave en el debate de la Ley de Pesca a comienzos de los 90.
Tres constituyentes han sido concejales: Wilfredo Bacián, quien es presidente de la Comunidad Quechua de Quipisca, lo fue en 2004 por Pozo Almonte con un cupo DC, pero ya no tiene vínculos con el partido; Lidia González (yagán) fue dos veces concejal por Cabo de Hornos por la Concertación Democrática; y el dirigente de los pescadores artesanales de Coquimbo Fernando Tirado (changos) fue edil en 2012 por Los Vilos, postulado por la Lista Regionalista e Independientes.
Otras dos convencionales han trabajado en el Gobierno como asesoras: Tiare Aguilera lo hizo en el Ministerio de Bienes Nacionales en Rapa Nui -un período corto que abarcó el fin del gobierno de Michelle Bachelet y el comienzo del primero de Sebastián Piñera-, y Margarita Vargas, en la Seremi de la Mujer en Magallanes: renunció para ser candidata a la Convención por el pueblo kawésqar.
Estado plurinacional y autonomía
Si hay una demanda transversal de los convencionales es el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y, la mayoría abogó en sus programas por un estado plurinacional, la autodeterminación y distintos grados de autonomía. Además, hay un énfasis en los derechos colectivos, la participación política de los pueblos originarios -el primer hito es la Convención- y el reconocimiento de la lengua.
Pero también el respeto a la naturaleza desde su propia cosmovisión. Varios de ellos tienen una mirada de la tierra con sus propios derechos es un punto al que le otorgan un énfasis fundamental.
En entrevista con PAUTA, Luis Jiménez, electo por el pueblo aymara, se refiere a «los derechos de la Madre Tierra, que es muy distinto al derecho ambiental, que no sale del paradigma de entender el medioambiente como una cosa pese a los avances. Para los pueblos originarios es distinto: nosotros miramos a la naturaleza como un ser viviente y sintiente, que tiene influencia en nuestro mundo».
Justamente, Jiménez es abogado ambientalista y en 2020, junto a un geógrafo y una antropóloga, ganó en forma unánime en la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema un recurso de protección que presentaron las comunidades aymara en contra del proyecto de la minera Plata Carina en el Cerro Márquez.
Las comunidades pedían que el proyecto, según el Convenio 169 de la OIT, ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En su visión, el cerro Márquez es sagrado, un mallkus.
Para Jiménez, abogado por la Universidad de Chile, el caso de Plata Carina sirve para ejemplificar lo que viven muchas comunidades de pueblos originarios: «Siempre nos preguntamos por qué en nuestro cerro sagrado tiene que haber minería. Es un mallkus, es espiritual, es importantísimo en nuestra identidad. ¿Por qué tienen que venir sin preguntarle a nadie? Y la decisión ni siquiera viene de Arica o de Iquique, sino que directamente desde Santiago».
Y añade: «Esas decisiones debieran estar en manos de las comunidades o, al menos, nosotros codiseñar. Eso sería la autonomía para nosotros. Y tener nuestro propio modelo de desarrollo».
Por esta razón, cuenta a PAUTA, al igual que varios representantes a la Convención, inició su candidatura «pidiendo permiso a los ancestros. Esto no es juego, no es algo místico. Está muy unido a la identidad de uno».
Pero el abogado va más allá de los temas de los pueblos originarios: estima que debe haber un cambio del régimen presidencial, pues en Chile la figura del Presidente de la República «parece la de un rey». Y también es partidario de más derechos sociales.
Ampliación y más derechos sociales
Los convencionales mapuches son quienes tienen más escaños reservados. Son cuatro mujeres y tres hombres. De los hombres, dos entraron por cuota de paridad: Victorino Antilef, con un 3,41%, y Alexis Caiguán, con un 2,89%. Son los representantes menos conocidos a nivel nacional, pero no en su zona.
Fueron dos mujeres quienes lideraron las votaciones: con un 7,15%, la machi Francisca Linconao, quien fue absuelta por la justicia del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, y la abogada y exvocera de los presos en huelga de hambre en 2010, Natividad Llanquileo (6,0%).
Además fueron electos la académica de la Universidad de Santiago y doctora en lingüística por la Universidad de Leiden (Holanda) Elisa Loncón, con un 5,37%; el exalcalde de Tirúa Adolfo Millabur, con 5,63%, y la abogada y magíster en derecho por la Universidad de Chile Rosa Catrileo, con 4,78%.
La investigadora Elisa Loncón es uno de los nombres que suenan entre varios miembros de pueblo mapuche para presidir la Convención. No es solo por su trayectoria académica -es una de las fundadoras del Centro Intercultural para la Investigación y la Transformación Educativa Rangin Wenu Mapu-, que la ha llevado exponer a la ONU, sino también por su perfil: adhiere a las ideas autonomistas, y participa desde los años 90 en el movimiento mapuche, cuando fue parte del Consejo de todas las Tierras. Es activista por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas, por los derechos de las mujeres y, además, viene de una familia emblemática de la zona de Lumaco.
Los representantes mapuches coinciden en sus puntos: Estado plurinacional, reconocimiento de los pueblos orginarios, derecho a la tierra y recuperación; interculturalidad, reconocimiento a las lenguas indígenas, supremacía de tratados internacionales, el derecho a una infancia libre sin violencia y un énfasis en derechos colectivos.
Además, hablan de la importancia del «buen vivir», es decir, del Küme Mongen, destacado especialmente en los programas de Elisa Loncón -el término da nombre a su programa- y el de Millabur.
Küme Mongen, señala el proyecto de Millabaur, «se refiere a la sabiduría que configura el modo de vida mapuche, y al mismo modo de vida que se realiza como anhelo y práctica de una vida en convivencia (con-vivir) y en armonía con todos los seres, con los demás hombres y mujeres, con las fuerzas espirituales, con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones y con uno mismo. El buen vivir requiere que, entre todas las dimensiones que constitutivamente existen en relación, formando un todo vital, animado espiritualmente y lleno de energías, exista y se preserve un equilibrio, estableciendo comunicación entre esas diversas energías».
El buen vivir también fue incluido por algunos representantes de la Lista del Pueblo y por constituyentes de la Lista Apruebo Dignidad como Daniel Stingo, Fernando Atria y Giovanna Roa, entre otros.
También las propuestas mapuches, explica a PAUTA Natividad Llanquileo, abogan por la profundización y ampliación de derechos sociales: «Uno de los puntos transversales de estas candidaturas, independiente de dónde se esté, es el fortalecimiento de los derechos sociales. Y que el Estado abandone ese rol subsidiario y pase a ocupar un rol solidario».
Y agrega: «Todo eso tiene que ver con el fortalecimiento del derecho a la educación, a la salud y a los derechos que, aunque de alguna forma ya están en la Constitución, se deben profundizar. Son derechos transversales, más allá del pueblo al que uno pertenezca».
La abogada y diplomada en derechos humanos añade que «el derecho al agua no solo es una demanda transversal de los pueblos indígenas, sino de la sociedad en su conjunto. Pero también deben estar dos derechos que hoy no están garantizados en la actual Constitución: el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación».
No es todo. Entre sus propuestas se busca establecer un defensor del pueblo, para que los derechos queden establecidos, dice la abogada. De ese modo buscan avanazar el ir más allá del recurso de protección, que hoy es la única vía.
Natividad Llanquileo se presentó como independiente y fue convocada por su propia comunidad para postular. Durante la campaña concidió en algunos fotos con integrantes de la Lista del Pueblo, con quienes ha mantenido un incipiente contacto. Su mayor sintonía está con la Coordindora Feminista 8M.
El rol de los constituyentes
El cómo articularse dentro de la Convención, es un tema que recién parte en los representantes.
Primero, estiman que debiera haber una organización entre los 17 convencionales. Pero, dice a PAUTA la representante del pueblo rapanui, Tiare Aguilera Hey, es necesario estar abierto al diálogo con todos los sectores.
«Yo no soy radical. Hay que conversar, conocerse», dice a PAUTA. Coincide Margarita Vargas (kawésqar), quien no está de acuerdo con la postura de algunos representantes de la Convención que ya han adelantado que no van a llegar a acuerdos ni con la derecha, ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista.
Tiare Aguilera es abogada y magister en derecho internacional público. Y su carrera la ha hecho en Rapa Nui, después de que volvió de sus estudios de posgrado en la Universidad de Wuhan, en China, en 2015. Es coordinadora del proyecto de indicador patrimonial de Pascua y también colaboró en la formación de la ONG Toki Rapa Nui, la academia musical de la pianista Mahani Teave.
Su candidatura también tiene un foco en los derechos colectivos de los pueblos, y un interés especial en que su lengua se mantenga. Pero también, por las características de la isla, pone un énfasis en la protección del mar y recuerda que los rapanui «tenemos los parques marinos de mayor extensión a nivel mundial».
Por estos días, Tiare Aguilera está concentrada en reunirse con autoridades de su pueblo y, en paralelo, empieza a contactarse con otros convencionales de pueblos indígenas. A la vez, conoce a otros miembros la Convención, tanto en su calidad de abogados como profesores: Fernando Atria, Agustín Squella, Bárbara Sepúlveda y Christian Viera.
Además, fue invitada a presentar, el 26 de mayo, el libro de Arturo Fontaine La pregunta por el régimen político. Conversaciones chilenas (del Fondo de Cultura Económica), en la que compartirá un panel con el rector de la UDP y columista Carlos Peña, el constituyente Fernando Atria y con Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD).
Para llegar a ser constituyente, Tiare Aguilera participó como independiente en elecciones primarias en Rapa Nui. Como abogada dice que es muy respetuosa de las instituciones, pero que tiene interés también, cuando comience en trabajo de la Convención, de adentrarse en otros temas. Uno de ellos: el Tribunal Constitucional, que atraviesa una crisis, y su sistema de nombramientos.
En este punto coincide Natividad Llanquileo, pero agrega a otras dos instituciones que piensa en las que hay que trabajar: en el sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema (hoy son ratificados por los dos tercios del Senado) y el Ministerio Público.
Turismo, cultura y desarrollo
Margarita Vargas nació en Jetarkte, Puerto Edén, y recuerda que acompañaba a su abuelo en la recolección de mariscos. Es descendiente directa de kawésqar. «Yo viví la cultura nómade y estábamos en comunión directa con la naturaleza», recalca.
Por estudios, a los 10 años dejó Puerto Edén. Es ingeniera en administración pública con un diplomado en gestión por competencias en recursos humanos. En los 90 trabajó por la promulgación de la Ley Indígena (1993). También colaboró en la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas.
Luego, fue parte de la oficina de la Conadi de Magallanes: «Me retiré porque desde ese lado no podía avanzar, no podía avanzar en cuanto a los derechos humanos indígenas. Sentí que era una barrera estar del lado del Estado. Así seguí laborando desde afuera, siempre preocupada por los ancianos y su calidad de vida. Tengo un perfil más social, porque hay inequidad respecto de las comunidades. Ese es mi trabajo territorial».
En entrevista con PAUTA, la presidenta de la Comunidad Jetarkte pone un énfasis: dice que a los constituyentes de los pueblos orginarios no se les puede asociar a ningún sector político: «Son las comunidades indígenas las que me respaldaron», señala.
Para su pueblo, tiene aspiraciones concretas: «El reconocimiento del Estado plurinacional viene de la mano con el reconocimiento a la lengua, al idioma kawéskar», dice.»Y eso implicaría que existan espacios y oportunidades para que los hablantes que son dueños del patrimonio vivo, puedan ejercer la labor académica. También, que haya inserción en las mayas curriculares y que se inserte en el modelo educativo de Chile no solo en la enseñanza escolar, sino que en las universidades como un oferta académica en las carreras afines, como por ejemplo, turismo», añade.
El objetivo, apunta, no se es solo que no se pierda, sino que la lengua no caiga en desuso. «Por ejemplo, en el caso de pueblo kawéskar estamos en un problema muy latente, porque hay muy pocos hablantes de la lengua y son muy mayores».
Margarita ha sido académica en instituciones de zona y hoy además es guía de turismo: «Hago un aporte al turismo, porque la literatura en Chile que habla acerca de nuestra historia, está muy distorsionada y es necesario complementarla con un testimonio vivo».
En la Convención Convencional, también tiene otros intereres para Magallanes: «Como es una región apartada, se necesita trabajar en la descentralización de las decisiones. Acá podría haber una seremi de asuntos indígenas para que tengan mayor relevancia las políticas indígenas. También, que sea una labor de mediador y cuestionador, para que los beneficios lleguen de manera colectiva».
