Puerto Rico | Exigen la implementación del Estado de Emergencia por violencia de género tras dos femicidios
Exigen acción contra la violencia de género desde La Fortaleza
Los cánticos “ni una menos, viva nos queremos” y “estamos puestas pa’l problema, estamos hartas del sistema” retumbaron nuevamente frente a La Fortaleza, hasta donde llegaron ciudadanos para pedir acción de la administración de Pedro Pierluisi ante la ola de violencia de género que arropa la Isla.
¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO DE EMERGENCIA? pic.twitter.com/FhciIoNjnY
— Colectiva Feminista (@ColeFeminista) May 3, 2021
Cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas respondieron al llamado de la Colectiva Feminista en Construcción, organización que inició hoy un Plantón Feminista contra la Violencia Machista, en respuesta a los 18 feminicidios reportados en lo que va de año.
“Aquí en lo que va de año se reporta que han asesinado a 18 mujeres, y si fuésemos a hacer la proyección y la estadística, podemos establecer que en Puerto Rico asesinan a una mujer cada siete días. Ahora piensen en ese número, una mujer cada siete días”, expresó durante la protesta Shariana Ferrer, portavoz de la Colectiva.
La manifestación se da a casi 100 días de que el gobernador Pedro Pierluisi decretara un estado de emergencia en la Isla por la violencia de género. Sin embargo, los manifestantes denunciaron que la situación ha empeorado, y que el gobierno de Pierluisi no ha tomado acciones concretas para atajar esta crisis.
“¿Cómo es posible que, en 99 días de haberse declarado un estado de emergencia, el comité (PARE) asignado para manejar la implementación de dicho estado se ha reunido tres veces? Dicen que se han reunido más, pero los informes en la página de Fortaleza solamente hay dos. Dicen que han hecho, pero no han dicho qué es lo que han hecho. Nosotras no vivimos de promesas”, señaló Ferrer.
El pasado jueves fueron asesinadas Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz.
El cuerpo de Andrea fue encontrado parcialmente calcinado en Cayey el jueves; su expareja Miguel Ocasio Santiago confesó el crimen. Salió a relucir que Andrea acudió a los tribunales en busca de ayuda, pero no tuvo éxito. La última querella de violencia que solicitó fue el pasado 26 de marzo, pero la jueza Ingrid Alvarado no encontró causa para arresto contra el individuo.
El cadáver de Keishla fue hallado en la laguna San José, tras ser reportada como desaparecida por sus familiares el jueves. El boxeador Félix Verdejo se entregó a las autoridades por este crimen y podría enfrentarse a la pena de muerte.
Entre los reclamos expresados durante la manifestación están el que las agencias pertinentes le den prioridad a los casos de violencia de género, que se realice una campaña educativa y de prevención, y que se implemente la educación con perspectiva de género en las escuelas del País.
Comunicado del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE)
Senado aprueba proyecto que tipifica feminicidios y transfeminicidios como asesinato en primer grado
Durante la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó hoy un paquete de medidas dirigidas a combatir la violencia de género, entre estas, el PS 130 y el PS 358, ambos de la autoría de la senadora, Migdalia González Arroyo, quien a su vez es la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres.
El PS 130 tiene como propósito enmendar el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado. La autora de la medida expresó que “por décadas hemos visto cómo ha surgido un aumento alarmante en los casos de violencia en el país. Ciertamente es momento que llamemos las cosas por su nombre. Le demos a las agencias de gobierno las herramientas necesarias para la recolección de datos. No podemos hablar de homicidios sin las entidades de género. Seamos una legislatura de avanzada que se atreve asumir los cambios y los pasos en la dirección correcta”.
Por su parte, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, dijo en su turno a favor de la medida que “el Estado no puede claudicar a su deber de prevención. Con la compilación de estadísticas podemos tener una sociedad informada para tomar cursos de acción apoyados en la evidencia. Lo que buscamos es que no se siga pasando por alto e invisibilizando una situación grave que nos aqueja. Nuestras mujeres no pueden ser asesinadas”.
En la misma línea, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, se manifestó a favor de la medida. “En lo que va de año han ocurrido 18 feminicidios y transfeminicidios. Ninguna de estas víctimas es culpable de lo que ocurrió. Pero la neutralidad es la mejor manera de no reconocer el problema. Me parece que los 18 asesinatos deben ser llamados por lo que son; feminicidios, transfeminicidios. Es importante aprobar legislación que reconozca lo que son feminicidios y transfeminicidios”, resaltó la legisladora.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, sostuvo que este proyecto es sin embargo mucho más que un ejercicio de una tipificación de un asunto criminal. “Es un gran paso el que las mujeres que son asesinadas por ser mujeres y las personas trans que son asesinadas por ser trans se les cuantifique. Esperamos que este proyecto sea el primero de una serie de medidas que ayuden a cerrar el círculo de violencia y asesinatos en contra de las mujeres y de las personas trans”, enfatizó la senadora.
Además, se aprobó el PS 358, que tiene como fin enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público.
Según la pieza legislativa, generalmente, a las vistas de causa probable el Ministerio Público no está obligado a comparecer y solamente asisten el agente investigador y la persona víctima. Sin embargo, en aquellos casos presentados por violaciones a la Ley Núm. 54 requiere que el Ministerio Público esté presente cuando exista grave daño corporal o cuando el delito se cometiere luego de mediar una orden de protección, y en casos de agresión sexual.
