Perú | Mujeres víctimas de esterilizaciones marcharon para exigir justicia
Caso esterilizaciones forzadas: víctimas realizaron protesta fuera del Palacio de Justicia
Un grupo de víctimas del caso esterilizaciones forzadas realizó una protesta fuera del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, para exigir que el Poder Judicial no archive el proceso que se le sigue al expresidente, Alberto Fujimori, y exministros involucrados en los presuntos delitos en su contra.
El plantón, que se realizó desde esta mañana y mientras se desarrollaba una audiencia virtual del caso ante el Poder Judicial, se da como reacción al intento de la defensa de Alberto Fujimori de que la denuncia fiscal sea declarada improcedente.
“Es algo indignante. Por eso hemos venido a hacer un plantón, no solo de Lima sino también de provincias […] Estamos pidiendo que no sea archivado porque un delito de lesa humanidad no puede ser archivado”, reclamó María Elena Carbajal, presidenta de la asociación Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao.
“El responsable mayor ha sido Alberto Fujimori y posteriormente, sus exministros de salud […] Esto tiene que ser visto ya, el fiscal ya sustentó los cargos, presentó las 182 pruebas convincentes de que esto fue un delito en el que compraron a personal de salud, usaron todos los medios para hacer esta violación de nuestros derechos”, añadió.
Carbajal reclamó, en esa línea, que tanto el expresidente como los exministros que encabezaron el sector Salud entre los años 1996 y 2000 “no se pueden lavar las manos ante este crimen”.
El Ministerio Público ha presentado una denuncia formal contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, a quienes acusa de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.
El proceso, luego de más de 20 años de investigación y con más de 1.200 casos todavía pendientes de ser formalizados o archivados dentro del Ministerio Público, está a cargo del juez Rafael Martín Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.
Esta semana, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que los delitos que imputa la fiscalía de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte no son imprescriptibles, por lo que luego de 15 años el caso debía ser archivado.
Esterilizaciones, 25 años después
Editorial de La República
Resulta increíble que el argumento usado para esterilizar a casi 300 mil personas durante el gobierno de Alberto Fujimori haya sido la lucha contra la pobreza. Entre 1996 y 2000, según un informe de la Defensoría del Pueblo, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías. 19 personas fallecieron por complicaciones postoperatorias.
Ayer, nuevamente las asociaciones de víctimas de las esterilizaciones forzadas, con su protesta en la puerta del Ministerio Público, nos recordaron que es una cicatriz que perdura 25 años, básicamente por el clima de impunidad que rodea el caso. El Estado ha dado algunos pasos hacia el reconocimiento de su responsabilidad. Por ello, el 2017 abrió el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO). Algún avance, pero no lo suficiente.
El proceso actual ante el Poder Judicial involucra al expresidente Fujimori, a tres de sus exministros y un director de salud, quienes participaron o promovieron, según señala el fiscal, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que buscaba “reducir la pobreza, reduciendo a la población más vulnerable”. En un documento oficial que se ha incluido en el proceso, se señala que la meta en 1997 era realizar 150 mil ligaduras de trompas.
La coacción al personal de salud para cumplir con las metas de esterilización propició la existencia de casos documentados de mujeres amenazadas o no informadas respecto al procedimiento quirúrgico practicado.
¿Quién ha pagado con cárcel por esta decisión, adoptada como una política de Estado y que se dirigió fundamentalmente contra mujeres y hombres pobres, de escasa instrucción, que fueron conminados o directamente intervenidos quirúrgicamente sin su consentimiento? Nadie.
¿Se han pagado las indemnizaciones a las víctimas, entre las que también se incluye a quienes resultaron con complicaciones o fallecieron por esta causa? No, el Estado no ha pagado la deuda social que mantiene pese a que en 1998 la Defensoría se lo recomendó expresamente al Ministerio de Salud. También una comisión del Congreso determinó que se produjeron daños en la integridad física y psicológica de las 300 mil víctimas.
Ad portas de una decisión judicial que ordene abrir o no juicio oral contra los responsables, recordemos a Mamérita Mestanza Chávez, de 33 años, que fue operada sin consentimiento y murió por lesiones graves, sin atención médica. Su caso, archivado tres veces por la fiscalía, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún no se ha juzgado a los responsables de su muerte.
