El Salvador | Qué sucederá luego de la destitución de magistrados que provocó el rechazo internacional
Crisis que desató Bukele hace temer por la democracia en El Salvador
Por Carlos José Reyes García
Una andanada de críticas le cayó esta semana al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que el Parlamento –controlado por simpatizantes del mandatario– destituyó, el 1.° de mayo, a los magistrados de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) y al Fiscal General del país.
“Lo que ocurrió el 1.° de mayo fue sin duda un golpe de Estado. Se alteró la composición del poder porque dos órganos (Ejecutivo y Legislativo) se pusieron de acuerdo para descabezar a uno de ellos (Judicial). La forma en la que se hizo fue inconstitucional y no se respetó el debido proceso. A la par, hubo operativos policiales: se tomaron el Palacio de Justicia y la sede de la Fiscalía. Los funcionarios que impusieron entraron con el respaldo policial y a los destituidos los rodearon”, le narró a EL TIEMPO Manuel Escalante, abogado constitucionalista y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Estos hechos han puesto en el foco internacional la situación en el país centroamericano, en donde se acusa al Ejecutivo de querer concentrar el poder. EE. UU., la Unión Europea y la ONU consideraron que dichas destituciones atentan contra la separación de poderes.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue duro en sus declaraciones. “Si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos, agarraría para el camino donde ya están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia”, dijo Almagro.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.
Organizaciones internacionales también se pronunciaron. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Right Watch expresó a través de Twitter que, tras los hechos del 1.° de mayo, “el golpe de Estado de derecho es total” en El Salvador.
“Lamentablemente, Bukele se ha encargado de desmantelar prácticamente todas las instituciones que podían limitar sus abusos. (…) La destitución sumaria e inconstitucional de los magistrados de la Sala y el fiscal el sábado 1.° de mayo –el día que asumía la nueva legislatura– tiene que leerse en este contexto: es el resultado final del intento de Bukele por eliminar el sistema de contrapesos y concentrar el poder”, le dijo Vivanco a este diario.
“El presidente Bukele y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Este es un claro ataque a las instituciones democráticas”, comentó por su parte el presidente de la oenegé Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (Wola), Geoff Thale.
Tanto voces en El Salvador como en el exterior apuntan a lo mismo: Bukele y sus simpatizantes están socavando la democracia, las instituciones salvadoreñas y hay una ruptura en el Estado de derecho. Y urgen la independencia de las tres ramas del poder.
Tras las críticas, que también hicieron embajadores de diferentes países con sede en El Salvador, el presidente argumentó que está “limpiando la casa” y que “no es de su incumbencia” lo que está ocurriendo.
“No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió”, indicó Bukele al agregar que, a su juicio, “no tenía lógica” cuestionar al país.
“No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional porque no había nada que condenar”, añadió.
La disputa del Ejecutivo con la Sala Constitucional se había acentuado durante las últimas semanas debido a que la corte había frenado varias medidas presidenciales relacionadas con la pandemia.
La razón del Supremo es que la mayoría de estas órdenes vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. En su momento, el mandatario tuvo duros calificativos contra ellos y los acusó de no permitirle cuidar la vida de sus ciudadanos. Por su parte, el destituido fiscal adelantaba una serie de investigaciones sobre corrupción.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Bukele demuestra intenciones autoritarias.
El 9 de febrero de 2020, desafió al entonces Parlamento opositor tras ingresar a la sede del Legislativo escoltado por el Ejército. Allí los presionó para aprobar un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.
Lo cierto es que con este tipo de acciones ha logrado capitalizar la aprobación de la población, quienes están en contra de los partidos tradicionales salvadoreños. Esto llevó a sus aliados a vencer en las parlamentarias del 28 de febrero de este año, logrando con su partido una mayoría en la Asamblea, lo que le ha dado un mayor margen de maniobra, y que precisamente fue la que respaldó estas recientes acciones.
De hecho, pese a que aún es foco de las críticas, a mitad de semana, la Asamblea aprobó una ley que garantiza inmunidad penal para los funcionarios que han gestionado durante la pandemia, una iniciativa que para la oposición busca opacar las investigaciones de corrupción, otra movida criticada por la comunidad.
Desde El Salvador, el politólogo y analista Luis Contreras, en diálogo con EL TIEMPO, defendió los recientes acontecimientos en su país. “El presidente lo que está creando es ese andamiaje que le brinde mayor gobernabilidad, y vale decir que no fue el presidente el que removió al fiscal ni a los magistrados, fueron los diputados”, dijo mientras acusaba a los medios de su país de desinformar.
Bukele ha intentado argumentar sus recientes actuaciones en El Salvador diciendo que él está poniendo en práctica la voluntad del pueblo, un dilema al que ha llevado a sus electores durante los últimos años que ha estado en el poder.
“Arrogarse la ‘representación del pueblo’ es un típico recurso que emplean los líderes populistas como Bukele, quien utiliza su popularidad como si eso lo habilitara a arremeter contra la sociedad civil, la oposición, la separación de poderes”, dijo Vivanco.
Por su parte, Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y experto en asuntos de América Latina, le explicó a este diario que en tiempos de crisis siempre surgen intentos para imponer medidas drásticas que van en contravía de la vía democrática.
“Lo de El Salvador preocupa porque refleja una tendencia regional (…). En tiempos de crisis siempre hay esta tentación de avasallar los otros poderes (…). Y eso no es de izquierda o de derecha, sino del populismo latinoamericano donde los caudillismos se vuelven más importantes que las mismas instituciones democráticas”, dijo.
El analista explicó, además, que este tipo de gobernantes cuando llegan al poder creen que tienen el derecho a cambiar las reglas, a modificar la institución cuando las cosas no salen bien. “Esas son democracias entre comillas: es un autoritarismo elegido. Son semidictaduras electas”, agregó.
Las consecuencias de estos recientes acontecimientos aún son imprevisibles en el plano internacional. Sin embargo, una veintena de organizaciones de la sociedad civil ya advirtieron de la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados y del Fiscal General.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que “muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos, pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica”.
Señaló que lo que acontece en El Salvador “puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios –es decir, un aumento de la inflación–, un aumento del desempleo que a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también en un aumento de la pobreza y la desigualdad”.
Pero lo cierto es que Bukele parece contar con un respaldo mayoritario en su país, luego de tener prácticamente control de los tres poderes, el respaldo de las Fuerzas Armadas y del pueblo. Entonces, ¿qué otro rol podría adoptar la comunidad internacional ante este panorama?
“La situación en El Salvador hoy es de tal gravedad que exige medidas además de declaraciones. Para ello es fundamental una respuesta regional de manera urgente. Es un pedido que venimos haciendo desde que Bukele asaltó con soldados armados la Asamblea en febrero del año pasado. Frente a esta nueva arremetida de Bukele, la OEA debería convocar a una reunión urgente bajo la Carta Democrática Interamericana, la cual busca proteger la separación de poderes y el Estado de derecho”, acotó Vivanco.
También dijo que EE. UU. debería jugar un rol para acompañar iniciativas de otros países de la región “en pos de una condena efectiva”.
“La administración Biden debería utilizar su posición dentro de los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para condicionar cualquier préstamo o asistencia internacional al respeto de Bukele por las instituciones democráticas del país”, puntualizó Vivanco.
* Con reportería de Andrés Leon / Escuela de Periodismo Multimedia
La petición de un diálogo por la institucionalidad
Por Beatriz Menjívar
El Salvador se encuentra en una coyuntura de crisis constitucional desde el pasado 1 de mayo. Para restaurar el orden, diversos sectores llaman a la comunidad internacional a respaldar el diálogo interno.
«Es importante que la comunidad internacional ponga de manifiesto su postura, porque El Salvador tiene relaciones de diferente índole: políticas, económicas, sociales, y esas relaciones hacen al país responsable frente a estos otros estados, frente a inversiones, frente a acuerdos políticos y otros que ya tiene», señala Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
De consolidarse la concentración del poder de los tres órganos del Estado en manos oficialistas, señala que se espera un panorama poco alentador.
«El Salvador tiene antecedentes de esa naturaleza. La historia salvadoreña nos lleva a reflexionar que con esto lo que se rompe no solo es la división del poder, sino también la garantía y los derechos de las personas. En este caso, por ejemplo, quién va a acudir a la Sala Constitucional a demandar, por ejemplo, al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, a ministerios, si estamos hablando de entes que van a responder a la filosofía e ideología de un partido», explica Rivera.
Por su parte, el presidente de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ) José Marinero afirma que la comunidad internacional es clave para resolver esta situación.
«Es un llamado para que (la comunidad internacional) pueda interponer sus buenos oficios y acompañar el proceso de resolución de la crisis más grave que hemos tenido en materia constitucional desde la firma de los Acuerdos de Paz», dice.
«La destitución y usurpación de estos cargos viola el sistema político y deja de ser representativo, pluralista y republicano, además de violar la independencia judicial y el estado de derecho», señala Marinero.
