El Salvador | 21 expresidentes de derecha condenan la «ruptura del estado de derecho» por la destitución de jueces
Expresidentes piden a la OEA actuar para preservar la democracia salvadoreña
Veintiún exgobernantes de España y América Latina manifestaron este jueves su preocupación por la ruptura del estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia salvadoreña.
En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exmandatarios expresaron su «grave preocupación» por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador ejecutada por la Asamblea Legislativa, de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.
Calificaron lo sucedido como una «manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana» y pidieron revertir la destitución.
Además, instaron a las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que hagan «una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña».
Según se dice en la declaración, los expresidentes constataron que el proceso de destitución de los jueces «se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales».
Destacan al respecto que no se ha llevado a cabo «algún antejuicio por eventuales delitos», no se ha especificado «ley que fije las causas de destitución», no habido «previo ni debido proceso ni derecho a la defensa» y el mandato de los jueces supremos destituidos no había expirado.
«Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías», señala la declaración.
Y ello «solo es posible asegurándose la separación e independencia de los poderes públicos. No hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, como lo demuestra la historia de América Latina».
El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento, de amplía mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara.
El presidente Bukele dijo que están «limpiando la casa» para explicar las destituciones.
Firman la declaración José María Aznar (España), Óscar Arias, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica), y Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá).
También Enrique Bolaños (Nicaragua), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Eduardo Frei T. (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti (Uruguay), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
DECLARACIÓN SOBRE LA RUPTURA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL SALVADOR
Sala Constitucional de Facto se auto protege y declara improcedente demanda en su contra por elección
Por Wiliam A. Hernández
“Declarase improcedente la demanda presentada por los ciudadanos Leonardo Alejandro Gallegos García, Edgar Alejandro Menjívar Rosales y Enrique Antonio Fuentes López, a fin de que este tribunal declare la inconstitucional de la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los exmagistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, por la supuesta violación a los artículos 86, 135 y 172 inciso 3º. De la Constitución”, con esa resolución de ayer los magistrados de la Sala de lo Constitucional de Facto anulan la demanda de inconstitucionalidad número 31-2021 y se auto protegen para perpetrarse en el máximo tribunal constitucional.
Y añade: “La razón es que los actores emiten un juicio de perfectibilidad, pues se trata de una disconformidad con las razones empleadas en el objeto de control (referidas en los considerandos I y V del decreto que se impugna) y de un intento por “corregir” o “persuadir” según muy particular manera de entenderlo”.
Según Edgar Menjívar, uno de demandantes en un hilo en Twitter que muestra su inconformidad por lo resuelto por la Sala de Facto, “Que la demanda fue declarada improcedente (con argumentos vagos) porque pretendíamos “persuadir” y “corregir” la decisión de los diputados. ¡CLARO QUE BUSCÁBAMOS CORREGIR ESTA EVIDENTE VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL!”, afirmó.
El abogado demandante aseguró que el recurso fue preparado el sábado 1 de mayo, antes que la Sala de lo Constitucional emitiera una sentencia de inconstitucional de Mandamiento Judicial 1-2021 contra la destitución de sus magistrados propietarios y suplentes.
De acuerdo con el demandante, “la demanda argumentaba que la decisión de la @AsambleaSV como órgano colegiado, vulneraba de forma evidente los principios de independencia judicial y de separación orgánica de funciones (arts. 172 inc. 2 y 85 Cn. respectivamente)”.
“Vaya justicia constitucional que nos espera…”, cuestionó Menjívar ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de Facto.
Otro de los demandantes, Leonardo Gallegos señaló que la resolución de la Sala de Facto no ha sido publicada ni divulgada en ningún sitio público de la Corte Suprema de Justicia.
“Aún no está publicado, nosotros como somos parte del proceso ya fuimos notificados, pero no está publicada; sin embargo, la resolución solo tiene 3 páginas, las que están ahí”, afirmó siempre en Twitter.
El 1 de mayo, en su primera plenaria, la nueva asamblea Legislativa dominada por el partido de Nuevas Ideas destituyó con 64 votos a favor y 19 en contra a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de la votación para lograr la destitución, los diputados se tomaron cinco minutos para “evaluar” los perfiles de los candidatos que conformarán las nuevas magistraturas de la Sala.
Los abogados elegidos por la Asamblea de Nuevas Ideas para la Sala de lo Constitucional de Facto son: Óscar López Jerez, designado como presidente; Elsy Dueñas, José Ángel Pérez, Luis Javier Suárez y Héctor Nahúm Martínez.
Bukele deslegitima informe de la OEA por incluir opinión de sociedad civil
Por Mónica Campos
Luego de sostener reuniones con diferentes organizaciones, periodistas y actores políticos en el país, el pasado 2 de mayo -un día después de que la nueva Asamblea Legislativa deshizo la independencia de poderes- la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre la situación de El Salvador. En la primera conclusión, los delegados especiales, que elaboraron el informe, expresaron preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho y la democracia salvadoreña en El Salvador, por las denuncias de falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información y el posible aumento en la militarización del país, evidenciado principalmente por los hechos del 9 de febrero del 2020.
A pesar de que el mismo gobierno solicitó el envío de la misión, al presidente de la república Nayib Bukele no le gustaron los resultados y los desacreditó por haber incluido opiniones de la sociedad civil. Así quedó evidenciado en la transmisión de la cadena nacional pregrabada de una reunión privada que sostuvo con el cuerpo diplomático el 3 de mayo, a la cual los convocó para darles su versión de la decisión de la nueva Asamblea de destituir magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general de la república en la primera sesión plenaria del primero de mayo.
“Yo veo el reporte de la OEA que sacan y dicen: ‘nos hemos reunido con la sociedad civil’. ¿Con qué sociedad civil se reunieron? Se reunieron con unos grupos de oposición, porque la sociedad civil jamás hubiera dicho lo que dice el reporte de la OEA”, dijo Bukele a los embajadores, en un intento de justificar a sus diputados.
“Si platican con 10 organizaciones antigobierno, ustedes no se reunieron con la sociedad civil, se reunieron con la oposición. Todo con su justa palabra: se reunieron con la oposición”, reiteró Bukele ante el cuerpo diplomático, a quienes, además, acusó de estar mal informando a sus países sobre lo que sucedió en El Salvador.
Un día después de esa transmisión, Luis Almagro, secretario general de la OEA instó al presidente Bukele a respetar la independencia de poderes y abandonar el camino que transitan Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, según informó la agencia de noticias AFP. Almagro, quien antes había defendido a Bukele, daba un contundente mensaje de rechazo y mostró preocupación por lo que llamó la cooptación del poder judicial, diciendo que esto era una ventana para la persecución de adversarios políticos.
El informe que irritó al presidente Bukele fue solicitado por la canciller salvadoreña Alexanda Hill Tinoco y por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, apelando al artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, después de los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele irrumpió en el Salón Azúl de la Asamblea con militares, en un acto que fue señalado por analistas como un intento fallido de autogolpe de Estado e intromisión del Ejecutivo en los otros poderes del Estado.
Según Bukele, el informe de la misión no refleja la realidad porque los delegados de la OEA no se reunieron con quienes él considera que son la “sociedad civil”. Sin embargo, esta no es la primera vez que Bukele utiliza el mismo argumento para deslegitimar la visita e informes de delegados especiales enviados desde la comunidad internacional. Lo mismo dijo cuando el enviado especial de Estados Unidos para el triángulo norte, Ricardo Zúñiga, visitó el país del 5 al 8 de abril de 2021 y se reunió con representantes de organizaciones.
Las organizaciones no gubernamentales que figuran en el informe son Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Fundación para el Debido Proceso, Fusades, Funde, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Luterana y el Instituto de Estudios Jurídicos.
Algunas de las organizaciones a las que Bukele llamó “antigobierno” y “oposición” son en realidad organizaciones que históricamente han trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos y han señalado violaciones de derechos en gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha.
“En cadena nacional, el presidente llamó oposición a Cristosal e Idhuca. Defender DDHH no es oposición, sino decencia y moralidad”, escribió en Twitter José María Tojeira, quien figura en la lista de las personas consultadas por la Misión Especial como representante del Idhuca.
Otra de las personas citadas en el informe, como representante de sociedad civil, es el politólogo Benjamín Cuéllar. GatoEncerrado conversó con él y dijo que nunca fue citado o entrevistado en calidad de opositor político y aclara que se ha dedicado a trabajar en la defensa y promoción de Derechos Humanos. Actualmente, Cuéllar es parte de la organización Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad que busca reparación y justicia para las víctimas del conflicto armado.
“Nosotros somos una agrupación que desde las sociedades están demandando el respeto a la justicia y la reparación integral. Nosotros no tenemos ninguna posición política y creo que somos la única (agrupación) que está trabajando en este tema que está denunciando casos cuya responsabilidad se le atribuye al FMLN y al partido Arena”, explicó Cuéllar.
Benjamín Cuéllar puso la primera demanda de inconstitucionalidad por la ley de amnistía aprobada en su momento por el FMLN y Arena en mayo de 1993, semanas después de que fuera aprobada en la Asamblea Legislativa de la época. “Inmediatamente me contestó la sala que era improcedente, inmediatamente me di cuenta de que había un pacto entre ambos partidos (Arena y el FMLN) y había que luchar contra ambos partidos, y ahora hay un tercer obstáculo, no solo Arena y el FMLN, sino también el partido (Nuevas Ideas) y el gobierno actual”, comentó.
De hecho, el acceso a la justicia relacionada a los derechos humanos y los crímenes cometidos durante la guerra hacen parte del primer apartado en el que ahonda el informe de la OEA. El apartado habla específicamente sobre la negativa de Bukele de permitir el acceso a los archivos militares en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
La Misión Especial hace un llamado a que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños. Además, recuerda que la última resolución sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia, la Corte determinó que la negativa estatal de permitir inspecciones judiciales en los archivos militares amparándose en el secreto de Estado la inexistencia de la información requerida constituye una obstrucción de justicia.
En materia de derechos humanos, el informe también toma nota de la visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2019. En su informe, la CIDH ve con preocupación la situación salvadoreña en aspectos seguridad ciudadana; la situación de personas privadas de libertad; memoria, verdad, justicia y acceso a la justicia; la situación de los derechos de las mujeres y personas LGBTI; la situación de personas migrantes, desplazadas; y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El exprocurador de derechos humanos, David Morales, quien fue consultado como representante de organización Cristosal, lamentó que el presidente Bukele recrimine a los representantes diplomáticos su contacto con organizaciones de derechos humanos como Cristosal e Idhuca y los califique como “organizaciones opositoras”. “Esta afirmación es una manipulación. No somos organizaciones que hacemos políticas partidarias, somos organizaciones que representamos a víctimas que han sufrido violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
Para Morales, este es un discurso que busca encubrir los abusos en que ha estado incurriendo el gobierno desde su administración en la pandemia y fueron condenados internacionalmente y señalados como violaciones constitucionales por la sala que fue destituida el uno de mayo.
“La labor de defensa de los derechos humanos es un estándar del derecho internacional está reconocido universalmente de esta manera y la constitución misma permite su ejercicio. Por lo tanto, se trata de meras frases de intolerancia y recriminación al cuerpo diplomático por su interés de dar seguimiento a la situación de derechos humanos”, concluyó Morales.
Sin espacio para el diálogo
En la segunda y tercera conclusión del informe de la OEA, la Misión Especial consideró que los resultados de las elecciones del 28 de febrero y las coincides entre el Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y otros sectores, podrían ser la oportunidad para construir un proceso de diálogo amplio y participativo encaminado hacia la construcción de una agenda democrática.
“Es fundamental que se restablezca un diálogo institucional entre las instituciones y fuerzas democráticas del país, con miras a un proceso real de fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el respeto irrestricto al Estado de derecho de El Salvador”, señala la segundo conclusión, la cual está vinculada con la tercera.
Para Benjamín Cuéllar, después de lo que pasó el primero de mayo con la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General se cayeron dos de las tres conclusiones del informe.
“Yo divido las conclusiones en: una buena contundente, creo yo, que es que habla sobre las preocupaciones sobre violaciones al Estado de Derecho y la democracia salvadoreña, que es la primera conclusión. Las otras dos se caen con lo que pasó el sábado porque la segunda hablaba de que las recientes elecciones legislativas y municipales podrían ser una oportunidad para construir un proceso amplio y participativo”, dijo.
Agregó que: “Eso se viene abajo con la desacreditación que hace Bukele del informe de la OEA sobre la base de descalificar a la gente con la que se reunió. Ese espacio de la OEA no sé si va a continuar funcionando. Almagro era el único que lo apoyaba e inmediatamente lanza un comunicado como Secretario General condenando los hechos y responsabilizando al ejecutivo sobre lo que había ocurrido”, concluyó Cuéllar.
En su comunicado publicado el mismo 2 de mayo, la OEA expresó la importancia de dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Misión Especial e hizo un llamado contundente al ejecutivo. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo.
El más pleno respeto al Estado de Derecho Democrático es esencial. Las mayorías parlamentarias y la acción de Gobierno deben fortalecerse permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia. Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”, respondió el organismo regional.
