Diplomática de EEUU asegura que Murillo tendrá que cumplir condena antes de ser extraditado
Charisse Phillips: Murillo tendrá que cumplir sentencia en EEUU antes de ser extraditado
Por Miguel Gómez
La residencia de Estados Unidos en la zona de Achumani de La Paz ha sido adornada con textiles tras la llegada de Charisse Phillips, la encargada de Negocios de ese país que arribó en agosto del año pasado; admite que son su “debilidad”.
La diplomática recibió a La Razón en medio del remezón desatado por la detención de Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, en Estados Unidos, junto a su exjefe de gabinete y tres empresarios acusados por compra con sobreprecio de $us 2,3 millones de material antidisturbios. Un informe de inteligencia estadounidense fue el detonante.
En la entrevista, Phillips explica el proceso y el paraguas legal de este tipo de investigaciones por lavado de dinero y sobornos. Y no desaprovecha la oportunidad para hablar del avance hacia la normalización de relaciones bilaterales, la lucha contra la pandemia y las vetas para la relación comercial.
—Hay un caso en Estados Unidos que interesa mucho a Bolivia, el del exministro Murillo. Está claro que no puede referirse al tema en sí, pero ¿cómo funciona ese mecanismo que se activó en su país y cuál es el marco legal por el que se llevó a cabo esta investigación?
—Para el Gobierno de Estados Unidos combatir la corrupción es un tema de seguridad nacional, porque la corrupción mata y también roba la esperanza. Estamos trabajando en todo el mundo para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción internacional. Y para la administración del presidente Joe Biden, en este momento esta lucha es más importante que nunca porque la corrupción impide el desarrollo económico y demora la recuperación frente a la pandemia.
Tenemos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), herramienta clave para esta lucha, porque establece consecuencias legales para personas y entidades estadounidenses, así como ciertos ciudadanos no estadounidenses, y está enfocada a los que pagan sobornos a gobiernos extranjeros. Rige desde 1997, hemos tenido casi 700 casos en los cuales hemos usado esta norma para investigar y enjuiciar la corrupción, igual a los que usan, por ejemplo, nuestros bancos para el lavado de dinero.
Para eso tenemos el FinCEN (Control de Delitos Financieros), un equipo de 300 investigadores y analistas, una red de inteligencia para la detección, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero nacional e internacional, y otros delitos financieros. Es importante para América Latina porque mucho dinero pasa por los bancos de Miami, que funcionan como una especie de centro banquero hemisférico, y con el FinCEN y la Ley FCPA podemos seguir el dinero y hallar las raíces de corrupción. Los hemos usado varias veces contra los narcotraficantes, y ahora más con esto de la corrupción oficial.
—¿Cuál es el enfoque que le da Estados Unidos a esta lucha?
—Hemos adoptado un enfoque integral que abarca a todo el Gobierno de Estados Unidos, lo que ha convertido a la lucha contra la corrupción como prioridad. Creo que este compromiso convierte a Estados Unidos en un socio comercial ideal porque hay la confianza en que tiene las herramientas legales para evitar la corrupción en los contratos públicos; por ejemplo, empresas estadounidenses siguen interesadas en hacer negocios en Bolivia y se están preparando para licitaciones públicas y privadas y si bien la decisión de las autoridades pertinentes es seleccionar a socios comercialmente preferidos, pueden estar seguros de que estas compañías llevan a cabo prácticas comerciales adecuadas. Cuando una empresa o un país deciden hacer negocios con empresas de Estados Unidos, saben que su gobierno tiene la voluntad y las herramientas legales para responsabilizar a las personas y entidades estadounidenses que participan en prácticas corruptas.
—Entiendo que estos procesos se activan cuando hay una alerta, y se controla a empresas con residencia en Estados Unidos…
—Puede ser que el dinero pase por Estados Unidos y esto active una alerta. Tenemos con el FinCEN la posibilidad de obtener información y análisis sobre el movimiento de dineros y contactos que son, digamos, dudosos, y tenemos la Ley FCPA para poder seguir investigando hasta enjuiciarlos. Si los actores viven en Estados Unidos es fácil detenerlos y normalmente no se quedan detenidos hasta el día del juicio y se les da una fianza, ya que es un proceso lento y largo. Pero cuando alguien no es ciudadano estadounidense y tiene lazos en el extranjero, no se acepta una fianza y el detenido debe quedarse en la cárcel porque el riesgo de fuga es grande.
—O sea Estados Unidos hace más énfasis en el seguimiento a firmas estadounidenses.
—Hubo una empresa estadounidense (N. del E.: la intermediaria investigada Bravo Tactical Solutions) con ciudadanos de Estados Unidos y creo que uno es residente. Pero no fue el FBI que investigó, sino la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional), y ellos van a obtener mucha información sobre migración y viajes. Muchos viajes dudosos a Miami o muchos viajes cuando se lleve dinero, todo esto combina para dar indicaciones de que quizás algo no está como debe ser.
—El Canciller de Bolivia destacó la colaboración de Estados Unidos y la comunicación conjunta antes de las detenciones de este caso, ¿de qué tipo de comunicación hablamos?
—La comunicación está mejorando. Tenemos un acceso, la posibilidad de comunicarnos con la Cancillería, lo que es muy positivo. Creo que casos así no solo muestran la intención de Estados Unidos de comunicar y estar abierto con el Gobierno de Bolivia sobre estos casos, es un indicador de que estamos construyendo más confianza entre nuestros dos gobiernos.
—Segun la Ley FCPA, tras el juicio se cumple la condena en Estados Unidos…
—Es cierto. Hay un convenio de extradición entre nuestros dos países, pero primero hay que cumplir con cualquier sentencia o sentencias, investigaciones en EEUU, antes de ser expulsado o extraditado. No puedo comentar si existe o no un pedido de extradición, pero sí hay un convenio para hacerlo.
—El Gobierno anunció que va a hacer la solicitud de extradición del exministro Murillo por el conducto regular. Con lo que me dice, hay que esperar el juicio para una determinación y más aún si hay condena.
—Sí. No sé mucho del caso, qué tan avanzado está o si habrá más cargos o involucrados, pero sé que están preguntando sobre el ciudadano boliviano que está en Estados Unidos relacionado en este caso. Tendrá que cumplir con cualquier sentencia, sea un año o 20 años (de cárcel), antes de ser extraditado.
—De todas formas, Estados Unidos recibirá la solicitud de extradición y la analizará…
—Si se hace o por nuestra embajada o la de Bolivia en Washington, va al Departamento de Estado para registrarla y luego al Departamento de Justicia para revisarla.
—Se habla de señales interesantes en la relación bilateral, no solo con este caso. ¿Se puede esperar un cambio de aire en la relación con Biden, a diferencia de lo que pasaba con Trump?
—Joe Biden tiene mucho interés en América Latina, la conoce bien y creo que por eso se interesará más en mejorar las relaciones. Pero también hay lugares en los cuales tenemos intereses comunes con Bolivia y podemos cooperar en ellos. No tenemos que ser los mejores amigos antes de cooperar en temas como éste de la corrupción.
—Al revés, ¿puede haber un mejor aire de relaciones con el gobierno del MAS?, porque hubo un mayor acercamiento de Estados Unidos con el gobierno transitorio de Áñez.
—Esto fue difícil por la pandemia, por no poder seguir con las elecciones como se había planeado. Lo que dije al llegar al país a finales de agosto fue que queríamos elecciones creíbles, transparentes, justas, para que el país tenga un gobierno legítimo, para dar estabilidad y enfrentar la pandemia y mejorar la economía. Lo hemos felicitado al presidente Luis Arce horas después de su victoria y él tuvo una llamada del presidente Donald Trump.
—¿Habló Arce con Trump?
—Sí, fue en noviembre, en la posesión… Entonces, no hay problemas grandes que tenemos que enfrentar antes de empezar a mejorar las relaciones, pero sí hay diferencias que van a continuar y también hay otras áreas donde tenemos intereses y podemos cooperar.
—Habla de diferencias; cuando surgen roces, el Gobierno de Bolivia habla de una injerencia de Estados Unidos.
—No estuve entonces, no puedo comentar lo que pasó en el pasado.
—Lo último pasó con la sugerencia del Departamento de Estado para que se libere a la expresidenta Áñez, y nuevamente se habló de injerencia.
—Para nosotros los derechos humanos son muy importantes y vamos a seguir expresándonos cuando tenemos preocupaciones, sea con amigos o con vecinos, si pensamos que están siguiendo un camino que no es el interés de la democracia. Entonces, Washington sí expresó su preocupación sobre la detención y vamos a seguir insistiendo que la mejor protección para una democracia es un poder judicial independiente, imparcial y eficaz. Y eso es lo que queremos, una justicia transparencia y justa.
—Pero el Canciller dijo que lapelota está en la cancha de Estados Unidos para que avance la mejora de las relaciones…
—Creo que este caso de corrupción es una muestra de nuestro interés en seguir luchando contra la corrupción internacional, no importa si es alguien de un gobierno con el cual tuvimos relaciones bastante buenas, no tenemos personas a las cuales estamos interesados de proteger, sino luchar contra la corrupción, porque mata. Pero igual tenemos interés en los derechos humanos y una justicia transparente y eficaz.
—Son casi 10 años de un acuerdo marco que no da frutos. Según usted, ¿cuáles son las claves para avanzar en la normalización de relaciones?
—Es poco conocido que antes de la pandemia tuvimos un intercambio comercial de $us 1.000 millones y todavía hay un comercio bilateral muy dinámico y diverso. Y fuera de Sudamérica, Estados Unidos es el mercado más grande para Bolivia para bienes hechos por manos bolivianas, lo que apoya el empleo. Y además de estas exportaciones de Bolivia, las importaciones de Estados Unidos incluyen inversiones de calidad e insumos para la producción. Entonces es una relación comercial muy balanceada.
—¿Me habla de que lo comercial es clave para avanzar hacia esta ‘normalización’?
—Es importante no solo para superar los efectos de la pandemia, sino para crear oportunidades de trabajo para bolivianos y estadounidenses. Las relaciones comerciales son un enfoque importante de nuestro gobierno y buscamos posibilidades para fomentarlas más. Empresas estadounidenses están interesadas en invertir en entornos favorables, negocios con la confianza de protección legal y donde los contratos públicos son transparentes. Estuve en Santa Cruz para apoyar un proyecto del presidente Arce para biodiésel renovable, uno de los interesados es la empresa Honeywell, muy conocida. Recién estuve en un evento donde varias empresas, incluso dos de Estados Unidos, estaban interesadas en un proyecto de litio. Hemos recibido un interés de empresas bolivianas que exportan productos agrícolas y hay la posibilidad de expandir este mercado. Y los lazos son cada vez más fuertes entre las industrias ganaderas de los Estados Unidos y Bolivia, que han mejorado enormemente la calidad y productividad de la industria de Bolivia en los últimos años.
—¿Cómo se traduce la cooperación en el tema de la vacunación contra el COVID-19?
—Estados Unidos decidió que el mecanismo más transparente y eficaz para entregar la vacuna es el COVAX, somos el donante más grande del mecanismo, con $us 4.000 millones. En Bolivia se contribuyó con más de $us 4,8 millones en 200 respiradores, disponibilidad de oxígeno, equipos de oxígeno y bioseguridad… El miércoles llegaron más de 102.000 dosis Pfizer y estamos buscando la manera de ampliar el acceso. El presidente Biden está interesado en ver la manera de liberar las patentes para que más países puedan aprovechar y hacer sus vacunas, es algo que tenemos en común con Bolivia.
—En Bolivia se resaltó ello, ¿es posible armar un frente común?
—No sé si habrá una reunión, van a ver la mejor manera de hacer esto. Con tantas personas por vacunar no solo es un asuntos de liberar las vacunas, sino que hay que hacerlas manufacturar en otros países. Y creo que Biden está buscando las maneras de hacerlo.
—Un tema que interesa a Estados Unidos es la lucha antidroga, ¿cómo puede haber mayor coordinación con Bolivia?
—Estamos enfocados ahora en la pandemia, la economía, no hemos hablado mucho de este tema. Creo que Bolivia ya ha publicado su nueva estrategia y la vamos a mandar a Washington para que la estudien. Pero estamos interesados en la cooperación en este tema, pero probablemente de manera diferente que en el pasado, hay una gran cuestión de salud pública en Estados Unidos que atrae la atención.
—¿Cuál es la misión específica que le dio el presidente Biden para su trabajo en Bolivia?
—La administración de Biden ya está mandando representantes a la región para escuchar lo que opinen gobiernos vecinos de Bolivia, espero que podamos tener más comunicación, que quizás últimamente va a resultar en una visita, pero poco a poco, porque lo importante ahora es combatir la pandemia, mejorar la economía y abrir la sociedad otra vez para que se recupere de los efectos de la pandemia.
Perfil
Nombre: Charisse Phillips
Cargo: Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos
Su sueño, visitar Tiwanaku
Antes de su llegada fue Ministra Consejera para Asuntos Consulares en Nueva Delhi (India). Previo a ello, fue Asesora Principal para Asuntos de Rehenes en la Oficina de Asuntos Consulares en el Departamento de Estado. Afirma que en Bolivia cumplió un sueño: visitar el complejo arqueológico de Tiwanaku.
Jueza ordena cárcel para dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa por el caso Murillo
Por Edwin Condori
La jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ximena Palacios, dispuso este domingo la detención preventiva en el penal de San Pedro de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, Pedro Miguel Rea Simón y Raúl Martín López Gonzales, por estar involucrados en procesos derivados del caso de la presunta red de corrupción del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Según información del Ministerio de Justicia, la audiencia de medidas cautelares de los imputados se realizó de manera virtual y “luego de la participación y fundamentación del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia, Procuraduría General de Estado, Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobierno, la jueza (…) dispuso la detención preventiva” de los procesados por un plazo de seis meses.
Se conoce que la determinación fue asumida por la “concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales”, como la posible obstaculización en la investigación, que no fueron desvirtuados con documentación suficiente.
López Gonzáles fue Director Jurídico del Ministerio de Defensa durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y Rea Simón era Director de Logística de la misma cartera de Estado. Ambos fueron imputados por supuesto “uso indebido de influencias” y otros delitos.
Estas nuevas detenciones surgen a partir de la captura del exministro Murillo en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y pago de sobornos, que se habrían cometido en el proceso de la compra de gases lacrimógenos en la gestión de Áñez y en el que están involucradas varias instituciones como los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Según investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la compra de ese material, a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
El sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que en el allanamiento al domicilio de López Gonzales “se encontró una caja con bastante documentación de varios procesos de contratación”.
Mientras, en el allanamiento al domicilio de Rea Simón, se encontraron “proyectiles de escopeta, cartuchos de munición calibre 25, vestimenta militar, serie de depósitos, fotografías con el exministro de Defensa (Fernando López) y así también dos cajas con documentación referida al proceso de gases lacrimógenos”, agregó Del Castillo.
Un nuevo aprehendido
Asimismo, en las últimas horas, de acuerdo a un reporte preliminar, se conoció que dentro de este complejo proceso investigativo se aprehendió a un supuesto colaborador de Murillo, identificado como Giovanni Edgar Fuentes Tambo, quien se encontraba en Cochabamba y luego fue trasladado a La Paz.
Del Castillo, el sábado, dijo que “alrededor de 10 personas están involucradas e investigadas en Bolivia” hasta la fecha a partir de la detención de Murillo.
Evo: ¿Dónde está CNN, Añez, Almagro?, por favor defiendan a Arturo Murillo
“¿Dónde están sus colaboradores, su jefa (Jeanine) Añez, dónde está CNN, (Luis) Almagro?, por favor defiendan a (Arturo) Murillo”, cuestionó este domingo el expresidente Evo Morales en referencia a la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y sobornos utilizando el sistema bancario estadounidense.
Morales remarcó que con la detención de Murillo, “la derecha boliviana se quedó sin discurso” porque no podrá sostener el alegato de “persecución política” que manejan las exautoridades de la gestión de Añez y que son investigados por casos de corrupción.
El exmandatario afirmó que no solo se debe juzgar a las exautoridades del gobierno de Añez, sino también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusa de avalar el supuesto golpe de Estado que derivó en su renuncia a la presidencia el 2019.
“Aquí no solamente deben ser juzgadas las exautoridades nacionales, sino también Luis Almagro y todo su equipo, no solo para garantizar la democracia en Bolivia, sino en toda América Latina; ya es hora de poner orden en América Latina”, agregó en contacto con la radio Kawsachun Coca.
El exministro Murillo fue detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y sobornos. El Estado boliviano pagó por gases lacrimógenos y otros productos 5,6 millones de dólares cuando su precio real era de 3,3 millones; las autoridades de ese país establecieron que más de dos millones hubieran sido repartidos entre los implicados en el ilícito.
