Colombia | Ernesto Samper, expresidente: “El gobierno debe escoger entre el diálogo o la represión si quiere terminar su período en condiciones de gobernabilidad”
Han pasado 11 días desde el inicio del paro nacional en Colombia. Aunque el Presidente Iván Duque dio marcha atrás al proyecto de reforma tributaria que gatilló la crisis, los colombianos siguen en las calles denunciando las desigualdades sociales que se acentuaron durante la pandemia del Covid-19. Según la Defensoría del Pueblo, a la fecha al menos 26 personas han fallecido y 850 han resultado heridas en enfrentamientos después de que el Ejecutivo ordenó militarizar las calles para evitar saqueos y desórdenes.
Ante este escenario, el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) señala en conversación con La Tercera que “fue como tratar de apagar el fuego con gasolina pretender que las personas víctimas de la pandemia sean quienes paguen la factura social”.
¿Fue un error del Presidente Iván Duque plantear una reforma tributaria que aumentaba el IVA a los servicios básicos y que afectaba directamente a los sectores más pobres de Colombia?
Sin duda fue un error la sola presentación de la reforma tributaria con la justificación dada por el gobierno de que se trataba de arreglar la situación fiscal. Estos no son momentos para hacer ajustes fiscales y mucho menos para hacer ajustes fiscales por cuenta de los sectores sociales que han sido afectados por la pandemia, sino al contrario, es el momento de hacer esfuerzos por reducir la pobreza, establecer subsidios de desempleo y, por supuesto, hacer más llevadera la vida de las personas. En el último año, los colombianos aumentaron sus niveles de pobreza del 36% al 42%. Esto indica que hay un problema fundamental, estructural, de demanda, que solamente se puede resolver a través de una expansión del gasto, de la inversión social, que fue lo que el gobierno no entendió al pretender inducir un reajuste fiscal que sin duda tendría unas consecuencias muy complicadas sobre la estabilidad social y sobre las propias condiciones de vida que hoy enfrentan los colombianos.
¿Cómo evalúa las masivas movilizaciones en Colombia? ¿Estamos ante la crisis más grave que ha enfrentado el gobierno de Duque?
Sin duda es la más compleja, porque aquí no solamente están confluyendo factores de coyuntura, como puede ser el caso de la reforma tributaria, que a mi juicio fue la punta del iceberg, sino también de una serie de políticas que de alguna manera han venido haciendo muy complejo el manejo de la realidad política, como, por ejemplo, el incumplimiento de acuerdos fundamentales que estaban contenidos en los Acuerdos de Paz de La Habana relacionados con la sustitución social de cultivos ilícitos, la protección de las víctimas o finalmente con la distribución de tierras. Aquí hay factores de coyuntura y factores de largo plazo que se han sumado en estas jornadas de protestas, en medio de un país que vive como todos los países del mundo, pero especialmente en América Latina, todos los efectos de una pandemia.
Considerando que antes de la pandemia varios países de la región vivieron estallidos sociales y que se ha hecho “muy complejo el manejo de la realidad política” en Colombia, como usted dice, ¿cree que está en riesgo la gobernabilidad con Duque?
Colombia es una democracia, tiene una larga historia de tradición democrática. En este momento no creo que haya una amenaza o una desinstitucionalización, pero es claro que estamos en una situación de inestabilidad que resulta muy complicada para el aseguramiento de la democracia en temas como, por ejemplo, el control de las Fuerzas Armadas, la respuesta a las manifestaciones legítimas de la gente en la calle o la utilización de facultades inclusive constitucionales para restringir la libertad, la movilidad, el derecho al trabajo de las personas que en este momento están siendo víctimas de la pandemia. En Colombia quizás se añade el factor de un conflicto armado que todavía no ha terminado de resolverse. Todos esos factores, sin duda, crean un cuadro de gran inestabilidad en este momento, por supuesto. No creo que amenace la continuación de la institucionalidad, pero sin duda afecta la gobernabilidad.
¿Usted es partidario de aumentar los impuestos a los más ricos, tal como se comienza a debatir en varios países?
Por supuesto, yo creo que los sectores que pueden contribuir más, sin que esto se convierta en una amenaza, deberían facilitar que el gobierno cobre este impuesto sobre los sectores que tienen más capacidad de pago. Lo que es un verdadero suicidio, y es como tratar de apagar un incendio con gasolina es pretender que las personas que han sido víctimas de la pandemia, sean quienes paguen la factura social de la pandemia, esto no tiene ninguna justificación desde el punto de vista político ni desde el punto de vista ético. Tenemos que ser audaces en la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento de la pandemia, que incluyen las emisiones del Banco Central, el refinanciamiento de la deuda externa con los organismos multilaterales, que lo están haciendo ya con todos los países, o la imposición de impuestos mayores al patrimonio, la propiedad o la rentabilidad en medio de la pandemia. Eso sería una manera mucho más ética y mucho más efectiva de financiar los costos de la estabilización social y la reconstrucción del tejido social.
Tras los cambios en el Ministerio de Hacienda, ¿qué pasos cree que debe dar ahora el gobierno colombiano?
El gobierno, ante todo, debe escuchar a los sectores que están en la calle, que pidieron no solamente echar para atrás los contenidos de la reforma, sino una serie de reivindicaciones que tienen que ver con la generación de empleos y la educación pública. No hay que olvidar que en América Latina los jóvenes estaban gritando en el 2019. El hecho de que la pandemia haya ahogado ese grito que se estaba escuchando en todos los países y que nació casi que en Chile, no quiere decir que las circunstancias de entonces hayan variado. Al contrario, lo que se consiguió con la pandemia fue profundizar las asimetrías que se estaban denunciando a finales del año 2019. Lo que tenemos que hacer en este momento es un programa para reconstruir el tejido social y reactivar la economía, especialmente la economía de las pequeñas y medianas industrias, y para de alguna manera controlar todo el daño que hizo sobre las estructuras democráticas esta etapa de pandemia.
El Comité Nacional de Paro señala que seguirán en las calles hasta poner fin al paquetazo de Duque con la reforma de salud, laboral y de pensiones…
Hay dos caminos: uno del partido de gobierno, que es el de la militarización, al aumentar la capacidad de control del Estado sobre la ciudadanía, que me parece a mí un suicidio, o está el camino de abrir canales de diálogo y de concertación a través de un ejercicio de aproximación a estos sectores, que no solamente están integrados por los partidos de oposición que deberían ser llamados a la mesa de negociaciones, sino también por los movimientos sociales que en Colombia son muy fuertes y muy representativos de sectores que no pueden ser olvidados, como, por ejemplo, los sectores campesinos, indígenas o afrodescendientes.
Las movilizaciones se dan a un año de los comicios presidenciales programados para el 29 de mayo de 2022. ¿El actuar de los partidos políticos en la mesa de diálogo estará condicionado ante la cercanía de la contienda electoral?
El diálogo es la única manera de que pueda haber unas elecciones en paz y en democracia. Pretender hacer unas elecciones en medio de una reforma tributaria como la que estaban tratando de avanzar en el Congreso era prácticamente remar contra una corriente muy fuerte. Ahora, la mejor manera de tener un ambiente tranquilo para que el ejercicio electoral de los próximos comicios en Colombia no sea el resultado de una polarización ideológica que anula las alternativas de proyectos políticos y reduce la cuestión política a un enfrentamiento de odios, es que se logre un acuerdo sobre la estabilización de la economía y la recuperación de la estabilidad social.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo hay más de una veintena de fallecidos por enfrentamientos entre manifestantes y la policía. ¿Cuál es su postura frente a la militarización en las calles?
Que va totalmente en contravía de lo que en este momento debería ser una respuesta comprensiva, tolerante y generosa para escuchar las voces de los que en este momento están pidiendo con razón unas reivindicaciones que resultan de una serie compleja de fenómenos. La militarización es un absoluto error, porque es crear un escenario de guerra que seguramente les sirve a los sectores de la derecha para pedir en las elecciones una mano dura contra la cual hoy día están votando el 80% de los colombianos. El país no quiere más represión, sino diálogo. El gobierno tiene que escoger uno de esos dos caminos si quiere terminar su período en condiciones de gobernabilidad.
¿Qué hace falta para que los colombianos depongan las movilizaciones?
Que se sientan no solamente escuchados, sino reconocidos. Aquí no solo hay sordera a ciertas reivindicaciones, sino una falta de reconocimiento de los otros, que es un fenómeno, además, muy propio de América Latina. Perdimos la capacidad de ponernos de acuerdo y no nos estamos reconociendo a partir del respeto a la identidad que representa la otra persona. En Colombia es muy importante, porque estamos tratando de salir de 50 años de conflicto armado durante los cuales resolvimos nuestras diferencias a punta de bala y de enfrentamientos. Ahora tenemos esta posibilidad única de reconstruir nuestra sociedad, a partir del respeto a nuestras diferencias, y ese es el punto de fondo de lo que debe entender el Presidente Duque si quiere realmente liderar esta última etapa de su gobierno.
Una de las mayores preocupaciones de las manifestaciones es el Covid-19. ¿Cómo ha visto el manejo de la pandemia en Colombia?
Ha estado bien el aislamiento y se está progresando en el tema de vacunación. Ha sido un manejo acertado y siguiendo los cánones internacionales. Sin embargo, las mayores deficiencias en el manejo de la pandemia están en la contención social, porque en Colombia, como en el resto de países de América Latina, el 56% de los trabajadores son del sector informal. Para ellos la calle es su medio de vida y pretender que estas personas se queden encerradas en sus casas cuando no tienen trabajo, cuando han reducido a dos comidas diarias su dieta alimenticia, cuando sus hijos están con dificultades para conectarse por la brecha digital para seguir estudiando o no tienen la posibilidad de acceder a la salud pública, es simplemente un contrasentido histórico. La gente, a pesar de la posibilidad de contagio, salió a las manifestaciones no porque quisiera contagiarse, sino por su desespero de encontrar una forma decorosa de subsistencia, mientras que se va terminando de arreglar el regreso a la pospandemia que nos va a tomar por lo menos cinco años.
