Colombia en riesgo: amenazas al derecho a la protesta social y pensar diferente – Por Camila Cuasialpud Trejo y Lina Mejía Torres
Por Camila Cuasialpud Trejo* y Lina Mejía Torres**, especial para NODAL
En Colombia nos están quitando o se nos está olvidando lo esencial: “nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada”. Así dice el artículo 11 de la Constitución, lo que significa en la sabiduría ancestral de los indígenas wayúu “nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”.
En los últimos días se han presentado diferentes expresiones y movilizaciones masivas por parte de la ciudadanía. La causa es el contexto político y social que vive el país desde hace varios años pero que se ha exacerbado en los últimos tres años. Si bien el estallido social tiene su génesis en la presentación de una reforma tributaria regresiva por parte del Gobierno Nacional, las verdaderas causas del inconformismo ciudadano recaen en muchos temas: la poca o nula implementación del Acuerdo de Paz (4% desde 2018), el homicidio de líderes sociales (57 sólo en 2021 y 771 desde 2018), en las masacres (166 desde 2018), la reanudación de aspersiones con glifosato, el 20% de la población que este año dejó de consumir las tres comidas al día, los 2.78 millones que ingresaron a la condición de pobreza extrema en el último año. Estoy y otros varios factores adicionales como el manejo de la pandemia, el gasto público, el incumplimiento de todos los compromisos sociales territoriales que tiene el Estado colombiano con las comunidades y el deshecho de los espacios de concertación negociación como la cumbre agraria, el ataque a la independencia del poder judicial y la concentración de poderes incluyendo a los órganos de control.
Con este panorama, desde el pasado 28 de abril, la ciudadanía inició movilizaciones, plantones y muestras pacíficas, que si bien han estado opacadas en algunos lugares y sectores específicos por infiltraciones y actos de afectaciones a infraestructura pública o privada, nada tienen que ver con la protesta o con lo que significa la manifestación pública y legítima de miles de personas en Colombia. Este ejercicio se ha visto afectado por diversos episodios de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y de sus agentes que han cobrado la vida e integridad de un gran número de ciudadanos. En Colombia pensar diferente a la agenda de gobierno está costando la vida.
Lo más grave del contexto actual se divide en tres ejes que son necesarios tener en cuenta para comprender el alcance de lo que está sucediendo y además desvirtuar algunas narrativas que se están imponiendo desde el Gobierno Nacional para deslegitimar el derecho a la protesta social:
Primer eje: Existe una grave situación respecto del uso de la fuerza para para controlar movilizaciones y situaciones de protesta pacífica. En el contexto de las manifestaciones se identifican conductas generalizadas y reiteradas como la violencia física, homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones físicas. Con fecha de corte del 4 de mayo se reportaron 1.443 casos de brutalidad policial, 814 detenciones arbitrarias, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 89 desapariciones forzadas de manifestantes, 77 casos de ataques con arma de fuego perpetradas por la Policía hacia la población civil, 31 víctimas de homicidio a manos de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Por si fuera poco, a esto le han complementado hechos de ataques a misiones humanitarias y uso de armas de fuego y artillería militar para disolver demostraciones artísticas, “velatones” o plantones pacíficos.
Segundo eje: La continuación del uso de la doctrina del enemigo interno. Instituciones como la Fiscalía General, altos funcionarios del Gobierno y hasta la misma Policía, hacen un uso generalizado de expresiones estigmatizantes como “vándalos, terroristas, vagos o enemigos del gobierno” hacia los ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta social y además tienden a generalizar actos esporádicos y aislados de violencia con el fin de justificar la represión de manifestaciones masivas y calificar toda protesta social como movilizaciones violentas. Aunado a ello, continúan haciendo uso de una serie de teorías no comprobadas -y de un tinte político cuestionable- como que las marchas están infiltradas por grupos armados organizados como el ELN, las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC o Gentil Duarte (cabecilla de varios grupos de disidencias). La tesis se cae por sí sola cuando no existe una sola prueba fiable y de un órgano independiente e imparcial que pueda demostrar esa teoría y si con ello no fuera evidente que se pretende utilizar a las fuerzas militares para gestionar las manifestaciones lo cual está prohibido expresamente por diferentes estándares internacionales de derechos humanos. Traducción: Se necesita siempre de un enemigo interno para justificar las políticas de seguridad ofensivas, represivas y regresivas; es decir, de “mano dura”.
Tercer eje: El uso de nuevas teorías y explicaciones para legitimar la limitación de los derechos humanos. Con el uso “nuevas teorías” incluso fascistas, como las de la revolución molecular disipada -que no son tan nuevas porque se han intentado utilizar en otras protestas como en Chile para justificar la violencia por parte del Estado-, se ha acudido a crear narrativas falsas de un intento de desestabilización al gobierno “patrocinadas” por la izquierda y con el apoyo de fuerzas externas para impulsar la insurrección y la anarquía. En lenguaje sencillo, aquí se intenta instaurar la creencia de que no hay problemas sociales, no existen violaciones graves a los derechos humanos o crisis socioeconómica. Lo único que existiría es un grupo de “bandidos” apoyados por la izquierda colombiana y los sectores sociales y alternativos para desestabilizar al Gobierno, a sus instituciones y desacreditar a las Fuerzas Militares y de Policía. Nada más desconectado de la realidad cuando las cifras demuestran la realidad del país.
De otro lado, lo más preocupante de este punto, es que a través de estas teorías lo que se intenta ante el descontento y la protesta social es autorizar al Estado a tratar al ciudadano manifestante como un objetivo militar, que las protestas sean un asunto de seguridad nacional y que debido a que el “enemigo” no se puede individualizar, cualquier persona (bajo las condiciones que se decidan) sea considerada una amenaza. De paso, esto da pie para un posible decreto de conmoción interior que tendría un objetivo claro: limitar el ejercicio libre de los derechos humanos de los ciudadanos.
Son muchas las preguntas que surgen de estos ejes y cuestionamientos frente a lo que hemos visto en los últimos días, no obstante, se requiere de forma urgente el uso moderado y racional de la fuerza del Estado garantizando la vida, integridad y libertad de las personas en el marco de las movilizaciones masivas, manifestaciones y protestas sociales, la apertura de un diálogo real que involucre a todos los sectores y atienda a las demandas sociales y que indiscutiblemente logre desescalar la violencia en Colombia.
*Relacionista internacional, directora ejecutiva de “Vivamos Humanos”
**Magister en DDHH, American University, Washington College of Law. Coordinadora de DDHH de “Vivamos Humanos”
