Colombia | Defensoría reporta 548 desaparecidos y 26 asesinatos durante las protestas
Van 548 desaparecidos y 26 homicidios durante el paro nacional, dice la Defensoría
Por Jenny Rocio Angarita
La Defensoría del Pueblo alertó que aumentó a 548 la cifra de desaparecidos en medio del paro nacional comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo en Colombia.
Al mismo tiempo, esa entidad señaló que en el desarrollo de las manifestaciones que se han registrado en el país, van 26 homicidios, entre ellos el del capitán de la Policía, Jesús Alberto Solano Beltrán, ocurrido el 28 de abril en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
El informe conocido este sábado, además, identificó que 364 civiles y 41 miembros de la fuerza pública han resultado lesionados durante las actividades de protesta que se han registrado en el país.
El reporte de la entidad se conoció días después que la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, hubiese alertado acerca de la desaparición de 379 personas durante las concentraciones, marchas y plantones que se han convocado en el marco del paro nacional.
En su momento, ese informe fue respaldado por 26 organizaciones de derechos humanos que conforman la mesa de trabajo sobre desaparición forzada en la que también, se encuentran víctimas de este tipo de violencia que se registró durante varias décadas y que se usó como arma de guerra en el conflicto armado interno.
Monzón le pidió la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente, teniendo en cuenta que con 471 registros que daban cuenta de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones del paro nacional, sin embargo, en las últimas horas esa cifra se elevó.
Entre tanto, el informe de la Defensoría advierte que en los 10 días que lleva la protesta, han desaparecido en total 548 personas.
Cali
La Defensoría del Pueblo además informó que en Cali (Valle del Cauca) una persona resultó herida mientras que, “está por confirmarse el fallecimiento de otra en medio de los ataques armados contra los manifestantes que participaban de las protestas.
Llamado a la Procuraduría y Fiscalía General
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, denunció que el alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Wilson García Fajardo, estaría incitando a los ciudadanos a bloquear la vía hacia Bogotá.
Doce días de Resistencia en Colombia
El Paro Nacional ya cumple 12 días. El estallido social que desató el proyecto de una nueva Reforma Tributaria en el país ha dejado las calles topadas de gente pintando, bailando y gritándole “No Más” al mal Gobierno de Iván Duque y a las políticas de muerte y violencia que han implementado, y que se han agudizado estos días de movilización social.
Violencia policial, militarización y terrorismo de Estado es el balance lamentable que nos dejan estos días, pero que no nublan la resistencia ni hacen perder el horizonte de las manifestaciones en el país.
Los barrios populares se organizan
No se veían movilizaciones tan masivas desde el Paro Nacional de noviembre de 2019, en donde se aglutinaron diversos sectores de la población. Sin embargo, la movilización esta vez sí se ha descentralizado en comparación con manifestaciones pasadas.
En las grandes ciudades se han adoptado puntos de concentración estratégicos y ya marcados como “sitios de resistencia” con primeras líneas, brigadas médicas, ollas comunitarias y mucho arte. Los barrios han cambiado su dinámica para entregarle al Paro todo; en muchos casos, hasta la vida misma.
- En Cali: Puerto Resistencia, Sameco, Siloé y La Luna han estado constantes y con participación masiva. El apoyo de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- ha logrado la confluencia de muchos movimientos. “Caminando la palabra”, como dicen las y los Mayores, hacia un objetivo común.
- En Medellín: Parque de Los Deseos -ahora llamado “Parque de la Resistencia”-, Aranjuez y La Comuna 13 han cubierto sus calles de dignidad y resistencia.
- Bogotá: Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y el mítico centro de la ciudad han sido los sitios de concentración diaria durante estos 12 días de Paro.
- Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Neiva y Popayán le han puesto el pulso a las grandes ciudades. Y la constancia dentro de la manifestación han logrado concentraciones masivas dentro de la ciudad.
- Desde municipios grandes y pequeños, la manifestación y construcción organizativa de la comunidad no cesa. Dabeiba- Antioquia; Chinácota-Norte de Santander; Turbaco-Chocó; Gachancipá-Cundinamarca también gritan “Duque chao”.
La juntaza de los pueblos
Este Paro de nacional lo tiene todo. A pesar de que las grandes ciudades han robado protagonismo; los territorios y los movimientos campesinos, de negritudes e indígenas han mostrado su firmeza con la gran movilización nacional.
La Minga Indígena del CRIC apoyando a la ciudadanía en la ciudad de Cali; el Proceso de Comunidades Negras en la ciudad de Popayán y en las vías del Norte del Cauca; el movimiento campesino en Arauca y el Páramo de Santurbán; y muchos otros procesos organizativos de los pueblos se han puesto en modo Paro Nacional.
“Ni un minuto de silencio”
La violencia policial, el cerco, censura mediática y el Terrorismo de Estado nos han dejado 12 noches en las que la zozobra y la tensa calma se han apoderado de las calles. Según cifras de la ONG Temblores y la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo 1.778 casos de violencia policial, entre estas cifras las más alarmantes son los 37 asesinatos a manos de la fuerza pública, las 936 detenciones arbitrarias, las 11 mujeres víctimas de violencia sexual y las 216 presuntas desapariciones.
El país ha emitido alertas tanto a la Comunidad Internacional como a distintas organizaciones de Derechos Humanos para frenar la masacre que ha auspiciado el Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, en los últimos días la situación ha tomado un rumbo diferente.
La presencia de vehículos con civiles que comienzan a disparar indiscriminadamente a los manifestantes ha sido el modo de operar en algunos lugares. Una acción rápida de la Guardia Indígena en la ciudad de Cali logró retener uno de estos vehículos y comprobarse que era de la Policía Nacional.
Pero no solo ha sido violencia física en la calle. La censura, cortes de Internet y luz que se han presentado no parecen ser tan “casuales” como lo afirmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asoció estas fallas con actualizaciones de las redes sociales a nivel mundial y fallas confidenciales en las redes de telefonía e Internet en el país.
Resistencia y firmeza en las calles
La gente no para. La movilización y organización que se han logrado son una conquista dentro del movimiento social. Los muertos puestos en la calle, las voces de Nicolás Guerrero, Nicolás Trujillo, Yeisson Angulo y todos los que han caído estos 12 días parecen alentar la resistencia del pueblo colombiano.
La calles se siguen copando a pesar del miedo y el terror que se ha tratado de infundir por parte del Gobierno y, principalmente, del uribismo. Tumbar la reforma a la Salud y la renuncia de Iván Duque parecen ser las banderas más aclamadas por la gente, la juventud que sí tiene claro una cosa: “Nunca más el urbismo”.
Paro Nacional: ¿Por qué se llegó a esta situación y cuál es la salida?
Por Armando Neira
El Gobierno Nacional y el Comité del Paro han abierto, por fin, la puerta para encontrarse esta semana en un mismo espacio, en la búsqueda de una solución que frene el estallido social que cumple 12 días continuos. Ambas partes llegan a la mesa con disposición a conversar, aunque en sus agendas se lee que sus posturas son diametralmente opuestas.
Para empezar, el Gobierno considera que va a “dialogar”, mientras su contraparte asegura que irá a “negociar”. La diferencia en los verbos utilizados no es un asunto marginal y muestra el primer punto de los abismos que los separan.
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones que integran el Comité Nacional del Paro, dice que para avanzar es “urgente e imprescindible desmilitarizar el país”. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el funcionario designado por el presidente Iván Duque para tender puentes, asegura: “La desmilitarización no es posible en ninguna Constitución Política de un país que tenga un Estado de derecho. Son parte de la institucionalidad y los ciudadanos deben ser protegidos”.
El reclamo de los manifestantes se sustenta en varios casos de excesos cometidos por la Fuerza Pública, lo cual provocó el llamado de voces decisivas en el ámbito internacional. “Urgimos a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”, afirmó desde Washington Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado de la administración Biden. “Ha habido uso excesivo de la fuerza”, dijo desde Ginebra (Suiza) la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Colombia fue noticia de primera plana, durante dos días continuos, en la edición impresa del diario The New York Times, con dramáticas imágenes de la confrontación en las calles. “Después de que Duque retiró la reforma tributaria, las protestas se volvieron mucho más violentas. El Gobierno ha sido reprendido por su uso excesivo de la fuerza”, dice en la edición que circula esta semana la revista The Economist.
Pero la otra cara de la moneda es un vandalismo desatado y no pocos episodios de terrorismo urbano, a través de ataques sistemáticos y coordinados a objetivos puntuales como los CAI, el transporte público y entidades públicas, entre otros. El Gobierno ha denunciado que incluso hay gente pagando por estos ataques.
Por parte de las autoridades, el balance también es sobrecogedor: 826 policías heridos y uno muerto. ¿Qué pasa hoy por la cabeza de un policía? “Estamos muy cansados porque nos estamos doblando en los turnos y cada vez nos reciben con mayor violencia”, le cuenta a EL TIEMPO un agente que ha estado en la calle.
Sus palabras son el reflejo de uno de los temas más sensibles en la actual crisis: el rechazo de la ciudadanía a la autoridad en general y a instituciones como la Policía en particular. Algo sin duda grave para cualquier país.
El historiador Jorge Orlando Melo recuerda que la tradición de conflictividad en el territorio proviene de la misma conquista, cuando los españoles entraron con violencia contra los indígenas. “Tenemos un país muy jerarquizado donde ha habido una enorme segregación. Hasta 1936, por ejemplo, los pobres no podían votar. Aunque hemos tenido periodos pacíficos, la violencia ha estado presente en las reivindicaciones de las mayorías”.
En esta ocasión, los excesos han sido evidentes y están documentados, incluso, por la misma ciudadanía que va a las protestas con un celular en la mano. Pero lo que el Gobierno no puede permitir es una ausencia de autoridad. Por lo que se trata de construir un equilibrio entre la protección del legítimo derecho a la protesta, pero de abierta lucha contra el vandalismo y los grupos que tratan de pescar en río revuelto para sembrar el caos y la anarquía. Una tarea nada fácil, desde luego.
Al margen de los resultados del encuentro entre el Presidente y el Comité del Paro, es fundamental que en el imaginario colectivo quede que ‘El derecho a la protesta es el primer derecho’, como titula su libro el profesor argentino Roberto Gargarella, quien sostiene que debe ser así porque “nos permite mantener vivos los demás derechos”.
“Atrapen a los vándalos”, dicen en el Comité de Paro. Hay que aislar a los vándalos, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque en Colombia, como “en todos los países del mundo, los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica”.
Una juventud agobiada
Los jóvenes han sido claros protagonistas de las marchas y protestas. Muchos de ellos van con las manos vacías. De los 10,9 millones de jóvenes que el Dane estima que hay en el país, el 33 %, es decir, más de tres millones de personas, ni trabajan ni estudian. Solo en Bogotá, con la pandemia, la población de jóvenes que no realizan ninguna de estas actividades se duplicó, hoy hay 665.000 de ellos. El desempleo juvenil en la capital es del 29,9 %.
Los estudios muestran que son miles los muchachos que, o bien perdieron el trabajo, o debieron dejar de estudiar porque sus padres salieron del mercado laboral y no tenían cómo financiar sus estudios. Esto agrietó aún más las relaciones de este segmento de la población con Duque. El 74 % de los consultados entre 18 y 25 años, en una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos, tienen una imagen desfavorable del Presidente.
Ahora para sentarse en la mesa, cada orilla debe ponerse en los zapatos del otro. “No vale citarse para tomarse una foto —dice Vicente Durán Casas, sacerdote jesuita y profesor de Filosofía de la Universidad Javeriana—. Las partes deben hallar soluciones siempre con más democracia y jamás con menos democracia”.
Su reflexión pasa por la defensa de un sistema que, con sus enormes defectos, ha mostrado avances indiscutibles en sus momentos más críticos. A finales de los años 90, Colombia chapoteaba en un mar de sangre causado principalmente por Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Tres aspirantes a la presidencia asesinados, periódicos dinamitados, aviones con pasajeros explotados y carros bomba por doquier. La sociedad se levantó y construyó la Constitución de 1991. Tras medio siglo de plomo, las Farc y el Estado fueron capaces de, conversando, firmar un acuerdo de paz. “Si hay diálogo transparente, avanzamos”, augura Durán Casas.
Desde la Casa de Nariño se afirma que el Presidente siempre ha estado dispuesto a hablar. “He estado siempre abierto al diálogo, a escuchar y a actuar, como lo hemos hecho siempre, alcanzando resultados normativos y de acción ejecutiva”, expresa Duque.
Otros, sin embargo, le exigen pasar de las palabras a los hechos. “Hablar por hablar solo sirve para perder el tiempo”, dice Diógenes Orjuela, de la CUT, quien recuerda lo sucedido en el 2019. Tras el paro del 21 de noviembre, el Presidente abrió las puertas para escuchar los reclamos. Estuvo en 45 reuniones, impulsó 11 encuentros regionales, se recogieron 1.200 propuestas, se pronunciaron 13.000 participantes. “¿Y los resultados en la vida real?”, pregunta Orjuela. “Nada”, responde. “Debemos aprender de las lecciones de la Conversación Nacional del 2019, pues una versión 2.0 no generará el diálogo eficaz que necesitamos”, indica María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
El papel del empresariado
El analista Aurelio Suárez, uno de los más agudos y permanentes opositores de Duque, sin embargo, dice que en este caso él sí valora que haya iniciado las conversaciones con los gremios. “Los problemas actuales se solucionan con plata, e hizo bien Duque en decirles: ‘Señores, tienen que echarse la mano al bolsillo porque aquí debemos ayudar entre todos’ ”.
Y en esta ocasión, parece, que le cogieron la caña. “Hemos propuesto desde la Andi una reforma con estructura simple y efectiva, concentrada en el esfuerzo especial y solidario de las empresas y de las personas con mayores patrimonios”, dice Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien ha manifestado que su sector está dispuesto a “apoyar a las familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad como resultado de la pandemia”.
Pero los gremios están ayudando también a que los diferentes sectores políticos entiendan la importancia que tiene para la economía que la aguas se calmen y se pueda seguir avanzando en la dura batalla contra los devastadores efectos del covid-19.
Con estos espaldarazos, Duque se sentará frente al Comité del Paro. Exigirá, por su parte, dos puntos: peticiones realistas para cumplir y unidad en los interlocutores. Por ejemplo, los manifestantes exigen una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual (908.526 pesos). Varios análisis estiman que, para suministrar este dinero a 6,2 millones de hogares en condición de pobreza, según cifras del Dane, anualmente le costaría al país 73,93 billones de pesos. ¿Es factible cuando es casi cuatro veces más que la propuesta de reforma tributaria que pensaba recoger el exministro Alberto Carrasquilla y por la que lo tumbaron?
Quienes están detrás del paro también tendrán que hacer gestos importantes en pro de consolidar un clima propicio para un diálogo que dé resultados. Y, en ese sentido, una de las primeras exigencias del Gobierno será el levantamiento de los bloqueos en carreteras, que ya causan situaciones graves de desabastecimiento en múltiples ciudades, vulneran derechos esenciales de millones de personas y generan aún más problemas a la ya muy golpeada economía nacional. Este es sin duda un punto urgente.
Otro asunto igual de crítico. Hace unos días, una emisora abrió un micrófono en una de las marchas y entrevistó a diez personas. Cada una tenía una petición distinta. ¿Quién garantiza que el Comité del Paro tiene hoy el control sobre todo el movimiento social? El fin de semana hubo una reunión virtual de este colectivo, que tenía como objetivo acordar una posición unificada para llevarle al Presidente. En determinado momento estaban conectadas 300 personas. “Cada día llegan más, hay una pluralidad creciente”, dice Luis Sandoval, estudioso del mundo sindical.
Además, las diferencias internas entre los reclamantes son evidentes. Jennifer Pedraza, una de las representantes de los universitarios, ha sido tendencia en las redes sociales entre jóvenes petristas que le reprochan su cercanía con la Coalición de la Esperanza, en la cual está Sergio Fajardo.
Los dirigentes políticos, que dentro de un año exacto competirán en las presidenciales, saben que este terremoto tendrá réplicas en las elecciones de 2022. Pero Pedraza subraya que la gravedad de la situación exige apartar las diferencias partidistas y sumar fuerzas para empujar hacia adelante ese carro común llamado país.
“Si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos”, dice Durán Casas. “Este es un país muy fragmentado; si nos esforzamos colectivamente, podemos unirnos y el futuro será mejor que el pasado y este convulsionado presente”, concluye Melo.
