Bolivia | Detienen en EEUU al exministro de facto Arturo Murillo acusado de soborno y de lavado de dinero
Ex ministro Arturo Murillo fue detenido en EEUU
“Lo que acabamos de recibir de manera pronta, es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que acaba de informar que Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en Estados Unidos”, así cerró su conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, quien confirmó un dato que llegó desde el país del Norte.
El documento al que se refirió Del Castillo es un reporte del Departamento de Justicia de esa nación fechada hoy. En el mismo señala que los días 21 y 22 de mayo se procedió a la aprehensión de cinco personas, las mismas están acusadas de soborno y de lavado de dinero.
“Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020”, señala la traducción del documento.
El 25 de mayo se informó que la oficina federal de investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos arrestó a Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete del exministro de Gobierno Arturo Murillo, por percibir sobornos de al menos $us 582.000 en sobornos dentro de la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma realizadas en Bolivia en 2019.
Ahora se supo que en realidad el número de detenidos fue de cinco personas, entre ellas la del ex hombre fuerte del régimen de Jeanine Áñez y su entorno. En Bolivia, la Policía informó de la aprehensión del excuñado de Murillo, Daniel Leonardo Aliss Paredes, luego de realizar el cuarto retiro de dinero de una de las cajas de seguridad que tenía Murillo en una entidad bancaria en Cochabamba.
El hecho involucró a otros dos oficiales de Policía, el edecán del ex ministro, capitán Daniel Bellot quien ordenó a otro oficial Ivar Gomez realizar depósitos. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un informe sobre los depósitos y las fechas en las que se realizó.
Mientras en EEUU, las cinco personas que fueron aprehendidas están acusadas del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Los acusados enfrentan a una posible pena de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las leyes de EEUU, prosigue el reporte.
El Gobierno denuncia ‘clan mafioso’ y apunta a Murillo y López en la red de sobornos
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció la participación de un “clan mafioso” durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en la compra irregular de material antidisturbios y apuntó a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, de ser parte de la red de sobornos revelada por un agente estadounidense, por lo cual fue detenido el viernes el exjefe de gabinete de Murillo.
El 21 de mayo, Sergio Méndez fue arrestado en Estados Unidos, ya que el FBI y el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.
Eades señala que “desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia”.
El informe no brinda nombres del “co-conspirador 1” y el “co-conspirador 2”, pero advierte que son “altos cargos” de los ministerios de Gobierno y de Defensa. Además, implica a Bryan Berkman, como propietario de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) y su padre, Luis Berkman, aparte de Philip Lichtenfeld, como partícipes de una trama que derivó en el sobreprecio de la adquisición de gases lacrimógenos, estopines y balines.
Entre las revelaciones de Del Castillo, quien presentó este miércoles una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en la conferencia de prensa, está que Murillo tenía lazos de amistad desde el colegio con Méndez y Luis Berkman, y develó que el “conspirador 1” y el “conspirador 2” que menciona el documento del agente estadounidense son los exministros Murillo y López, respectivamente.
Las investigaciones del FBI indican que en el negocio hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones, ya que el pago de la intermediaria a la empresa brasileña Cóndor para la dotación de los materiales solo alcanzó a $us 3,3 millones, mientras que el presupuesto asignado para ello era de $us 5,7 millones. El remanente, según el documento, fue repartido entre los miembros de esta red que usó el US Bank para el pago de sobornos.
El exjefe de gabinete de Murillo, de acuerdo con las indagaciones del agente Eades, recibió $us 582.000, el “co-conspirador 2” consiguió $us 20.000 y Lichtenfeld, quien era el contacto en Bolivia para las transferencias realizadas desde Estados Unidos y que también garantizó la provisión de los gases lacrimógenos, estopines y balines, incluso antes de la dotación de los recursos del Estado, logró una “comisión” de $us 500.000.
“Algo que venimos diciendo desde el inicio de gestión, incluso antes de ser gobierno, este gobierno de la señora Añez que encarceló, persiguió, masacró a quienes pensaban diferente, que tenía vínculos con el narcotráfico, no se dedicaba solo a estas cuestiones, era un gobierno corrupto, lo que nos demuestra este caso de gases lacrimógenos. Vamos a hablar del clan mafioso y a demostrar que esto no es una persecución”, dijo Del Castillo.
El ministro mostró fotografías en los que se ve a Áñez, Murillo y otras exautoridades junto a Méndez. El brazo derecho de Murillo “fue detenido desde el pasado viernes por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras, porque es ilegal actuar de manera corrupta. La jurisdicción de Estados Unidos es porque este clan mafioso utilizó bancos de ese país para cometer los delitos”, dijo con una presentación en PowerPoint.
Afirmó que el “núcleo duro” de este clan estaba conformado por Áñez, Murillo como el “co-conspirador 1” y López como el “co-conspirador 2”, personas de confianza de la expresidenta que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”, que es investigado por el Ministerio Público por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
Se determinó que Murillo, Méndez y Luis Berkman tenían una relación desde la niñez y se develó que el padre del propietario de la intermediaria BTS fue denunciado en 2001 por tráfico de armas en Bolivia, ya que pretendió trasladarlas a Paraguay. “Lo novedoso es la participación de Philip Lichtenfeld, este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre la intermediaria BTS y la empresa Cóndor de Brasil”.
Remarcó que el documento del FBI demuestra que apenas cuatro días después de posesionado el gobierno de Áñez, Méndez ya entabló contactos con BTS para el negocio del material antidisturbios, adjuntando una solicitud de cotización firmada por Murillo. Además, para garantizar la adjudicación a la intermediaria BTS, se envió una carta a Cóndor para que solo se haga el negocio mediante la empresa de Estados Unidos.
Asimismo, se descubrió que López “trató de enviar a una de las cuentas de BTS desde el Banco Central de Bolivia la suma de $us 5,6 millones, esta transferencia despertó sospechas de los representantes del Banco en Estados Unidos. Por tal motivo, el 29 de enero fue rechazada la transferencia”, se ve en la presentación de Del Castillo. Sin embargo, la red igual depositó por partes la totalidad de los recursos para la compra.
Eso no es todo, el Ministerio de Gobierno señaló que “el 13 de abril, Luis Berkman envió información de la cuenta de banco de un familiar de López en EEUU a Philip Lichtenfeld. El 15 de abril de 2020, Luis Fernando López se comunicó con Luis Berkman preguntando por el depósito. Tras horas después, Philip Lichtenfeld envió a Berkman una captura de pantalla con la confirmación del depósito de $us 20.000 a la cuenta del familiar”.
Murillo y López son investigados en Bolivia por la Fiscalía, precisamente por la compra irregular del material antidisturbios. Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020. Diez días después, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra ambos, quienes huyeron hacia Brasil y luego, según la Policía, se instalaron en Estados Unidos, donde tienen hoy residencia.
Detienen al cuñado y al exedecán de Murillo, ambos involucrados en el caso gases
Daniel A. P. y Daniel B., cuñado y exedecán del exministro de Gobierno Arturo Murillo, respecticamente, fueron detenidos la mañana de este miércoles por efectivos de la Policía, que los investiga por sus presuntos vínculos con el caso gases lacrimógenos.
De acuerdo con un informe de Inteligencia, el familiar político del exministro retiró dinero y objetos de valor de la caja de seguridad 132 de una institución bancaria de Cochabamba, perteneciente a la exautoridad del gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, reportó el portal de noticias Detrás de la Verdad.
Las operaciones de retiro de la caja fuerte de Murillo se registraron el lunes y martes de esta semana. El aprehendido será trasladado a la ciudad de La Paz para ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Daniel A. P. está vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, forma además parte del organigrama elaborado por el Ministerio de Gobierno, en la compra de agentes químicos.
Asimismo, más temprano efectivos de la Policía detuvieron al exedecán del exministro Murillo y lo trasladaron a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
“Estoy aquí para prestar mi declaración como testigo (…). Yo he sido ayudante de órdenes, es una función que se cumple de acuerdo a memorando de designación en la Policía Boliviana”, declaró a la prensa al asistir a la declaración en el Departamento Nacional de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de las fuerzas del orden.
Former Minister of Government of Bolivia, Owner of Florida-Based Company, and Three Others Charged in Bribery and Money Laundering Scheme
Two Bolivian nationals and three U.S. citizens were arrested on May 21, and May 22, in Florida and Georgia on criminal charges related to their alleged roles in a bribery and money laundering scheme. The former Minister of Government of Bolivia and another former Bolivian official are accused of receiving bribes paid by a U.S. company and individuals to secure a Bolivian government contract, and then using the U.S. financial system to launder those bribes.
According to court documents, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Mendez Mendizabal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36, and Philip Lichtenfeld, 48, engaged in the bribery scheme between approximately November 2019 and April 2020. During that time, Luis Berkman, Bryan Berkman, and Lichtenfeld paid $602,000 in bribes to Bolivian government officials for the benefit of Murillo, the former Minister of Government of Bolivia, Mendez, the former Chief of Staff of the Ministry of Government of Bolivia, and another Bolivian government official. The bribes were paid so that Bryan Berkman’s Florida-based company would obtain and retain business from the Bolivian Ministry of Defense, specifically, an approximately $5.6 million contract to provide to the Bolivian Ministry of Defense tear gas and other non-lethal equipment. To promote the bribery scheme, Bryan Berkman, Luis Berkman, and Lichtenfeld then laundered the payments to Bolivian government officials through bank accounts in Florida and Bolivia and orchestrated the payment of $582,000 in cash for Murillo and Mendez.
All five individuals are charged with one count of conspiracy to commit money laundering. If convicted, they face a maximum penalty of 20 years in prison. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
Acting Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid of the Justice Department’s Criminal Division; Acting U.S. Attorney for the Southern District of Florida Juan Antonio Gonzalez; and Special Agent in Charge Anthony Salisbury of Homeland Security Investigations (HSI) Miami office made the announcement.
Trial Attorney Jil Simon and Assistant Chief Gerald M. Moody Jr. of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Eli S. Rubin of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida are prosecuting the case. Assistant U.S. Attorney Marx P. Calderón is handling asset forfeiture.
The Fraud Section is responsible for investigating and prosecuting all Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) matters. Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
The charges in the complaint are allegations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.
Department of Justice the Unite States
